Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Podemos alega “indefensión” en la investigación secreta a Monedero

Juan Carlos Monedero, en una fotografía de archivo.

Elena Herrera

23

Podemos denuncia “indefensión” en la investigación que el juez que indaga en la contracción del partido con la consultora Neurona siguió en secreto durante cinco meses contra Juan Carlos Monedero y que ha derivado en su imputación en la causa. La representación legal del partido ha presentado un escrito al juez Juan José Escalonilla en el que afirma que no se daba la “circunstancia habilitante” ni la “motivación suficiente” para acordar esa medida, que supone que sólo tengan acceso a las actuaciones el juzgado, la Fiscalía y la policía judicial encargada de la investigación. A su juicio, esta circunstancia “ha limitado innecesariamente” su derecho de defensa.

El pasado 5 de febrero, el juez acordó levantar el sigilo de las pesquisas sobre Monedero al entender que ya se habían practicado “la totalidad de las diligencias de investigación cuya realización justificaba el secreto de las actuaciones”. Días después, el pasado 16 de febrero, el magistrado lo citó como investigado. En el origen de la imputación está una factura, de diciembre de 2018, que el juez cree que Monedero pudo falsificar para cobrar 26.200, 31 euros de Neurona, la consultora que después contrató Podemos para las elecciones de abril de 2019. Monedero es confundador del partido y desde el pasado verano dirige su fundación, Instituto 25M

El juez justificó el secreto de las actuaciones a fin de evitar “interferencias o manipulaciones” que pudieran comprometer la investigación, especialmente en relación a las cuentas bancarias “al poder realizarse nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos”. La representación legal de Podemos califica de “nula o muy deficitaria” esta “fundamentación” porque los datos de las transferencias bancarias o los que constan en organismos oficiales como la Agencia Tributaria son “prácticamente imposibles de manipular”. “Difícilmente puede desvirtuarse, cancelarse o retrotraerse una transferencia bancaria recibida casi dos años atrás”, dice el escrito.

Por otro lado, Podemos alega que “no existe nexo alguno” entre la investigación a Monedero y el objeto principal de la causa: la contratación de la consultora Neurona por parte del partido. En este sentido, el escrito afirma que cuando se emitió la factura —el 30 de diciembre de 2018— era “materialmente imposible asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones generales en los meses siguientes”. A la repetición electoral abocó la negativa de ERC a apoyar los Presupuestos Generales del Estado presentados por Pedro Sánchez, lo que ocurrió en febrero de 2019.

También carga contra la UDEF, a la que acusa de indagar con ideas preconcebidas. Así, Podemos alega que el informe policial que ha servido de base al juez para imputar a Monedero “parte de la conclusión a la que quiere llegar” al defender la existencia de un “nexo” entre la factura investigada y la constitución Neurona en España “que todavía se desconoce” pues, según el partido, los investigadores no han concretado “en qué consiste” esa “supuesta conexión”. Además, el escrito sostiene que durante la investigación ha quedado “descartado” que la constitución de esa sociedad fuera “ad hoc” para la campaña electoral del 28-A —como sospecha el juez— porque “siguió prestando dichos servicios en el marco de otros contratos posteriores”.

Esos servicios entre la formación política y la consultora ascendieron a 363.000 euros y constituyen el centro de la investigación que desarrolla el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, al dudar el magistrado de que fueran realmente prestados. Precisamente para tratar de demostrar que Neurona hizo trabajos para Podemos y que ese contrato no fue simulado, el partido ha aportado al juez documentación de 21 empleados de la consultora mexicana que viajaron a España para “desarrollar presencialmente trabajos para la campaña electoral del año 2019”. Según ese nuevo escrito, la formación ha puesto a disposición del juzgado sus datos personales y laborales así como diverso material, incluidos billetes de avión, los lugares donde se alojaron y vídeos para intentar acreditar trabajaron en la campaña.

El partido propone incluso la declaración como testigo de diez trabajadores de Podemos que trabajaron junto al equipo de Neurona en las diferentes áreas de la campaña electorales (prensa, redes sociales, audiovisuales (fotografía, eventos y vídeos), argumentario o diseño gráfico, entre otros). “Todas estas personas pueden ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona junto con el equipo de campaña de Podemos, así como la modalidad en la que se ejecutaban los trabajos, con quienes compartían espacio y trabajo y cómo se distribuían las correspondientes tareas en la campaña electoral”, dice el escrito.

“Interesadas filtraciones”

Por otro lado, el partido solicita amparo al magistrado ante las “interesadas filtraciones” que se han ido sucediendo “a pesar de encontrarse la instrucción secreta” y cuando únicamente tienen acceso a las pesquisas el juzgado, la Fiscalía y la policía judicial encargada de la investigación. La representación legal de Podemos asegura que Ok Diario y El Confidencial han publicado información de la pieza separada sobre Monedero antes de que el expediente se pusiera a disposición de las partes. 

“Es evidente que hay nula posibilidad de imputar la autoría de las filtraciones a las partes, estrechándose drásticamente el círculo de las posibles fuentes”, dice Podemos, que apunta directamente a las “autoridades públicas” como origen de las filtraciones. Y añade: “No parece muy difícil colegir que su difusión a los medios se hace con la finalidad de mostrar a las personas sospechosas como directamente culpables, preparando ya un escenario mediático de condena sobre las personas investigadas”. En consecuencia, pide al juez que “adopte medidas correctivas o disciplinarias sobre estos hechos, así como aquellas que considere pertinentes y necesarias para evitar que sigan produciéndose”.

Etiquetas
stats