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La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación sobre la ‘caja de solidaridad’ de Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

La Audiencia Madrid ha reabierto la investigación sobre la llamada ‘caja de solidaridad’ de Podemos al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación. José Manuel Calvente, el abogado despedido que con su denuncia provocó la apertura de esta investigación, definió este fondo como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición.

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El tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, ha estimado los recursos de Vox y Prolege y reclama al juez que siga adelante con la investigación que cerró el pasado octubre. La Audiencia afirma que es "razonable pensar" que hay una “vinculación subjetiva encubierta” entre la asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para “obviar” las limitaciones de la ley de financiación de partidos y operar “al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas”. Todo ello, dice el auto del 16 de febrero al que ha tenido acceso elDiario.es, “en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”.

En su auto de hace cuatro meses, el instructor Juan José Escalonilla concluyó que no hubo administración desleal en la citada ‘caja de solidaridad’ y afirmó que “no resulta anómalo o extraño” que el dinero recogido en ese fondo sea destinado a “fundaciones o movimientos” cercanos a Podemos e incluso formados por miembros de dicho partido que “desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”. 

El auto de la Audiencia de Madrid, sin embargo, da relevancia al hecho de que parte de las personas que forman parte de dicha asociación son miembros Podemos, algunos de ellos incluso con "cargos relevantes dentro del partido", y dice que resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, que son "cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores".

Los jueces de la sección 30 también subrayan que Podemos "no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros" solicitadas por la Asociación 404 Comunicación Popular o únicamente los 30.000 que acreditan las transferencias que TriodosBank aportó a petición de los investigadores.

Esta línea de investigación dentro del 'caso Neurona' surgió a raíz de la denuncia del abogado Calvente, que apuntó a una presunta administración desleal de los fondos de la 'caja de solidaridad' por parte del diputado de Podemos Rafael Mayoral que, siempre según la denuncia que presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019, habría utilizado dinero de este fondo para pagar a uno de sus asesores, que es miembro de la asociación.

En su declaración judicial, sin embargo, Calvente rebajó esa acusación. Afirmó que había "gente" en el partido que empezó a comentar que "se estaban manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca", para después reconocer que se trataba de "una rumorología, unos comentarios a nivel de militancia e interno de la organización". Sí señaló a Mayoral como el gestor de ese fondo.

Tras conocer la resolución judicial, fuentes de Podemos destacaron que “en las causas contra el partido ya nada sorprende” y afirmaron que se trata de una investigación “dirigida a salir en los medios de comunicación”. A su juicio, en los procedimientos relativos al partido “se ven cosas que difícilmente se verían con otro investigado”.

Además, en otro auto del 16 de septiembre, la Audiencia Provincial acepta la personación como acusación particular de Celia Cánovas, exsenadora de Podemos por Tarragona que alega ser “víctima o perjudicada” por el, a su juicio, posible “uso irregular” de los fondos de la ‘caja de resistencia’. El pasado diciembre, el juez Escalonilla rechazó que Cánovas fuera parte en esta causa al entender que el “uso y destino” de los fondos de Podemos no era objeto del procedimiento al estar archivada esta línea de investigación, ahora reabierta. 

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Publicado el
23 de febrero de 2021 - 13:16 h

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