Monedero niega haber cobrado una comisión de Neurona y se desvincula del contrato de Podemos con la consultora

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado este lunes en su declaración como imputado ante el juez Juan José Escalonilla haber cobrado una comisión de Neurona Consulting, la matriz mexicana de la consultora que contrató Podemos para las elecciones generales de abril de 2019. El exdirigente se ha desvinculado de ese contrato —que constituye el centro de la investigación contra el partido que desarrolla el juez, al dudar de que corresponda a servicios realmente prestados—, ha insistido en que nunca medió para que la formación política contratara a la consultora para el 28-A y ha enmarcado su imputación en la “guerra jurídica” contra la formación de Pablo Iglesias. “Si alguien piensa que nos van a meter miedo se equivoca radicalmente”, ha aseverado a los medios.

Monedero ha comparecido como investigado al sospechar el juez de la legalidad de una factura que emitió el 30 de diciembre de 2018 a Neurona Consulting por valor de 30.000 dólares —26.200,31 euros— bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia”. El magistrado, apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, sospecha de que la factura pudo ser creada ‘ad hoc’ para justificar ese cobro y apunta indiciariamente que la “percepción” de esa cantidad “tuvo relación” con el posterior contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L. para los citados comicios.

Una acusación que el exdirigente de Podemos niega tajantemente. Monedero ha afirmado que hizo esos trabajos de consultoría en 2018 y ha aportado billetes de avión que probarían que se desplazó a América Latina para realizar esos servicios y correos electrónicos que justificarían que la factura se efectuó antes de que la entidad financiera se la reclamara tras recibir el dinero en su cuenta bancaria. Fuentes conocedoras del contenido de la declaración han confirmado que el exdirigente sí ha reconocido “errores” al confeccionar esa factura que ha atribuido a su inexperiencia en la materia. 

Monedero, que fue nombrado el pasado verano director del Instituto 25M, la fundación de Podemos, ha asegurado que la documentación que ha aportado este lunes “invalida todo el argumento de la UDEF” y ha enmarcado su declaración en la “guerra jurídica” contra la formación. “Parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llamamos la guerra jurídica, el lawfare. Si alguien piensa que nos van a meter miedo se equivoca radicalmente. Esta fuerza política nació de la calle, del 15-M y no le tiene miedo ni a banqueros, ni a poderosos ni a fondos buitre ni tampoco a los que ahora mismo son dueños de los medios de comunicación”, ha afirmado a su salida del juzgado. 

Las acusaciones populares que ejercen el partido de extrema derecha Vox y Prolege no han podido analizar la documentación aportada. A su juicio, este movimiento es una “maniobra” del exdirigente porque no han tenido la opción de examinar esos papeles con carácter previo a la declaración, por lo que sopesan pedir que se le vuelva a citar para que dé cuenta de esa documentación.

Las derivadas del 'caso Neurona'

La denuncia que el abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019 ha dado lugar a un procedimiento por el que está imputado el partido como persona jurídica y varios altos cargos. La principal línea de investigación es la relacionado con el citado contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L., al sospechar el juez que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de la subvención electoral.

Además, recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la investigación sobre la llamada ‘caja de solidaridad’ de Podemos al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación. Calvente definió este fondo como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición.

El tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, estimó los recursos de Vox y Prolege y reclamó al juez que siguiera adelante con la investigación que había cerrado el pasado octubre. La Audiencia afirma que es “razonable pensar” que hay una “vinculación subjetiva encubierta” entre la asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para “obviar” las limitaciones de la ley de financiación de partidos y operar “al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas”.

El pasado 3 de marzo, el juez Escalonilla acordó la apertura de tres “procedimientos independientes” para investigar las supuestas irregularidades denunciadas por la abogada Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. Estas tres causas, al margen del ‘caso Neurona’, indagarán en la presunta “utilización por Irene Montero Gil [ministra de Igualad] de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”; el “presunto cobro por Pablo Iglesias [vicepresidente del Gobierno] de las costas procesales” en un caso que habrían ganado abogados y un procurador pagados por Podemos y las donaciones a dos fundaciones próximas a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25M.