500 euros al mes por 16,5 metros cuadrados. Esa es la referencia de partida que se maneja para una de las habitaciones individuales de Aloha Pirineos, la nueva residencia para jóvenes que abrirá sus puertas en a finales de 2026 en Zaragoza. El proyecto nació con la premisa clara de ofrecer alojamiento asequible a menores de 30 años sobre suelo público. Sin embargo, cuando se pone la cifra y el tamaño de la habitación uno al lado del otro, la palabra “asequible” empieza a ser discutible.

“La residencia está muy bien porque tienes todo incluido y no tienes que preocuparte de buscar piso, pero pagar 600 o 700 euros todos los meses no es algo que pueda pagar cualquier estudiante. Deberíamos tener más opciones”, asegura Laura, estudiante de ciencias.

La cantidad todavía no es definitiva, pero los responsables del complejo sitúan actualmente el precio de salida alrededor de los 500 euros mensuales, frente a los aproximadamente 400 euros que se manejaban cuando el proyecto fue adjudicado en 2021. La subida acumulada en estos años se justifica por la evolución de los costes, pero el resultado es una habitación de poco más de 16 metros cuadrados por una cantidad que para muchos jóvenes supone una parte importante de sus ingresos.

A cambio, Aloha ofrece acceso a zonas comunes y servicios como lavanderías, comedores, gimnasio, salas multiusos, cine, coworking y una gran terraza con vistas al Ebro y al Pilar. También están previstos servicios de limpieza y cambio de ropa de cama. Se trata del modelo de coliving, un modelo residencial que ha ganado terreno en las ciudades y que transforma la habitación en una propuesta más amplia.

No obstante, el problema reside en que el precio ya no se mide únicamente por los metros cuadrados, sino por todo lo que se ofrece alrededor. Por lo tanto, lo que sobre el papel se presenta como una alternativa al alquiler convencional puede terminar siendo inasumible para el mismo joven al que pretende facilitar el acceso a una vivienda.

Zaragoza se llena de residencias

Aloha Pirineos forma parte de una transformación mucho más amplia del mercado residencial de la capital aragonesa. La ciudad estrena este septiembre tres nuevos alojamientos para jóvenes que suman más de 1.100 plazas. De hecho, son proyectos de grandes dimensiones, impulsados en buena medida por empresas y fondos de inversión, que han encontrado en la falta de vivienda para estudiantes y jóvenes un mercado en expansión.

La mayor residencia de todas las que se han construido es Bravo! Actur, con 676 camas y una inversión de unos 40 millones de euros. Sus habitaciones parten de unos 520 euros mensuales en las modalidades más económicas y alcanzan alrededor de 650 euros para los alojamientos individuales, sin incluir determinados servicios de manutención.

Esta infraestructura ofrece piscina exterior, pista de pádel, gimnasio, restaurante, salas de estudio y espacios comunitarios. Por todo ello, la propuesta se parece cada vez menos a la tradicional residencia universitaria y más a un pequeño complejo residencial donde el alojamiento se combina con ocio y espacios de convivencia.

“Todo eso está bien, de verdad. Pero una vez que terminemos la carrera, no tendremos alternativas que sean asequibles. En algunas residencias podemos quedarnos hasta los 30 años, pero, en el caso de no querer estar aquí y buscar más independencia, tampoco podemos ir a un piso porque es inasumible”, reivindica Luis, también estudiante de la rama científica.

Del mismo modo, añade que lo que buscan los jóvenes en estos momentos son “lugares en los que poder seguir siendo jóvenes, pero también vivir y pensar en el futuro”. “Está todo imposible. Lo de la compra es algo que ni me lo planteo, obviamente, pero los alquileres están por las nubes. Y pagar más de 600 euros al mes una sola persona hace que no puedas ahorrar porque lo que cobramos muchas veces no da”, afirma.

También ha llegado a Zaragoza Odalys Campus, con 180 estudios individuales con cocina y baño privados. Sus precios se sitúan aproximadamente entre los 700 y los 1.200 euros al mes. En el centro, el antiguo colegio Virgen Reina acoge 77 habitaciones de Be Live, con tarifas que parten de los 850 euros.

De hecho, no son los únicos. Kadora cuenta con 205 habitaciones y ha alcanzado el 100% de ocupación durante los dos últimos cursos, con precios de entre 672 y 1.035 euros. Xior, por su parte, dispone de 377 plazas y ofrece determinadas habitaciones desde unos 405 euros, aunque el coste aumenta según el tipo de alojamiento y los servicios incluidos.

El resultado es un mercado con más plazas y servicios, pero también con precios elevados. Las residencias se han convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes llegan a Zaragoza a estudiar, pero también en un negocio inmobiliario con un creciente interés inversor.

Más camas, pero no necesariamente más asequibilidad

La contradicción aparece cuando se compara esta expansión con la situación económica de sus potenciales usuarios. Un estudiante que paga 500 euros por una habitación en Aloha, 520 en Bravo! o 700 en otras residencias no está accediendo a una vivienda barata, sino a una fórmula diferente de alojamiento, con servicios adicionales que pueden hacerla más cómoda, pero que también forman parte del precio.

La cuestión es si llamar “alquiler asequible” a una habitación de 16,5 metros cuadrados por 500 euros cambia realmente la situación de un joven que no puede asumir el precio de una vivienda convencional. “No me importa que tenga menos cosas, mientras el precio sea más barato. Lo que necesito es tener un sitio donde dormir, el resto es adicional”, sostiene la estudiante de ciencias.

En el caso de Aloha, además, el debate tiene el elemento añadido de que es suelo público, ya que el proyecto fue impulsado por el Gobierno de Aragón para generar una alternativa residencial para menores de 30 años y la concesión se planteó bajo el concepto de alojamiento asequible. En este sentido, la Administración mantiene la titularidad del suelo mientras la explotación corresponde a la empresa adjudicataria.

La diferencia respecto a una residencia privada convencional está, por tanto, en el origen del proyecto y en las condiciones de la concesión. Sin embargo, para quien tiene que pagar la factura a final de mes, la pregunta se basa en cuánto dinero se necesita para poder vivir allí.

El alquiler tradicional tampoco da tregua

La proliferación de residencias llega además en un momento en el que el alquiler convencional se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. Compartir piso sigue siendo una opción habitual, pero encontrar una habitación a un precio razonable, en una zona bien comunicada, con buenas condiciones y sin problemas en el propio edificio se ha vuelto cada vez más difícil.

No obstante, las residencias solucionan algunos de esos problemas porque allí no es necesario buscar compañeros, contratar suministros ni equipar una vivienda y, en muchos casos, la limpieza, internet o determinadas comidas están incluidas. Para un estudiante que llega desde otra ciudad o desde otro país, la comodidad, aunque tiene un coste, puede pesar tanto como el precio.

Aun así, el fenómeno refleja la necesidad de que en Zaragoza haya más alojamiento para estudiantes y jóvenes de una manera más asequible porque, en su mayoría, no cuentan de partida con los mismos recursos que podría tener una persona más adulta.

“Cuando estás estudiando o sales de la carrera, lo que te ofrecen son contratos bastante precarios. Así es imposible. Creo que es muy difícil pensar en construir un proyecto de vida teniendo un salario normal y pagando la mitad de él en una residencia”, añade la estudiante de ciencias.

En este escenario, también se detecta que modelo residencial ha evolucionado y la habitación ha dejado de ser solo un lugar para dormir. De hecho, es esa transformación la que permite a las empresas justificar precios que pueden superar los de una habitación tradicional porque el usuario no compra solo una habitación, sino que también adquiere servicios y una determinada forma de vida.

Las organizaciones estudiantiles ya han puesto el foco en esta contradicción. Durante una protesta celebrada con motivo del inicio del curso, colectivos universitarios denunciaron los problemas para encontrar alojamiento a precios asequibles y cuestionaron que las nuevas residencias, con habitaciones que parten de alrededor de 400 euros, respondan a las posibilidades económicas de los estudiantes.

Los colectivos reclaman ampliar la oferta pública y señalan que las ayudas para alojamiento resultan “insuficientes” para hacer frente a los precios actuales. Su demanda apunta a un problema que va más allá de una residencia concreta, ya que aumentar el número de camas no garantiza que aumente también el número de jóvenes que pueden permitírselas.

“Al final necesitas ayuda de tus padres”

La experiencia de los propios estudiantes permite aterrizar unas cifras que, sobre el papel, pueden parecer asumibles para una parte de las familias. “Cuando empiezas a buscar te das cuenta de que una habitación ya cuesta mucho dinero. Y si además quieres estar cerca de la universidad, encontrar algo que puedas pagar es difícil”, añade Luis, una idea a la que Laura también añade que “si queremos ser independientes, así es imposible empezar a hacerlo”.

“Todos acabamos pidiendo ayuda a nuestros padres, pero no todos los padres pueden ayudar a sus hijos. Parece que no se tiene en cuenta y por mucho que nosotros podamos buscar trabajo, si más de la mitad de nuestro sueldo se va solo en el alojamiento, no podemos hacer mucho más”, agrega ella.

Mientras una habitación de 16,5 metros cuadrados puede alcanzar los 500 euros incluso dentro de un proyecto concebido sobre suelo público como alojamiento asequible, otras residencias privadas superan los 800 o 1.000 euros mensuales. El mercado ofrece cada vez más opciones, pero también obliga a preguntarse quién puede acceder realmente a ellas.

La paradoja es que el problema que estas residencias pretenden solucionar puede seguir existiendo para quienes no tienen capacidad económica para pagar el nuevo modelo residencial que, como reivindica Laura, “un contrato temporal o una beca de prácticas no llega”.

Casa Lola, una villa de lujo de Eivissa convertida en un asentamiento de infraviviendas, tiene los días contados. Después de que el pasado julio cientos personas ocuparan una de las propiedades, pertenecientes a la polémica empresaria Paquita Marsan, la finca ha sido escenario de una agresión sexual que terminó con un hombre detenido, un incendio en el que la semana pasada murió un hombre y una investigación de la Guardia Civil que no descarta que el fuego fuera intencionado. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha ordenado el desalojo y desmantelamiento de Casa Lola, transformada en una villa miseria en la que viven entre 250 y 300 personas.

Sánchez Ordóñez -o Paquita Marsan-, es conocida en la isla por ser la “casera de los famosos”. La empresaria malagueña del sector inmobiliario y turístico ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según el Consell Insular– sus villas a gente famosa y adinerada. En el caso de Casa Lola, se trata de una mansión que acumula infracciones urbanísticas, situada en Can Cavat (Es Cubells) y propiedad de Inversiones Hoteleras Faro S.L., la sociedad limitada que gestiona Marsan junto a su hija, Rocío Sánchez. Ambas se enfrentan a una petición de condena de dos años de cárcel por emplear a trabajadores extranjeros sin papeles, tal como informó Diario de Ibiza.

El auto, dictado este miércoles por el juez sustituto José Antonio Martínez Moya, establece como medida cautelar la expulsión de los ocupantes de la villa y la restitución de la posesión a la empresa propietaria después de que su representación legal, que ejerce el bufete Rodríguez Tur Abogados, hubiera denunciado un delito leve de usurpación. Para ejecutar la orden, el juzgado ha librado un mandamiento a la Policía Judicial, Guardia Civil o Policía Local, que podrá recurrir a la fuerza pública si fuera necesario, tal como consta en la resolución, a la que ha accedido elDiario.es.

Las entre 250 y 300 personas, según cálculos municipales, de acuerdo con testimonios de residentes consultados, pagan un alquiler mensual por ocupar el terreno a través de una persona vinculada a la propietaria. Se ha convertido, así, en una mansión convertida en núcleo chabolista que actúa casi como símbolo del ecosistema general de la isla de Eivissa.

El juez considera que existen indicios sólidos de que se ha producido una ocupación del inmueble con “vocación de permanencia” -describe el auto-, sin que los ocupantes dispongan de un título que “legitime su posesión, sin autorización de la propietaria y contra su voluntad”. La resolución señala, además, que las personas que ocupan la finca han ido cambiando con el tiempo, con abandonos y nuevas ocupaciones, y considera que no existe indicio de un eventual derecho civil que pudiera justificar su permanencia. 

Por otro lado, el Juzgado establece que la orden puede dirigirse no sólo contra las personas que hayan podido ser identificadas como moradoras, sino contra otros ocupantes desconocidos que pudieran compartir la posesión. No obstante, durante la ejecución deberán distinguirse los ocupantes inicialmente afectados por la medida, posibles nuevos ocupantes y terceros ajenos a la infracción. En caso de que aparezcan nuevas personas ocupando la finca durante el desalojo, el juzgado contempla que también pueda actuar contra ellas, puntualiza el juez.

La propiedad solicitó el pasado 2 de julio la medida cautelar, en representación de Sánchez Ordóñez, por los problemas de convivencia y seguridad que atribuía a la ocupación, así como debido a varios incidentes como incendios y agresiones.

Un incendio posiblemente intencionado

El incendio de una chabola en el asentamiento de Casa Lola, donde el pasado domingo murió un hombre de 48 años, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los primeros indicios de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil apuntan a que las llamas pudieron ser intencionadas, como informó el cuerpo de seguridad. Los agentes mantienen, de momento, abiertas todas las hipótesis y no descartan la vía criminal.

La víctima, de nacionalidad paraguaya, falleció pasadas las cinco de la tarde en el Hospital Can Misses después de sufrir heridas críticas durante el fuego, que se originó a las siete de la mañana de ese mismo día en la finca. Presentaba quemaduras en el 90 % de su cuerpo por las que fue trasladado al centro hospitalario con diagnóstico de gran quemado antes de pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente perdió la vida.

Casa Lola es una edificación de un total de 9.326 metros cuadrados que alberga bungalows, piscinas y terrazas y sobre la que pende una orden de demolición municipal que tardó en su momento doce años en cumplirse. El 9 de agosto de 2022 la parcela entró en una especie de letargo hasta la primavera de 2026, cuando, casi inmediatamente después de que se produjeran dos desahucios de campamentos chabolistas generados a partir de la grave crisis de vivienda de la isla, empezó a llenarse de infraviviendas. 

No es la única posesión que la conocida como ‘casera de los famosos’ tiene ocupada ilegalmente, sino que en los últimos años la malagueña ha visto cómo varias de sus fincas vivían la misma situación. En algunos casos, por trabajadores de sus empresas turísticas que presuntamente, según denunciaron en declaraciones a elDiario.es, habían sufrido impagos por su parte. La propia empresaria llegó a exclamar durante una entrevista: “¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades!”, antes de arremeter contra las instituciones.

Sánchez Ordóñez no ha dudado en contar, para solucionar estos problemas de ocupación, con los servicios de D&S Desokupa. La empresaria no ha respondido a la petición de información por parte de este diario ni tampoco lo hizo cuando, a finales de julio, la Policía desmanteló una fiesta ilegal con más de 250 personas en Casa Paola, otro de sus inmuebles sobre los que pesa una orden de demolición.

La malagueña posee también un terreno sito en es Canar (en el término municipal de Santa Eulària) donde malviven alrededor de 30 personas -antiguos empleados- que fueron desalojadas de un antiguo complejo turístico de la empresaria bautizado como ‘El Rancho’. Además, en otra punta de la isla, en la zona de Port des Torrent, han malvivido durante la temporada una decena de temporeros de origen saharaui en tiendas de campaña y otras infraviviendas al tener dificultades para afrontar el coste de una habitación mientras ofrecen su mano de obra a la industria turística. 

En esta parcela concreta de Cala de Bou (Sant Josep), Sánchez Ordóñez proyecta la construcción de alrededor de veinte pisos que podrían ser destinados a la explotación turística. La iniciativa urbanística ya ha recibido la aprobación de la modificación necesaria por parte del gobierno municipal para empezar a edificar las viviendas. 

Una agresión sexual

El pasado mes de julio empezó en Casa Lola con la denuncia de una agresión sexual. El presunto agresor había rociado, además, a otro residente en la mansión ahora chabolista con gasolina y le había intentado prender fuego, causándole quemaduras de distinta consideración. Los vecinos ya habían alertado, con anterioridad, de que en la mansión había problemas de convivencia e inseguridad, como informó Radio Ibiza. 

El Ayuntamiento de Sant Josep denunció en su momento que, a pesar del caos, la propietaria no se habría dirigido en ningún momento a la Justicia para denunciar la ocupación, lo que impedía -según el equipo de gobierno municipal- ejecutar un desahucio en la finca. Estas palabras las ha suscrito esta semana el alcalde, Vicent Roig, durante una comparecencia ante los medios tras el siniestro ocurrido en el terreno. 

El consistorio solicitó a los juzgados de Eivissa, según el edil, autorización para inspeccionar Casa Lola el pasado 10 de agosto, antes del siniestro en el asentamiento de infraviviendas. La intención era realizar una inspección urbanística y de gestión de residuos y controlar a las personas que viven en el terreno, situado en suelo rústico, una acción que la representación legal de la propiedad, correspondiente a Paquita ‘Marsan’ -quien nunca ha tenido buena relación con las administraciones insulares-, rehusó alegando la inviolabilidad del espacio, de carácter privado.

Roig -que expresó sus condolencias a familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio- acusó a la dueña de Casa Lola de aprovecharse de la crisis habitacional del municipio para obtener un beneficio y ha calificado de “inmoral” el cobro por las parcelas, independientemente de su legalidad. También ha explicado que el consistorio mantiene abierto un expediente administrativo y que, si procede, embargará la propiedad.

Por otro lado, la representación legal de Paquita ‘Marsan’ presentó el 2 mismo día en que el responsable de la agresión sexual fue arrestado la denuncia contra los ocupantes de la finca por el presunto delito de usurpación. Junto a ella, solicitó la medida cautelar que ha estimado ahora el juez sustituto de la Plaza de Instrucción número 2: el desalojo inmediato de la propiedad. El auto puede ser recurrido por las partes. El plazo para presentar un recurso de reforma es de tres días y el de apelación, de cinco días, tal como determina la resolución judicial.

Decenas de personas continúan acampadas en tiendas de campaña desde la madrugada del pasado lunes en la Plaça d'Espanya de Palma. La protesta, convertida en punto permanente de organización de nuevas movilizaciones, comenzó con una veintena de personas y ocho tiendas y ha ido articulándose durante las últimas horas a través de asambleas abiertas y turnos para garantizar que siempre haya presencia en la plaza.

La acampada nació tras la concentración celebrada el lunes por la noche en la plaza de Cort bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', convocada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca en solidaridad con la movilización que se había iniciado en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Al terminar la protesta, parte de los participantes se desplazó hasta la plaza de España y decidió instalar allí las primeras tiendas para pasar la noche y dar continuidad a la movilización.

La iniciativa fue asumida después por la Coordinadora d'Habitatge de les Illes Balears, junto a colectivos como Flama y Aurora, que organizaron la continuidad de la acampada. Los convocantes definen la acción como una forma organizada de desobediencia civil y han llamado a vecinos, organizaciones y ciudadanos a incorporarse a la protesta.

La cifra de personas que permanece en la plaza varía a lo largo del día. Una treintena pasó la primera noche en las tiendas, mientras que durante el martes se organizaron turnos para que la protesta no desapareciera cuando los participantes tuvieran que ir a trabajar o descansar. Por la tarde, alrededor de 150 personas participaron en la asamblea convocada en la propia plaza, donde se planteó mantener el campamento como un espacio de organización y se debatió incluso la posibilidad de convocar una nueva movilización este sábado.

El campamento ha empezado a adquirir una pequeña estructura propia. Hay una despensa improvisada que se ha ido llenando con alimentos y otros productos aportados por ciudadanos que se acercan a mostrar su apoyo. También se han producido encuentros con personas que se acercan para explicar sus propios problemas habitacionales.

El fondo de las reivindicaciones va mucho más allá del caso que ha dado nombre a la movilización. Los colectivos reclaman una reducción de los alquileres y rechazan que la respuesta a la emergencia habitacional se limite a congelar las rentas. También piden contratos indefinidos y estables, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y medidas contra la compra de viviendas por los llamados fondos buitre. Entre sus demandas específicas para Balears está además la declaración de las islas como zona tensionada, una medida que permitiría aplicar mecanismos específicos de regulación de los alquileres.

La respuesta del Gobierno central constituye ahora uno de los principales focos de atención de los acampados. El Ejecutivo aprobó este martes dos reales decretos con medidas en materia de vivienda, pero los participantes consideran insuficiente que las principales reivindicaciones queden repartidas en distintos textos y reclaman que las medidas tengan en cuenta las particularidades de territorios como Balears.

La aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno central no ha desactivado, por tanto, la protesta en Palma. Albert, uno de los participantes en la acampada, aseguró el martes a Europa Press que la Asamblea mantendrá el campamento durante al menos 20 días más “con o sin permiso” y reclamó que las nuevas medidas incorporen “especificidades para Balears” ante la emergencia habitacional de las Islas. Los acampados consideran que el denominado 'decreto Maricarmen' será “un parche momentáneo insuficiente” si no contempla la situación específica del archipiélago.

En paralelo, el portavoz de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, confirmó este martes que la intención es continuar con el campamento como “punto de organización” para continuar con la movilización. El activista critica que los dos reales decretos presentados por el Gobierno de España contienen las mismas medidas que tenía previstas aprobar a finales de julio. Sin embargo, puntualiza que entonces no existía esta movilización y, a su modo de ver, el Ejecutivo trata de “contener” esta protesta con medidas presentadas en un “decreto partido” lo que “prepara el terreno para que no entre en vigor”.

Las tiendas quieren convertirse en un punto de encuentro para quienes consideran que la crisis de vivienda en Balears requiere una respuesta de mayor alcance. Los participantes proponen organizar charlas, actividades y nuevas movilizaciones y estudian incluso la convocatoria de una huelga de vivienda si sus demandas no son atendidas. La intención declarada es que la plaza de España funcione como un espacio de organización mientras continúe abierta la disputa política sobre las nuevas medidas.

La imagen de las tiendas instaladas junto a la estatua de Jaume I conecta así la protesta de Palma con la acampada de la Puerta del Sol y con las movilizaciones que durante estos días se han extendido por distintas ciudades españolas. En Madrid, la protesta surgida tras el caso de Maricarmen ha reunido a cientos de personas y se mantiene como principal foco de la movilización estatal. En Palma, con una escala mucho menor, el movimiento ha encontrado en la plaza de España un lugar desde el que intentar mantener encendida la protesta y trasladar al debate local una cuestión que los participantes consideran ya inaplazable: quién puede permitirse vivir en Mallorca y en qué condiciones.

La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.

La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.

Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.

Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.

El criterio de los cinco años, bajo lupa

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.

La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.

Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.

La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.

Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.

En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento niega haber intervenido

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.

En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.

El Govern defiende sus criterios de acceso

Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.

Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.

El viernes Valladolid vivió una manifestación por la vivienda en consonancia con la oleada de indignación que ha recorrido España a cuenta del desahucio de Maricarmen y que tiene, una vez más, su epicentro en la Puerta del Sol. Como consecuencia de las movilizaciones por todo el país el Gobierno se ha puesto a trabajar contrarreloj en un decreto que aporte soluciones la crisis actual de la vivienda, que ha llevado a que comprar un piso de 80 metros cuadrados suponga de media 8,4 años íntegros de sueldo. Hace diez años eran 6,7 y en 1998, 3,5 años. Por su parte, mientras que en 2026 el precio medio del alquiler en España eran 15,1 euros por metro cuadrado, unos 1.200 euros al mes para un piso de 80 metros cuadrados, hace diez años eran 8,2 euros por metro cuadrado, unos 656 euros al mes, casi la mitad.

La vivienda se ha convertido paulatinamente en la primera preocupación de la sociedad española según el CIS, y en la mayoría de medios de comunicación se alude frecuentemente a la falta de oferta o la necesidad de agilizar la construcción como mantra para que los precios bajen. Sin embargo, hay al menos dos motivos para pensar que esta no es la solución para lograr una vivienda asequible. El primero es que en el período en que más viviendas se construyeron en España (1997-2008, cuando se llegaron a levantar más que en Francia, Alemania e Italia juntos) estas aumentaron más de un 300% su precio.

El segundo es que, según las leyes de mercado, para que un bien baje, la oferta debe aumentar o la demanda debe disminuir, pero en el caso de la vivienda no compite con otro bien que pueda ofrecerse como alternativo y, además, su demanda es infinita porque la vivienda no es solamente una necesidad, sino también una inversión. En un mercado global y desregulado como el actual, la cantidad de inversores internacionales (fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de inversiones, bancos…) interesados en invertir en ladrillo es también infinito, y acaparar cada vez más viviendas es una buena decisión, porque reporta más beneficios y estos beneficios se pueden reinvertir otra vez en vivienda, es una rueda que no se detiene. Pero en esta rueda se mezclan los especuladores y los ciudadanos, y los segundos no pueden competir con los primeros y quedan excluidos del sistema.

Durante más de 75 años se han propuesto diferentes soluciones, desde construir masivamente vivienda protegida en régimen de propiedad hasta bonificar a quienes viven de alquilar viviendas, los rentistas. Lo primero supuso un trasvase de dinero público al mercado libre, puesto que toda esa vivienda perdió su condición de protegida después de unos años. Lo segundo favoreció aún más el rentismo, mediante deducciones al alquiler en el IRPF, exenciones fiscales a las SOCIMI o del IVA a los pisos turísticos. El mensaje ha sido claro: invertir en ladrillo sale a cuenta.

Sin embargo, la solución al problema de la vivienda es sencilla, que no es lo mismo que decir que es fácil: crear un stock de vivienda pública de alquiler de larga duración fuera del mercado. Es algo que ciudades como Viena llevan haciendo más de un siglo, que ha logrado un consenso casi unánime entre los grupos políticos de la capital austriaca y que la mayoría de la población vienesa tenga acceso a una vivienda pública, asequible y con seguridad en la tenencia.

En España hubo una oportunidad de oro para hacer esto cuando el Estado adquirió de golpe y porrazo unas 250.000 propiedades compradas como “activos tóxicos” a los bancos en medio de la vorágine de la crisis económica y previo pago de varios miles de millones de euros. Esto habría podido usarse para crear un stock de vivienda pública y generar una mayor presión para bajar los precios del mercado libre, al aparecer una verdadera alternativa a este. Sin embargo, estos activos se fueron vendiendo progresivamente y de forma opaca a fondos de inversión, los llamados “fondos buitre” y se dejó escapar esta oportunidad.

Hoy la situación es muy diferente, la burbuja inmobiliaria está de nuevo en pleno crecimiento, la tasa de paro es muy baja, los bancos han cerrado el grifo de las hipotecas fáciles; y las medidas que previsiblemente saldrán de esta crisis serán insuficientes: limitar los desahucios, prorrogar los alquileres o poner topes a las subidas de estos durante unos años no cambiará el status quo. Por un lado, hay ya más de un millón de viviendas en España en manos de empresas, cifra que se incrementa paulatinamente y que lleva a un trasvase progresivo de estas hacia los agentes económicos. Por otro lado, las tibias medidas que se han promulgado en los últimos años para limitar los precios de la vivienda se han encontrado sistemáticamente con una gran resistencia por parte de los grandes actores del sector inmobiliario. Así pasó, por ejemplo, con las leyes para poner topes a la subida de los alquileres residenciales, que dieron lugar a un auge de los alquileres de temporada, no sujetos a la misma.

No obstante, el problema de la vivienda no es solamente atribuible a ese “1%” que se puso de moda durante las protestas del 15M. Por el contrario, existe un consenso social en España que identifica la vivienda como una inversión que aumenta constantemente de precio, una aceptación de que invertir en vivienda es lo mejor que se puede hacer con los ahorros porque en el banco el dinero pierde valor, pero el ladrillo “siempre sube”. Sin embargo, como decía mi abuela “no se puede sorber y soplar”.

Si pensamos en la vivienda como una inversión que siempre incrementa su precio, esta no será accesible para toda la sociedad, porque si algo aumenta constantemente de precio una parte, cada vez mayor de la población no podrá pagar el alquiler o la hipoteca. Para dejar de ver la vivienda como una inversión y comenzar a verla como una necesidad, hay que empezar rompiendo ese consenso de que el rentismo es una actividad igual que puede serlo trabajar en una fábrica de coches o en una clínica dental, porque tener un hogar es un derecho, y no un automóvil o una limpieza bucal que se puede producir u ofrecer.

Decía el antropólogo Jaime Palomera que si durante la pandemia de COVID-19 hubiéramos encontrado en internet a personas presumiendo de comprar mascarillas o vacunas baratas, acumularlas y venderlas más caras nos habríamos indignado, porque la salud es un derecho. Sin embargo, todos los días vemos vídeos de personas que se autodenominan “emprendedores” o “inversores” y que presumen de comprar viviendas baratas, reformarlas por poco dinero, incluso transformando espacios comunes en nuevas habitaciones y obtener una enorme plusvalía con ellas. Y lo hemos aceptado como algo bueno.

En definitiva, hacen falta políticas públicas decididas para sacar la vivienda del mercado, ojalá las veamos estos días, pero también hace falta conciencia colectiva sobre lo que supone que toda la sociedad tenga acceso a un techo como primer paso para construir un país mejor.

José Prada Trigo es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid y Director del Grupo de Investigación Reconocido 'Ciudad y Ordenación del Territorio'.

Pilar López tiene 40 años cotizados en el sector de la hostelería, pero este verano ha tenido que dormir en su coche. Desahuciada de la vivienda en la que residía en Palma, con una pensión de 480 euros y sin una alternativa habitacional, esta vecina ha tomado este jueves la palabra en el pleno del Ayuntamiento de la capital balear para relatar una situación que ha acabado por desbordarla. “Con 40 años cotizados en hostelería tengo que vivir en el coche”, ha lamentado ante los representantes políticos de la ciudad.

Su voz ha irrumpido entre lágrimas mientras la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mallorca, Àngela Pons, intervenía en la sesión plenaria para denunciar la situación de emergencia habitacional que atraviesa Palma y para advertir de que la mujer desahuciada este miércoles en Madrid, Maricarmen, no es un caso aislado. “Hay muchas Maricarmen”, ha espetado durante una intervención marcada por momentos de tensión, especialmente cuando el alcalde, Jaime Martínez (PP), la ha emplazado a guardar las formas y le ha advertido de que no le permitiría continuar si no respetaba el reglamento del pleno. “Usted trabaja para los ciudadanos, no al revés”, le ha espetado Pons.

Pilar, por su parte, ha relatado que residía en un piso de la calle Joan Crespí desde hacía años hasta que la vivienda fue vendida por el banco a un fondo de inversión. La mujer ha explicado que recibió el aviso de que tenía que abandonar el inmueble con apenas 24 horas de antelación y que tuvo que dejarlo el pasado 2 de junio. Durante el proceso, ha asegurado, llegaron a ofrecerle 60.000 euros por marcharse y, posteriormente, 10.000.

Desde entonces, su vida ha transcurrido entre recursos asistenciales y soluciones provisionales. Primero pasó por un albergue, pero tuvo que abandonarlo. Después, comenzó a dormir en su vehículo, donde ha pasado buena parte del verano. “Llevo desde julio durmiendo en la calle, lavándome en Mercadona con una palangana y duchándome en Ciudad Jardín”, ha explicado, visiblemente emocionada.

La precarización también ha condicionado su alimentación. “No como lo que tengo que comer y por la noche un poco de embutido y pan”, ha añadido. Actualmente, ha relatado, se encuentra alojada en un hostal en el Secar de la Real, aunque su situación continúa siendo incierta. La mujer ha explicado que algunas personas le han recomendado trasladarse a la Península, donde podría encontrar alquileres más económicos. Pero ha rechazado esa posibilidad. “Soy española por los cuatro costados. Me han dicho que me vaya a la Península, que es más barato. Yo no me voy de esta isla. Llevo aquí desde el año 1987 y soy tan mallorquina como cualquier mallorquín”, ha reivindicado.

Su testimonio ha puesto rostro a la magnitud de la emergencia habitacional que atraviesan Palma y el conjunto de Balears: incluso quienes han trabajado durante décadas se ven expulsados del mercado de la vivienda. Encontrar una habitación a un precio asumible se ha convertido en una carrera de obstáculos en una ciudad donde los alquileres no dejan de escalar y cada vez más familias destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar un techo. Los residentes de Palma deben dedicar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros mensuales, según los últimos datos de pisos.com.

Con los precios en máximos históricos y el acceso a un piso fuera del alcance de amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma. Una realidad que desborda las estadísticas y que este jueves ha irrumpido en el pleno municipal a través de la voz de Pilar.

La portavoz de PAH, al alcalde: “Usted se ha gastado 89.000 euros en muebles”

Previamente había intervenido Pons, quien ha reprochado al equipo de gobierno municipal que, pese a las dificultades de acceso a la vivienda, no esté ofreciendo respuestas suficientes a las personas que se quedan sin hogar. La portavoz de PAH Mallorca ha recordado que los cargos públicos están al servicio de los ciudadanos y ha recriminado a Martínez que no se hayan ofrecido alternativas habitacionales a las personas que van a quedarse sin casa, al tiempo que le ha reprochado que se enfade con ella en lugar de responder a las familias afectadas.

“¿Cuál es su trabajo? ¿Me lo puede explicar?”, ha incidido durante su intervención, en la que ha cuestionado las prioridades del gobierno municipal. “Señor alcalde, aquí los únicos que no hacen su trabajo son ustedes”, ha espetado antes de insistir en que los representantes municipales tienen la obligación de atender a la ciudadanía.

Uno de los reproches más duros ha llegado cuando ha aludido a los 89.000 euros que, según ha denunciado y publicó en su momento Diario de Mallorca, se han destinado a muebles de despacho. “¿Cuánto se ha gastado usted, 89.000 euros en muebles de despacho? Y lo puedo decir porque yo le pago el sueldo”, ha afirmado, dirigiéndose al alcalde. La portavoz ha contrapuesto ese gasto con la situación de Pilar, que ha tenido que recurrir a la PAH después de meses de gestiones con los servicios sociales municipales sin conseguir una vivienda. “Me pone de los nervios que no haya para pagar un piso a Pilar”, ha lamentado.

Pons ha explicado que la vecina ha llamado a distintas puertas, incluidos los servicios sociales del Ayuntamiento, sin que estos hayan podido proporcionarle una solución habitacional. Ha destacado su lucha por salir adelante y ha criticado que haya tenido que pasar meses en la calle hasta encontrar alojamiento en el Secar de la Real. “Son ustedes los que tendrían que dar una solución”, ha venido a reprochar la portavoz, que ha vinculado la falta de respuesta institucional con una forma de “violencia institucional” contra quienes se quedan sin techo y ven comprometido su acceso a derechos básicos, como la sanidad o la educación.

Pons ha criticado también la política municipal de vivienda y los precios de las promociones anunciadas por las instituciones. En este sentido, ha denunciado que las viviendas con precios de alquiler de entre 600 y 1.200 euros no son una alternativa real para las personas que cobran pensiones o prestaciones reducidas. “No son viviendas sociales ni protegidas”, ha advertido durante su intervención, en la que ha criticado que los precios previstos queden fuera del alcance de quienes más necesitan un hogar.

En esta línea, ha aludido asimismo al superávit municipal de casi 80 millones de euros con los que, ha señalado, el equipo de gobierno “presume” de haber terminado el año pasado para pasar a cuestionar que no se destinen más recursos a atender la emergencia habitacional. La representante de la plataforma ha reprochado además al Ayuntamiento que destine recursos a consultoras y otros gastos mientras, a su juicio, no se movilizan suficientes viviendas para las familias que las necesitan. Por ello, ha reclamado que se rehabiliten inmuebles municipales y se pongan a disposición de las personas sin recursos.

La intervención ha terminado con una nueva reivindicación de la PAH: que el Ayuntamiento deje de anunciar medidas que no se traducen en soluciones para quienes no pueden pagar un alquiler y destine sus recursos a garantizar el acceso a una vivienda digna. El relato de Pilar ha trasladado esa reclamación al terreno de lo concreto. Una mujer que ha trabajado durante cuatro décadas en la hostelería, que lleva casi 40 años viviendo en Mallorca y que, a sus 480 euros mensuales, no encuentra una vivienda que pueda permitirse en la isla en la que ha construido su vida.

La versión del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Palma han asegurado, por su parte, que Pilar López ha recibido atención y apoyo de los Servicios Sociales municipales desde 2019, aunque de forma intermitente y en diferentes etapas, según recoge Europa Press.

Según el Consistorio, actualmente tiene un expediente abierto, una trabajadora social de referencia y continúa recibiendo atención, que incluye apoyo económico para el alojamiento, acompañamiento social y ayuda en diferentes trámites. Las mismas fuentes han señalado que este jueves, coincidiendo con su intervención en el pleno, ha vuelto a ser atendida por los servicios municipales.

El Ayuntamiento sostiene que durante estos años ha realizado un seguimiento de su situación habitacional y social, con asesoramiento técnico y jurídico, apoyo en la renovación y negociación de contratos de alquiler social y elaboración de informes de vulnerabilidad. Tras hacerse efectivo el desahucio, el pasado junio de 2026, los Servicios Sociales tramitaron una ayuda económica para cubrir su alojamiento en una pensión y la derivaron al Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales (EPASS).

El Govern balear inspeccionará 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado hasta 2027 para detectar posibles fraudes, situaciones de sobreocupación e infraviviendas, así como incumplimientos relacionados con los alquileres y la compraventa de estos inmuebles.

El plan contempla actuar sobre 60 promociones en Mallorca, diez en las Pitiusas y cuatro en Menorca, según ha explicado este miércoles el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés. Las promociones ubicadas en municipios turísticos tendrán prioridad durante la temporada alta, con el objetivo de detectar también posibles casos de uso turístico ilegal de viviendas protegidas.

Una de las prioridades del Ejecutivo será perseguir la sobreocupación y las infraviviendas, especialmente en el parque residencial libre. Según ha explicado Reynés, el Govern ya ha detectado casos de trasteros y locales comerciales utilizados como viviendas, así como inmuebles en los que una sala de estar ha sido dividida en cuatro habitaciones para alojar a más personas.

En concreto, la sobreocupación se produce cuando en una vivienda reside un número de personas superior al permitido por su cédula de habitabilidad. La infravivienda, por su parte, incluye situaciones en las que espacios que no tienen consideración de dormitorio -como determinadas estancias, locales o trasteros- se transforman en habitaciones o se alquilan como tales. Ambas situaciones pueden coincidir en una misma vivienda, según el Govern.

El director general ha señalado que estos problemas son especialmente frecuentes en las islas en las que el crecimiento de la población ha sido superior al aumento del parque residencial. Eivissa concentra el mayor número de casos detectados.

Multas de hasta 30.000 euros

La Administración asegura que en los primeros seis meses de este año ha realizado 40 inspecciones, más que las efectuadas durante los cinco años anteriores. Desde 2022, el número acumulado asciende a 120 viviendas inspeccionadas. Las infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves y conllevar multas de entre 3.000 y 30.000 euros, en función de su gravedad.

Las inspecciones no se limitarán a comprobar quién ocupa cada vivienda. Los técnicos revisarán el visado de los contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios y el cumplimiento de los derechos de tanteo y retracto cuando se produzca una transmisión. El Govern prevé además inspeccionar al menos diez viviendas de precio limitado que ya figuran inscritas en el registro correspondiente.

La campaña también pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y detectar posibles infracciones relacionadas con grandes tenedores, el pago de los gastos de las comunidades de propietarios, la normativa de los agentes inmobiliarios o el depósito de las fianzas de alquiler.

Aunque el grueso de las actuaciones se dirigirá a viviendas protegidas y de precio limitado, también podrán inspeccionarse viviendas libres cuando exista una denuncia previa de particulares o de alguna administración.

Más controles sobre la vivienda protegida

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el parque residencial protegido y ha asegurado que el Govern es “consciente” del desafío que supone el acceso a la vivienda en las Islas.

Mateo ha reivindicado las inspecciones como una herramienta para controlar la oferta residencial y garantizar que las viviendas protegidas cumplen la función para la que fueron calificadas. El Ejecutivo sostiene que la campaña pretende proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y perseguir los incumplimientos.

El plan incluye además una campaña informativa sobre la normativa de vivienda, las infracciones y las sanciones previstas, así como la difusión del canal de denuncias habilitado por el Govern para que los ciudadanos puedan comunicar posibles irregularidades.

La solemnidad del cementerio de Sant Jordi (Eivissa) guarda, justo antes de que caiga la noche, algo de particular: en uno de los nichos vacíos hay varias pertenencias. No ramos de flores, ni fotos, ni otros recuerdos para velar por el más allá de un ser querido. Sino objetos de aseo, de abrigo y los cuatro enseres básicos que cualquier ser humano necesita para sobrevivir en el mundo terrenal. En un plano inferior, más abajo, incluso más, a ras de suelo, hay una persona durmiendo. Estirada sobre la superficie fría de este camposanto ibicenco. No es la única. La falta de vivienda ha obligado a algunos ciudadanos, algunos de ellos trabajadores, a buscarse la vida para poder pernoctar tranquilos, lejos de la persecución de la administración.

Primero, el paisaje pitiuso se vio salpicado de furgonetas y caravanas –a medida que aumentaban los precios de la vivienda, también lo hacía el número de vehículos donde vivían temporeros y también funcionarios en los alrededores de la ciudad de Eivissa y otros puntos de la pitiusa–; luego, se fueron creando asentamientos donde proliferaron las infraviviendas. Todo esto dejó paso –ya empezada una imagen de chabolismo en la isla del lujo– a la preocupación institucional y los desalojos, que desde 2024 han sido prácticamente incesantes.

Ahora, las personas sin hogar se han multiplicado en el territorio insular, incluso ocupando algunas de ellas un puesto de trabajo, hasta rozar las 200, según datos de Cáritas. El silencio sepulcral es perfecto para entrar en fase REM. Aquí, en este cementerio municipal, todo es estático. No hay más disturbios que el de algún que otro familiar o amigo que se acerca a limpiar y velar por los restos de los que un día fueron. 

Son ellos, así como los vecinos, los que se han inquietado ante la situación de que ciudadanos que no pueden contar con un bien básico como el de la vivienda carguen sus teléfonos móviles y decidan ocupar para dormir un lugar de respeto a los fallecidos como es el cementerio. 

Medidas de cierre por “seguridad”

La realidad es que, de momento, nadie les ha ofrecido, a ninguno de los afectados en Eivissa (ni Balears) por el problema habitacional, una solución real. El mercado inmobiliario balear continúa al alza –con un crecimiento sostenido desde el año 2015, según datos del portal inmobiliario Idealista–, cada vez más tensionado y abierto a la especulación. Sin ningún tipo de limitación a la compra de vivienda por parte de personas no residentes y escaso parque de vivienda pública.

El Ayuntamiento de Sant Josep –municipio que emplaza el camposanto donde se ha dado esta situación– ha asegurado tras ser consultado por elDiario.es que todas las personas que así lo han aceptado están siendo atendidas por los Servicios Sociales y que se está actuando según los procedimientos establecidos, aunque no han especificado cuáles. 

Lo ha hecho tras implementar medidas de seguridad para controlar la apertura y el cierre de varias instalaciones y garantizar lo que han considerado su “uso correcto”. Así sucede cada día desde que el equipo de gobierno municipal tuvo conocimiento de la situación, un vigilante se acerca al acceso a las nueve de la noche y echa el cerrojo para garantizar el buen descanso de los muertos. Doce horas más tarde acude a hacer justo lo contrario: abrir la puerta al inamovible reino del infierno y de los cielos.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha tomado medidas: un vigilante se acerca al acceso del cementerio a las nueve de la noche y echa el cerrojo para garantizar el buen descanso de los muertos. Asegura que las personas que antes dormían en el camposanto están atendidas por Servicios Sociales

La medida afecta a los cementerios Sant Jordi y de Sant Francesc, así como a las pistas de Can Raspalls y el polideportivo de Can Burgos, donde también había hasta ahora personas sin hogar pernoctando. En el primero de estos espacios públicos dormía Manolo [nombre ficticio para este reportaje], un ciudadano de edad avanzada que llevaba tiempo “en situación de calle”, han explicado desde Cáritas Diocesana, que le atendía desde su servicio de acogida. 

El objetivo: “buscarse la vida”

Era un impasse mientras se determinaba la suerte de encontrar un lugar en una residencia, que finalmente, gracias al trabajo de la organización sin ánimo de lucro junto con los Servicios Sociales municipales, ha podido conseguir. “Mientras tanto, se buscaba la vida cómo podía”, apuntan desde Cáritas. Aclaran que la medida no ha sido una respuesta [institucional], sino que ha coincidido en el tiempo. Es difícil, por otra parte, llevar un seguimiento de “todas las personas en esta situación”, añaden desde Cruz Roja.

Otras de las personas sin hogar no optan por recursos habitacionales parecidos. Una residente de Sant Josep asegura a elDiario.es que por la calle, en el núcleo poblacional, no han visto a gente sufrir este desamparo: “Ahora hace tiempo que vivimos en el campo, pero cada mañana bajamos al pueblo y no hemos percibido nada fuera de lo normal”. 

En Sant Jordi, sin embargo, al caer la noche, se puede observar cómo algunas personas se acurrucan envueltas en mantas y cubiertas con sudaderas –la inminente llegada del otoño– en bancos y zonas verdes cercanas al cementerio, la Iglesia y a un supermercado a los exteriores de la localidad donde, en un terreno adjunto, se produjo en 2024 el desalojo de un centenar de trabajadores de origen saharaui. 

En Sant Jordi, al caer la noche, se puede observar cómo algunas personas se acurrucan envueltas en mantas y cubiertas con sudaderas -la inminente llegada del otoño- en bancos y zonas verdes cercanas al cementerio, la Iglesia y a un supermercado

El pasado agosto, en sesión plenaria, el Ayuntamiento avaló el desmantelamiento de las 150 infraviviendas y recordó que “no se tolerarán asentamientos ilegales” en el municipio. Sant Josep es, junto al anillo periférico de la ciudad de Eivissa, la zona donde más asentamientos se han desmantelado en los últimos años. El desalojo más reciente se produjo en la estructura abandonada de un complejo hotelero a medio construir en Punta Xinxó, en la bahía, donde se habían asentado un centenar de personas sin techo. 

Algunas de ellas se trasladaron tras la actuación policial a un antiguo mercantil hippy, también abandonado, muy cerca de allí. Además, en otro terreno a veinte minutos a pie y cercano a la costa que alberga hoteles cada vez más enfocados al turismo de lujo, existe otro asentamiento chabolista formado por una decena de temporeros provenientes del Sáhara Occiental. Lo que indica, lo que todo el mundo ya sabe, que el problema habitacional no se extingue: sólo se mueve.

De momento, Sant Josep es el único término municipal que ha visto cómo personas sin hogar utilizaban para pernoctar sus cementerios. Ninguno de los cuatro ayuntamientos restantes ha tenido constancia, por lo menos hasta ahora, en una situación similar, como han confirmado a elDiario.es.

No es, eso sí, el único que persigue los asentamientos. Sin ir más lejos, este último mes la Policía de Sant Antoni ha desmantelado tres núcleos chabolistas en áreas rústicas y naturales del territorio de su competencia y, en lo que va de año, los agentes –que cuentan con drones para vigilar zonas de difícil acceso– han interpuesto 41 sanciones relacionadas con acampadas, caravanas y autocaravanas utilizados como vivienda. 

Uno de cinco trabajadores: en riesgo de exclusión 

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar están en esta tesitura por problemas relacionados con la vivienda, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De este porcentaje total, un 20,1% se vieron en este crítico escenario tras ser desahuciados, un 3,6% porque se les terminó el contrato de alquiler que tenían hasta el momento y el 10,5% restante porque no pudieron seguir pagando el alojamiento.

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar están en esta tesitura por problemas relacionados con la vivienda, según datos del INE. Además, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social

En el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas Baleares. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, no pueden costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados, por contra, en procesos de vulnerabilidad. 

De hecho, un estudio reciente realizado por dos economistas y presentado esta semana en Eivissa arroja que el holgado crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las Pitiusas no se traduce en mayor bienestar ni renta per cápita para la población. La conclusión se recoge en el informe Fénix –elaborado por el doctor en Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Miquel Puig y el catedrático en Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López–, que extrapola los resultados obtenidos de analizar la realidad turística en Catalunya a las islas, donde se agravan. 

Muchas personas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda. Por desgracia, en la ‘isla del lujo', la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor: la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión

Gustavo Gómez — Coordinador de Cáritas en Eivissa

El incremento de la población en el archipiélago repercute en un colapso de los servicios públicos –porque hay parte de la misma que no contribuye a los mismos o contribuye muy poco– y en un encarecimiento de la vivienda que lo dificulta o prácticamente lo imposibilita, recoge el análisis.

A día de hoy, Cáritas Diocesana atiende a dos mil personas en sus distintos programas. “Muchas de ellas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de la organización en la isla. “También hay quienes buscan mejorar su empleabilidad y personas migrantes que quieren aprender el idioma para facilitar su integración”, sigue. “Pero, por desgracia, en la ‘isla del lujo', la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor: la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión”.

Los compradores extranjeros pagan de media 548.000 euros por una vivienda en Balears frente a los 304.000 euros que desembolsan los nacionales. La diferencia, de unos 244.000 euros, equivale a un precio un 80% superior y refleja la distancia entre los dos principales perfiles de compradores en un mercado residencial que acumula un déficit estimado de 17.000 viviendas respecto al crecimiento de la población durante el último cuarto de siglo.

Así lo recoge el Observatorio de la Vivienda de Baleares (OHIB), presentado por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. El organismo constata que la población de las Islas aumentó un 46,3% entre 2000 y 2025, mientras que el parque residencial creció un 31,5%. El desajuste alcanza el 14,7%, aunque su impacto varía de manera notable entre territorios: el déficit estimado llega al 54,3% en Formentera, al 43,2% en Eivissa, al 11,4% en Mallorca y al 8,4% en Menorca.

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha matizado que estas cifras son una estimación y que “no tienen por qué coincidir con la demanda real” de vivienda en cada isla.

La diferencia entre compradores nacionales y extranjeros también se refleja en la evolución de las operaciones. Desde 2023, las compraventas realizadas por españoles han aumentado casi un 31%, mientras que las protagonizadas por extranjeros han crecido un 34,2%. Además, el perfil del comprador cambia según el territorio: en los municipios costeros predominan los compradores extranjeros, mientras que en los municipios del interior son mayoritarios los nacionales.

El dato adquiere especial relevancia en un mercado donde el precio de la vivienda anunciada en los portales inmobiliarios se sitúa muy por encima del importe efectivo de las operaciones. Según los datos presentados por la Conselleria, plataformas como Idealista situaban en 2025 el precio medio de oferta en 5.224 euros por metro cuadrado. Los registradores de la propiedad, sin embargo, calculaban un precio real de 3.988 euros, mientras que el OHIB lo situaba en 3.782 euros.

La diferencia entre el precio anunciado y el estimado por el Observatorio alcanza así el 38%. Reynés ha pedido “mucha prudencia” a la hora de utilizar los datos de los portales inmobiliarios, ya que se trata de precios de oferta y no necesariamente del importe final de las compraventas.

El desfase es todavía mayor en algunos municipios. En Formentera alcanza el 49,3%; en Palma, el 42,4%; en Maó, el 35,5%, y en Eivissa y Ciutadella supera el 31%.

La vivienda turística ocupa el 4,2% del parque residencial

El Observatorio también analiza la evolución de la vivienda destinada al alquiler turístico. Este parque creció un 132% entre 2015 y 2022, hasta alcanzar casi 26.500 viviendas. En los últimos tres años se han eliminado 349, lo que supone un descenso del 1,3% sobre el total.

Pese a esta reducción, las viviendas de uso turístico todavía representan el 4,2% del parque residencial de Baleares. A ello se suma el descenso del 12,6% en el número de anuncios de viviendas turísticas en plataformas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Las políticas públicas tienen que focalizar los esfuerzos en detectar y sancionar las viviendas turísticas ilegales, y reconducir el alquiler turístico hacia el alquiler residencial”, ha defendido Reynés.

Un parque residencial envejecido

Baleares contaba en 2025 con casi 619.000 viviendas, de las que el 66% eran plurifamiliares. Mallorca concentraba cerca de 480.000 viviendas; Eivissa, unas 75.500; Menorca, cerca de 59.000, y Formentera, alrededor de 5.000.

La superficie media de las viviendas plurifamiliares se sitúa en 128 metros cuadrados, frente a los 263 metros cuadrados de las unifamiliares. La media conjunta alcanza los 164 metros cuadrados.

El OHIB alerta asimismo del envejecimiento del parque residencial. El 56,5% de los edificios residenciales fue construido antes de la primera normativa energética. Además, de los 175.677 certificados energéticos registrados en estos edificios, el 83,4% tiene una calificación E, F o G.

Reynés ha señalado que los programas de rehabilitación energética financiados con fondos Next Generation “deben tener continuidad durante los próximos años” para actualizar un parque residencial “muy envejecido”.

El Govern descarta declarar zonas tensionadas

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) dispone de más de 10.000 viviendas con precios asequibles dentro del conjunto del parque residencial del archipiélago. Entre los demandantes, casi la mitad se decanta por la compra de vivienda pública, mientras que el 36,8% prefiere el alquiler y el 14,5% no muestra una preferencia concreta.

Menorca es la isla donde más demandantes optan por el alquiler, con un 62,1%. En el resto, esta opción se sitúa por debajo del 40%. En Mallorca, Eivissa y Formentera, la preferencia por la compra ronda el 50%, mientras que en Menorca no alcanza el 30%.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido el Observatorio como “un instrumento esencial para acertar en políticas de vivienda a corto, medio y largo plazo”. Mateo ha asegurado que el Ibavi seguirá recopilando datos para orientar las futuras decisiones del Ejecutivo autonómico.

El conseller también ha insistido en que el Govern “no adoptará” la declaración de zonas tensionadas prevista en la legislación estatal de vivienda. A su juicio, esta medida está “fracasando” en los territorios donde se ha aplicado. “No es insumisión ni desobediencia”, ha concluido.

“Vamos a generar más vivienda asequible para la gente de aquí”, ha asegurado Mateo.

La posibilidad de limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas por parte de la Comisión Europea (CE) ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la vivienda en Balears. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, advirtió este lunes de que una eventual regulación podría terminar afectando también a los residentes: “Me pone los pelos de punta que un mallorquín no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio de Mallorca”, aseveraba. Sin embargo, Bruselas no ha aprobado una prohibición de comprar segundas residencias ni ha dado carta blanca a los gobiernos para impedir estas operaciones.

La Affordable Housing Act, presentada como una propuesta de reglamento, pretende establecer un marco común para evaluar la legalidad de las medidas que adopten los Estados, las comunidades autónomas o los ayuntamientos para proteger el acceso a la vivienda en zonas sometidas a una presión habitacional acreditada. El texto señala que las viviendas utilizadas como segundas residencias, los pisos turísticos y los inmuebles vacíos pueden agravar el desequilibrio entre oferta y demanda, pero deja en manos de las autoridades competentes decidir si intervienen y de qué manera.

En este sentido, la iniciativa no está proponiendo limitar exclusivamente las compras de extranjeros o de no residentes. Su propuesta contempla las medidas que regulen la adquisición o el uso de inmuebles residenciales cuando puedan afectar a las libertades del mercado interior, incluida la libre circulación de capitales reconocida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, una eventual restricción de las segundas residencias podría alcanzar también a un ciudadano español o a un residente en Balears si la norma se formula atendiendo al destino del inmueble y no únicamente a la residencia del comprador.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno de la Cámara autonómica que su Ejecutivo aplicará “todas las medidas jurídicamente viables y efectivas” en materia de vivienda y ha afirmado que se alegra del camino abierto por la Comisión Europea. La líder del PP, sin embargo, ha evitado comprometerse con la aplicación de restricciones concretas a los compradores no residentes. “El camino se acaba de abrir”, ha advertido antes de señalar que las posibles medidas todavía no tienen cobertura jurídica suficiente.

“No tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado directamente la voluntad de Prohens de aprovechar el nuevo escenario europeo. “No mientan, no tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”, ha recriminado el menorquinista, quien ha reclamado a la presidenta que se pronuncie con claridad y que no “venda una moto” a la ciudadanía. Prohens ha respondido acusando a la izquierda de haber defendido durante los últimos años medidas que, a su juicio, no podían aplicarse. La presidenta ha insistido en que el marco normativo europeo “se ha abierto ahora” y ha reprochado a sus adversarios que pretendan presentar como viables propuestas que no lo eran hasta este momento.

La posición del Ejecutivo autonómico se resume en una promesa condicionada: si Bruselas permite una medida que pueda aplicarse en Balears, que sea efectiva y que priorice “sí o sí” a la gente de aquí, el Govern la estudiará y la aplicará. “Seguiremos muy atentos este proceso”, ha señalado Prohens. La presidenta, por tanto, no ha cerrado la puerta a las restricciones, pero tampoco ha asumido un calendario ni un compromiso concreto para impulsarlas.

La fórmula ha provocado la reacción inmediata no solo de Més per Menorca, sino también de Més per Mallorca y del PSIB-PSOE, que han interpretado la cautela del Govern como una manera de aplazar decisiones que consideran urgentes. El debate ha evidenciado, además, una diferencia de fondo: mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier intervención debe superar el filtro jurídico europeo, la oposición reclama que la crisis habitacional justifica avanzar desde ahora en las medidas que ya están al alcance de las instituciones autonómicas.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tratado de desplazar el debate desde la viabilidad jurídica hacia la urgencia social. “El tiempo de estudiar ya ha pasado”, ha afirmado. El ecosoberanista ha censurado las declaraciones de Sagreras sobre el derecho de los mallorquines a adquirir una segunda residencia en un momento en el que, según ha señalado, muchas personas no pueden siquiera asumir el coste de su vivienda habitual.

El ecosoberanista ha recordado, además, que una de cada tres viviendas es adquirida por alguien que no reside en las islas, y ha advertido de que la presión inmobiliaria no procede únicamente de compradores particulares, sino también de empresas, fondos de inversión y fondos buitre. El diputado ha reclamado a Prohens que se sitúe “al lado de la ciudadanía y no de los especuladores”.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las críticas del PSIB. El conseller ha asegurado que el Govern es consciente del “drama” de la vivienda y que no mira hacia otro lado. Como contraposición, ha acusado a los anteriores gobiernos socialistas de haber dejado sin construir la vivienda que, a su juicio, necesitaban las islas.

El Govern: “Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”

Mateo ha centrado parte de su intervención en la falta de apoyo del Gobierno central. Ha criticado que el nuevo portal público de alquiler asequible anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contemple 800 viviendas en el conjunto de España y ninguna en Balears. “Pedro Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”, ha sostenido.

El conseller también ha citado los resultados del programa 'Lloguer Segur', que, según ha detallado, ha alcanzado los 103 beneficiarios. Asimismo, ha recurrido a datos de portales inmobiliarios y de los registradores de la propiedad para defender que se están produciendo descensos en los precios de la vivienda en determinados segmentos del mercado.

Ante esto, la diputada socialista Mercedes Garrido ha rechazado esta interpretación. Tras tres años de legislatura del actual Govern, ha afirmado, los ciudadanos de Balears viven “peor que nunca” y muchos ya no pueden permitirse residir en las islas. Garrido ha leído durante su intervención varios testimonios de personas con dificultades para pagar su vivienda y ha descrito una situación en la que algunos residentes se ven obligados a marcharse o a vivir en caravanas.

La socialista ha reprochado al PP que su preocupación se centre en que los mallorquines no puedan comprar una segunda residencia. “No es que los baleares no se puedan comprar una segunda residencia, es que no pueden adquirir la primera”, ha señalado. Garrido ha reclamado al Govern que declare Balears zona tensionada y adopte medidas para contener los precios del alquiler.

En otro momento del pleno, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de actuar por ideología y ha advertido de que la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ya ha avanzado que su formación vetará la propuesta europea. A su juicio, el Ejecutivo autonómico conoce las dificultades que encontrará la iniciativa y, aun así, utiliza el anuncio de Bruselas para aparentar que está dispuesto a actuar. Prohens ha respondido recordando que el PSIB votó en contra de la declaración de emergencia habitacional impulsada por el Govern y ha rechazado recibir lecciones de un partido que, según ha reprochado, “ha vendido su sede a un sueco”.

Més per Menorca reclama que Europa tenga en cuenta la insularidad

Més per Menorca, por su parte, ha reclamado a las instituciones europeas más ambición y el reconocimiento explícito de las particularidades de los territorios insulares. Los menorquinistas consideran que la crisis de la vivienda adquiere una dimensión especialmente grave en las islas por la presión turística, la escasez de suelo disponible y la demanda externa. El coordinador general de la formación, Esteve Barceló, ha valorado que Bruselas sitúe la vivienda asequible entre sus prioridades, pero ha advertido de que no basta con reconocer las herramientas si las condiciones para aplicarlas son “prácticamente imposibles de cumplir”.

El partido defiende que no se pueden exigir los mismos requisitos a un territorio insular que a uno continental y que las futuras normas europeas deben permitir a las administraciones proteger el mercado residencial. Més per Menorca trabaja con la Alianza Libre Europea para analizar la propuesta de la Comisión y explorar vías de incidencia durante su tramitación en el Parlamento Europeo.

La formación menorquinista reclama que las islas dispongan de instrumentos para priorizar el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en ellas, así como para regular el alquiler turístico cuando este contribuya a reducir la oferta residencial.

Més per Mallorca volverá a llevar al Parlament su propuesta para limitar la compra de viviendas a personas no residentes en Balears después de que la Comisión Europea haya planteado impulsar determinadas restricciones a la adquisición de segundas residencias en zonas tensionadas. La iniciativa, que ya fue rechazada por PP y Vox el pasado mes de febrero, recupera así protagonismo en el debate político sobre la crisis habitacional de las islas.

La discusión sobre la compra de vivienda por parte de no residentes no es nueva en las islas: Balears lleva años soportando una fuerte presión inmobiliaria derivada de la escasez de territorio, la demanda turística y el atractivo del archipiélago para compradores e inversores internacionales con un elevado poder adquisitivo.

Según el Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, publicado el pasado mes de abril, el 29,8% de las compraventas de viviendas en las islas fueron protagonizadas por compradores extranjeros, la proporción más elevada de todas las comunidades autónomas y más del doble de la media nacional, situada en el 13,8%. Por su parte, el Banco de España señaló el pasado mes de junio que el 10,9% de las viviendas de Balears son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes, una cifra que triplica la media estatal.

La semana pasada, la Comisión Europea presentó su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, un paquete de medidas destinado a facilitar que las administraciones puedan actuar frente a la crisis habitacional. Entre sus planteamientos figura la posibilidad de restringir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, especialmente cuando se trate de adquisiciones por parte de personas jurídicas, así como la aplicación de medidas fiscales sobre viviendas vacías.

A raíz de esta propuesta, el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado este lunes que su grupo volverá a presentar una proposición de ley al respecto, incorporando modificaciones tanto en la exposición de motivos como en el articulado para adaptarse a las novedades surgidas en los últimos meses, incluida la propuesta de Bruselas.

“La Comisión Europea ha vuelto a decir que existe jurisprudencia que permite esta excepción a la libre circulación de capitales”, ha defendido Apesteguia durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes. El diputado considera que el planteamiento europeo y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalan la posibilidad de establecer limitaciones en determinadas circunstancias.

La iniciativa de Més pretende restringir la compra de vivienda por parte de personas que no residan en las islas con el objetivo de contener la presión sobre el mercado inmobiliario y evitar que las viviendas se conviertan en un activo destinado principalmente a la especulación.

Bruselas abre una vía, pero no da carta blanca

La propuesta de Bruselas no establece una prohibición general de comprar vivienda ni obliga a los Estados a aplicar estas restricciones, sino que plantea un marco para aportar seguridad jurídica a las administraciones que decidan intervenir. Asimismo, exige que las medidas estén justificadas, sean proporcionadas y respondan a una necesidad real de mejorar el acceso a la vivienda. El proceso legislativo europeo todavía debe continuar en el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión también establece condiciones estrictas para declarar una zona tensionada. Las administraciones deberán demostrar que los precios de la vivienda han evolucionado de forma desfavorable respecto a los ingresos de los hogares y que existe una presión persistente sobre el acceso a la vivienda. En el caso de las restricciones a las segundas residencias, deberán acreditar además que estas adquisiciones contribuyen al deterioro de la disponibilidad de vivienda habitual.

Bruselas recuerda, además, que las restricciones deben respetar el principio de no discriminación por nacionalidad entre ciudadanos de la Unión Europea y que las medidas deben calibrarse de acuerdo con el objetivo perseguido.

La Comisión ha señalado que las autoridades pueden recurrir a distintos instrumentos antes de llegar a prohibiciones absolutas, como límites cuantitativos, incentivos fiscales o regímenes transitorios. Las restricciones, además, no tendrían carácter retroactivo.

Balears, el “monopoly” de los inversores

Apesteguia ha recordado que en 2022 viajó a Bruselas para reunirse con la jefa de gabinete de la entonces comisaria de Vivienda. En aquel encuentro, ha recordado, ya le trasladaron que podía existir margen para regular el acceso a la vivienda si se justificaba suficientemente la emergencia habitacional. A partir de entonces, Més estudió la jurisprudencia europea y elaboró la iniciativa que presentó en 2024 en el Parlament con la intención de que Balears se situara a la vanguardia de las medidas para limitar la compra de vivienda con fines especulativos por parte de empresas, fondos de inversión y compradores que no residen en las islas.

“Hemos perdido años porque la derecha, y en su momento el PSOE, no han querido encarar este problema”, ha reprochado el portavoz ecosoberanista. Apesteguia ha comparado la situación del archipiélago con “un gran tablero de Monopoly” en el que inversores internacionales compran y venden propiedades sin conocer necesariamente la realidad territorial de Mallorca.

La propuesta de Més deberá, no obstante, ajustarse al marco europeo. El propio Apesteguia ha reconocido que la iniciativa anterior incluía también a residentes en Balears dentro de las limitaciones, una cuestión que ahora deberá revisarse para evitar contradicciones con las normas comunitarias. El diputado ha advertido de que, si una ley no respeta ese principio, podría ser anulada por los tribunales.

Reacciones de PP y PSOE

El PP, por su parte, mantiene una posición contraria a restringir de forma general la compra de vivienda a los no residentes. Su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado a los ecosoberanistas y al PSIB de no haber adoptado medidas suficientes durante los ocho años en los que gobernaron las islas.

“Hasta ahora, la prohibición de venta a no residentes era solo una medida populista, porque el hecho de que la CE estudie cambiar el marco legal quiere decir que hasta ahora no lo era. Ahora que se han puesto sobre la mesa modificaciones, creo que la responsabilidad de los gobiernos es estudiar si una medida de estas características puede ser buena para los ciudadanos”, ha aseverado.

El PSIB-PSOE, mientras tanto, también ha aprovechado el giro europeo para llevar la cuestión al pleno del Parlament. Su portavoz, Iago Negueruela, ha anunciado que modificará la pregunta dirigida este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para reclamarle explicaciones sobre la posibilidad de aplicar las medidas planteadas por Bruselas. El cambio llega después de que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se mostrara abierto a estudiar la normativa europea si esta ofrece soluciones “eficientes y eficaces” a los problemas de vivienda.

Negueruela ha cuestionado que el Govern se limite a estudiar la propuesta si no está dispuesto a aplicar medidas que ya contempla el marco europeo, como la declaración de zonas tensionadas. El socialista ha recordado que su grupo ha planteado esta posibilidad mediante una enmienda a la futura ley de capitalidad de Palma. “No entiendo que digan que lo van a estudiar si no quieren aplicar ni lo más mínimo, que es declarar zonas tensionadas”, ha reprochado.

Con el 50% de los habitantes de las ciudades europeas que consideran que el acceso a la vivienda es un problema inmediato y urgente, la Comisión Europea ha dado un paso para facilitar la seguridad jurídica a las Administraciones públicas que decidan actuar. La Ley de Vivienda Asequible que se ha presentado este miércoles tiene como principales novedades que facilitará la restricción de la compra de segunda residencia en zonas tensionadas, especialmente a personas jurídicas, y propone que se pueda penalizar fiscalmente las viviendas vacías. Sin embargo, la Comisión ha diseñado unos condicionantes y exigencias muy estrictas para demostrar que una zona urbana está tensionada por los precios y obliga a las administraciones a demostrar que la actividad que se pretende restringir, ya sea alquiler temporal o turístico o la compra de vivienda no habitual, además de las medidas sobre la vivienda desocupada están contribuyendo a mejorar la accesibilidad a la vivienda.

Una de las medidas que tendrán respaldo legal es la limitación de pisos turísticos en áreas con mercados tensionados, pero es menos relevante para España porque ya está recogida en la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno. En este caso, Bruselas añade que las autoridades tienen que demostrar que esta actividad comercial tiene un impacto adverso en acceso a la vivienda residencial durante los tres años anteriores a la adopción de la medida.

Desde la institución europea apuntan que el objetivo de este paquete normativo es preservar un contingente de viviendas para que sean hogares permanentes y no se conviertan en un producto para la especulación. El paso de la Comisión es decisivo y ha supuesto un revulsivo en Bruselas. De hecho, las formaciones políticas de derechas han mostrado su posición contraria a la propuesta de la restricción a la compra de segunda vivienda. Ha sido tal la marejada que desde la institución europea se han insistido constantemente que no es obligatorio cumplir con estas medidas, las cuales ya están en la legislación de varios países europeos. Ahora queda un largo camino legislativo, ya que la medida tiene que pasar por el Parlamento europeo y el Consejo Europeo.

Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, ha declarado en la presentación de las medidas que “hay una crisis de la vivienda. Tenemos que actuar. Hoy estamos dando a los Estados miembros y a los gobiernos locales herramientas que pueden utilizar para introducir medidas que ayuden a resolver algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. Las cifras son claras. En los últimos diez años, los alquileres han aumentado un 59% en Berlín, un 75% en Madrid y un 103% en Lisboa. Esto significa que personas con empleos normales —enfermeras, profesores, policías— a menudo ya no pueden vivir en los lugares donde trabajan y prestan sus servicios. Una vivienda, un hogar, no debería un producto de mercado. Tener un hogar es un derecho humano”.

Seguridad jurídica frente a la alta litigiosidad

Lo que pretende la iniciativa es establecer un marco jurídico para que ayuntamientos y comunidades autónomas, en el caso de España, no tengan que enfrentarse a una alta carga de litigiosidad por las denuncias de grandes propietarios contra las medidas para bajar impuestos. París, Ámsterdam y Florencia, por ejemplo, han introducido sistemas de licencias o restricciones a los nuevos alquileres de corta duración. Los esfuerzos de estos ayuntamientos han sido respondidos con demandas judiciales. Airbnb recurrió la multa de 64 millones de euros impuesta por España por ofrecer anuncios ilegales. La Comisión ve como un problema que las denuncias tengan a las autoridades locales inmersas en costosas y prolongadas batallas judiciales.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Competencia, ha señalado que “el hecho de que distintos alcaldes y numerosos ayuntamientos hayan ido adoptando medidas concretas dentro de sus propias competencias, con enfoques muy diferentes para hacer frente a este problema, y que en muchos casos estas medidas hayan sido recurridas ante los tribunales alegando que vulneran alguna de las libertades consagradas por la normativa de la UE, demuestra que es importante contar con un marco común. No es obligatorio. Se puede aplicar o no. Tiene que ser proporcionado y debe responder a determinados criterios para garantizar que esa proporcionalidad se mantenga”.

La Comisión asegura que la Ley de Vivienda Asequible “protege la seguridad jurídica y las expectativas legítimas”: las condiciones vinculadas a la adquisición “no podrán aplicarse con carácter retroactivo”, deberán establecerse disposiciones transitorias adecuadas y, a la hora de abordar la desocupación prolongada, la forma en que la institución europea se refiere a las viviendas vacías, deberán tenerse en cuenta los periodos justificados de no ocupación. Además, recalcan que la propuesta resalta la necesidad de complementar estas restricciones con políticas activas para aumentar la oferta de vivienda social y asequible.

Los alquileres de corta duración registrados representan oficialmente alrededor del 1,2% del parque total de viviendas de la UE, el problema es que en determinadas zonas de afluencia turística suben hasta el 20% de los inmuebles. A pesar de la evidente presión sobre los precios, Bruselas ha impuesto una serie de condicionantes, que son más estrictos que en la legislación española, para que una zona urbana sea declarada como zona tensionada de precios.

Ante el alto número de segundas viviendas que hay en España, Ribera ha especificado que “la cuestión principal aquí es si los ayuntamientos pueden dar prioridad, en los nuevos desarrollos urbanísticos, al uso residencial como vivienda habitual, y refleja muy bien el tipo de tensiones que ya estamos experimentando en algunas zonas sometidas a una fuerte presión. Hay personas que se dan cuenta de que en sus ciudades, en sus municipios, existe una proporción enorme de viviendas vacías, y el riesgo de no permitir nuevos desarrollos que respondan a la necesidad de proporcionar a las comunidades locales acceso a una vivienda asequible es bastante importante. Esto puede ocurrir en nuestra realidad nacional en España, pero no solo allí. Es algo que va más allá, como decía, de la realidad española”.

El comisario de Vivienda ha señalado respecto a la medida que afecta a segundas viviendas que “se está enviando una señal muy clara: nos tomamos muy en serio las preocupaciones de la ciudadanía y que las segundas residencias o los edificios vacíos también son relevantes para la Unión Europea porque estamos hablando de la libre circulación de capitales. Esto también significa que tenemos la responsabilidad de ayudar a los Estados miembros a gestionar esta situación y de proporcionarles las herramientas que necesitan. También ocurre con las segundas residencias. Algunos Estados miembros ya cuentan con normas que establecen que si se posee una vivienda en determinadas ciudades es necesario vivir en ella o que otra persona viva en ella”.

Exigencias para declarar zona tensionada

Por un lado, hay un umbral de asequibilidad, es decir, el nivel de precios de la vivienda al que los ciudadanos no tienen capacidad de acceder. La propuesta es que se calcule con la variable entre la mediana de los ingresos disponibles de los hogares y el precio medio de adquisición de una vivienda en esa área. Para que este criterio sea elegible, el precio de la vivienda respecto a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos tendrá que haber aumentado durante diez años

Además, para determinar que una zona está tensionada con los precios de la vivienda, las autoridades tendrán que probar que la tendencia de mercado muestran que en los siguientes tres años los precios de las viviendas no van a bajar en esa zona. Aquí se tiene que tener en cuenta aspectos como la oferta y la demanda de vivienda y la demografía.

El mismo principio se aplicará a las restricciones sobre la adquisición de viviendas que no vayan a constituir residencia principal. Las autoridades deberán acreditar que estas operaciones están contribuyendo de manera efectiva al deterioro de la disponibilidad de vivienda para residencia permanente.

Una zona tensionada puede comprender desde un barrio o distrito hasta un municipio completo, pero tienen que estar claramente delimitado por la Administración competente. Además, la extensión de la zona tensionada no se podrá realizar sin una justificación que refuerce los criterios para su designación.

Criterios para aplicar medidas a la “desocupación prolongada”

La nueva normativa establece que para que una Administración pública pueda aplicar restricciones o medidas dirigidas a la desocupación prolongada como la penalización fiscal debe basarse en criterios objetivos que demuestren que dicha vacante reduce la disponibilidad de vivienda habitual. La evaluación tiene que tener en cuenta la duración acumulada de la no ocupación, el número de inmuebles en manos de un mismo propietario dentro de la zona tensionada y si la propiedad o adquisición de los inmuebles es por parte de personas jurídicas.

El Reglamento establece expresamente que las medidas sobre viviendas vacías no se aplicarán cuando la falta de ocupación responda a causas justificadas por la situación del propietario como ausencia temporal por razones de trabajo, estudios o formación; motivos de salud, cuidado por dependencia o emergencia social, procesos de herencia o sucesión que se encuentren en trámites legales; impedimentos judiciales que imposibiliten la ocupación o el arrendamiento del inmueble o el estado de inhabitabilidad del inmueble.

Regulación específica para personas jurídicas

La nueva normativa establece que las Administraciones no pueden discriminar directa ni indirectamente por razones de nacionalidad ni por el Estado miembro de establecimiento en el caso de las personas jurídicas (empresas o sociedades). Ahora bien, abre la puerta a que las restricciones o medidas se puedan aplicar si se utiliza para un fin distinto a la residencia habitual o principal.

Dentro del marco permitido, las autoridades pueden aplicar instrumentos como reservar inmuebles con precios asequibles a categorías específicas de compradores, como primeros compradores o familias de ingresos medios y bajos. También se pueden exigir declaraciones sobre el uso previsto del inmueble antes de formalizar la compra.

Al regular el uso no residencial o la desocupación prolongada, las normas deben calibrarse evaluando de forma específica la adquisición por parte de personas jurídicas y el número de inmuebles acumulados por un mismo propietario en la zona tensionada.

Desde la Comisión se insta a las autoridades a considerar límites cuantitativos (topes), incentivos fiscales o regímenes transitorios antes de aplicar prohibiciones absolutas de adquisición. Todas estas medidas solo serán aplicables a los inmuebles adquiridos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la medida. Las personas o entidades que hayan comprado con anterioridad no quedan sujetas a estas nuevas restricciones de adquisición.

El corazón de la zona turística de Cala de Bou, tiene, desde hace años, un halo fantasmagórico. La decadencia de este tramo del litoral suroeste de la isla de Eivissa ha sido progresivo: bares y negocios fueron echando el cerrojo cuando otro modelo turístico, menos vinculado al turismo de masas y de familias, empezó a triunfar. El antiguo terreno que albergaba el Gorila Hippy Market es un símbolo de ello. Esa sensación de declive no se deshace del barrio, que vivió hace apenas tres semanas el desalojo de una decena de trabajadores que malvivían en una estructura abandonada y grafiteada que ya forma parte del ruinoso paisaje en Punta Xinxó.

Se trata de un terreno que sirvió como morada de más de un centenar de trabajadores de la industria turística, y que se ha puesto a la venta por 35 millones de euros -a través de un portal inmobiliario digital- mientras que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga con el Ayuntamiento para obtener la licencia que le permita terminar de construir el hotel. La sociedad ha declinado hacer declaraciones sobre la situación del edificio o el proceso judicial. Por otro lado, una decena de los desalojados en Punta Xinxó han migrado ahora al espacio de 10.000 metros cuadrados que hasta hace diez años constituía una atracción turística, aunque de corta vida.

En una pegajosa mañana de agosto, dos de ellos oran sobre unas esterillas que han extendido en el suelo. No suman más de media docena, aunque a pleno mediodía probablemente la mayoría se encuentren en sus puestos de trabajo. Este diario ha intentado hablar con algunos de ellos para preguntarles por la situación en la que viven. Sin embargo, prefieren no hacer ningún comentario al respecto, alegando que se trata de una propiedad privada. Se encuentran visiblemente nerviosos y molestos por estar, una vez más, en el foco mediático, pues cada vez que se desmantela un asentamiento se erige otro debido a que la cuestión de fondo –la crisis habitacional– sigue sin resolverse.

Una vecina de la zona, que prefiere no ser identificada, explica que en el antiguo mercadillo hippie residen una veintena de personas, y que las primeras empezaron a llegar hace unos cuatro meses, antes del desalojo de Punta Xinxó. Afirma que no hay problemas de convivencia, ni de ningún otro tipo, con los moradores. El problema, señala, es que el recinto funciona desde hace años a modo de vertedero ilegal.

Los desalojados que moran en un antiguo mercadillo

“Sí, son de origen senegalés, entraron cuando desalojaron el hotel de Punta Xinxó, pero no dan problemas”, señala una trabajadora de un souvenir de los alrededores, sin ahondar mucho en la cuestión. En julio de 2013, durante apenas unos años, el recinto empezó a funcionar como un mercadillo hippie, después de que la mercantil Fifty, S.L. obtuviera los permisos municipales para explotar en la parcela un bar-restaurante, un café-concierto, una sala de fiestas sin atracciones y dos locales destinados a la venta de productos artesanales. Sin embargo, hace una década que en la propiedad se acumulan vehículos abandonados, materiales y otro tipo de objetos pesados que han conducido a los vecinos, preocupados, a denunciar la situación a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Sant Josep.

Chris Langley, quien lleva más de cuatro décadas residiendo en Cala de Bou, en Sant Josep de Sa Talaia, cree que el Ayuntamiento –para resolver la situación de Punta Xinxó y el Gorila Hippy Market– podría “adquirir ambas propiedades a precio de mercado utilizando fondos europeos y estatales”. “Así se solucionaría el problema de raíz y se podrían crear instalaciones públicas y zonas verdes”, añade a este diario. En este sentido, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros.

Chris Langley, vecino de Cala de Bou, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros

Chris Langley — Vecino de Cala de Bou

“Como medida de emergencia, se podrían instalar módulos prefabricados con habitaciones individuales, cocina comunitaria, baños y un salón común”, sostiene este vecino, que opina que el Ayuntamiento solo tendría que aportar el terreno y apoyarse en el IBAVI –Instituto Balear de la Vivienda, que depende del Govern– para costear la instalación “aprovechando los fondos europeos o los planes autonómicos que ya existen para vivienda”.

El alcalde habla de “albergue ilegal”

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaraciones a elDiario.es, que en el pasado algunos de los trabajadores pidieron ayuda económica para abandonar la isla, y que el Ayuntamiento se la proporcionó. Así responde al ser consultado sobre si Servicios Sociales del Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de prestación a los desalojados del hotel de Punta Xinxó, algunos de los cuales han terminado en el antiguo mercadillo hippie. Además, aclara que no se trata de personas sin recursos y que el Consistorio hace lo que puede en base a las competencias que tiene -y en las que no entra vivienda-. “Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene ingresos”, asevera sobre el perfil de los moradores.

Por otro lado, niega que lo que está sucediendo en el Gorila Hippy Market sea un nuevo poblado chabolista sino que se trata probablemente de un “albergue ilegal”. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda”, afirma. Roig explica que han hablado con los nuevos ocupantes del espacio, y que todos ellos les han comunicado que “están pagando un alquiler, con lo cual, creo que lo que se está haciendo es aprovechar una circunstancia”. “Si no es así, nos gustaría que la propiedad desalojara esta zona”.

No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En este sentido, argumenta que están actuando por dos vías: urbanística y de actividades. Esta última vía es la que permitiría desalojar el recinto en caso de que esté funcionando como albergue ilegal, aclara el alcalde. El propietario ha dicho que los moradores disponen incluso de duchas, así como de diferentes espacios, añade Roig, en referencia a declaraciones realizadas a Periódico de Ibiza y Formentera.

Asimismo, el alcalde opina que los propios empresarios del sector turístico, en ocasiones, intentan mitigar la crisis de vivienda ofreciendo alojamiento a sus trabajadores. “Es importante tenerlo en cuenta”, asegura y añade que algunos de estos trabajadores con los que han hablado reconocen que les han ofrecido el alquiler de habitaciones por un precio de entre los 300 y 400 euros al mes. “Quien rechaza o no quiere estas opciones creo que no tiene cabida en la isla en este momento”, zanja Roig.

Acampados en un bosque

A pocos más de un kilómetro de esta zona se ha formado un pequeño poblado chabolista, en la zona costera entre Cala de Bou y Port des Torrent. Una trabajadora de una tienda explica que en la zona viven trabajadores saharauis, pero que ello ya ocurría antes del desalojo del hotel abandonado en Punta Xinxó.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores del mismo origen, en esta área boscosa próxima a Port des Torrent.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores saharauis

Viene de Elche y en octubre, cuando termine el verano, regresará a su tierra. Es uno de los cientos de trabajadores procedentes del Sáhara Occidental que, según cuenta, llegaron durante los últimos años a la isla para trabajar principalmente en la hostelería y que ahora se encuentran con una temporada más en la que el alojamiento se ha convertido en un problema.

No es la primera vez que este joven saharaui se traslada para trabajar en la pitiusa. Desde hace unos años vuelve para ocupar su puesto de trabajo en las proximidades de la conocida como ‘milla de oro’ de Eivissa, por la concentración de negocios y urbanizaciones de lujo. En el bosque en el que se han instalado hace tiempo que los empleados de los negocios de los alrededores son testigos de que hay personas viviendo en su interior. Una encargada de un restaurante cercano asegura que viven en furgonetas y tiendas de campaña, aunque sin molestar a los vecinos.

Ahmed confiesa que podría acceder a una de las habitaciones que les ofrecen en el establecimiento hotelero donde trabaja por unos 400 euros mensuales, pero también expresa que ese importe, al final de los meses, es “mucho dinero”. Todos los alojados en esta parcela de pinos y sabinas en infraviviendas construidas a partir de lonas y tiendas de campaña tienen la necesidad de ahorrar para, cuando vuelvan a casa, ayudar a sus familiares.

Una isla sin sitio para sus trabajadores

Anteriormente, los temporeros de origen saharaui solían establecerse en unos terrenos situados en sa Carroca –cerca de Sant Jordi de ses Salines, término municipal de Sant Josep– y en el ubicado justo detrás de la ITV del Recinto Ferial, en la periferia de Vila (como se conoce a la ciudad de Eivissa). Pero las actuaciones de los equipos de gobierno para hacer desaparecer la imagen chabolista de los municipios en los que legislan ha provocado que el sector más precario de la población buscara otras alternativas. Una precariedad que les ha llevado a vivir en condiciones infames por la falta de vivienda, pese a la demanda de mano de obra en la industria turística.

Al parecer, el pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó. La ocupación de la construcción sí que generó malestar y quejas entre los vecinos y los propietarios y trabajadores de comercios contiguos por los hedores que desprendía el terreno.

El pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó

Fueron las personas que vivían allí quienes se fueron marchando hacia la propiedad privada del Gorila Hippy Market tras escuchar tambores de desalojo donde a lo largo de los años se han intentado desarrollar varios proyectos de negocio sin que ninguno llegara a cuajar.

El actual dueño del terreno ya protestaba en 2021 al no comprender las quejas de los vecinos y aseguró limpiar el terreno “una vez cada mes”, según declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera. Entre sus planes estaba construir en el perímetro un Parque Hotel para el que empezó a tramitar los permisos necesarios con el Ayuntamiento, aunque reconoció que vender el terreno también es una opción que tiene encima de la mesa. El propietario ha declinado realizar valoraciones para este reportaje.

Sobre la presencia de turismos abandonados, el empresario culpó a un antiguo empleado que se encargaba de cuidar las instalaciones, como publicaba el mismo medio local. Incluso llegó a acusar a este trabajador de cobrar dinero “a sus espaldas”, motivo por el que terminó despidiéndole y por el que algunos de los vehículos se quedaron en la propiedad. En ese momento, ya había personas viviendo en el espacio que la figura de King Kong, que daba nombre al extinto mercadillo, sigue presidiendo. Respecto a los moradores, el propietario aseguró que estaba “en pleno conocimiento” y especificó que se trataba de empleados suyos que cuidaban la zona ante posibles ocupaciones o robos.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes, según fuentes próximas a empresarios de la zona. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados, la mayoría de origen senegalés, para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto

Señala, asimismo, que “la falta de colaboración” de los propietarios de los terrenos facilita que estos asentamientos se mantengan en el tiempo. Una situación que también achaca a Paquita ‘Marsan’, la casera de los famosos, y propietaria de los terrenos boscosos de Port des Torrent a través de una de sus sociedades. Así, el alcalde valora la necesidad de que administraciones, empresas y propietarios de terrenos colaboren para evitar que las personas expulsadas de un asentamiento terminen ocupando otro. Tanto el Gorila Hippy Market como el terreno boscoso de la calle Conca son dos de los puntos donde se ha reproducido la situación. Paquita ‘Marsan’ no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cuál es la situación del terreno de la calle de Conca.

Pero más allá de las situaciones particulares de cada uno, el desalojo judicial de un asentamiento es, en muchos casos, la antesala de la ocupación de otro, porque las causas estructurales –la escasez de vivienda y los elevados precios del alquiler– que empujan a las personas a vivir en condiciones de precariedad residencial permanecen intactas. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla comparten una misma contradicción: en un lugar donde cada vez más espacios se transforman para atraer inversiones y visitantes con alto poder adquisitivo, quienes trabajan y sostienen la economía local tienen cada vez más dificultades para encontrar un lugar digno en el que vivir.

La mayor promoción de vivienda pública anunciada hasta ahora en Mallorca no estará disponible hasta la próxima legislatura y solo podrán optar a ella quienes acrediten al menos 15 años de residencia legal en Balears. Las islas siguen así la senda de Canarias, donde los demandantes de vivienda social deberán demostrar que llevan viviendo en el archipiélago desde hace 12 años, una medida que ha generado malestar entre las organizaciones ciudadanas y sociales por considerarla “discriminatoria e ineficaz”.

El Ejecutivo balear, en manos del PP, ha formalizado este lunes con el Consell de Mallorca la cesión gratuita de unos terrenos junto al Velòdrom Illes Balears -antes Palma Arena- de Palma donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) proyecta construir 323 viviendas de protección oficial (VPO).

El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear, donde la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros continúa marcando máximos históricos y los precios de compraventa y alquiler continúan entre los más elevados de España, convirtiendo el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para una buena parte de la población.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este lunes el convenio de cesión de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados, una actuación que el Ejecutivo presenta como la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca y para la que prevé una inversión inicial de 3,4 millones de euros.

Sin embargo, las viviendas no estarán disponibles a corto plazo. La líder balear ha explicado que la tramitación del proyecto comenzará durante la actual legislatura y que, gracias a su declaración como proyecto residencial estratégico e inversión de interés autonómico, los plazos administrativos podrán reducirse hasta alrededor de un año y medio, frente a los cerca de diez años que, según el Govern, supondría una tramitación ordinaria. Aun así, la previsión del Ejecutivo es que las viviendas se entreguen durante la próxima legislatura.

Además del calendario, el acceso a la promoción volverá a estar condicionado por uno de los requisitos incorporados por el Govern a las nuevas promociones públicas: acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en Balears. Esta exigencia deja fuera a residentes que, pese a vivir y trabajar en las Islas, no alcanzan ese periodo de permanencia.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que antes del inicio de las obras será necesario urbanizar los terrenos, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la tramitación administrativa. También ha avanzado que el diseño de la promoción se decidirá previsiblemente mediante un concurso de ideas.

Las 323 viviendas se incorporarán al plan con el que el Govern asegura impulsar cerca de 1.200 viviendas públicas a través del Ibavi.

El convenio firmado este lunes incluye también la cesión por parte del Ibavi al Consell de 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, un local de unos 400 metros cuadrados para un espacio de ensayo de grupos musicales y un solar de aproximadamente 3.000 metros cuadrados reservado para futuros equipamientos insulares.

Durante el acto, Galmés ha defendido la cesión gratuita de unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros pese a que el Consell carece de competencias en materia de vivienda. Según ha señalado, la operación busca contribuir a facilitar el acceso a una vivienda asequible para los mallorquines.

El juicio contra José Antonio R. C., gerente de la empresa de desalojos Okupacción y acusado de acosar supuestamente a una familia con tres hijos para que abandonen el piso en el que están alquilados, pese a que están al día con los pagos y tienen contrato en regla, ha sido pospuesto. El motivo es que las partes han acordado que, ante la existencia de una primera denuncia de la madre –archivada y recurrida–, sea la titular del Juzgado donde recayó este escrito inicial la que resuelva. Así, la causa podría dar lugar a diligencias previas de investigación por lo Penal al haberse prolongado en el tiempo el presunto acoso.

Dos vecinos han corroborado a este periódico los gritos y las supuestas amenazas que proferían los miembros de Okupacción para forzar a que la familia deje el piso. Hasta el punto de que la madre ha tenido que cogerse la baja médica y que los pequeños no van al colegio por miedo. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, explicaba. “Nada justifica que mande a unos matones”, dijo uno de estos vecinos, que explicó un episodio en el que los integrantes de Okupacción le interrumpieron el paso.

Esa primera visita en abril dio lugar a una denuncia que fue archivada y posteriormente recurrida por la acusación. Pero, tras sucesivas presiones desde Okupacción en el bloque de pisos de la Margen Izquierda, a finales de junio se produjo el segundo suceso que ahora es objeto de litigio. Ese día, la madre optó por grabar con su móvil la visita de los cuatro hombres. En un momento determinado, según la denuncia, José Antonio R. C. –vocal de Vox en el barrio zaragozano de Montañana y que fue en listas por esta formación en las pasadas municipales– le golpeó y le tiró el móvil, justo antes de que otro de ellos –el exboxeador S. M.– hiciera ademán de cargar contra la mujer, que tenía a su hija de un año agarrada a su pierna.

Este periódico ha podido acreditar el episodio mediante un vídeo.

Tanto la mujer como el gerente de Okupacción estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción nº7 de Zaragoza para un juicio rápido a José Antonio R. C.por lesiones. Ahí se ha presentado con sus abogados tanto la pareja como el acusado, acompañado este por otros dos miembros de la empresa de desalojos. La acusación ha propuesto, ante la existencia de hechos similares, esperar a que el Juzgado de Instrucción nº10 resuelva el recurso y que incorpore la segunda denuncia. La defensa ha aceptado.

Esto puede suponer, según argumenta la acusación, que se conviertan en diligencias previas de investigación, lo que podría desembocar en un juicio con petición de penas de cárcel al tratarse de un presunto delito continuado. Y conllevaría también responsabilidades legales para la propietaria de la vivienda, M. C. R. H..

Mientras, en la vista también se ha dado cuenta de una denuncia interpuesta por el gerente de Okupacción contra la mujer por supuestas lesiones. José Antonio R. C. ha insistido en que no son ciertos los hechos y ha manifestado que posee vídeos que lo acreditan y que reserva para el juicio.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La firma fue contratada por M. C. R. H., que aspira a que los inquilinos dejen el piso para que lo pueda ocupar su madre, que según dice se encuentra enferma en una residencia que no puede costear. En abril envió al matrimonio un burofax manuscrito reflejando esta circunstancia. M. C. R. H. manifestó a este periódico que ya había mandado otra comunicación en enero por los supuestos impagos; sin embargo, la pareja niega tanto los impagos como el documento y la propietaria ha renunciado a acreditar su existencia a este diario.

Alguien cierra la puerta de su piso, echa la cerradura y se queda a oscuras en el pasillo. Es entonces cuando entra en pánico, pero no tiene miedo de que un fantasma salga del armario o de que los peluches cobren vida. Lo que de verdad le quita el sueño es la mancha de humedad en el techo que no puede pagar o la idea de que no llegar a fin de mes le deje en la calle. Un escenario tenebroso que bien podría ambientar una de las novelas de terror de Grady Hendrix, quien ha escrito sobre la pesadilla del mercado inmobiliario y ha reconocido que “la ansiedad económica es lo que alimenta las novelas de casas encantadas”.

“Lo peor que le puede pasar a alguien es quedarse sin casa”. Así de tajante fue el autor de Cómo vender una casa encantada a través de un vídeo en Instagram donde recomienda leer Ofrendas de verano. Se trata de una obra que demuestra que el miedo a que el propio hogar se convierta en una trampa de deudas no es nuevo. En la década de los 70 en EEUU, miles de familias de clase media huyeron de la delincuencia de las grandes ciudades buscando el paraíso en las afueras. Sin embargo, las idílicas construcciones que encontraron estaban levantadas junto a ríos contaminados o tenían cuentas pendientes, un engaño que inspiró la novela de Robert Marasco.

“La casa encantada en sí misma no solo es un espacio de horror, sino que es también una protagonista, un monstruo en sí”, declara Rosa María Díez Cobo a elDiario.es. La filóloga, profesora de la Universidad de Burgos, lleva años analizando la figura del monstruo en la literatura contemporánea. Sin embargo, mientras otros se centran en hombres lobo, zombis o vampiros, la experta se ha especializado en estas edificaciones porque “las casas encantadas son hijas de su contexto y reflejan muchas inquietudes y miedos”. Son lugares que, en lugar de cumplir siempre con su función primordial de dar refugio y tranquilidad, se tuercen y se desvían de manera fantasmagórica.

Mientras los zombis o los vampiros experimentan picos de popularidad irregularmente, yendo más allá de la literatura y dominando la cartelera de los cines durante periodos de tiempo concretos, las historias que giran en torno a viviendas malditas logran mantenerse estables año tras año. Es algo que se debe, principalmente, a que la residencia es como la segunda piel del ser humano, el espacio íntimo donde el individuo se muestra más vulnerable y oculta sus mayores dramas. “La casa es un hogar y, por lo tanto, una protección, pero a la vez alberga los mayores horrores reales, como abusos y maltratos. El morbo viene de eso”, explica Díez Cobo.

La crisis de la vivienda, por ende, forma parte de la angustia que se percibe entre sus cuatro paredes, sobre todo en un momento en el que encontrar un piso digno se ha vuelto una misión imposible. En su ensayo Infestación, la investigadora Erica Couto-Ferreira analiza cómo los miedos económicos han ido moldeando la evolución cultural de estos edificios tenebrosos. Un ejemplo es La casa de al lado (1978), obra en la que la escritora Anne Rivers Siddons presenta una vivienda de lujo recién construida en una urbanización de las afueras de la ciudad. El terror allí no procede de espíritus, sino de la ambición de las familias de clase acomodada y el horror a perder su posición económica.

La casa que toma vida

Estas viviendas insólitas también puede dividirse según la forma en que son representadas en la literatura. Rosa María Díez Cobo utiliza el término de “casa consciente” para referirse a aquellas que dotan de pensamientos y de voz propia. Un precedente en nuestro idioma es La casa (1954), escrita por el argentino Manuel Mujica Lainez, donde un palacete de Buenos Aires relata su propia demolición y evoca con melancolía su pasado. Es una obra que inspiró a la autora barcelonesa Mercedes Abad en su novela ilustrada Casa en venta (2020), donde el apartamento protagonista sufre por su incapacidad para comunicarse con los dueños o retener a inquilinos estables.

Lo interesante del libro de Mercedes Abad es que otorga vida a un piso ubicado en la periferia industrial de una ciudad, rodeado de solares y al lado de una central térmica. Esto permite reflejar los estragos que ha causado la burbuja inmobiliaria en los extrarradios de Barcelona y la consecuente gentrificación de los centros urbanos, pues la casa sufre la tristeza de verse convertida en una simple mercancía especulativa a la que se le pone precio, perdiendo así su alma. Mercedes Abad hace que el lector vea y sienta el mundo a través del hormigón, mostrando la deshumanización que dejan las leyes del mercado inmobiliario.

Díez Cobo sostiene que, debido a la crisis de la vivienda, los lectores contemporáneos interpretan las obras de forma más política que hace 20 o 30 años. Sin embargo, es algo que irá en aumento no solo por parte de quienes disfrutan de los libros, también por parte de quienes los escriben. “Es un problema que no solo pasa en Madrid o en grandes capitales y no tardará mucho en reflejarse en más obras artísticas. Es un fenómeno que, aunque se viene fraguando desde hace años, es ahora cuando está explotando con fuerza: toda la crisis del alquiler, los precios y condiciones excesivas...”, detalla la experta, asegurando que se publicarán más historias sobre esto en un futuro no muy lejano.

La casa, que es un sitio protector frente a la hostilidad social, es al mismo tiempo una cárcel de la que no se puede salir

Rosa María Díez Cobo — Experta en Estudios Literarios y Comparados de lo Insólito

Asimismo, echar un vistazo al interior de una vivienda hace imposible ignorar el sesgo de género y la violencia machista que ocurren en ella. “El espacio tradicional de una mujer es la casa, por lo que de alguna manera es su feudo, pero también su prisión”, alega Díez Cobo. “Es el lugar que se le ha impuesto, por lo que este espacio, que puede ser un sitio protector frente a la hostilidad social, es al mismo tiempo una cárcel de la que no se puede salir”, señala la experta, agregando que, “dentro de ese espacio, la mujer no ha sido la voz poderosa, sino que ha sido una voz sometida por las voces masculinas de la sociedad patriarcal”.

Esta misoginia se refleja en El empapelado amarillo (1892), de la autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman. Se trata de un cuento que ya incluso en el siglo XIX ponía el foco en los abusos que pueden darse dentro de una casa, en este caso a través del encierro forzado de la protagonista por parte de su marido, lo que acaba derivando en que ella se obsesione con el espantoso papel tapiz amarillo de su habitación y poco a poco pierda la razón. “Enseña la ambivalencia de un espacio que te es asignado, que se te considera propio, pero que alberga todos los males de la sociedad y la posición secundaria que se espera de ti como mujer”, indica Rosa María Díez Cobo.

De los libros a la gran pantalla

El relato Céntrico, dos habitaciones, fenómenos paranormales, que el novelista sevillano Isaac Rosa publicó en este mismo periódico en 2019, también señala cómo la urbanización madrileña, que tanto encanto muestra hacia los turistas, esconde en el interior de sus hogares las consecuencias que este turismo produce para quienes viven allí. El texto aborda el problema de la turistificación en las ciudades a través de una casa encantada cuyos inquilinos, que llegan de visita a la capital, no saben cuál es el motivo de los sucesos sobrenaturales que ocurren en ella. El texto se acabaría adaptando a la gran pantalla a través del cortometraje Céntrico de Luso Martínez, nominado a los Goya.

De hecho, aparte de la literatura, el cine también ha sabido captar la deriva de las grandes ciudades, utilizando los espacios domésticos como metáforas de la precariedad social. En la película de terror Barbarian (2022), del director Zach Cregger, la casa protagonista se sitúa en un barrio completamente abandonado de Detroit, una urbe que ha sufrido la desindustrialización. La película muestra cómo la degradación de un vecindario entero da lugar a monstruos nacidos de la miseria más absoluta, convirtiendo la vivienda en un termómetro que mide la decadencia de una población devorada por el sistema económico.

En España, el año pasado se estrenó Decorado, una fábula que refleja la “crisis” de una sociedad en la que “es muy difícil escapar del dinero”. Dirigida por Alberto Vázquez y expandiendo el cortometraje por el que ganó un Goya en 2017, la cinta explora desde la problemática laboral que impulsa la adicción al trabajo hasta el susto constante por no llegar a fin de mes para pagar el alquiler, como sucede al protagonista. En una entrevista para elDiario.es, el cineasta señaló que “nuestro valor es lo que consigamos económicamente”. Por ello, mientras la vivienda siga siendo un bien de lujo inalcanzable, el arte de lo insólito seguirá recordando que el peor de los miedos es quedarse sin un sitio en el que dormir.

La asociación Stop Desahucios Mallorca ha interpuesto este martes una denuncia contra el propietario de las infraviviendas y trasteros situados en unos sótanos de la avenida Joan Miró de Palma, donde malviven decenas de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un policía local que ya fue detenido por arrendar ilegalmente estos habitáculos y fue suspendido de empleo y sueldo a raíz de estos hechos. El Govern balear le impuso además una multa de dos millones de euros por la explotación de estas las infraviviendas, pero continúa, como denuncia la entidad, cobrando alquileres y presionando para vaciar los habitáculos.

La querella, registrada ante el juzgado de guardia, se dirige contra Barama Nesa, la sociedad mercantil de la que el policía es administrador único, y le atribuye la presunta comisión de un delito de estafa procesal, además de haber actuado en fraude de ley y abuso de derecho.

La denuncia se presenta a escasos días de la ejecución de dos desahucios previstos en el inmueble del número 24B de la avenida Joan Miró, donde residen varias familias. Según Stop Desahucios, uno de esos lanzamientos estaría directamente relacionado con la supuesta estafa procesal denunciada, por lo que ha solicitado al juzgado su suspensión cautelar.

La asociación sostiene que la mercantil habría desarrollado una estrategia “deliberada y de mala fe” para inducir a error al juzgado sobre la aplicación de la normativa vigente tras la finalización de la moratoria antidesahucios. A su juicio, el objetivo habría sido evitar la aplicación de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y el trámite previo de mediación exigido en determinados supuestos.

Stop Desahucios añade que, en caso de que la Administración asumiera el pago del alquiler de una de las familias vulnerables, los fondos públicos acabarían beneficiando a una empresa que, asegura, acumula “cuantiosas multas”. La organización sostiene que esa circunstancia explicaría el supuesto interés del propietario en mantener el cobro de unos alquileres que considera irregulares y eludir las consecuencias derivadas de las sanciones administrativas.

Respecto al segundo lanzamiento previsto en el edificio, la entidad afirma que afecta a otra familia cuya situación de vulnerabilidad ya habría sido reconocida judicialmente, aunque el juez no suspendió el procedimiento por su interpretación de la legislación aplicable. En cualquier caso, la plataforma tiene previsto presentar este martes un nuevo escrito solicitando la paralización cautelar del desahucio.

Además de este frente judicial, Stop Desahucios denuncia que las familias residentes en estos sótanos continúan sufriendo cortes de suministros básicos y acusa al Ayuntamiento de Palma de desarrollar una estrategia de “acoso institucional”. En concreto, sostiene que trabajadores sociales municipales han acudido a las viviendas con el objetivo de convencer a los afectados de que el desalojo resulta “inevitable”, una actuación que la organización considera destinada a “desmoralizar” a las familias.

Tres desahucios previstos para el jueves

La plataforma también ha alertado de otros tres procedimientos de desahucio recientes, entre ellos el de una familia que reside en una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y cuyo lanzamiento está previsto para este jueves.

Según explica la asociación, los afectados permanecieron en el inmueble para cuidar de la titular del contrato de alquiler, su abuela, ya fallecida. Stop Desahucios considera que el Ibavi debería haber estudiado la posibilidad de autorizar la subrogación del contrato en favor de la familia.

La entidad también denuncia supuestas irregularidades en la tramitación del procedimiento judicial. Asegura que la familia lleva sin procurador desde noviembre, cuando la profesional que la representaba causó baja, y que el juzgado no ha designado un sustituto mientras continuaba la tramitación del expediente. Por este motivo, ha solicitado la nulidad de las actuaciones y la suspensión del lanzamiento al amparo de la moratoria antidesahucios, escritos sobre los que, según afirma, todavía no ha recibido respuesta.

La organización recuerda, asimismo, que el pasado lunes logró frenar otros dos desahucios. Uno de ellos había sido suspendido días antes gracias a una providencia judicial que Stop Desahucios considera un precedente relevante para casos similares. El lanzamiento ya había sido paralizado el pasado 7 de julio a las puertas de la vivienda y estaba previsto que se ejecutara de nuevo el día 20 con presencia policial. El segundo caso fue suspendido la misma mañana del lanzamiento tras la movilización convocada por la plataforma. Según la entidad, el juzgado no resolvió el recurso presentado hasta después de la hora prevista para el desahucio, por lo que sostienen que la concentración fue determinante para evitar su ejecución.

Cabe recordar que el próximo domingo 26 está convocada una manifestación para denunciar el encarecimiento de la vivienda y reclamar medidas frente a la dificultad de acceso a un hogar, en un contexto de creciente tensión por los precios del alquiler y la compraventa.

Desde hace años, Balears acusa con dureza los efectos de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistificación: el archipiélago es la comunidad autónoma que registra los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar.

El nuevo frente judicial coincide, de hecho, con la convocatoria de una manifestación por el derecho a la vivienda prevista el próximo domingo en Palma, en un momento en el que el acceso a un techo se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de las islas. La escalada de los precios del alquiler y la compra afecta ya a trabajadores de prácticamente todos los sectores, desde camareros y personal sanitario hasta docentes, mientras las personas con menos recursos se ven empujadas a infraviviendas, caravanas o, directamente, a abandonar el archipiélago.

Durante la primavera y el verano de 1933, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una de las luchas sociales más relevantes de la historia de Canarias: una huelga de alquileres. Duró desde el 4 de abril hasta el 7 de julio y culminó en una huelga general de dos días, que acabó desembocando en una espiral de violencia callejera y represión institucional.

La capital tinerfeña llevaba años sufriendo una crisis habitacional sin precedentes. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en treinta años, de 38.000 a 62.000 habitantes, según el historiador Carlos David Aguiar.

Era común que las familias de clases medias vivieran hacinadas en las “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva barata que el profesor Ramón Pérez González describe como: “construcciones de habitaciones independientes entre sí, desarrolladas por lo general en planta baja y de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o en torno a un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina”.

La situación empeoró cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.

En el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, del historiador Alexis Rodríguez Mendoza, se describe una situación cuyo eco resuena en la actualidad: “Nos encontramos, por un lado, con un amplio número de trabajadores/as ahogados/as para poder subsistir y, por otro, a un grupo, más o menos reducido, de propietarios/as y realquiladores de ciudadelas que sacaban cuantiosos beneficios de este negocio”.

Los historiadores Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, cuentan en su trabajo Techo y Dignidad: La lucha del Sindicato de Inquilinos de Tenerife durante la segunda República que, “mientras los inquilinos entregaban prácticamente todo su sueldo para no quedarse en la calle, los caseros obtenían grandes beneficios, incluso defraudaban a la Hacienda Pública al declarar cobros inferiores a los reales”.

El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife

En 1928 se creó en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Inquilinos. Desde julio de 1923 ya existía la Liga de Inquilinos, pero no sería hasta agosto de 1932 cuando la Federación Obrera, en una asamblea realizada en el cine La Paz, reorganiza el sindicato y sitúa su sede en la calle Miraflores, en las mismas dependencias de la CNT, donde tenían su imprenta.

A finales de 1932, el Sindicato de Inquilinos contaba con unos 200 afiliados. Durante el verano de 1933, en el momento más álgido de la huelga de alquileres, superan los 3.500 afiliados. Meses antes habían creado una publicación llamada La voz del inquilino, lo que les ayuda a crecer rápidamente.

El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. No estaba solo. Tres organizaciones pactaron tres acuerdos fundamentales. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo estipularon que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40%; que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife.

“Esos son los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife el año anterior. En abril de 1932 se había hecho una asamblea para crear la Federación Obrera, la organización de todos los sindicatos, y en esa asamblea participaron representantes de lo que sería el Sindicato de Inquilinos. Las cosas venían de lejos, no fue instantáneo”, señala Alexis Rodríguez.

Según explica el historiador, al principio se intenta cambiar la situación de la vivienda “utilizando la ley”. Intentaron que Hacienda cobrara a los propietarios los tributos correspondientes, “ya que no declaraban realmente los precios que cobraban”. Intentaron que los inspectores revisaran las condiciones de higiene de las casas, incluso pidieron amparo en los juzgados, “porque había una ley que permitía una rebaja de los alquileres, y la empezaron a reclamar”, apunta Rodríguez.

“Era normal que los inquilinos no estuvieran al día, tardaban uno o dos meses y pagaban casi siempre con retraso, con lo cual en abril no pasó nada. En mayo, instigados por la Cámara de Propiedad, la entidad que agrupaba a los propietarios, empezaron a presentar denuncias de desahucio en los juzgados. Pero el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, los paralizó hasta el 5 de julio de 1933, en búsqueda de una solución pactada entre las partes. Obviamente, los propietarios se negaron a cualquier acuerdo”, afirma Rodríguez.

5 de julio: huelga general

El momento clave de la huelga de alquileres llega el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero se desaloja a una familia del número 62 de la calle Santiago. Las pertenencias de la familia son arrojadas a la calle. La gente se junta alrededor de la vivienda y cuando se marcha la policía y el secretario judicial, vuelven a restituir a la familia y devuelven sus pertenencias a la casa. Cuando se iba a ejecutar el segundo desahucio, “el propietario llega a un acuerdo de rebaja del alquiler con el inquilino. Pero ya el tercer desahucio no se produce”, explica Rodríguez.

Aquel día se habían fijado varios desalojos: en el número 63 de la calle San Miguel, en el 23 de la calle Emilio Calzadilla y en el 18 de la calle del Pasaje Ojeda. “El tercer desahucio no se produce por la cantidad de gente que se había aglomerado alrededor, y la policía y el secretario del juzgado y los funcionarios se retiran. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había convocado la huelga general”, relata Alexis Rodríguez, que añade: “Tres cohetes sonaron en Santa Cruz de Tenerife, e inmediatamente se paralizó toda la ciudad. Así comienza la huelga”.

“Inmediatamente se convierte en una huelga, podríamos decir, revolucionaria. Empiezan a atacar las casas de los propietarios y, sobre todo, de los administradores. Se les queman sus muebles, en algunos casos se derruye toda la casa, y también se empiezan a producir hechos más violentos como quemarle la fábrica a Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical y propietario de una fábrica de Salazón, que había despedido hacía unos días a varios trabajadores de la CNT”, señala Rodríguez.

Según la historiadora Yanira Hermida, “lo fascinante de ese momento es que las trabajadoras y trabajadores son conscientes plenamente de que la cuestión de la vivienda es una consecuencia de una violencia estructural que sufren y padecen dentro de una sociedad injusta y desigual, ante la cual es fundamental el apoyo mutuo. Ya no es sólo señalar a propietarios usureros, sino un enfrentamiento con la clase explotadora: el problema de la vivienda queda en conexión clara con la explotación laboral”, asegura.

Esa misma tarde, se convocó una reunión en la plaza de toros para valorar el alcance de la huelga. Se acuerda mantener el paro y buscar la mediación entre propietarios e inquilinos del Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, afiliado al Partido Republicano Radical Socialista.

6 de julio: la represión

El Gobernador Civil, asustado por la gran cantidad de personas que habían secundado la huelga general, y el giro violento que habían tomado los acontecimientos, deja de intentar mediar. Prohíbe todas las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes de los sindicatos, y ordena a la Guardia Civil disolver la reunión de inquilinas en la que se habían congregado más de 2.000 personas.

“Se empieza a detener a todas las personas más significativas del movimiento obrero de Santa Cruz. Se detiene a la directiva del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera, un montón de gente, llegando más de 60 personas encerradas en Paso Alto. Eso hace que la huelga termine, pero siguen con las reivindicaciones”, asegura Rodríguez

Hay constancia de que se empiezan a reducir algunos alquileres. La Cámara de Propietarios emite distintos comunicados pidiendo que no se negocie con los inquilinos, pero muchos propietarios negocian y aceptan rebajas porque temen problemas mayores. “Esta situación se mantiene hasta 1936”, asegura Rodríguez.

El papel crucial de las mujeres en la lucha

La presencia y el papel de las mujeres fue masivo y muy destacado. Isabel González González, conocida como Azucena Roja y que llegó a ser la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció las estafas de los caseros y exigió desde las instituciones que no se cortara la luz o el agua a los desempleados. Sorprende también la figura de Isabel Cabrera, que a pesar de ser propietaria apoyó la causa del Sindicato de Inquilinos con tal fervor que fue nombrada tesorera del sindicato.

El diario La Tarde, un destacado periódico de información general de Santa Cruz de Tenerife, relata los acontecimientos del 5 de julio de la siguiente manera: “Contingentes enormes de obreros, entre los que destacan no pocas mujeres, recorrían la población formando distintas manifestaciones, vitoreando la huelga general y su inmediato triunfo”.

La represión policial que siguió a las protestas no hizo distinciones y el 6 de julio entre los encarcelados están los 12 dirigentes obreros más representativos de la protesta y 4 mujeres: Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga, y las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García, como recoge el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, de la CNT.

“Sin embargo, está bastante silenciada la presencia femenina en esta huelga por la prensa y la documentación de la época”, señala Rodríguez, que explica que eran ellas las que llevaban el día a día de la casa, quienes sufrían el acoso por parte de los administradores y quienes llevaban la carga del cuidado de la familia.

7 de julio: “Casa desahuciada, casa que explota”

Tras dos días de huelga general, el 7 de julio se recupera la actividad habitual en Santa Cruz de Tenerife, pero la huelga de inquilinos continúa en marcha.

Presionado por la alta burguesía, el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, endurece aún más la represión y ordena a la Guardia Civil disolver cualquier reunión de más de tres personas, ilegaliza a la Federación Obrera, clausura su imprenta y prohíbe sus publicaciones. Además, se decreta la ejecución inmediata y sin demora de todos los desahucios.

Esta medida genera una violenta dinámica de represalias: por cada desahucio que logran ejecutar las autoridades, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Ante esto, la Guardia Civil comienza a detener a todas las familias desalojadas como sospechosas.

“A partir del 7 de julio, cada vez que se produce un desahucio explota un cartucho de dinamita en la casa. Casa desahuciada, casa que explota. No es que tumben abajo la casa, pero se crea una especie de ansiedad y psicosis entre los propietarios y administradores, que ven que dejar a los inquilinos en la calle suponía un grave problema para ellos. Esto se produce de manera reiterada, y es muy común”, explica Rodríguez.

Los cartuchos de dinamita o los artefactos incendiarios de elaboración casera, eran habituales en la época, “no eran extraños en las protestas obreras”, afirma Yanira Hermida, y destaca que “las fuentes muestran que eran atentados contra la propiedad privada y no contra las personas”.

Fin y resurgimiento del Sindicato de Inquilinos

Tras varias semanas marcadas por la ejecución de desalojos y los estallidos de explosivos como respuesta, los últimos coletazos de la huelga de inquilinos se notarán hasta la última semana de agosto, momento en que puede considerarse concluida.

A finales de 1933 se deja en libertad a los últimos detenidos, y se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, hay una gran división interna. Los socialistas, la pequeña burguesía y los trabajadores liberales empiezan a abandonar el sindicato. Rechazan la violencia que se había desatado y consideran que ellos pueden negociar por su parte los alquileres. “Al mismo tiempo, los administradores crean su propia organización, que llaman Sindicato de Propietarios de Fincas Urbanas, para hacer un frente común y evitar la presión del sindicato”, explica Rodríguez.

Durante los años siguientes, el sindicato prácticamente desaparece. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 se sucede el conocido bienio radica-cedista o bienio negro, en el que la República es gobernada por la derecha en alianza con la ultraderecha. “Se ilegalizan todos los sindicatos y en estos dos años la represión del movimiento obrero es muy fuerte, lo que impide que el Sindicato de Inquilinos pueda actuar”, señala Rodríguez.

Ante las elecciones de 1936, “ya desde enero se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos y se expande por la isla, creando sedes en la Laguna, en Güímar y en la Orotava”, asegura Rodríguez. Se nombra presidente a Francisco Sosa, vinculado a la CNT, y se fija la sede en la calle Méndez Núñez, donde estaba la sede de los tabaqueros, que era el gremio más potente de la CNT.

Vuelven las rebajas de los alquileres

En 1936, el Sindicato de inquilinos crea una comisión de revisión de los alquileres. De las 114 viviendas que revisaron entre febrero y mayo del 36, dictaminaron un descuento del 25% de media, “pero hubo casos del 50% y 70%, así que el sindicato funcionaba y obligaba a propietarios y administradores a aceptar esas rebajas”, apunta Rodríguez.

No hay datos precisos de los acuerdos alcanzados, ni un número exacto de personas que secundaron la huelga o consiguieron rebajas. Pero hay un hecho que Alexis Rodríguez destaca y resulta muy significativo. El Sindicato de Inquilinos crea una cuenta en Caja Postal para que los inquilinos ingresen todo el dinero del alquiler en esa cuenta, y así el Sindicato es quien negocia con los administradores y propietarios. “En los primeros pagos del alquiler, la rebaja se la quedaba el Sindicato de Inquilinos como caja de resistencia y para crear una cooperativa de vivienda y construir casas”, relata Rodríguez.

Lo más destacado es la cantidad de dinero que consigue el Sindicato de este modo: 106.516, 65 pesetas. “Una cantidad brutal de dinero. Eso habla de que es muchísima gente que utiliza el Sindicato de Inquilinas y se acoge a la rebaja. Al mismo tiempo se les había pagado a los propietarios 12.612 pesetas. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las viviendas de Santa Cruz se pagaron a través del sindicato de Inquilinas”, asegura Alexis Rodríguez. Según el historiador, este dato se hace público el 17 de julio de 1936, horas antes de comenzar el golpe de estado.

El trágico epílogo

Años después, con el estallido de la sublevación militar y el inicio de la dictadura franquista, la burguesía y los grandes propietarios aprovechan la nueva situación de poder para vengarse de los líderes obreros de 1933 y decenas de dirigentes y personas implicadas en la defensa de los inquilinos fueron asesinadas.

Líderes como Francisco Sosa Castilla (Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936), Jorge Hernández Mora, Francisco Infante Díaz, o Francisco Reyes Martín (quien escribió diversos artículos en defensa de los inquilinos) fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados, mientras que otros, como Amadeo Hernández, fueron arrojados vivos al océano envueltos en sacos.

Consecuencias de la huelga de alquileres

Historiadores como Miguel Ángel Cabrera destacan que su mayor logro fue forjar una “alianza interclasista sin precedentes”. Esto sentó las bases para que en las elecciones de febrero de 1936 fueran juntas en la coalición de izquierdas del Frente Popular.

“¿La huelga de inquilinos funciona? Pues claro que funciona. Sobre todo cuando hay solidaridad de clase. Cuando hay grupos sociales que sólo velan por su interés, entonces no. Pero si paran de pagar todos los alquileres durante dos o tres meses, eso obliga a los propietarios a negociar”, reflexiona Alexis Rodríguez.

Para Yanira Hermina, “sobran” motivos para una huelga de alquileres “en el contexto actual”. Y concluye: “La huelga de inquilinos tuvo un claro éxito, mostró las dimensiones de una lucha solidaria y colectiva en la capital de la isla”.

“¿Es necesaria la acción para rebajar los alquileres?”, se pregunta Rodríguez, que responde: “Claro que sí. No es de recibo que buena parte del parque de viviendas se dedique a vacaciones y no a la vivienda residencial. Por eso es necesaria una huelga de inquilinas”, concluye el historiador.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad, también para miles de zaragozanos. El encarecimiento del alquiler, las dificultades para emanciparse, el aumento de los desahucios o la irrupción de fondos de inversión y empresas de desocupación han situado el debate en el centro de la actualidad. Mientras las administraciones defienden medidas como la ampliación del parque público o los programas de vivienda asequible, el Sindicato de Inquilinas sostiene que esas políticas siguen sin atajar el problema de fondo. Dos portavoces del colectivo en Zaragoza, Paula Ríos y Teresa Lajusticia, analizan en esta entrevista la situación de la vivienda en la ciudad, cuestionan el modelo impulsado por las distintas administraciones, critican la actuación de la Sareb y defienden que el foco del debate no debería estar en la ocupación, sino en las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna.

Se habla mucho de la crisis de la vivienda, pero ¿qué tiene Zaragoza de diferente respecto a Madrid o Barcelona?

Paula Ríos: Zaragoza, por sus características, al no estar en el litoral y no ser una gran ciudad como Madrid o Barcelona, había estado algo menos tensionada hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo que esa situación está cambiando: crece el turismo y también los precios de la vivienda, tanto de compra como, sobre todo, de alquiler. Esto afecta especialmente a la clase trabajadora, que cada vez tiene que destinar una mayor parte de su salario a poder acceder a una vivienda. Mientras tanto, los beneficios de los rentistas y de las empresas vinculadas al sector inmobiliario no dejan de aumentar. La vivienda no le está yendo mal a todo el mundo; hay una minoría que obtiene grandes beneficios a costa de que la mayoría viva peor.

¿Cuál dirían que es hoy el principal problema para acceder a una vivienda en la ciudad?

Teresa Lajusticia: Claramente, el precio. Vemos que, pese a que se sigue construyendo, los precios no dejan de subir, en los últimos diez años han aumentado un 80% y muchas personas destinan ya más del 50% de su salario al alquiler. Las administraciones justifican muchas de sus políticas en un supuesto aumento de la demanda, pero lo que vemos es que esas medidas acaban beneficiando siempre a los mismos. Un ejemplo es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para ceder suelo público a dos grandes empresas privadas que gestionarán esas viviendas durante 75 años. Se presentan como alquileres asequibles, pero hablamos de viviendas muy pequeñas con rentas de entre 450 y 500 euros, que siguen siendo difíciles de asumir para muchas familias. Al final son promociones que benefician a promotores y rentistas mientras los precios continúan subiendo.

Paula Ríos: Además, el problema no es solo que aumenten los precios. También está creciendo la infravivienda. Cada vez más personas se ven obligadas a aceptar viviendas de peor calidad, alquilar únicamente una habitación en lugar de un piso entero o compartir vivienda en condiciones de hacinamiento. Esa también es una consecuencia directa del encarecimiento de la vivienda.

¿Qué perfiles llegan al Sindicato? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo un problema sobre todo de jóvenes o cada vez afecta más a familias y trabajadores con empleo?

Paula Ríos: El eje central de nuestro análisis es la cuestión de clase. Evidentemente, también hay personas de clases medias que tienen dificultades para asumir las subidas del alquiler, pero quienes más sufren esta situación son quienes dependen exclusivamente de su trabajo para vivir. Dentro de ese grupo, la población migrante trabajadora encuentra todavía más obstáculos. No solo porque suele ocupar los empleos peor remunerados, sino también porque existe un racismo muy extendido que actúa como barrera para acceder al mercado del alquiler. También son especialmente vulnerables la juventud trabajadora, las mujeres y los hogares monomarentales.

¿Qué barrios de Zaragoza están sufriendo más tensión en estos momentos?

Paula Ríos: En el casco histórico se aprecia de forma muy clara, especialmente en zonas como la Magdalena o el Gancho, pero también lo estamos viendo en Las Fuentes y en otros barrios tradicionalmente obreros. En Delicias, por ejemplo, vemos una apuesta por transformar la imagen del barrio, incluso renombrando parte de la zona como “barrio del AVE”. Creemos que el Ayuntamiento está impulsando una estrategia para convertir Zaragoza en un reclamo turístico y eso pasa por expulsar poco a poco a la población trabajadora de sus barrios tradicionales para atraer a otro tipo de residentes.

El Ayuntamiento defiende que está aumentando el parque público de vivienda y programas como ALZA. ¿Es suficiente o creen que va en la dirección equivocada?

Teresa Lajusticia: Creemos que estos modelos siguen reproduciendo la misma lógica del mercado. Hace poco veíamos cómo Zaragoza Vivienda ejecutaba desahucios y también seguimos encontrando numerosos problemas en bloques gestionados por la Sareb. En el caso de la vivienda pública y protegida, o de programas como ALZA, muchas personas quedan excluidas porque se exige cumplir unos requisitos mínimos de ingresos o de empadronamiento que no todo el mundo puede acreditar. Hay familias con rentas muy bajas que ni siquiera pueden acceder porque se exige garantizar el pago del alquiler. Nuestra impresión es que el parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema. Un ejemplo es Casa 47, donde para acceder a las viviendas se exigen unos ingresos mínimos de 16.800 euros al año y, además, la gestión volverá a recaer en empresas privadas. Ese modelo deja fuera precisamente a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El parque público, tal y como está planteado ahora, no está resolviendo el problema

¿Funcionan realmente las ayudas al alquiler o solo sirven para sostener precios altos?

Paula Ríos: Cuando recibes una ayuda al alquiler parece que el dinero pasa por ti porque lo ingresas en tu cuenta, pero en realidad acaba en el bolsillo del rentista. A corto plazo puede suponer un alivio para quien la recibe, pero, a medio plazo, lo único que consigue es sostener unos precios que ya son inasumibles. Si el propietario sabe que vas a percibir una ayuda, tiene margen para seguir subiendo el alquiler. Que esto se presente como un gran avance es difícil de sostener. Puede haber diferencias entre las políticas de la izquierda y la derecha, pero el núcleo del problema sigue siendo el mismo.

Teresa Lajusticia: Además, muchas de esas ayudas no son universales. Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos mínimos de ingresos que dejan fuera a parte de la población. Al final generan una brecha entre quienes pueden acceder a esas ayudas y quienes ni siquiera cumplen las condiciones para solicitarlas.

En los últimos meses han denunciado operaciones de fondos de inversión en algunos edificios de Zaragoza. ¿Qué consecuencias están teniendo para los vecinos?

Teresa Lajusticia: El caso más representativo es el de Aloy Sala, un fondo de inversión local que ha comprado 327 viviendas en el barrio de Tenerías, una zona que está inmersa en un claro proceso de transformación. A eso se suma la recalificación de los terrenos del antiguo complejo de Instalaza para construir 155 viviendas de mercado libre y otras actuaciones municipales, como el refuerzo del control policial en el Parque Bruil. Todo ello está teniendo consecuencias directas para el vecindario. Lo positivo es que muchas de esas personas comparten propietario y problemas similares, lo que está facilitando que se organicen junto al sindicato para defender sus derechos.

Paula Ríos: Hemos llamado puerta por puerta en ese barrio y hemos comprobado que alrededor de un tercio de las viviendas permanecen vacías. Mientras se insiste en que falta vivienda, vemos cómo se retienen pisos para rehabilitarlos y ponerlos más adelante en el mercado a un precio mayor. Es cierto que la propiedad inmobiliaria se está concentrando cada vez más en manos de grandes fondos, pero tampoco hay que olvidar el papel que siguen desempeñando los pequeños y medianos rentistas. De hecho, muchos de los conflictos que llegan al sindicato no tienen como propietario a un gran fondo de inversión.

¿Ha aumentado el número de personas que acuden al sindicato por riesgo de desahucio?

Paula Ríos: Sí. Tras el fin de la moratoria se han ido reactivando muchos procedimientos que habían quedado paralizados y la tendencia es claramente al alza. Además, cada vez quedan menos herramientas jurídicas a las que acogerse. En cuanto a los propietarios, nos encontramos de todo: desde personas que tienen una o dos viviendas hasta propietarios con cinco o diez inmuebles o grandes fondos. En realidad, los grandes caseros son menos frecuentes de lo que suele pensarse. Uno de los mayores propietarios es el propio Estado, que en muchos casos actúa con una lógica muy similar a la de una empresa privada.

En los últimos meses han sido muy críticos con la forma de actuar de la Sareb en Zaragoza. ¿Cuál dirían que es el principal problema que detectan?

Teresa Lajusticia: El principal problema es que la gestión de estas viviendas responde a la misma lógica de mercado que cualquier otro gran propietario. Además, está muy fragmentada: intervienen distintas empresas gestoras que no están coordinadas entre sí, de modo que muchas veces se inician procedimientos sin conocer la situación económica de las familias ni existe una negociación real. Todo es muy opaco y muchas personas ni siquiera saben a quién dirigirse. Nos hemos encontrado con familias que desconocían que su casero era la Sareb. Seguían pagando al antiguo propietario, cuando este llevaba años sin serlo tras entrar en bancarrota y ser absorbido. En la práctica, las lógicas son las mismas que las de cualquier gran tenedor.

Paula Ríos: La Sareb nació tras el rescate millonario a la banca después de la crisis de 2008 y se financió con dinero público. Sin embargo, ese dinero no está revirtiendo en garantizar el derecho a la vivienda, sino que muchas familias acaban siendo expulsadas de sus casas. En teoría existe un protocolo para atender a las personas vulnerables, pero los criterios nunca se han hecho públicos y son completamente opacos. Además, vemos que ni siquiera cumplen sus propios protocolos. Dividen a los vecinos entre quienes consideran merecedores de un contrato y quienes no, cuando la realidad es que ninguna de esas familias puede acceder hoy a una vivienda con los precios actuales. Nosotras siempre defendemos una negociación colectiva, pero la Sareb intenta negociar caso por caso porque así debilita la posición de las familias.

Teresa Lajusticia: Ahora mismo tenemos presentes al menos tres bloques completos de la Sareb en Zaragoza que han afrontado procedimientos de desahucio.

En el debate público se habla mucho de la ocupación ilegal. ¿Qué porcentaje de los casos que llegan al sindicato tienen que ver con ocupaciones y cuántos con problemas derivados del alquiler o los desahucios?

Paula Ríos: Los casos de ocupación son muchos menos de lo que se ha hecho creer. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero incluso se han reducido respecto al año pasado. Se ha construido un discurso basado en el miedo, impulsado por la extrema derecha, la patronal inmobiliaria y las empresas de seguridad, que también hacen negocio con esa preocupación. Se ha instalado el mito de que alguien puede ir a comprar el pan y encontrarse su casa ocupada, cuando eso no tiene ningún fundamento. Hay que distinguir entre el allanamiento de morada, que afecta a una vivienda habitada y se resuelve de forma inmediata, y la usurpación de una vivienda vacía, son situaciones completamente distintas. Al final, el debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda. La ocupación es una consecuencia de que haya personas que no pueden acceder a una casa. La mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios. En cualquier caso, la mayoría de los conflictos que llegan al sindicato tienen que ver con alquileres, subidas de renta o desahucios, no con ocupaciones.

Teresa Lajusticia: Han conseguido que muchas personas de clase trabajadora empaticen más con la posibilidad de que ocupen la vivienda de un propietario que con el hecho de que una familia no pueda pagar el alquiler.

Paula Ríos: Si eres de clase trabajadora, tienes muchas más posibilidades de que te echen de tu casa que de que te la ocupen.

El debate sobre la ocupación ha servido para desviar la atención del verdadero problema: el precio de la vivienda"

En las últimas semanas se ha conocido la denuncia de una familia de Zaragoza con contrato en vigor que asegura haber sufrido coacciones por parte de una empresa de desocupación. ¿Han tenido contacto con ese caso? ¿Es un episodio aislado o están viendo más situaciones similares?

Teresa Lajusticia: En los últimos meses estamos conociendo cada vez más casos de este tipo. Son empresas que, en nuestra opinión, operan al margen de la legalidad y que muchos pequeños propietarios contratan porque creen que así pueden acelerar los procedimientos y actuar con impunidad. En el caso del Arrabal vimos una clara connivencia con la actuación policial y las familias encontraron numerosas dificultades para tramitar sus denuncias.

Paula Ríos: Lo que buscan estas empresas es que la gente tenga miedo y termine marchándose. Creemos que la única manera de frenarlas es organizarse y plantar cara.

Teresa Lajusticia: En este caso concreto, conseguimos paralizar la actuación permaneciendo en la puerta de la vivienda y contactando con la propietaria. La intervención del sindicato permitió frenar el proceso, al menos de momento.

¿Qué medidas del Gobierno central consideran acertadas y cuáles creen que han fracasado?

Paula Ríos: La gran apuesta del Gobierno fue la Ley de Vivienda. Desde nuestro punto de vista, normaliza que los alquileres sigan subiendo, porque únicamente limita las subidas durante la vigencia del contrato, pero no cuando este finaliza. Se presentó como una gran victoria, pero creemos que los datos hablan por sí solos: durante el mandato del Gobierno de PSOE y Sumar se han alcanzado máximos históricos en el precio de los alquileres. Eso demuestra la ineficacia de sus políticas. Es cierto que han impulsado medidas dirigidas a determinados sectores, como algunos programas para facilitar la emancipación de jóvenes con cierta estabilidad económica, pero dejan fuera a una parte muy importante de la población.

Teresa Lajusticia: Las sucesivas prórrogas siguieron la misma lógica: son medidas temporales que van parcheando la situación sin afrontar el problema de fondo. Ha habido iniciativas que podrían haberse aprobado y no se hizo. Da la sensación de que se intenta contener el conflicto sin cambiar realmente el modelo.

Paula Ríos: Además, tanto gobiernos de izquierdas como de derechas han respondido con represión al movimiento por la vivienda. Lo vemos cuando se criminalizan las protestas o cuando se despliegan numerosos efectivos policiales para ejecutar un desahucio o desalojar una protesta. Un ejemplo es el caso de los 19 de CaixaBank en Zaragoza o la reforma del Código Penal que endureció las consecuencias de determinadas acciones del movimiento por la vivienda. Creemos que eso también retrata cuál ha sido la respuesta institucional.

Cuando una persona llega al sindicato porque no puede pagar el alquiler o afronta un desahucio, ¿qué ocurre?

Teresa Lajusticia: Hay personas que llegan de manera individual y, en menos ocasiones, grupos de vecinos que ya se han organizado previamente. Lo primero es compartir el caso en las asesorías colectivas y estudiar cómo convertir un problema individual en un conflicto colectivo. Cuando varias familias tienen el mismo propietario intentamos constituir un bloque en lucha, porque compartir intereses también aumenta la capacidad de presión. A partir de ahí combinamos herramientas jurídicas con la organización sindical.

Paula Ríos: La mayoría de la gente llega pensando que no puede pagar el alquiler por culpa suya y con un fuerte sentimiento de vergüenza. Lo primero que intentamos explicar es que no es un fracaso individual, sino el resultado de un sistema que expulsa a una parte de la población del acceso a la vivienda. Cuando entienden que ese problema también lo sufren otras personas, se genera una conciencia colectiva que permite organizar el conflicto. Más allá de resolver casos concretos, nuestro objetivo es conquistar derechos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda deje de ser una mercancía para convertirse en un derecho efectivo.

El acuerdo de gobierno para Andalucía entre PP y Vox incluye muchas medidas previsibles, pero quizás las menos sorprendentes son las que tratan la cuestión de la vivienda. Es un planteamiento extremadamente reduccionista que acabará redundando en alimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario y que no ayuda a los hogares que realmente lo necesitan. Lo más triste es que se trata de un planteamiento continuista con la política que ha seguido la Junta de Andalucía hasta ahora en materia de vivienda, un ámbito donde hay una coincidencia casi total entre los dos partidos. Esto quiere decir que es un documento que insiste en los errores que se vienen cometiendo en los últimos 8 años por el gobierno del PP, muchos de los cuales repiten los cometidos por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

El acuerdo empieza por plantear el problema de la vivienda como un problema exclusivamente de oferta, que debe solucionarse agilizando los procesos de transformación urbanística, rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio. Es decir, el texto respalda la explicación monocausal, basada en un déficit de la construcción por un exceso de regulación, que encontramos en el preámbulo de la ley de vivienda andaluza y los decretos anteriores. Esta explicación, que ha alcanzado en los últimos años el rango de mantra en algunos círculos, es en extremo reduccionista e ignora la complejidad del mercado de la vivienda y la experiencia de este rubro en España durante el último medio siglo. Oculta intencionadamente el rol que juega la vivienda como bien de inversión para particulares y empresas, la competencia de los alojamientos turísticos en el litoral y en las grandes ciudades y la infrautilización del parque de viviendas existente.

De forma coherente con esto, en el acuerdo no hay mención alguna a la cuestión de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos o sobrecarga de plazas turísticas en ciudades andaluzas. Tampoco se muestra voluntad por movilizar el parque de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. La oposición a la ley estatal de vivienda recogida en el pacto augura que seguirán sin aplicarse la delimitación de zonas tensionadas y los topes a la subida de los alquileres que establecen (medidas totalmente insuficientes por otro lado). Lo único que plantea frente a esta problemática es “estudiar” formulas disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas. La vaguedad de la redacción en este punto contrasta con la precisión de las medidas que se anuncian en el resto del documento, dando cuenta del escaso interés en esta vía de actuación por parte del futuro gobierno.

La agilización administrativa sigue también la tónica de los gobiernos anteriores (recordemos que para hacer un apartahotel en Andalucía basta con juntar tres viviendas en un bloque y hacer una declaración responsable). Servirá para que algunos promotores inmobiliarios se enriquezcan más y de forma más rápida, pero no va a servir para solucionar el problema de la inflación del mercado de la vivienda en compra y alquiler. También se utilizará, previsiblemente, para justificar la flexibilidad urbanística, cambios de uso y densificación, ignorando los déficits dotacionales y de espacios libres, haciendo nuestras ciudades un poco menos vivibles.

El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad

La “oposición frontal” y no razonada a la ley por el derecho a la vivienda española resulta también continuista con lo que viene haciendo el gobierno del PP. La Junta recurrió esta norma de 2023 para evitar que el periodo de protección de la vivienda se prolongase por un periodo mínimo de 30 años. También ha recurrido el plan de vivienda estatal, que establece una calificación permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. El recurso contra la ley de vivienda ha permitido que en Andalucía se puedan seguir descalificando estas viviendas después de siete años, es decir, que las viviendas públicas puedan venderse en el mercado al precio que quieran los adjudicatarios en este tiempo.

El acuerdo debe leerse en este sentido como un espaldarazo a la especulación con el parque público de vivienda. De esta manera, nada asegura que las “al menos” 20.000 nuevas viviendas que el acuerdo compromete durante la legislatura tengan precios prohibitivos como los que ya hemos visto en los últimos años en muchas ciudades andaluzas. Viviendas protegidas que acabarán beneficiando a hogares con una buena situación económica (que son los que pueden hipotecarse) y que podrán ser revendidas en el mercado pasados algunos años, generando grandes ganancias especulativas para particulares a costa de fondos públicos. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad. Esto implicará reducciones de impuestos para los que hereden hasta 300.000 euros, con la justificación de facilitar el acceso a la vivienda, pero para hogares que ya son extremadamente privilegiados.

La medida de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que haya sido condenado por delito de usurpación ya lo recogían los borradores iniciales de la ley andaluza de vivienda. Si estos artículos fueron excluidos es porque se trata de un disparate legal, que supondría castigar un delito dos veces, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico español. Este afán punitivista se ceba y criminaliza una familia que haya tenido que ocupar una vivienda vacía para no quedarse en la calle, pero permite acceder a una vivienda pública a cualquier que haya violado, matado, realizado desfalcos públicos o cualquier otro delito, saltando del absurdo jurídico al absurdo ético.

Se trata en definitiva de una ley que apoya y busca cimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario, incluyendo el apoyo a la especulación con la vivienda protegida, al tiempo que ignora la contribución de cuestiones tan evidentes para la población como la vivienda turística. Una ley que busca criminalizar y castigar a los pobres y beneficiar apoyar a los ricos, que no solucionará el problema de la vivienda para las personas vulnerables y que persigue activamente acrecentar las desigualdades y la indefensión de las víctimas de un sistema de vivienda que no funciona y que va a seguir sin funcionar.