El juez del 'caso Neurona' imputa a Juan Carlos Monedero

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha citado como investigado al cofundador del partido Juan Carlos Monedero en el llamado caso 'Neurona'. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, lo ha citado para tomarle declaración a las 11.30 horas del próximo 15 de marzo, según una providencia fechada este martes. Monedero fue nombrado el pasado verano director del Instituto 25M, la fundación de Podemos.

La citación se produce tras detectar una factura, de diciembre de 2018, que el magistrado cree que Monedero pudo falsificar para cobrar 26.200, 31 euros de Neurona, la consultora que después contrató Podemos para las elecciones de abril de 2019, según consta en un auto del pasado mes de noviembre al que tuvo acceso elDiario.es.

“Cabe actuar, tal y como expone la fuerza actuante (la Policía), que dicho documento fue elaborado ad hoc para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura”, asegura el magistrado en su resolución razonada. El juez, a continuación, vincula esa presunta factura falsa con la contratación por parte de Unidas Podemos de Neurona Consulting para diversos trabajos relacionados presuntamente con las elecciones de abril de 2019. 

Monedero cobró la citada cantidad el 25 de enero de 2019, “esto es un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L”, destaca el juez en el auto. Esos servicios entre la formación política y la consultora ascendieron a 363.000 euros y constituyen el centro de la investigación que desarrolla el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, al dudar el magistrado de que fueran realmente prestados. 

Cuando Monedero cobró esa factura todavía no se podía prever el contrato electoral con Neurona ya que no estaba en ninguna previsión que se fueran a celebrar unos comicios, a lo que abocó la negativa de ERC a apoyar los Presupuestos Generales del Estado presentados por Pedro Sánchez. Fuentes del entorno de Monedero mostraron el pasado viernes su sorpresa por que la investigación de todos estos meses se centre en una factura que está declarada a Hacienda.

Según la citada providencia, el mismo 15 de marzo también están citados como testigos Eric Alfredo Guerrero Márquez, la persona que supuestamente confeccionó el contrato con Neurona, según Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos enfrentada a la cúpula de la formación y que ha aportado documentación al juez Escalonilla; y José Miguel Almazán, representante legal de Yugen Media, otra compañía contratada por Podemos para servicios electorales ante de las generales de abril de 2019. 

Asimismo, pide a Podemos que en el plazo de cinco días le informe si la dirección de la formación “tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente Esther del Val y del tesorero Daniel De frutos y de otros trabajadores del partido mediante la inclusión de un complemento  de coordinación en la nómina”. Y solicita que le concrete si esa subida fue aceptada por el Consejo de Coordinación y, en tal caso, presente el acta correspondiente. 

Denuncia de Calvente y líneas archivadas

La investigación que se sigue desde el pasado verano en un juzgado de Madrid —y en el marco de la cual ahora ha sido citado Monedero— se abrió a raíz de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil. El abogado sostenía en esa denuncia que pudo haber “contrataciones ilícitas” para simular gastos y llevarse así “comisiones”. 

Los agentes elaboraron un atestado en el que apreciaron delitos de administración desleal y malversación y el juez Escalonilla ordenó una serie de diligencias entre las que estaban la imputación del secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. 

El juez también tomó declaración al propio Calvente, que por redes sociales había dicho que el caso era “peor que Gürtel” pero que en su declaración rebajó sus acusaciones y dijo que no tenía pruebas de esas “autocontrataciones”. Podemos pidió personarse en las actuaciones y el juez le atribuyó la condicion de investigado, una figura que la fiscal ha reiterado que debe mantener como medida garantista.

Las acusaciones contra el partido se han ido rebajando en los últimos meses. En octubre, el juez sobreseyó por falta de indicios la línea de investigación abierta sobre la supuesta salida “opaca” de dinero del fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones para proyectos sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. El magistrado concluyó que no hubo administración desleal en el fondo que Calvente definió como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. Días antes también había acordado anular diligencias que él mismo había solicitado encaminadas a indagar en los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa tras constatar que el Tribunal de Cuentas había acreditado que no había irregularidades en dichos contratos. 

En un auto del pasado 12 de enero, el juez descartó también la “distracción del dinero” destinado a la ejecución de las obras en la sede para “pagos u obras ajenas” a dichos trabajos y sobreseyó la investigación por un presunto delito de apropiación indebida en torno a esas obras. Asimismo, acordó el sobreseimiento de la causa sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado Calvente.