Con el decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda en España recién enterrado, un caso particular sucede en Sevilla. Cuando se levantó el bloque de 102 viviendas en el número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, prolongación de la calle Torneo, se culminaba un proyecto de la Obra Social La Caixa y el desarrollo urbanístico del paseo fluvial, convertido en uno de los enclaves más caros de la capital hispalense (en los bloques de renta libre de la misma vía, los pisos a la venta se anuncian por más de medio millón de euros). Hoy, 15 años después de haberles sido adjudicadas las viviendas, por sorteo y en alquiler social, se topan con un incierto futuro, tras vender el bloque la Fundación La Caixa, vinculada a un banco que es el mayor casero de Andalucía y que había adquirido en 2007 la parcela, situada al final de la avenida y que hasta entonces era pública.El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado ejercer el derecho de tanteo e incorporar al parque público de vivienda este inmueble, dejando así a las familias a merced del mercado.

El inmueble fue puesto a la venta por Inmocriteria Arrendamiento SLU (perteneciente a InmoCaixa, filial inmobiliaria del banco) con un precio de cerca de 4,2 millones de euros, lo que arrojaría una media de poco más de 40.000 por piso. Lo paradójico es que la mayoría de los residentes, que se han organizado en un grupo de WhatsApp (siendo inquilinos no pueden constituirse en comunidad de vecinos), están dispuestos a comprar sus pisos incluso “por el doble”. Sin embargo, rechazada la ganga por el Ayuntamiento de Sevilla, se ha interesado en el edificio Inmoviling SXXI SL, una compañía radicada en Catalunya. Desde la Fundación La Caixa confirman que el inmueble “ya no es propiedad de InmoCaixa” porque “se vendió a un tercero, que se ha subrogado las condiciones preexistentes de los inquilinos”. En cuanto al precio de venta, no facilitan detalles por ser “una operación privada”. Sobre las ofertas de compra a los inquilinos, “alguno pidió información, pero no mostraron interés de forma general”, agregan.

La Gerencia de Urbanismo alegó que no lo compraba por estar una decena de los pisos “ocupados ilegalmente”, por lo que los vecinos, los que pagan puntualmente el alquiler desde 2011 y niegan que tales ocupaciones existan, aguardan con temor. Desde la oposición, el concejal del PSOE Ignacio González critica que se haya permitido “hacer negocio a una empresa” que previsiblemente optará por la “descalificación” de los pisos pasados los 25 años de rigor, en lugar de apostarse por una política de vivienda protegida “seria”.

Temen la descalificación en 10 años

“Hasta el pasado 14 de abril nuestro interlocutor era InmoCaixa (Obra Social La Caixa). Pero un vecino fue a poner una reclamación telefónica y le comunicaron que ellos ya no gestionaban el edificio”, explica Adolfo, uno de los inquilinos, y que fue adjudicatario de uno de los pisos destinados a menores de 35 años (85 de los 102). Junto con los mayores de 65 años (otros 14) y tres adaptados, eran los que podían optar a estas viviendas con garaje (por un alquiler que actualmente oscila entre los 300 y los 350 euros), si cumplían también los requisitos de ingresos.

El último recibo, explica este vecino que comparte un piso de dos dormitorios con su hijo pequeño, lo abonaron el 3 de abril a Inmocriteria Arrendamiento S.L.U. En esta sucesión de nombres y siglas, siguen sin un pronunciamiento por parte de los gestores. “Lo único que tenemos son promesas políticas de protección hasta que finalice la calificación de suelo público (2036), nada de la opción preferente de compra que teníamos los inquilinos. Por lo que a partir de 2036 nuestra alternativa habitacional es incierta”, remarca.

“No sólo a largo plazo, cuando tengamos que buscar una solución habitacional, por como está, y como estará, el mercado, sino por la malas e inseguras situaciones en las que nos hemos visto envueltos en estos años”, apostilla Javier, quien vive con su mujer y su hijo. “Se nos presenta un panorama complicado. También tenemos desconfianza en las promesas políticas de amparo hasta la desclasificación de la vivienda, por la inacción y omisión de los organismos públicos a los que nos hemos dirigido en todo este tiempo. Y por la impunidad mostrada por La Caixa” asevera.

“¿Qué ocupas?”, se preguntan los vecinos

Los vecinos del 27 aclaran también el caso de “los supuestos ocupas”. Tienen constancia de que “dos vecinos están depositando el alquiler en los juzgados” porque abrieron un proceso judicial contra InmoCaixa. Es decir, siguen pagando el alquiler, aunque sea en depósito judicial. Hay también proceso en los juzgados porque a la hora de la renovación del alquiler a una vecina que había accedido por el paquete para jóvenes, le dijeron que ya no le prorrogaban el contrato otros cinco años por haber superado la edad, cuando en las cláusulas sólo se contemplaba este requisito para la primera adjudicación, y como así lo han podido ir haciendo otros en su mismo caso.

Las demás situaciones, hasta la decena en la que se excusaba el Ayuntamiento de Sevilla, las desconocen, pero no están dispuestos a aceptar que se les meta a todos en el mismo saco. “Creemos que en la actualidad hay una vivienda vacía. En 2022 llegó a haber hasta 12 viviendas vacías porque, por mucho tiempo, incluso algunas más de un año, no se adjudicaban. Parece que por la falta de personal de la Junta de Andalucía para visar los contratos. De hecho, eso es lo que dos técnicos aseguraron en la cita presencial” que tuvieron dos vecinas el pasado 17 de abril en la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla.

El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, subraya que se ha cumplido con todo lo establecido en el pliego de condiciones y que el derecho de tanteo se ejercerá cuando corresponda, en 2036. “Yo garantizo que el objetivo de este equipo de gobierno es defender los derechos de los vecinos y que sigan siendo viviendas protegidas”, apunta. Pero Gloria, otra de las inquilinas y quien se ha encargado de llevar el caso hasta el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para denunciar “la venta del edificio a un fondo inversor, de cuanto menos curiosa estructuración societaria”, no está convencida: “¿Qué garantías se ofrecen a partir de 2036 para evitar la descalificación y su eventual incorporación al mercado libre?”.

Se lamentan también del abandono de las zonas comunes por parte de la gestora, incluso en materia de acceso y seguridad, lo que genera inseguridad para los residentes y sus bienes, que han sufrido hasta el robo de motos en los garajes. Hablan también de “fallos en el sistema de alarma contra incendios y una puerta de acceso que no puede abrirse desde el interior del edificio, requiriendo el uso de llave, lo que compromete gravemente las condiciones de evacuación en situación de emergencia”. Se unen a esto filtraciones recurrentes en viviendas, zonas comunes y garaje, averías continuas en ascensores o que las placas solares están sin funcionar desde 2021. “Pese a las reiteradas solicitudes de información por parte de los residentes, la gestora ha omitido facilitar documentación detallada, vulnerando los principios de transparencia y buena gestión exigibles en este tipo de promociones”, concluyen.

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 su plan para promocionar 183.000 viviendas a precio asequible, una de las líneas maestras de esa estrategia era la concesión de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo tenía la intención de impulsar por esa vía la construcción de 43.000 casas de nueva construcción o rehabilitadas. Tres años después, solo se ha cubierto el 8,7% de ese objetivo.

elDiario.es ha tenido acceso al desglose de empresas que han accedido a estos créditos, así como al número de viviendas financiadas y la fecha de ejecución de los proyectos y su ubicación. A febrero de 2026, habían sido una decena de compañías, que obtuvieron financiación europea a través del ICO para levantar un total de 3.720 casas, que deberán ponerse en el mercado a precio asequible, en 18 municipios de siete comunidades autónomas.

Estos datos han sido obtenidos a través de una solicitud de información amparada por la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se la trasladó al propio ICO, el cual negó facilitar los datos alegando, entre otros, el deber de guardar reserva, recogido en la ley de 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Tras una reclamación presentada por elDiario.es al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta unidad tumbó la negativa, indicando que la identidad los perceptores de los préstamos y a los datos referidos a los proyectos aprobados no entran en el estricto ámbito de la información bancaria reservada e instó a la entidad a aportar lo solicitado.

Como muestra el gráfico anterior, el grupo que ha recurrido a esta vía de financiación para levantar más viviendas a precio asequible ha sido Avintia, que aglutina casi el 40% del total, con 1445 pisos. El grupo es una de las referencias en España en construcción industrializada, un modelo por el que la administración ha apostado en los últimos tiempos, con medidas como la puesta en marcha de un Perte, dotado con 1.300 millones de euros en una década, o la incorporación de estos elementos para obtener hasta un 10% de puntos extra en las licitaciones de Casa 47.

Fuentes de la compañía señalan que, desde su división inmobiliaria, han impulsado una plataforma de gestión de proyectos BTR —construir para alquilar, por sus siglas en inglés— asequibles, Avesta. Un proyecto “seleccionado por el ICO como una de las iniciativas encargadas de canalizar fondos destinados al desarrollo de vivienda en alquiler asequible en España”, señalan.

Bajo este modelo de colaboración público-privada, Avesta gestionará una inversión de más de 500 millones de euros, de los que 92 corresponden a inversión pública aportada por el ICO. “Esta adjudicación se enmarca dentro del programa InvestEur, a través del cual el ICO ha creado un vehículo de inversión pionero con el objetivo de desarrollar más de 4.000 viviendas asequibles en régimen de Build to Rent”.

La siguiente tabla muestra el despliegue de las promociones de viviendas en alquiler asequible por municipio. A la cabeza está Móstoles, con más de 600 casas; seguido de Málaga, con 530; Las Rozas, con 491; y Alicante, con 319.

Fuentes del ICO trasladan que, para agosto de 2026, se llegará a los 750 millones de euros de financiación vía Plan de Recuperación. Es cuando termina el plazo para cumplir determinados requisitos de ejecución para poder acceder a esos recursos, un límite temporal que, en cuestiones como la promoción de vivienda, que requiere tiempos largos, puede suponer un handicap.

La siguiente tabla incluye, promoción a promoción, fecha de finalización o la duración de las obras. La información trasladada por el ICO hasta este momento no es homogénea, pero permite ver que los desarrollos más voluminosos en cuando a número de viviendas rondan los dos años de ejecución.

Para sortear el requisito del plazo impuesto por la Comisión Europea, el ICO también financia con otros recursos propios vivienda en alquiler asequible y el Gobierno anunció hace unas semanas el fondo España Crece, porque “la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

La adenda del plan de recuperación establece una inyección de capital al ICO de unos 10.500 millones de euros, que aumenta la capacidad de financiación del instituto, además de un impulso adicional de otros 2.800 millones. Este plus servirá, explican fuentes de la entidad, para financiar proyectos de alquiler asequible en los que sea necesario ajustar las rentabilidades, con una parte del préstamo no reembolsable si se cumplen determinados hitos. Unas palancas que, indican, servirán para dar continuidad y prioridad a la promoción de vivienda a precio asequible.

Roberto (nombre ficticio para este reportaje a petición propia) no pensaba la temporada pasada, cuando se marchó de Eivissa para volver a Madrid, su ciudad, que el próximo verano no iba a poder volver. Tras dos años residiendo en la isla decidió trasladarse de nuevo a la capital para profesionalizarse en su sector, el de la carpintería, con un grado de Formación Profesional (FP). Una formación, además, complementaria para el puesto de trabajo que llevaba desempeñando desde marzo de 2025 en uno de los hoteles más lujosos de la pitiusa. 

Tras firmar un contrato de fijo indefinido, en octubre se marchó para emprender su formación académica, dejando el piso de alquiler de Sant Antoni en el que vivía y con el plan de residir, al año siguiente, en un domicilio familiar de su pareja con el que finalmente no puede contar. Tras ponerse en contacto con el hotel, cada vez ve más difícil la posibilidad de mantener su contrato: no hay vivienda, no hay trabajo. Y, en su caso, tampoco paro para poder seguir estudiando sin tirar de sus ahorros el curso que viene.

La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en una de las principales amenazas para el funcionamiento del sector turístico balear. Encontrar un techo o un lugar de residencia a precios asequibles es la primera dificultad con la que los trabajadores y también para los empresarios para mantener plantillas año tras año de cara a la temporada, lo que afecta también a la calidad del servicio. No es ninguna novedad. “Es un problema general que en el archipiélago se agrava por la limitación del territorio”, observa Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera. La problemática –continúa– está enquistada desde hace tiempo. Tanto, que los hoteleros han aprendido a lidiar con ella temporada tras temporada “con esfuerzo y cabeza”.

Este escenario ha obligado al sector a improvisar soluciones para mantener su personal que van desde el ofrecimiento de habitaciones a cambio de que los empleados trabajen parte de sus días libres, descuentos en nómina a cambio de una vivienda o el alquiler de camas en habitaciones compartidas (dentro de pisos compartidos también) por las que la cadena hotelera que contrató a Roberto cobra unos 480 euros mensuales. 

La cadena que contrató a Roberto alquila camas en una habitación compartida por unos 480 euros mensuales

La empresa dispone de varios pisos destinados a este fin entre los municipios más cercanos a la ubicación del hotel de cinco estrellas, Santa Eulària y Sant Joan. Aunque, de momento, desde el departamento de Recursos Humanos, con el que se ha puesto en contacto en las últimas semanas, no le han ofrecido ninguna solución, menos, una que incluya también a su pareja. “Les he explicado la situación, pero dicen que no me pueden ayudar”, lamenta Roberto. Mientras tanto, tendría que seguir pagando su alquiler en Madrid (la mitad de 850 euros más gastos) , donde es casi tan difícil conseguir una vivienda como en la isla. Aunque quisiera, no le darían las cuentas.

Otro de los empleados de este hotel de Portinatx explica que todavía están a la espera de incorporar a más personal y que, por ahora, no pueden concretar cómo se organizará el alojamiento este año. Sí recuerda que en temporadas anteriores el establecimiento disponía de apartamentos destinados a personal en prácticas –mayoritariamente, alumnos de escuelas turísticas suizas–, pero desconoce el número exacto de plazas disponibles. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto en dos ocasiones con la empresa a través de correo electrónico, sin obtener ningún tipo de respuesta por su parte.

Habitaciones gratuitas dentro del hotel

El Parador de Ibiza, que ha abierto este mes sus puertas al público, lo ha hecho con 25 de las 66 habitaciones de las que dispone en total no disponibles. Las estancias se han destinado a los trabajadores del establecimiento, una medida que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ya señaló en la presentación que se contemplaba “desde el primer momento” en que se puso en marcha el parador, el “buque insignia” de la cadena hotelera estatal, ubicado en Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La misma medida se adopta en el aparthotel de cuatro estrellas de Cala de Bou (Sant Josep) donde Tomeu, de 26 años, ha trabajado como recepcionista las últimas seis temporadas y que es parte de una cadena con presencia en otros puntos turísticos de España como Madrid, Valencia o Maspalomas. El alojamiento para empleados es gratuito en la mayoría de los casos. En algunos sí se descuenta una parte de la nómina para cubrir este gasto, pero no era lo habitual. Esta fórmula permite a muchos camareros, vigilantes y personal de recepción, entre otros, asumir la temporada turística sin el peso añadido del alquiler y con la capacidad de ahorro que había atraído, hasta el momento en que las rentas empezaron a rozar precios inasumibles, a los temporeros a Eivissa. 

En la otra punta de la bahía de Portmany, en uno de los hoteles más grandes de Sant Antoni, ubicado frente al mítico monumento del huevo en honor a Cristóbal Colón, trabaja Marta –persona que tampoco quiere identificarse– como administrativa. El casi mastodóntico complejo turístico cogió fama, hace alrededor de una década, por tratarse –o esa voz se corrió– de uno de los lugares donde se había originado el famoso y terrorífico balconing. Su público mayoritario, al igual que en la mayoría de hospedajes de Sant Antoni, es el turismo joven británico. 

Para captar plantilla (ahora mismo buscan dos recepcionistas) la cadena ofrece habitaciones. El trato es renunciar a parte de los dos días libres establecidos por el convenio de Hostelería, aunque en función de la necesidad de la empresa, se ofrecen de manera gratuita. El perfil que persiguen para ciertos puestos, además, es el de un trabajador medianamente cualificado, con conocimiento de idiomas –como mínimo, inglés– y cierta experiencia de cara al público.

En un hotel en la bahía de Portmany ofrecen habitaciones para trabajadores a cambio de renunciar a parte de los dos días libres

Los empleados que residen en el hotel cuentan también con manutención completa, lo que, según explican desde el sector, facilita cierto ahorro y contribuye a retener plantilla en un contexto marcado por la falta de vivienda y la dificultad para cubrir puestos durante la temporada alta.

En otro alojamiento turístico en el corazón del mismo pueblo, destino del turismo de borrachera por excelencia en Eivissa, Maria –una trabajadora que prefiere no dar su nombre real– detalla que no se suele dar vivienda, pero la situación, añade, depende de la trayectoria profesional dentro de la empresa. Hay a fijos a los que se les ayuda, con precios asequibles. Uno de ellos explica a elDiario.es que, en un punto determinado de su vida, cuando necesitó una vivienda, le alquilaron una habitación por la que pagaba 500 euros mensuales, aunque no es la tónica habitual para todos los empleados que necesiten este recurso. Tampoco es el caso de los extras, muchos provenientes de Reino Unido. 

El efecto de la lucha contra el intrusismo

La presidenta de la Federación Hotelera sitúa el problema de la vivienda para trabajadores en un plano estructural que va más allá del propio sector turístico. Aunque reconoce que muchos establecimientos llevan años ofreciendo casa a sus empleados “en la medida en que pueden”, insiste en que no se trata de una responsabilidad [la de proporcionar alojamiento a los empleados] que deba recaer exclusivamente sobre los hoteles. 

Desde la Federación defienden que el sector ya viene haciendo esfuerzos sostenidos en el tiempo, pero advierten de que estos tienen un límite. “No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible”, señala Costa. En su opinión, el reto pasa por encontrar un equilibrio entre garantizar recursos para los trabajadores y mantener la capacidad operativa de los establecimientos, algo clave para poder ofrecer los servicios que demanda la temporada turística.

No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible

Maria Costa — Presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera

La dirigente hotelera confía en que las medidas impulsadas desde las instituciones empiecen a tener efecto. Apunta, en concreto, a la lucha del Consell contra el alquiler turístico ilegal como una de las vías que podrían contribuir a aliviar la tensión sobre la vivienda. “Confiamos en que poco a poco eso permita que el acceso sea más asequible”, sostiene, al tiempo que defiende, por ahora, una actuación coordinada entre administraciones y sector privado.

Por otro lado, subraya que no todas las empresas parten de la misma situación. Mientras las grandes cadenas hoteleras cuentan con más recursos y margen de maniobra para facilitar alojamiento a sus plantillas, los pequeños establecimientos, como hostales o pymes, disponen de menos herramientas para hacerlo, aunque también manejan equipos más reducidos y menos especializados. “No tendrán tantos recursos para garantizar el acceso a la vivienda a sus posibles trabajadores, pero tampoco plantillas tan grandes”, señala Costa.

Una Semana Santa muy prematura, junto al escenario bélico en Oriente Medio, preocupan esta primavera a los empresarios pitiusos. De hecho, el sector se prepara para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Para el periodo festivo abrirán sus puertas alrededor de 170 alojamientos turísticos, entre hoteles, apartamentos turísticos con licencia y agroturismos. Luego irán abriendo progresivamente hasta las primeras semanas de mayo, cuando se prevé que ya estén todos en funcionamiento. En cuanto a los trabajadores, cada compañía hace la estimación de los que necesita para dar un buen servicio, teniendo en cuenta sus características y la cantidad de reservas realizadas o que estiman hacer. Roberto, de momento, ha decidido que no volverá a su rutina en el hotel: “Estoy alargando lo máximo para volver a contactar con ellos, pero, si no me ofrecen una solución, no puedo volver”.

Suenan dos chasquidos. Manuel y José acaban de abrirse unas latas de cerveza. Empiezan a beberlas mientras cuentan que una madrugada escucharon golpes en la puerta de la caravana. La misma puerta sobre la que uno de ellos se apoya ahora mientras el otro, sentado en una silla, fuma y mira el móvil. “¡Sabemos que estáis ahí!”, dicen que les gritaron para amedrentarlos. La pantalla y la bombilla que hay dentro del remolque son los dos únicos puntos de luz que iluminan a estos dos hombres. No se les distinguen las facciones de la cara. Así lo quieren. De alguna manera, están señalados. El 29 de abril –si no se han ido antes– tendrán que marcharse del solar en el que llevan meses viviendo junto a varias decenas de personas. Muchos son migrantes y tienen trabajo. Como Manuel y José: colombianos y albañiles. Algunos de sus vecinos también tienen hijos.

Ya hay orden judicial para desalojar una parcela situada en el municipio de Eivissa: casi dos hectáreas y media en la periferia burguesa de la ciudad. En julio, este terreno de forma rectangular empezó a llenarse de caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y alguna barraca. Otros desahucios –Can Rova, Can Raspalls, es Gorg o Cas Bunets– empujaron a estos ibicencos sin hogar hacia otro sitio donde plantar su campamento. Entonces encontraron estas feixes, antiguas tierras de cultivo, un pedazo del barrio de Can Misses todavía por construir. 

Allí terminaron el verano, pasaron el otoño y resistieron el invierno: con la llegada de la primavera tienen las horas contadas. Los propietarios –entre los que se encuentra Inmo Sirenis, una empresa hotelera que también posee el Teatro Pereyra– han solicitado la expulsión y el Tribunal de Primera Instancia número 5 de la isla se lo ha concedido. “Pusimos la demanda hace un año. Ya había gente allí dentro. Imagino que después, durante el verano, entraron más. El riesgo de incendio al okupar un terreno con masa boscosa en el que se hacen conexiones, se cocina y se fuma es inevitable”, dice Mariano Ramón. Este abogado representa a Inmo Sirenis como ya hiciera con los dueños de Can Rova o Cas Bunets. En apenas dos años, tres desalojos multitudinarios.

“Desde el primer momento en que se detecta cualquier asentamiento, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, interviene para abordar la situación y tratar de reconducirla ofreciendo acompañamiento, orientación e intervención. Asimismo, los equipos municipales estarán presentes antes y durante el desalojo para informar, valorar cada caso y tramitar las prestaciones o recursos sociales que puedan corresponder a las personas afectadas”, explican desde el Ajuntament d’Eivissa, que en los últimos años ha cerrado –con gálibos– la entrada a vehículos altos para evitar que aparcamientos y descampados se llenen de furgonetas y roulottes.

Almuerzo entre colombianos

“¡Sombra, dentro!”. Una voz recoge a una hembra de american stanford que ha salido tras unos matojos para recibir a los extraños. Olisquea botas y zapatos, ofrece el lomo a manos desconocidas y vuelve junto a su amo, un joven que remueve un cazo recibiendo el calor de un hornillo. Dos planchas de metal evitan que la llama del gas prenda algo inapropiado. Dentro del guiso hay cachos de patata y bolas de carne picada. El cocinero añade a la salsa un chorro de ketchup. Tras el culo de la caravana que el cocinero tiene a sus espaldas aparecen los comensales. Son otros dos veinteañeros subidos a patinetes eléctricos. Desmontan, se sientan en círculo, van pasándose el cazo y comen todos de él. En silencio. Son las siete de la tarde: podría ser una cena temprana o, quizás, un almuerzo a destiempo.

–Mis vecinos son colombianos, como yo. El día que vuelva p’allá seguro que me recochan [fastidian] porque voy a tener palabras de acá. Como el ¡venga!: al principio lo decía para joder y ya se me pegó. Pero el acento colombiano no lo voy a perder: los más fuertes son el paisa, de Medellín, y el nuestro: yo soy de Cali Valle, la sucursal de la salsa: allá hablamos muy pesado, muy remarcado.

Dice Jonathan. Su caravana está a sólo unos metros de la caravana de los tres jóvenes que están comiendo. Invirtió “3.000 euros” para comprar un cubículo de unos pocos metros cuadrados al que en la mayoría de países de América Latina llaman casa-rodante, remarcando el sentido que tiene la palabra en francés: roulotte. En el caso de este hombre de treinta y dos años, su casa-rodante es –literalmente– un domicilio nómada. Y Can Misses, la tercera parcela en la que aparca, siempre “expulsado” por las circunstancias. 

“Llegué hace dos años y medio porque mi ex pareja ya estaba acá”, cuenta Jonathan. “Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas”.

Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas

Jonathan — Resiente en una caravana

–¿Y tú tienes trabajo todo el año, Jonathan?

–No, por temporadas, lo que va saliendo.

–¿En invierno se pone dura la cosa?

–Lo que se activa en la época, pero poco más. En verano sí hay más trabajo de mantenimiento y jardinería. Los que tengan papeles trabajan con contrato, y los que no… al negro me imagino. Por lo regular, todo funciona por conexiones. Yo te conozco, tú me conoces y me dices que allí necesitan a uno que sepa hacer algo. P’allá que vamos. En Colombia tenía otra vida totalmente diferente: trabajé como operario en una imprenta, pero lo mío eran las ventas: yo te vendo eso [señala una bici oxidada en el suelo] si hace falta. A la construcción siempre le tuve mucho respeto, pero aquí he tenido que trabajarla.

–¿Aguantarás aquí hasta el 29 de abril?

–Espero que no, pero si no encuentro otra cosa… A mí no me notificaron nada oficialmente, pero sé que nos van a sacar. Y sé cómo funciona. Al final uno conoce gente que vivió lo de Can Rova.

Hasta que lo desahucien, Jonathan seguirá dando de comer a Cati –una mezcla muy curiosa: malinois con podenco–; vaciando la sentina en un punto limpio; duchándose con cazos de agua caliente; viendo la silueta de la catedral de Eivissa recortada en el horizonte cada vez que entra a casa; escuchando salsa y cumbia los sábados por la tarde y los domingos al mediodía, cuando se encienden parrillas, se torra carne y los habitantes de la parcela celebran el fin de semana. Como las urbanizaciones de adosados con piscina que los rodean. Al fin y al cabo, todos forman parte del mismo vecindario. Igual que los residentes censados, los nómadas de Can Misses viven en tiempo real los goles de la Unión Deportiva Ibiza. El estadio de fútbol municipal está en la acera de enfrente.

La niñez dentro de una ‘roulotte’

Elena está sentada al volante de su cochecito de baterías como quien se para en un área de servicio a escuchar la radio. Del altavoz del cochecito suena una canción infantil –en castellano con acento argentino– que repasa los nombres de los dedos de la mano. Elena se baja del cochecito y señala la carrocería de plástico. Señala después su bicicleta y un muñeco tirado por el suelo. Señala también su propia ropa y dice una palabra: “Rosa”. Las pertenencias más preciadas de esta niña que en unos días cumplirá tres años son todas del mismo color. Hecha la aclaración, Elena corretea junto a la caravana en la que vive desde que tiene memoria. “Uno podría pensarse”, dice su padre, “que para ella esto es pura vida. Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato”.

'Uno podría pensarse', dice el padre de Elena, de tres años, 'que para ella esto es pura vida'. 'Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato'

El padre de Elena –que no se llama así– es también colombiano, pero no tuvo que regularizar sus papeles cuando llegó hace siete años a Eivissa. Con doce emigró junto a su familia en busca de la prosperidad que prometía la Unión Europea. Elena tiene a sus abuelos en Milán y su padre guarda en el bolsillo un pasaporte con una estrella de cinco puntas: el de la República de Italia. “En la isla no nos fueron mal las cosas al principio”, prosigue el hombre, con un castellano en el que se cruzan dejes latinos e itálicos. “Acá, mi mujer y yo pudimos alquilar, pero después de la pandemia se puso todo muy caro. Tuvimos que salir de la ciudad e irnos a Isla Blanca, una urbanización que queda bastante lejos, en el norte de la isla. Allí vivíamos cuando vino Elena (que nació en el hospital que tenemos acá, muy cerca), subieron el precio y salimos otra vez. No encontramos nada. Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco”.

Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco

Padre de Elena — Residente en una caravana

Entonces, como Jonathan, como muchos de sus vecinos, los padres de Elena soltaron un puñado de miles de euros para comprar una casa rodante. Pasear por la parcela de Can Misses es recorrer un museo del caravanismo. Lord Münsterland, Lunar Premiere 51, Senator, Hymer, Knaus… Marcas y modelos míticos de fabricación británica o alemana. Algún remolque conserva la matrícula extranjera. ¿A qué vehículos estuvieron enganchadas? ¿Durante cuántos veranos recorrieron las carreteras europeas? ¿En qué campings de postal pernoctaron? ¿Por cuántos propietarios pasaron? ¿Cómo y cuándo llegaron a Eivissa, el territorio insular donde estacionar una roulotte en una zona no autorizada puede suponer 30.000 euros de multa? El torrente de preguntas es inevitable. Lo interrumpe el padre de Elena con una afirmación categórica:

–Al final, tendremos que irnos de Ibiza.

–¿Pero usted y su mujer tienen trabajo aquí, verdad?

–Sí, todo el año. Pero no nos da. Encontrar una vivienda por menos de 2.500 ó 3.000 euros al mes es imposible. Y súmele luego todos los gastos. Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos.

–¿Han buscado algún abogado?

–No. ¿Para qué? Sé que en otros lugares consiguieron retrasar el desahucio pero, al final, terminaron saliendo.

Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos

Padre de Elena — Residente de una caravana

Una intimidad minúscula

El padre de Elena –como Manolo y José, como Jonathan y sus vecinos– no quiere aparecer en las fotos a cara descubierta, pero permite al fotógrafo entrar en la caravana para retratar un rincón de su casa. Sobre la mesa, un barreño, un vaso con una cola por terminar, una flor rojiza encima de un plato blanco lleno de piñas. Es un adorno de las Navidades pasadas, como los adhesivos de nieve en el cristal de una ventana que cruza una cuerda de la que cuelgan pinzas de colores. En los espacios minúsculos la intimidad se mide en milímetros. A esta familia sólo le resta un consuelo: cuando se vayan rodando a otro sitio no perderán euros ni horas invertidas en levantar una barraca –listones, chapa, pladur–: en Can Misses son muchas menos que las que hubo en Can Rova o Cas Bunets. Alguna hay, sin embargo. La chabola que más destaca recicla los despojos de las discotecas: las lonas de Cocoon, una fiesta que lleva un cuarto de siglo celebrándose en la isla, cubre de punta a punta el tejado.

“Salutati, dai”. Despídete, venga. Elena escucha la orden y mueve una mano en el aire. Su padre la mete en casa agarrándola con dulzura por las axilas. El sol ya se ha ocultado. Mañana, la niña se despertará, se pondrá una mochila (rosa), la montarán en el portabebés de una bicicleta de paseo y la bajarán a la escuela. Hay dos colegios públicos a menos de un kilómetro de distancia.

La estrategia es sencilla: adquirir un piso a bajo precio, invertir lo mínimo posible en su reforma y volver a sacarlo rápidamente al mercado, pero a un precio muy superior. La estrategia, conocida como flipping inmobiliario, se ha consolidado en los últimos años como una maniobra de inversión que dificulta, aún más, el acceso a la vivienda de jóvenes y familias.

La dinámica es cada vez más común en ciudades como Madrid, sobre todo en zonas y barrios tradicionalmente obreros, con precios todavía más relajados, y forma parte del agraviado problema de acceso a la vivienda existente a nivel nacional, pero que se acentúa aún más en las principales ciudades españolas y en territorios costeros o insulares.

El truco pasa por hacer un “lavado de cara” a pisos o casas de segunda mano con la intención de inflar su valor. Con el efecto colateral de que, a la vez que se incrementa su precio, también lo hace el del distrito o zona en la que se encuentran. Los inversores no hacen mejoras reales en la vivienda, sino cambios superficiales con el objetivo principal de que la compra dé rentabilidad lo antes posible. El fin es que el inmueble parezca recién reformado para evitar que el comprador fije su atención en las deficiencias estructurales del edificio o la casa, sobre todo en instalaciones antiguas, explica David, profesional del sector inmobiliario.

En Estados Unidos, donde el flipping lleva décadas asentado, la práctica generó un beneficio bruto medio de unos 55.000 euros por operación en el primer trimestre de 2025, según datos del BBVA. En España, el modelo gana peso en un contexto marcado por el auge de la vivienda de segunda mano y la preferencia creciente por pisos ya reformados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este tipo de inmuebles concentró cerca del 80% de las compraventas en 2024.

Distintos estudios del sector apuntan a que siete de cada diez compradores optaron por viviendas renovadas. La combinación de precios más accesibles, mejores ubicaciones y la posibilidad de evitar obras ha impulsado este cambio de tendencia, que favorece directamente a este tipo de inversores, como refleja un análisis de mercado de BizNexus Consulting.

El objetivo: zonas urbanas emergentes

De cara a este 2025, los expertos han determinado que la rentabilidad pasa por identificar viviendas con potencial, especialmente en barrios periféricos o en transformación, y por controlar al máximo los costes de reforma. Por ese motivo, el foco se ha posado sobre las zonas urbanas emergentes, que permiten vender más rápido y a mejor precio en un mercado cada vez más competitivo.

De hecho, las operaciones de un perfil más bajo se concentran, ahora mismo, en barrios como Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel. Así como en la parte más asequible de Tetuán y Ciudad Lineal. Mientras tanto, inversores de mayor perfil —los que compran y venden pisos por encima del millón de euros—, buscan zonas más caras, como el barrio de Salamanca, Chamberí y Retiro. Entre ellos se encuentran muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela y Argentina, aunque también hay mexicanos.

En estas áreas de mayor poder adquisitivo, la compraventa es frecuente a pesar de los elevados precios por una demanda constante y el flipping inmobiliario no es tan habitual. “Estos inversores contratan empresas más especializadas y que llevan a cabo reformas cuidadosas”, apunta el experto. En cambio, en los barrios históricamente más degradados y con menor demanda hasta ahora, ha vivido escenas como una puerta de lavavajillas que no se abría al no haberse tomado bien las medidas.

María, arquitecta e interiorista, lleva meses buscando una vivienda para comprar y ha podido comprobar cómo algunos pisos pequeños se venden a precios elevadísimos tras remodelaciones que no son integrales. “No se revisan las instalaciones del edificio como deberían, y eso puede provocar complicaciones con el paso del tiempo, porque suelen ser antiguas”.

Los problemas que tiene la vivienda se ven a posteriori. Mayoritariamente, la inversión que se hace ronda los 15.000 euros cuando lo recomendable es que sea de unos 45.000. La intención: vender rápido y más caro. Aunque existe un tipo de inversor que prefiere otra vía de especulación centrada en el mercado del alquiler: comprar viviendas de obra nueva y hacer un contrato de arrendamiento durante los primeros años persiguiendo un doble beneficio, la revalorización del inmueble a medio plazo y el ingreso del alquiler en el corto.

Revalorizar el metro cuadrado

La reconversión de locales en vivienda o la segregación de inmuebles también se ha convertido en una táctica habitual. Cuanto más pequeño sea el piso resultante, más sube el precio por metro cuadrado. Para ilustrarlo, David ejemplifica: si de una casa hipotética de doscientos metros cuadrados se sacan cuatro viviendas, cada una se valoraría en unos 200.000 euros. Aun teniendo en cuenta la inversión inicial, el beneficio podría llegar a superar los 300.000 euros.

Otro truco que utiliza el sector inmobiliario es trampear a través de los anuncios de los portales inmobiliarios. Entre ellos, reforzar el atractivo con imágenes generadas con inteligencia artificial y que muestran diseños no correspondientes al estado actual de la vivienda. También es habitual encontrar anuncios que simulan inmuebles más grandes o funcionales de lo que son en realidad a partir de manipular la superficie.

“A veces se publican los metros construidos y no los útiles, incluyendo zonas comunes como el rellano o el trastero, y eso reduce considerablemente el tamaño real”, detalla María. Denuncia, además, que algunas viviendas se fragmentan en más habitaciones de las que corresponden, con estancias pequeñísimas. “Fui a ver un piso y en una de ellas, no me cabía ni un pie”, hiperboliza. El objetivo es, una vez más, subir el valor del inmueble haciendo crecer el número de habitáculos.

Especular a través de la tasación

Alberto [nombre ficticio a petición propia], otro comprador del mismo gremio, confirma que existen empresas que operan directamente en este mercado. Algunas de ellas son Clikalia, centrada en inmuebles de perfil más bajo, y Velzia, con un enfoque más premium: “Compran pisos en mal estado, les dan un lavado de cara y los venden mucho más caros. Cuanto menos gastan, más beneficio sacan”. Su experiencia también refleja la voracidad del mercado. Tras un año buscando, ha logrado hace poco adquirir una vivienda en Tetuán, uno de los distritos de Madrid donde los precios han aumentado vertiginosamente.

El mismo crecimiento se ha dado en otras zonas históricamente degradadas como Puerta del Ángel, Prosperidad o el barrio de la Concepción. “Me fijé en seis casas y solo pude visitar dos, porque las otras cuatro se vendieron el mismo día o al siguiente”. Su presupuesto, no muy elevado teniendo en cuenta el mercado inmobiliario madrileño, y la rapidez con que se efectuaron las operaciones, le condujo a pensar que la mayoría de las compras se habían hecho por parte de empresas o inversores.

Alberto, que anteriormente trabajaba en tasaciones, detalla además que para calcular el valor hipotecario, un trabajo que se hace de forma estricta y donde es muy difícil que haya irregularidades, se toma la superficie útil, no la construida, y se compara con inmuebles similares de la misma zona, aplicando un coeficiente de depreciación según el estado del piso. “Los valores suelen establecerse teniendo en cuenta que, en caso de que el propietario no pueda hacer frente en algún momento a la hipoteca firmada con el banco, la entidad pueda vender la vivienda, como mínimo, por el precio estipulado por el tasador”, aclara.

Por otro lado, existen varias fórmulas de tasación. La primera es el método de coste o valor de reposición, sumando todos los costes de producción si se construyera la vivienda desde cero: mano de obra, aparejador, arquitecto, etc.; la segunda es hacer un promedio según la rentabilidad que puede generar esa vivienda en un periodo determinado; y la tercera es el método comparativo, fijándose en lo que han pedido de alquiler los vecinos en los últimos seis meses. “En todas, sale un precio de la vivienda mucho más alto que si se mirara realmente lo que vale y no lo que se pide”, sostiene por su parte Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario y ex director general de Arquitectura y Vivienda en Balears.

Así, los precios, que se estabilizaron durante la pandemia, han ido in crescendo desde entonces. Sobre todo, a partir de la inversión de empresas que empujan los precios en zonas donde hasta ahora más asequibles. En estos distritos, otra de las formas de especulación más salvaje es su promoción —y consecuente revalorización— con la construcción de nuevas infraestructuras, así como su ‘depuración’ a través de redadas antidroga: “Es muy típico coger zonas deprimidas y eliminar el problema, siempre, cuando antes ha habido una compra del terreno; una inversión”, asevera Vila.

Los barrios, lugar “para invertir”

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, señala que el flipping inmobiliario es una expresión “muy clara” de cómo la vivienda se ha convertido en un activo financiero. La organización sindical es testigo “constantemente”, en los barrios en los que tienen asambleas, de cómo se obtienen enormes plusvalías de la compra y reforma de inmuebles. “El problema es que ese beneficio privado se produce a costa de expulsar a vecinas y a vecinos encareciendo aún más el acceso habitacional”, considera Pérez.

Una consecuencia de este tipo de operaciones es la aceleración de los procesos de gentrificación, ya que la lógica especulativa de compra-reforma-venta a un precio superior hace que se eleve el precio no solo de esa vivienda concreta, sino de todo su entorno. La consecuencia es que los barrios dejan de ser lugares para vivir y pasan a ser “lugares para invertir”, lamentan desde el sindicato.

El portavoz añade que el problema no es el flipping en sí mismo, sino que las instituciones siguen autorizando que la vivienda funcione como un mercado financiero sin ningún tipo de límite. “Si la entendemos como un derecho, no puede seguir tratándose legalmente como un producto con el que se puede especular y, además, de manera rápida”. Se refiere a la Ley de Vivienda de 2023 o la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, que permiten, según el sindicato, el alquiler de habitaciones fraudulentas y los arrendamientos de temporada, entre otros.

Además, denuncian que en Madrid existen recursos habitacionales que adquieren fondos de inversión, como Nestar o Blackstone, que deberían formar parte del parque público de vivienda para utilizarlos, en lugar de hacer nuevas construcciones. El rápido —y vasto— beneficio de estas empresas o fondos contrasta con la dificultad de otros ciudadanos de poder pagar el alquiler o poder acceder siquiera a él: “Necesitamos políticas que frenen la especulación y que protejan a los inquilinos”, subraya Pérez.

Manu es un joven de 29 años que trabaja como profesor de alemán en Eivissa. Llegó a la isla desde Cartagena, después de haber vivido cinco años en Múnich, donde trabajó como auxiliar educativo en un colegio de educación especial. Después de haber terminado el máster de profesorado –que da acceso a trabajar en colegios públicos y concertados de la ESO, Bachillerato y FP– en julio de 2025, le ofrecieron una plaza como interino de profesor de alemán: dos medias jornadas. Una en el IES Quartó des Rei (Santa Eulària des Riu) y otra en la Escuela Oficial de Idiomas.

“Juntaron dos medias jornadas para hacer una completa, aunque en dos sitios distintos”, explica. Aterrizó en la isla en octubre, apenas un día antes de empezar a trabajar. “Llegué un domingo y empecé un lunes”, afirma. No tenía dónde quedarse, así que pasó sus primeras noches en un hotel hasta que, en cuestión de días, encontró una habitación en un piso cerca de Can Misses. “Estuve en un hotel cuatro días y luego encontré una habitación”, recuerda. Pagaba 850 euros por un piso que compartía con dos personas más y que costaba en total 1.200 euros. Es decir, las otras dos personas pagaban 350 euros entre las dos y le subarrendaban la otra habitación a él. El casero desconocía la situación.

El trilerismo inmobiliario de la isla tiene muchas aristas. Están los propietarios que al socaire del mercado tensionado que hay ponen alquileres a precios desbocados, pero también quienes sufren la entrada y salida de personas de sus inmuebles mientras sus otros inquilinos se aprovechan y acaban pagando mucho menos del precio estipulado en el contrato. En un conocido portal inmobiliario digital, en estos momentos los dos pisos más baratos que se alquilan por la zona del ensanche de Can Misses están a 1.470 y 1.500 euros, respectivamente.

El primer piso que se oferta consta de tres habitaciones (una doble y dos individuales). Son 93 metros cuadrados con balcón. En la oferta se especifica que el inquilino debe pagar tasa de la basura y gastos de la comunidad, pese a que son gastos que deben correr a cargo del casero. Esta oferta está incluida en el programa de Alquiler Seguro del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), que consiste en que la administración autonómica hace de intermediaria para facilitar que los pisos salgan al mercado inmobiliario y los propietarios tengan garantía de pago en caso de que hubiera problemas. Una fórmula público-privada que puede terminar por sufragar con dinero público intereses privados.

El segundo piso, de 135 metros cuadrados, se alquila solo de temporada: del 1 de noviembre al 30 de abril. Consta de tres habitaciones dobles, un baño, una cocina independiente y un balcón con vistas a la ciudad. Piden un mes de fianza y otro de agencia más IVA. “Ideal para empresas o particulares con temporalidad justificada”, detalla el anuncio. El anuncio, por cierto, prohíbe fumar en el interior. El incumplimiento de esta restricción conlleva “al pago de la pintura total de la propiedad y limpieza extra”. La limpieza final también se cobra cuando se abandona la vivienda: 484 euros.

Le realquilaban la habitación

Éste es, precisamente, el problema con el que Manu se ha encontrado tres veces. Todos los pisos en los que ha estado han sido temporales. En el primero, donde pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación, duró apenas dos meses. Aunque en un principio podía quedarse hasta abril, se marchó en diciembre debido a la situación en la que se encontró. “Tuve que hacer yo el contrato porque los que subarrendaban no querían”, explica.

Tampoco pudo empadronarse. “Decían que tenía que vivir un año allí, pero es mentira”. En realidad, añade, el problema era otro: “Era un subarriendo y no querían que el propietario lo supiera”. Esos 850 euros que pagaba durante los meses de otoño e invierno, ascendían a 1.100 euros para quienes alquilaban en primavera y verano. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, una persona paga prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística.

En su primer piso, donde no le dejaban empadronarse, Manu pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, él pagaba prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística

No tardó mucho en encontrar piso una vez abandonó el anterior, pero no duró ni dos semanas. También estaba situado cerca de Can Misses. “Al principio bien, pero no me hicieron contrato”, explica. Trece días después de instalarse, le pidieron que abandonara la vivienda. Iba a pagar 750 euros al mes. “Me lo dijeron la noche antes de irme de vacaciones de Navidad”, lamenta. En este caso, el piso era de la hermana de quien vivía en el piso con él. La situación le sobrepasó. 

“Mi idea era volver en enero, recoger mis cosas y marcharme a Cartagena”, reconoce. La gincana habitacional le estaba pesando demasiado, así que estuvo a punto de renunciar a su trabajo. Su familia le pidió que lo intentara, así que se dio cuatro días de margen, mientras vivía en un hotel (cuyo coste era, asegura, unos 100 euros la noche). “Es muchísimo estrés y dinero”, se queja. El problema no es solamente “buscar el piso”. “Es que el trabajo sigue adelante, tengo que seguir preparando las clases, hacer exámenes, etc.”, añade.

A los pocos días de regresar a la isla, encontró un nuevo alquiler en la zona de la milla de oro, una de las más caras de Eivissa, cerca de Pachá. Hay promociones de viviendas de pisos que se venden entre 2 y 10 millones de euros. “Volví el 5 de enero y el 10 o el 11 ya tenía piso”, asegura. Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. En esa zona no hay ningún piso ofertado por debajo de 2.200 euros. El doble. También es un alquiler de temporada. “Estoy hasta junio”, señala. En verano no lo alquilan porque los caseros, que viven fuera, quieren disfrutar del piso en verano. Como profesor interino no cobra durante los meses de verano, así que tampoco tenía otra solución que la de marcharse a Cartagena en julio y agosto. “Les viene genial a los caseros porque saben que pueden alquilar su piso de septiembre a junio”, reconoce.

Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. Es un alquiler de temporada y estará hasta junio

Lamenta la falta de “movimiento por la vivienda”

Manu no sabe si volverá a Eivissa en septiembre. “En teoría sí [me vuelven a contratar], pero no sé cuántas horas serían, ni qué plaza. Empezaría de cero”, lamenta. Cuando decidió aceptar la plaza, pensó incluso que le resultaría más difícil alquilar. “Pensaba que sería más caro, pero no que no hubiera viviendas”, admite. Comparado con la península, le sorprendió que “aquí directamente no hay pisos que se alquilen”. “No hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar”, atestigua.

[En comparación con la Península] Aquí no hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar

Manu — Profesor

Más allá del alquiler, considera que el coste de la vida es más caro que en la península. “Hacer la compra es igual, pero bares y restaurantes, transporte y menús son más caros”. El transporte público, por ejemplo, le costaba más de cuatro euros al día. “Pago 4,20 euros diarios”, detalla, los lunes y los miércoles, cuando se desplaza de Vila a Santa Eulària. En realidad, el transporte público es gratuito para la población residente. Pero hace falta un requisito para conseguir esa tarjeta de transporte: el empadronamiento. Y a Manu no se lo hacían.

Para moverse hacia la Escuela Oficial de Idiomas, opta por una alternativa más económica y sostenible: “Voy en patinete”. Lo que más le sorprende, sin embargo, no es solo la dificultad para encontrar vivienda, sino la ausencia de movimientos sociales y asociativos. “No hay un movimiento fuerte pese a la situación”, concluye.

Fue mucho antes. Yo estaba al otro lado: aún era frágil, cándida. Luchaba contra el ruido de las injusticias. Soñaba con el soniquete de unas llaves mecerse, las llaves de mi casa. Aún era becaria. Casi una niña. 

Fui la primera universitaria de mi familia. Empecé a currar a los diecisiete. Sin cotizar ni derecho a vacaciones. Haciendo de canguro, dando clases, pasando trabajos por ordenador. De comercial, de dependienta, de gogó. Conocí a un profesor de primaria octogenario que me encargó mecanografiar varios de sus manuscritos. También fui becaria en unas cuantas empresas cuando terminaba las clases de la facultad.

Antes de que la locura inmobiliaria se desatara en España, antes de la primera burbuja, tuve el privilegio de poder comprarme un apartamento cerca del centro. Lo pagué con mis ahorros, con un contrato en prácticas y con la ayuda del banco cuando las condiciones de crédito y el Euríbor no estaban desorbitados. Hice durante tardes y noches enteras el cálculo de cómo afrontar la dichosa hipoteca si alguna vez me quedaba en el paro. Tuve pesadillas que contagiaron a mis padres y finalmente decidí dar el paso. Leí las escrituras como me leía entonces las cartas de amor: oliendo el papel, subrayando las palabras importantes, esas que no entendía, poniendo flechas e interrogantes con rotuladores de colores. Preguntándome qué pasaría si. Le consulté todas las dudas a un compañero abogado que me confesó no haber conocido nunca a nadie estudiar unas escrituras de aquel modo. Es que es una promesa para toda la vida, le dije.

Hace unos días, las inquilinas de ese apartamento me comunicaron que se marchaban. El lugar en el que fui feliz nunca ha estado destinado a vivienda turística. Me gusta creer que un alquiler de larga duración y a precio justo distrae mi culpa por tener lo que otros no tienen. Durante las primeras doce horas en las que estuvo publicado el anuncio, recibí más de doscientos correos de personas desesperadas suplicando por una vivienda digna en una zona de la ciudad que ya casi se destina exclusivamente a los turistas. 

Leo: Estoy muy interesado. Puedo pagarle varios meses de fianza. Leo: Lo necesito desesperadamente. Leo: Soy responsable. No fumo. No bebo. No hago fiestas. Leo: No me hace falta verlo. Se lo alquilo. Leo: Tengo avalistas. Leo: Tengo trabajo fijo. O soy funcionario. O no tengo mascotas ni pareja. Es una subasta de virtudes para acceder a un derecho básico; un casting de supervivientes.

Despublico el anuncio del lugar en el que fui feliz a las pocas horas. Organizo las visitas: como si estuviera haciendo algo inmundo, algo imperdonable. Como si yo fuera una inmundicia, imperdonable. Una impostora. Culpable por tener en un mundo donde los demás no tienen. Y siempre, cada vez, acabo preguntándome lo mismo: Si no me da vergüenza.  

Soy de este barrio. Quiero personas que vivan en él. Cinco embarazos han brotado de ese apartamento en el que yo comencé mi camino en solitario con toda la ilusión. Y me gustaría que fueran muchos, muchos más. O muchas rupturas, muchos llantos, muchas risas, muchas vidas. Que oliera a comida dónde yo aprendí a cocinar. No juergas de fin de semana, no fiestas vacuas, no dinero

Durante las visitas, ellos me dicen: No es una ratonera. Me dicen: las fotografías son como su apartamento. Me dicen: el suelo es bonito y las ventanas cierran bien. Es luminoso.

Según el último Barómetro de Alquiler, el precio medio de la vivienda en Sevilla supera los 950 euros mensuales y el parque de vivienda en alquiler de larga duración en 2025 ha experimentado mínimos históricos. El problema es tanto de precio como de escasez, sustentado en la tendencia de eliminar la oferta para beneficiarse del alquiler de temporada —turístico, por habitaciones o por semanas—, en el que se puede fijar el precio libremente.

Suena el timbre. Es la última visita. El chico recorre el apartamento rápidamente, con una chaqueta resuelta, sin arrugas. Al terminar, me pregunta: ¿Y por qué no lo alquila usted con nosotros como vivienda turística? Ganaría usted cuatro veces más.

El tipo disfrazado de inquilino comienza a explicármelo: la rotación, la ocupación media, las plataformas, la limpieza externalizada. Habla de porcentajes. De optimización. De rentabilidad.

Soy de este barrio. Quiero personas que vivan en él. Cinco embarazos han brotado de ese apartamento en el que yo comencé mi camino en solitario con toda la ilusión. Y me gustaría que fueran muchos, muchos más. O muchas rupturas, muchos llantos, muchas risas, muchas vidas. Que oliera a comida dónde yo aprendí a cocinar. No juergas de fin de semana, no fiestas vacuas, no dinero.

No sé si la culpa es cuestión de clases. O si es el último residuo de humanidad en una clase media que se siente verdugo por no querer ser víctima. Y convierto el amasijo de ideales en un agujero negro que se lo lleva todo. En este mecanismo del falso consuelo, me digo que solo quiero alguien que viva en el lugar donde fui feliz. Donde mi hijo aprendió sus primeros gateos.

A veces me siento como Saturno devorando a su hijo, de Goya. Y lo peor no es el hambre. Es haber aprendido a llamarla necesidad. Una generación que, para sostenerse, acaba engullendo el futuro de la siguiente.

¿No siente usted culpa?, le pregunto al tipo. ¿Culpa? El tipo de la inmobiliaria se echa a reír como si le hubiera contado un chiste en un idioma muerto. En la lengua alemana, la palabra “deuda” y la palabra “culpa” comparten el morfema Schuld, como Nietzsche expuso en La genealogía de la moral (1887). Culpa y deuda se hermanan. Tanto la deuda como la culpa se cargan. Siempre hay una culpa y una deuda.

Tengo un piercing en el estómago, canta Joaquín Calderón en una de sus canciones. Pero lo cierto es que mi remordimiento no baja el precio de la zona, ni detiene la gentrificación, ni le da una vivienda a los ciento noventa y nueve que hoy se han quedado fuera. Al final, la levadura de la culpa solo es el impuesto revolucionario que la clase media se paga a sí misma para poder dormir sin pastillas. 

Lo siento. Nos hemos vuelto tan culpables que a veces hasta parecemos decentes.

Si nada cambia, el próximo martes 17 de marzo el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga echará a Almudena García, su marido Javier Jiménez, el hijo de ambos y una nieta de veinte meses que reside por temporadas en la vivienda de protección oficial que han habitado ininterrumpidamente desde octubre de 2003. La mujer pide al Consistorio que no lo haga y que tenga en cuenta su arraigo y que su marido padece esquizofrenia y es dependiente.

Perder la casa sería arrojarla a un mercado con precios que triplican su alquiler actual, que ronda los 350 euros. Por eso, ha presentado escritos, pedido reuniones, reunido firmas y se ha manifestado públicamente arropada por decenas de vecinas, de momento en vano porque no le ofrecen alternativa. “No sé ya a dónde ir”, comenta a una semana vista de la fecha de lanzamiento. Arropada por una veintena de vecinas, este jueves por la tarde colocaba carteles por el barrio para denunciar su situación.

Almudena cree que reúne los requisitos para que el Ayuntamiento acceda a su petición. La vivienda forma parte de un conjunto de 56 ubicadas en el barrio Hacienda Cabello, al norte de la capital. En su caso, fue adjudicada en régimen de alquiler por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a Remedios, su suegra, en septiembre de 2003. La unidad familiar la componían Remedios y sus cuatro hijos, uno de ellos el marido de Almudena, según consta en el contrato que suscribió con el Ayuntamiento y que ha podido consultar este medio.

Almudena entró a vivir en esa casa desde el principio, y ya nunca la dejó. Está empadronada y tiene los suministros a su nombre. Vive con su marido, con un grado de discapacidad del 35% reconocido por el Consistorio, y su hijo, que tiene una bebé en custodia compartida.

La suegra, en cambio, no ha residido allí, salvo una breve temporada en 2021, cuando perdió la casa de la que ya era propietaria. Tampoco ahora está. Las vecinas dicen no conocerla. Sin embargo, oficialmente es Remedios quien sigue siendo la arrendataria ante el Ayuntamiento, que considera a Javier y Almudena unos meros ocupantes sin título.

El conflicto entre la suegra, que ahora reclama la casa, y Almudena y su marido, que llevan en ella 23 años, está a punto de dejarlos en la calle. “Fue ella quien denunció la situación, pero puedo demostrar que nunca ha vivido aquí”, insiste Almudena. El IMV envía inspectores cada año y conoce lo que pasa desde hace tiempo, pero no lo ha solucionado y el conflicto ha acabado estallando cuando hace dos semanas el Ayuntamiento notificó a Almudena que ya tenía un auto judicial autorizando su lanzamiento el próximo 17 de marzo. Almudena ni siquiera ha visto el auto y ella misma acaba de presentar un escrito solicitando al juzgado la paralización urgente.

Hasta ahora ha presentado una docena de escritos, pero lo único que ha logrado es la promesa de que cuando la desahucien le darán dos días en un albergue municipal. Y luego que encuentre un alquiler a su medida. Una aguja en un pajar, porque no halla nada por debajo de los 1.200 euros, demasiado para su sueldo y la pensión de su marido. “Alternativa no me dan ninguna: meter las cosas en un trastero, el niño en casa de mi madre y yo quedarme en un coche con mi marido”.

La mujer pide al Ayuntamiento que reconozca que son los verdaderos ocupantes, que no los desahucie y les permita subrogarse en el alquiler de la VPO. Es posible subrogar a familiares directos que cumplan los requisitos (carecer de vivienda en propiedad y de renta) y ya vivieran bajo el mismo techo.

Hay un problema añadido: acumulan una deuda por impago del alquiler durante los últimos años. Almudena dice que está dispuesta a firmar un plan de pago para saldarla, y asegura que dejó de pagar por consejo de su abogado ante los problemas para seguir en la vivienda. Desde hace tres años tiene un contrato fijo en el servicio municipal de limpieza, y se ve en disposición de pedir un crédito para saldar ya parte de la deuda, y pagar el resto en plazos. Todo, antes de verse en la calle.  

El Ayuntamiento no ha contestado a las preguntas de este medio.

“No hay argumentos para decir no”

La mujer está siendo asesorada por Un Techo por Derecho. “Es un tema ”limpio“ que a nivel burocrático es fácil de solucionar: tiene el arraigo en la vecindad, no ha habido ocupación, cumplen los requisitos, están dispuestos a pagar y la subrogación es posible. No hay argumentos para decir no. Es cuestión de voluntad”, dice Rosa Galindo, que participa en este colectivo integrado por mujeres con dificultades de acceso a la vivienda.

Decenas de vecinas se manifestaron a favor de Almudena y su familia a comienzos de semana al grito de “Almudena se queda”. Algunas lloraban. Carmen, Charo y Paqui comparten planta con Almudena. “Cuando le llegó la carta no dábamos crédito. No hemos tenido nunca ningún problema de convivencia, ¿cómo se puede echar a alguien después de 23 años? ¿No han podido arreglarlo antes? ¿Ahora se dan cuenta?”.

Toni Morillas, portavoz del grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos), ha presentado un escrito en el que informa al alcalde de la “desesperación” de la familia y su disposición a saldar la deuda, y le alerta del especial riesgo que entraña la esquizofrenia del padre. “Urge valorar esta situación y hacer todo lo posible para evitar que esta familia acabe en la calle”, le pide Morillas.

35.000 solicitudes de VPO

Hasta ahora, la respuesta del Ayuntamiento de Málaga a las propuestas de Almudena ha sido sugerirle que se ponga a la cola. Este miércoles le enviaron un correo, en el que le explican el proceso sin hacer ninguna referencia a la posible subrogación o a la deuda pendiente. Los solicitantes de VPO deben llevar al menos un año empadronados en la ciudad, no tener vivienda en propiedad y estar apuntados en el registro de demandantes. Cumpliendo eso, se entra en un sorteo puro, sin preferencias por antigüedad.

El problema es la escasa probabilidad de que toque: en mayo de 2025 había 34.366 solicitudes, según los datos a los que este medio ha tenido acceso. De esos, 18.671 eran para vivienda en régimen de propiedad y 21.403 en régimen de alquiler. Y en todo 2025, el Ayuntamiento sólo entregó dos VPO, las dos en alquiler. Así, la probabilidad de resultar “agraciado” con el arrendamiento asequible (entre 270 y 470 euros, según ingresos y tamaños) fue alrededor de 1 de cada 10.000.

Las cifras empeoran a cada año que pasa, en sintonía con la evolución de un mercado inmobiliario dislocado. En el último lustro el Consistorio ha entregado 149 viviendas protegidas, a unas 30 por año, mientras las solicitudes pasaban de 20.196 en 2022 a más de 34.000. Desde 2021, el precio al que se ofrecen pisos en alquiler en Idealista ha pasado de 9,4 a 16,1 euros/metro cuadrado (+71%), mientras que en compraventa ha subido de 2.308 a 4.107 (+77,9%).

Promesas, retrasos y VPO “para ricos”

El alcalde Francisco de la Torre insiste en que la vivienda es su gran “prioridad” en este mandato, el séptimo consecutivo. En los últimos meses, ha anunciado su intención de alquilar en régimen de VPO unos polémicos “minipisos” de 45 metros cuadrados, cediendo parcelas dotacionales a las promotoras, aprovechando una modificación legislativa de la Junta para ganar terreno público para vivienda. A la vez, se ha salido de la línea marcada por su partido en el Gobierno andaluz, defendiendo que las VPO lo sean para siempre y no puedan pasar nunca al mercado libre.

De la Torre suele sacar pecho de estar impulsando 5.200 VPO, 4.407 para alquiler y 806 para venta. Son cifras que se ven incluso en las marquesinas de los autobuses, aunque los ritmos son lentos. En torno a mil están actualmente en construcción, 1.287 en fase previa a la edificación (Sánchez Blanca y Cortijo Merino, principalmente); 1.060 en fase de redacción de los proyectos; y 1.700 en 22 parcelas dotacionales en proceso de licitación del suelo.

Sin embargo, tampoco las que están en construcción están exentas de problemas. La entrega de las 35 VPO del IMV en calle Ingeniero José María Garnica acumula más de dos años de retraso por los problemas de la constructora. Algunas familias pagaron ya la entrada de 36.000 y se desesperan porque abonan un alquiler mientras ven su piso casi terminado. Las de Cortijo Merino se construyen en suelo público cedido a una cooperativa, que tras la adjudicación dijo que sólo podría asumir 180 de las 1.168 VPO previstas, obligando a un nuevo reparto.

Por último, Lagoon Living va a ofrecer 62 pisos VPO en alquiler al lado del campus universitario de Teatinos a todos aquellos que cobren hasta 4.400 euros brutos al mes o 6.000 si son dos personas y puedan pagar entre 535,69 y 743,80 euros al mes. No hay sorteo aquí, sino estricto orden de llegada a partir del 16 de marzo. La iniciativa, que está financiada con 25 millones del Plan de Recuperación financiado por la UE, ha sido muy criticada por oposición, que observa que son VPO “para ricos”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación urbanística que permitirá construir un bloque de ocho plantas de vivienda protegida en el barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena. El proyecto ha causado un fuerte rechazo vecinal en el entorno, donde los residentes preparan alegaciones para intentar frenar una actuación que califican de “aberración urbanística”, por cómo alterará la fisionomía de la zona.

La intervención proyectada plantea elevar la altura máxima allí permitida, pasando de edificios de cinco plantas a uno de ocho, que irá encajado en medio de una parcela de unos 2.600 metros cuadrados. Actualmente, este solar, de propiedad privada y uso dotacional, se utiliza en parte como viario –conformando la calle Santa María del Robledo– y el resto como aparcamiento por parte de los vecinos de los barrios colindantes.

La construcción en este espacio se ampara en el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado por la Junta de Andalucía hace un año, que permite edificar vivienda protegida en suelos dotacionales privados que estén vacantes. Merced a esta normativa, se podrá aplicar en este solar el uso alternativo residencial con viviendas protegidas en régimen de alquiler, destinando casi la totalidad de este espacio a nuevos pisos, con una densidad de una vivienda por cada 70 m² construidos, según recoge el estudio de detalle al que ha tenido acceso este periódico.

Quienes habitan el barrio aseguran “no dar crédito” a que se pueda construir un edificio en una zona ya saturada poblacionalmente y deteriorada. “Son edificios de los años 70, las esquinas de algunos de ellos están actualmente soportadas por grandes grapas porque tienen grietas, hay tres torres con problemas en los cimientos... no sobrevivirían a otra construcción más y menos a una distancia de tres metros y con el peso de un bloque de ocho plantas”, alerta Cristina Fajardo, la portavoz de la intercomunidad, que agrupa a unos 500 propietarios.

Ante el temor a que no resistan las estructuras y al impacto que este proyecto puede causar en su calidad de vida, los vecinos han comenzado a movilizarse para aunar fuerzas contra de lo que consideran “otro intento de especular con el suelo de Sevilla”. “Pretenden aumentar la densidad poblacional en una zona ya masificada y sin servicios primarios a costa de hundir a cientos de familias”, denuncia la representante vecinal, contando con el respaldo de decenas de residentes que se han congregado por primera vez este miércoles para coordinar el plan de acción a seguir en adelante.

Tras su aprobación inicial en la Junta de Gobierno local del pasado 13 de febrero, el estudio de detalle se encuentra actualmente en fase de exposición pública durante un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. Fuentes municipales indican que la parcela es privada y edificable desde 2006, cuando se aprobó el PGOU vigente, y que la intervención actual no modifica el índice de edificabilidad previsto entonces.

Pérdida de aparcamientos y de zonas verdes

El Gobierno municipal defiende que “la propuesta actual mejora las condiciones urbanísticas previstas inicialmente”, al aumentar las separaciones con los edificios existentes. Según el expediente consultado por este medio, el estudio de arquitectura del proyecto fija una distancia mínima de tres metros entre edificios y contempla unas 46 plazas de garaje subterráneo en el bloque de ocho plantas de altura.

A ojos de los vecinos, la consecuencia es “encarcelarnos en nuestros hogares”, al construir a escasos metros de sus viviendas, llegando incluso a tapiar algunas de las salidas de los edificios existentes. “Desde nuestras cocinas veremos un muro de ladrillo”, afirma Cristina Fajardo, quien recuerda que un porcentaje importante de quienes viven en la zona son personas mayores con dificultades de movilidad, que “solo ven la luz y les da el aire porque se asoman a sus balcones”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es la pérdida de más de 120 plazas de aparcamiento, que, según los vecinos, “no cubren ni el 5% de las necesidades que hay en la zona”. Fajardo recuerda que, desde los años 70, se han propuesto proyectos para construir garajes para atender la principal demanda vecinal y nunca han salido adelante. “Siempre que han intentado construir en la zona lo han rechazo porque no aguantarían los cimientos”, explica la representante de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se aclara que el aparcamiento actual no es público ni regulado, sino un uso tolerado de la parcela privada que todavía no se había desarrollado. “Con el nuevo proyecto se contemplan varias plantas de aparcamiento, tanto para los residentes de las nuevas viviendas protegidas como para vecinos del entorno, ayudando a aliviar la presión existente”, afirman fuentes municipales.

Asimismo, el Gobierno local subraya que la actuación incluye cesiones obligatorias al Ayuntamiento, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico, incluyendo nuevas zonas verdes y espacios públicos que estarán disponibles para todos los vecinos. No obstante, el estudio de detalle reconoce la “imposibilidad física” de reservar los 552 m² de dotaciones locales que corresponden a equipamientos comunitarios y zonas verdes en la parcela, y plantea sustituir este requisito por alguna de las fórmulas previstas en la normativa.

La intercomunidad, que agrupa a unas 500 familias, prepara alegaciones con el asesoramiento de un abogado urbanístico. Los vecinos no descartan acudir a la vía judicial si finalmente el planeamiento se aprueba de forma definitiva. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta aberración”, advierte la representante vecinal, secundada con aplausos por el resto de vecinos.

Javier Gil (Madrid, 1985) fue la cara visible en los inicios del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Era uno de los activistas por el derecho a la vivienda que acompañaba a las familias víctimas de desahucios, a los vecinos que hacían frente a los grandes fondos buitre o la voz que confrontaba con unas decisiones políticas orientadas, dice, a apuntalar un sistema que traslada el valor social de las casas a un marco especulativo. Su carrera profesional también ha estado enfocada a investigar la financiarización de la vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a un techo digno.

Gil, doctor en Sociología e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar 'Generación Inquilina' (Capitan Swing), un ensayo sobre las políticas que han llevado al país a una “crisis de Bienestar”, pero también un alegato por un nuevo paradigma en torno a la vivienda: “Esto se soluciona con una respuesta igualitaria, basada en la redistribución, o con un neoliberalismo autoritario”.

¿Dónde están hoy aquellos jóvenes que en 2006 ya coreaban que no iban a tener casa “en la puta vida”?

Siguen viviendo de alquiler o tienen una vivienda en propiedad porque les ha ayudado la familia. Estructuralmente, es imposible que esa generación se haya comprado una casa con sus propios medios.

¿Cómo reconfigura esta generación inquilina la sociedad, en términos de estabilidad y capacidad para trazar proyectos vitales a medio y largo plazo?

La vivienda en propiedad era un elemento central de cohesión y bienestar sobre el que se articulaba toda la sociedad, pero eso se rompe de 2008 en adelante. Es cuando empieza a surgir una generación inquilina, excluida de la propiedad y de todos esos sistemas de protección socioeconómica. Se restringe el crédito a la población y empieza a haber una demanda especulativa, que compra viviendas para alquilar, como fuente de inversión y expectativas de obtener una gran rentabilidad de ellas. La crisis es del Estado de Bienestar, porque la promesa de que si estudias, trabajas y te esfuerzas vas a tener una vida digna y con relativo bienestar, se rompe.

¿Qué vieron en España los grandes fondos de inversión?

Hay un arreglo político-financiero para no permitir que los bancos españoles vayan a la quiebra. El Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta y apoyado por la Comisión y el Banco Central Europeo, empieza a cambiar toda una serie de reglas para favorecer la especulación con la vivienda. Se crea la Sareb, avalada con dinero público, pero gestionada de manera privada; se crean las Golden Visa; se reforman las Socimis; la Ley de Arrendamientos Urbanos, para quitar derechos a los inquilinos; se venden viviendas públicas, algunas por debajo del coste de construcción, a Blackstone y Goldman Sachs, que empiezan a entrar en España… Nos intentan vender que [la crisis de la vivienda] tiene que ver con la propia dinámica del mercado, pero los mercados están muy intervenidos para favorecer la especulación y que suban los precios.

Describe el mercado inmobiliario como un esquema Ponzi, ¿cómo funciona y qué implicaciones para el sistema puede tener que se rompa?

Como todo mercado financiero, funciona y se estabiliza a través de las expectativas de que los precios sigan subiendo. La venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs buscaba generar esas expectativas, aunque luego los tribunales hayan dicho que se tienen que revertir algunas de esas operaciones. Es una gran pirámide, en la que los precios se disocian de la economía real y los salarios de la población. Esto genera una gran burbuja especulativa, sostenida políticamente.

Muchos de esos fondos quieren deshacerse ahora de grandes paquetes de viviendas. ¿Es partidario de que el Estado se las compre, aunque eso suponga seguir aumentando sus cuentas con dinero público?

Esto muestra como todo ese proceso era una gran estafa. Blackstone está vendiendo por 300.000 euros las viviendas que le compró a Ana Botella por 68.000. Ahí estaba el negocio. A la pregunta concreta: sí, creo que el Estado se tiene que hacer con esas viviendas, la cuestión es cómo y a qué precio. El Estado no puede ser todo el tiempo un subordinado de los fondos de inversión, también tiene que actuar políticamente. No puedes, simplemente, comprar esas viviendas. Lo primero que hay que hacer es sanear el mercado de especuladores.

¿Cómo?

La vivienda se tiene que proteger como la sanidad o la educación, con un sistema de regulación que ponga límites a la especulación, a los precios y que garantice su función social, que no se puedan convertir en pisos turísticos o alquileres de temporada. Aunque haya una población y un número de casas dadas, el precio puede cambiar muchísimo dependiendo de cuál es la dinámica del mercado. Analizando los datos del Banco de España, hay municipios que han perdido un 15% de población, mientras los precios del alquiler han subido un 50 o un 60%.

Muchas voces apuntan que la solución es construir más.

Es la fórmula del rentismo, que lleva operando 40 años, la que nos ha traído hasta aquí. Un solar no vale nada, pero si lo haces urbanizable, su valor se dispara, metes a las constructoras, a los bancos… y, de repente, es una fuente central de negocio para una minoría que va a ganar mucho dinero. En los desarrollos del sureste de Madrid se está construyendo mucha vivienda. Salen pisos de dos habitaciones por medio millón de euros, en una zona donde no hay ni un comercio, ni centro de salud, nada. Si vas a construir, tiene que ser vivienda asequible, como sucede en Europa, con promotores sociales, asociaciones o cooperativas, que buscan producir un beneficio limitado, porque no quieren ganar todo lo que podrían, sino garantizar una vivienda y alquileres dignos. Cuando van a pujar por un suelo, llega un especulador que paga tres veces más, porque lo va a repercutir en el precio, y se lo queda. Por eso, también tienes que regular quién construye, cómo y bajo qué perspectiva, para fomentar que otros actores entren en el mercado inmobiliario.

¿Qué le parece el nuevo fondo soberano para vivienda que ha anunciado el Gobierno?

Creo que se tiene que hacer a una escala más masiva y no para construir. Lo primero es la compra preferente [por parte de las administraciones], para que no entren especuladores. En Valencia, hace unos años hubo una gran operación entre Sabadell y Cerberus. El Gobierno autonómico [del Botànic] intervino y se quedó las 225 viviendas a un precio un 25% por debajo del de tasación. Eso también manda el mensaje a los mercados financieros de que hay un cambio de rumbo.

No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros

¿Se están implementando actualmente políticas reales para revertir el modelo? ¿Cómo valoras las actuaciones del Gobierno?

A nivel discursivo dice que va a hacer algo, pero luego nunca se atreve a hacer nada. Cambiar esto es un juego de suma cero. No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros. No se produce ni se crea riqueza, solo se redistribuye hacia arriba. Si el Gobierno cambia el sistema, esas viviendas que Blackstone va a vender por 300.000 euros, tal vez las tenga que vender por 200.000. Y no somos tú y yo, es el principal donante de la campaña de Trump, con un poder político y económico espectacular. Regular contra eso hace que sufran ataques, pero hay gobiernos que ya lo están haciendo, porque si no, lo que generas es desafección en las nuevas generaciones, que ya no creen en el sistema. ¿De qué sirve esforzarse si el futuro depende de que tus padres te hereden una casa? Cuando la desigualdad ya no se articula a través de sistemas meritocráticos, sino de herencias, los consensos sociales se empiezan a desmoronar y cada vez menos personas creen en los valores democráticos. Estamos ante una crisis de bienestar, que se soluciona con una respuesta igualitaria basada en la redistribución o con un neoliberalismo autoritario.

Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. Es una carrera a medio plazo.

¿Qué respuesta va ganando?

Es una carrera a medio plazo. Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. En Berlín, la población ha votado en un 56% a favor de expropiar a los grandes caseros del país. Aquí, en una encuesta de 40dB para el Grupo Prisa vemos que el apoyo social a limitar la acumulación de viviendas en propiedad es amplio: un 83% en el caso de los votantes de Podemos, un 81% en los del PSOE, un 60% en los del PP y un 52% en los de Vox. Cuando el Gobierno no se atreve a llevar a cabo estas políticas por las presiones, lo que hace es preparar el terreno para que venga un neoliberalismo autoritario, las extremas derechas. El Gobierno está manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas, pero la cuestión de la vivienda es la que le puede hacer perder las elecciones, porque no se atreve a intervenir, como si han hecho algunas comunidades autónomas.

¿Por ejemplo?

Catalunya, aunque aun así se está viendo que es insuficiente. Si tu política es demasiado suave, no va a ser efectiva. Cuando Rajoy reformó el sistema inmobiliario español, no se cortó. No tocó una o dos leyes, sino toda una batería. No dejó ley sin tocar para diseñarlo a la perfección y que entraran los fondos y el capital especulativo. Si tú quieres hacer lo contrario, necesitas un sistema integral de intervención. El Estado de Bienestar no se crea a través de palabras, sino con políticas públicas, intervención, regulación, financiación, etc. ¿Va a pasar? Parece que no está pasando y eso es lo que genera desafección.

Es imposible aspirar socialmente a una vida digna cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero

Hablando de datos macro, sostiene que esa estabilidad ya no genera bienestar, sino que lo erosiona.

La población que vive de alquiler, la generación inquilina, cada vez está peor en términos económicos, vitales, familiares… Es imposible aspirar socialmente a una vida digna, como se nos ha prometido, cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero. Esto tiene muchos efectos, desde la salud mental hasta que haya parejas que no se puedan separar; mujeres atadas al espacio doméstico, un sitio central de violencias machistas; en el derecho a la educación, si tienes que estar cambiando cada cinco años de casa y de colegio; si tienes que mudarte de municipio o al otro punto de la ciudad en medio de un tratamiento médico; o si tardas dos horas en llegar al trabajo.

¿Cómo ha calado la “racionalidad rentista” en la sociedad?

Vivimos en una sociedad súper individualista, un éxito del superindividualista que cada uno juega con sus recursos de la mejor manera posible. Hay una cuestión de supervivencia. No hay que olvidar que el 95% de los hogares que son rentistas ganan más dinero con su salario que con las rentas inmobiliarias. Eso es crucial, porque ocupan posiciones intermedias y contradictorias. El problema es que son los hogares con más dinero los que empiezan a acumular más viviendas para ponerlas en alquiler. Así es como se va rompiendo la sociedad, pero la búsqueda de riqueza en abstracto. Muchas familias se mueven para proteger a sus hijos, porque saben que con sus trabajos tampoco podrán acceder a una vivienda, o para poder pagar la residencia cuando se jubilen, porque se está desmantelando el Estado de Bienestar. La vivienda en propiedad funciona como un sistema de protección social y económica. Si quitas eso, lo tienes que dar por otro lado, por eso abogo por un nuevo paradigma de vivienda.

El mercado inmobiliario no da tregua y los precios siguen apretando. La vivienda subió en 2025 una media del 12,7%, en el que es el incremento más pronunciado en un año desde 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Con los datos publicados este viernes por el INE, se encadenan ya doce años de subidas constantes, más o menos pronunciadas. A tenor de esta estadística, una casa cuesta hoy un 80% más que en 2015.

Las subidas afectan tanto a las viviendas de segunda mano como a las de obra nueva, con incrementos del 12,9% y del 11,3% en 2025, respectivamente. De hecho, es el mercado de casas usadas es el que está sosteniendo la oferta y el que se lleva buena parte de las transacciones, ante una construcción que, aunque trata de despegas tímidamente, no consigue coger altura. De las más de 700.000 operaciones que se realizaron el año pasado, solo el 21% fueron sobre viviendas nuevas.

El ritmo actual de construcción de viviendas en España se sitúa en el entorno de unas 100.000 al año, mientras los precios de las casas nuevas no paran de subir. El incremento del 11,3% en 2025 apuntala una escalada de precios que suma ya una docena de ejercicios al alza. Y es, de nuevo, la mayor alza desde 2007, cuando se incrementaron un 11,9%.

En cuanto a la vivienda usada, el aumento de la demanda, no solo residencial, sino también especulativa, ha hecho que los prcios hayan subido incluso más que la nueva construcción, hasta el 12,9%. Son cinco puntos más que en 2024 y supone también doce años de subidas acumuladas.

Los precios han subido en todas las comunidades autónomas, en un margen de menos de cinco puntos porcentuales de diferencia. En Catalunya, un mercado más intervenido, con topes de precios al alquiler y dónde se ha puesto en marcha un mecanismo para limitar la compra a determinados perfiles especuladores, los prcios han subido un 10,9%, dos puntos por debajo de la media. Esta comunidad es la que registra el menos incremento, seguida de Canarias (11%); Navarra (11,4%) y Euskadi (12,3%), donde también se han declarado zonas tensionadas; Andalucía (12,4%); y Castilla-La Mancha (12,8%).

El resto de comunidades se encuentran por encima de la media, con Castilla y León en la parte alta de la tabla, con un incremento del 15,3%. En Aragón, Murcia y La Rioja, los precios han subido un 14,4% y en Madrid el alza ha sido del 14,2%.

La crisis de vivienda como consecuencia de la gentrificación urbanística tiene singularidades propias en Eivissa y Formentera que no existen o son residuales en otras regiones del territorio nacional. Desde hace unos años, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), que aglutina a unas 1.500 empresas de ambas islas, se ha convertido en una especie de “avalista” para garantizar que sus trabajadores tengan una vivienda digna en la que vivir. Es una realidad contemplada también –en algunos casos– por las empresas públicas. El Parador de Ibiza –que depende del Ministerio de Industria y Turismo– destinará 25 de las 66 habitaciones del hotel para sus trabajadores y trabajadoras, como señalan fuentes del Ministerio.

La patronal de la pequeña y mediana empresa da empleo a 8.000 trabajadores en otoño e invierno, una cifra que aumenta hasta los 13.000 empleados cuando llega la temporada turística. La fórmula es la siguiente: la patronal se encarga de alquilar directamente pisos como asociación empresarial, que a su vez destina a quienes no pueden lidiar ante las condiciones abusivas a las que se enfrentan debido a un mercado desbocado. El año pasado, el 35% de las empresas asociadas proporcionaban alojamiento propio para sus trabajadores o alquilaban pisos que ponían a su disposición, según datos de la patronal.

El año pasado, el 35% de las empresas asociadas proporcionaban alojamiento propio para sus trabajadores o alquilaban pisos que ponían a su disposición

Alfonso Rojo, presidente de la PIMEEF, es un empresario con muchas décadas de experiencia en el sector de la alimentación, que en los últimos años ha redoblado sus críticas tanto ante la inacción política como contra la especulación ilimitada.

–¿Hace cuánto tiempo que ofrecen esta “solución” (parche) a sus trabajadores?

–En primer lugar, hay que decir que los problemas de vivienda se agravan en Formentera por la triple insularidad, que en Eivissa es doble. Si un empresario alquila un piso por 1.500 euros –para luego alquilarlo a sus trabajadores–, en Formentera podemos hablar de 2.400 euros.

En el mes de febrero, el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 0,5% respecto al mes anterior, así como un 9,9% en relación al mismo mes del año anterior, según los datos de un portal inmobiliario. En cuanto al alquiler, el precio ha subido un 7,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, como recoge otra conocida empresa del sector. Los datos apuntan a que el metro cuadrado está en torno a los 19,5 euros. Es decir, cerca de 1.600 euros por un piso de 80 metros cuadrados. Sin embargo, en los portales inmobiliarios citados, por ese precio o debajo solo hay 66 pisos en alquiler ahora mismo. Todos son de temporada. No parece haber solución para ambas islas hasta que se aborde la turistificación desde su raíz.

Rojo conoce la evolución turística al dedillo y sabe demasiado bien cuáles son los principales problemas que arrastran las dos islas que están más al sur del archipiélago balear. Empieza a enumerar qué es lo que puede ofrecer cada empresa a sus trabajadores, como complemento relacionado con el servicio que ofrece a sus clientes. Un hotel puede ofrecer (y lo hacía históricamente) alojamiento a sus trabajadores. Un restaurante puede ofrecer al menos una comida por día trabajado, durante el descanso entre turno y turno. Un taller mecánico puede ofrecer algún tipo de reparación de su vehículo. “Hay sectores muy concretos que pueden ofrecer esas actividades”, añade.

Desde hace un tiempo el sector de la restauración, detalla el empresario, también empezó a ofrecer vivienda a sus trabajadores, sobre todo cuando necesitaba mucha mano de obra de fuera. “Esta situación ya se ha generalizado”, analiza el portavoz de la patronal. “Hemos detectado que antes de la pandemia, en 2018 y 2019, los trabajadores de temporada ya tenían muchos problemas para alquilar una vivienda”, asegura.

Rojo detalla que ese problema se empieza a intensificar como consecuencia del alquiler turístico ilegal. “Viviendas que no tenían licencia, pero se alquilaban a turistas”, afirma. Cabe señalar que Eivissa es la única isla de las cuatro que prohíbe totalmente el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Es decir, en pisos que forman parte de un bloque residencial. Las excepciones son las casas, normalmente en el campo, si disponen de una licencia que debe otorgar el Consell Insular, además de los bloques enteros de apartamentos vacacionales, que también están regulados. El resto de islas limita, pero no prohíbe.

Eivissa es la única isla de las cuatro que prohíbe totalmente el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Es decir, en pisos que forman parte de un bloque residencial. Las excepciones son las casas, normalmente en el campo, además de los bloques enteros de apartamentos vacacionales

Para dar una imagen general sobre la situación, apunta a una evidencia: las pequeñas empresas, al tener menos de 50 trabajadores, tienen un funcionamiento en el que hay más cercanía entre empleados, cargos medios y jefes. “¿Qué es lo que pasa? Que te enteras de sus problemas. Te das cuenta de que un piso que antes se alquilaba por 800 euros ha pasado a costar 1500. La gente ya no puede acceder a esas condiciones”, valora Rojo. Las dificultades aumentan también para los trabajadores extranjeros, aunque su situación esté regularizada en España y cuenten con un permiso de trabajo. “Tenemos trabajadores senegaleses, colombianos o argentinos que llevan entre seis y ocho años trabajando con nosotros. Pues normalmente los propietarios suelen ser reticentes a alquilar”, lamenta el empresario.

Tenemos trabajadores senegaleses, colombianos o argentinos que llevan entre seis y ocho años trabajando con nosotros. Pues normalmente los propietarios suelen ser reticentes a alquilar

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Dificultades para cerrar la plantilla

El Parador de Turismo de Ibiza –situado en Dalt Vila, en pleno corazón del centro histórico, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– abrirá sus puertas la semana que viene: el 10 de marzo. Es un complejo hotelero que pertenece a la cadena pública estatal: un establecimiento de 66 habitaciones, de las cuales 41 se destinarán a los clientes y 25 a sus trabajadores. Fuentes del Parador responden a este diario que el dato concreto de los trabajadores alojados en el hotel “dependerá de la demanda”. Es decir, de su ocupación. Las obras empezaron en 2008, aunque se han ido retrasando debido a sucesivos problemas, sobre todo relacionados con los descubrimientos de restos arqueológicos, como informó este diario.

El Parador de Turismo de Ibiza, de 66 habitaciones, dedicará 41 a los clientes y 25 a sus trabajadores

En lo que se refiere al personal, Turespaña –el organismo público que depende del Ministerio– tuvo problemas al principio para cerrar su plantilla. En mayo de 2025, solo consiguió cubrir 17 de los 41 puestos de trabajo, tras haber lanzado una Oferta de Empleo Público. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo señalaron a finales de año que se estaban confirmando todas las incorporaciones –algunas de ellas en puestos clave– y que se estaba ajustando el personal definitivo a las necesidades operativas de cara a la apertura durante el mes de marzo.

El Parador de Ibiza se inauguró el 23 de febrero, aunque hasta el 10 de marzo no acogerá a huéspedes entre sus paredes y habitaciones. Las obras han tenido un coste final de 43,2 millones de euros, debido a los descubrimientos arqueológicos, que ha supuesto “una de las mayores excavaciones arqueológicas de los últimos años en España”, además de “la rehabilitación de patrimonio histórico de Dalt Vila, que ahora se abrirá al público gracias a su musealización en un centro de interpretación”.

“No será un parador más, será el primero que se abre en Balears y su apertura lo convertirá además en una de las grandes joyas de la red de Paradores en España”, destacó Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, que añadió que, por sus características, “este establecimiento será un nuevo referente turístico, patrimonial de la isla y abrirá con una clara vocación de fomentar este interés en Ibiza y atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico”.

Rojo: “Nuestros trabajadores tienen dificultades”

Pese a que hace años que empresarios de diferentes sectores ofrecen o buscan viviendas para sus trabajadores, fue en 2022, cuando el país estaba saliendo de la pandemia de coronavirus, cuando PIMEEF se organizó como patronal de la pequeña y mediana empresa para hacer un llamamiento. “Nos estamos encontrando con que nuestros trabajadores tienen dificultades para alquilar. Si usted tiene el piso vacío, nos interesa alquilarlo”, fue el anuncio. “Recibimos casi medio centenar de llamadas de gente que tenía pisos vacíos y estaba dispuesta a alquilar el suyo a una empresa”, atestigua el presidente de la patronal. 

En 2022, la patronal puso un anuncio: 'Nos estamos encontrando con que nuestros trabajadores tienen dificultades para alquilar. Si usted tiene el piso vacío, nos interesa alquilarlo'. 'Recibimos casi medio centenar de llamadas de gente que tenía pisos vacíos y estaba dispuesta a alquilar el suyo a una empresa', atestigua el presidente

Según este pequeño empresario, una de las razones es que a ojos de los caseros las empresas ofrecen “mayor seguridad jurídica”. “Alquilo mi piso a una empresa que conozco desde hace 20 años y de la cual me fío”, es el razonamiento, indica Rojo. Esto ha generado también más tranquilidad entre los empleados que se han podido beneficiar de esta iniciativa. “Así nuestros trabajadores no están siendo ninguneados, ni se enfrentan a la piratería de la gente que se dedica al realquiler de habitaciones”, afirma enfadado.

–¿Por qué está fallando el programa Alquiler Seguro del Govern balear? Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer confianza y seguridad a propietarios e inquilinos, así como de sacar al mercado laboral los pisos que ahora mismo están vacíos.

–Creo que es una herramienta válida, lo que pasa es que la administración es menos ágil que una empresa privada, debido a los plazos burocráticos. Además, no olvidemos que mucha gente prefiere sacar un rendimiento económico muy superior en el “mercado negro”, responde Rojo.

En algunos casos, algunas empresas prefieren perder dinero antes que quedarse sin trabajadores. Es decir, ofrecen las habitaciones a un precio inferior al que correspondería si quisieran cubrir gastos, como ya contó una trabajadora a este diario, que va saltando de piso en piso por la especulación en torno a la vivienda.

–Me dijo que los 500 o 600 euros restantes los pagaba la empresa.

–Si alquilamos un piso de tres habitaciones por 1.500 euros, cobramos 400 a cada trabajador que entra en cada habitación. A veces también asumimos gastos de agua, luz e internet. Es habitual cobrar un 70 u 80% del precio total del piso.

En los portales inmobiliarios, ahora mismo no hay alquileres de pisos de tres habitaciones a ese precio. El propio empresario afirma que en ocasiones las viviendas están en torno a los 2.000 euros, cuando hace cinco o seis años se podían alquilar por mucho menos.

–¿No hay propietarios que se están pasando, que solo piensan en ganar dinero?

–Alquilar una propiedad puede ser legítimo. Pero se ha pasado de cobrar 1.200 a 1.800 o más. E incluso más de 2.000 euros al mes. Estamos en un bucle. Son horquillas que no son normales.

Si alquilamos un piso de tres habitaciones por 1.500 euros, cobramos 400 a cada trabajador que entra en cada habitación. A veces también asumimos gastos de agua, luz e internet. Es habitual cobrar un 70 u 80% del precio total del piso

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Rojo aporta otra derivada más. En sus declaraciones públicas, a menudo exige mayor implicación de las administraciones públicas para asegurar una vivienda digna a los trabajadores públicos: del sector educativo y sanitario, pero también policías, funcionarios de justicia, y de otros sectores. “Si no tenemos buenos servicios públicos, vamos a tener todas las carencias”, advierte.

“Hay muchos responsables, no uno solo. Todo aquel que realquila o está en el alquiler turístico ilegal, no tributa. Eso no puede ser. Todas nuestras empresas tributan y pagan impuestos. Hay pisos alquilados sin contrato, que no están fiscalizados”, lamenta. “Por eso también pedimos un plus de insularidad justo y equilibrado, de 450 euros, en Balears”, dirigido a los funcionarios públicos. “Si en Madrid alguien no entiende esto, el problema es de nuestros políticos locales que no han sabido explicarlo bien”, apostilla.

Una temporada turística temprana

Eivissa y Formentera son dos islas cuyas dinámicas son muy estacionales, por lo que entre noviembre y marzo se viven los meses más calmados y tranquilos. Hasta que llega la Semana Santa. Con ella, la apertura de muchos negocios que solo abren durante la primavera y el verano, unidos a las aperturas de las grandes discotecas, el gran reclamo de centenares de miles de personas para las que las islas son un espacio de desmadre y libertinaje. Y de grandes beneficios para empresarios locales, nacionales y extranjeros que viven de exprimir a la gallina de los huevos de oro.

“Quienes tenemos abierto todo el año ya estamos en la dinámica [de trabajo]. Tendremos nuestras plantillas, con fijos discontinuos, casi operativas para el inicio. Los negocios de temporada es fácil que estén al 50% [de su plantilla final]”, analiza Rojo. El presidente de PIMEEF pone otra fecha clave, más allá de la Semana Santa, que marcará el inicio del turismo en la isla: los openings de las grandes discotecas. “En mayo todos los negocios estarán abiertos, pero los de temporada tendrán las plantillas a medio gas. Yo animo a contratar cuanto antes porque puede pasar que lleguemos a mediados de mayo y ya no encuentres trabajadores disponibles”, advierte el empresario.

Yo animo a contratar cuanto antes porque puede pasar que lleguemos a mediados de mayo y ya no encuentres trabajadores disponibles

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

Por otro lado, considera que, cuanto más tiempo de contrato ofrece el empresario a un trabajador, mayores posibilidades tiene de que el empleado quiera mantenerse en la empresa. En una isla donde el volumen de negocio oscila en función de los visitantes que hay en ella, algunos optan por incrementar en los meses de mayor actividad, aunque el presidente de PIMEEF cree que “hay que ofrecer mayor calidad de empleo a base de ofrecer un tiempo más largo de contratación”.

Tú te esfuerzas para generar empleo y dar calidad a un servicio. Y luego ves a los sinvergüenzas del realquiler y es injusto. No podemos permitir esto como sociedad

Alfonso Rojo — Presidente de la PIMEEF

“Todo el mundo quiere ganar mucho dinero, pero en las pequeñas empresas, donde hay más proximidad con el empleado, sabemos que los trabajadores valoran más a los negocios que también se preocupan por ellos”, sostiene. “Los empresarios estamos sujetos a muchas obligaciones. Dedicamos esfuerzo a hacer las cosas bien. Me duele ver cuando otros se aprovechan de los trabajadores en la economía sumergida”, lamenta Rojo. “Tú te esfuerzas para generar empleo y dar calidad a un servicio. Y luego ves a los sinvergüenzas del realquiler y es injusto. No podemos permitir esto como sociedad”, señala. Y vuelve a destacar el problema del alquiler turístico ilegal. De ambas situaciones se benefician lamentablemente tanto los propietarios como los inquilinos que subalquilan.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Silvino nació en Langreo, en el corazón minero de Asturias. Tenía 15 años cuando ayudaba a su padre a acarrear sacos de carbón y a repartirlos entre los vecinos antes de emigrar y dar inicio a una vida errante que, entre otros destinos, lo llevó a Finlandia, a Canarias y, finalmente, a Mallorca. Con el frío de la mañana todavía agarrado a la ropa, relata su historia mientras, a su alrededor, técnicos municipales y un amplio dispositivo de la Policía Local identifican los “perfiles” de quienes, como él, malviven desde hace años en la antigua prisión de Palma: más de 200 personas entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. El Ayuntamiento ha reactivado el desalojo de todos ellos, pero Silvino, cocinero hoy jubilado, lo tiene claro: “No pienso quedarme en la calle”.

El próximo viernes, una vez completados los controles iniciados este miércoles, el Consistorio prevé notificarles la orden de expulsión, presentada como una actuación necesaria por razones de seguridad y salubridad. A lo largo de la mañana, sus nombres eran anotados en formularios e incorporados, uno a uno, en un procedimiento administrativo tan meticuloso como impersonal. Mientras tanto, a las afueras del inmueble, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet (PP), aseguraba que lo que al gobierno municipal le preocupa es que “ninguna persona de las que viven aquí dentro puedan morir calcinadas”, en alusión a los cuatro incendios registrados en las instalaciones el pasado fin de semana y que, a su juicio, fueron “probablemente provocados”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el equipo de gobierno apunta que “no es un hecho aislado”, sino que “se viene repitiendo con frecuencia en los últimos meses”, lo que, en palabras de Bonet, “hace pensar” que “puedan ser incluso provocados por los ocupantes, derivados de disputas entre los grupos que ahí residen”. Una afirmación que el Consistorio formula en términos hipotéticos en un intento de asociar a sus residentes con la conflictividad y reforzando con ello el argumento municipal a favor del desalojo.

Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación -cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros- y resistirán, entre los escombros y los muros desconchados del viejo recinto carcelario hasta que se agote el plazo legal. Tras la notificación del desalojo, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Después, se dictará una orden que les obligará a abandonar el lugar en un máximo de cuatro días. De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará autorización judicial para ejecutar el desahucio colectivo. Una vez desocupado el espacio, el Consistorio prevé limpiarlo, tapiarlo y, posteriormente, demolerlo para urbanizar el solar con la construcción de un acceso a la autovía de Palma y de un proyecto de viviendas.

“Quizás coja un carro y lo pasee por la calle”

Silvino cuenta que llegó a la vieja prisión después de que la propietaria de la habitación donde vivía le subiera el alquiler de 200 a 250 euros, una cifra imposible para alguien que entonces cobraba poco más de 400. “Cogí los trastos y me fui”, recuerda. Una mujer lo vio en la calle y le habló de este lugar. Sin agua, sin electricidad y entre muros derruidos que apenas protegen del frío del exterior, el hombre encontró un 'refugio'. Recrimina que, con una media pensión que apenas alcanza para sobrevivir, no sabe adónde irá: “Quizás coja un carro y pasee por la calle”.

A escasos metros, otro 'residente' de la antigua prisión, de origen italo-tunecino, explica que lleva tres años viviendo en el recinto. “Aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada. Y la policía viene aquí a hablar, pero no pone una solución”, lamenta, mientras insiste en que nadie le ha explicado con claridad qué ocurrirá después. “Aquí no hay agua ni luz. Y me dicen que tengo que irme. ¿Qué puedo hacer yo? No cometo delitos, soy una persona trabajadora, voy al trabajo y vuelvo”, apunta, por su parte, Felipe, otra de las personas que se enfrentan a la incertidumbre de la salida forzosa con el temor de perder el único techo del que dispone.

En términos similares se pronuncia Antonio, mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y recrimina que el desalojo se está llevando a cabo “con nocturnidad y alevosía”. “No nos dan ninguna solución. Muchos somos trabajadores. ¿Qué van a conseguir con esto? Un censo. ¿Y si nos echan mañana? ¿Adónde nos vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, incide, dirigiéndose a los periodistas que a primera hora se han desplazado hasta el recinto. Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo, en estos momentos, tan solo una decena de pisos se anuncian en Palma por menos de 1.000 euros al mes. Solo uno de ellos supera los 50 metros cuadrados: mide 55.

Otro de los afectados, cuyo testimonio ha recogido la agencia EFE, asegura ser “una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción” y que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle, una práctica ilegal que ilustra la explotación y la indefensión a las que numerosos trabajadores se encuentran sometidos, atrapados entre la economía sumergida y un mercado inmobiliario que les cierra las puertas. “Necesito un lugar donde dormir”, sentencia.

Contactos con el Obispado y el Ejército

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está intentando encontrar una solución con el Obispado de Mallorca -que recientemente ha recurrido a los tribunales para desalojar a una madre y sus dos hijos de uno de sus locales apelando a la “peligrosidad” del inmueble- y el Ejército con el objetivo de que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha aseverado Bonet en referencia a la actual crisis habitacional, agravada en los últimos años por la especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización, factores que han empujado a cientos de personas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quien se encontraba presente junto a otros integrantes de la formación morada para tratar de aclarar a los afectados qué ocurrirá cuando el procedimiento administrativo agote sus plazos, se ha mostrado severamente crítica con la actuación municipal y con la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”. Asimismo, lamenta la ausencia de un acompañamiento real por parte de los técnicos municipales: “Hay una mesa de servicios sociales que está ayudando a desahuciar a 200 personas, más de la mitad de ellos sin papeles, sin que se les esté explicando el proceso ni las alternativas disponibles”.

Muñoz ha propuesto al Consistorio reconvertir la antigua prisión en viviendas sociales así como en una residencia pública de estudiantes, y ha llamado al alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Las entidades sociales advierten, por su parte, de las consecuencias inmediatas del desalojo. Médicos del Mundo calcula que unas 250 personas residen en el recinto en situación de extrema vulnerabilidad -muchas de ellas con graves problemas de salud física y mental- y denuncia que no se han habilitado recursos suficientes para acogerlas. La organización alerta de que, si se ejecuta en las condiciones actuales, todas ellas “quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud” así como a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento a “asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente”, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo “hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable”.

Quienes hoy sobreviven en el viejo penal -algunos desde hace unos meses, otros desde hace años- habitan las mismas paredes que durante décadas encerraron a los presos comunes que ocuparon el complejo desde su inauguración en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se encontraba en el convento de ses Caputxines. La cárcel cuya posesión el Ayuntamiento quiere recuperar permaneció en funcionamiento hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos pasillos, las celdas y los patios quedaron sumidos en el abandono, condenados a un deterioro lento que hoy sirve de refugio precario para quienes no tienen otro lugar donde vivir.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas como esta para poder sobrevivir. En Palma, una de las ciudades españolas con el mercado inmobiliario más tensionado, los datos ilustran la magnitud de la crisis habitacional, el incremento del sinhogarismo y las dificultades de acceso al mercado residencial: mientras los precios continúan disparándose -en enero el metro cuadrado alcanzó los 5.131 euros frente a los 2.650 euros de media estatal, según Idealista-, un total de 9.346 pisos permanecen vacíos, de acuerdo a los datos del mismo portal inmobiliario. Palma concentra, asimismo, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

El antiguo restaurante Miranda se alza en lo alto de na Burguesa, a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Desde esta sierra, Palma se despliega como una maqueta luminosa: el perfil de la bahía, el vívido azul del Mediterráneo, los barrios que se deshilachan hasta perderse en el horizonte. Salvo por el zumbido ocasional de algún coche que alcanza el mirador, la cima permanece sumida en el silencio. El interior del local abandonado, sin embargo, es hoy metáfora de un mercado inmobiliario que aprieta y expulsa: dentro del recinto, ahora cercado por vallas metálicas, una madre y sus dos hijos menores encontraron hace meses refugio ante la crisis habitacional que atraviesa Mallorca y la creciente precarización. El Obispado de Mallorca, propietario del inmueble, ha recurrido a los tribunales para desalojar a la familia y recuperar el edificio alegando que el inmueble no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda.

En concreto, el inmueble pertenece a la Parroquia de la Transfiguración del Señor de la barriada de Gènova y forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye un santuario, una capilla y “la imagen venerada de la Mare de Déu”, lo que convierte el espacio en “un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para el vecindario”, tal como señaló la diócesis en un comunicado remitido la semana pasada a los medios de comunicación. La curia afirma haber ofrecido alternativas habitacionales en colaboración con los servicios sociales diocesanos, pero, a preguntas de este periódico, no concreta de cuáles se tratan.

ElDiario.es se ha desplazado hasta la zona para intentar hablar con la mujer, pero ha declinado hacer declaraciones remitiéndose a las que realizó a la televisión autonómica IB3. En el vídeo difundido por el ente público, la afectada explica que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que no dispone de alternativa habitacional estable. Según explica, el Obispado le ha ofrecido pagar entre 600 y 800 euros por el alquiler temporal de un espacio, un precio que asegura que no puede asumir con su nómina. La mujer asevera que su prioridad son sus hijos y que necesita una solución estable que garantice condiciones adecuadas para la familia.

Este medio se ha puesto en contacto con el Obispado para constatar el ofrecimiento de un inmueble a precio de mercado, pero elude ofrecer detalles al respecto y remite a la nota de prensa que difundió el pasado jueves después de que Diario de Mallorca informase de la intención de la diócesis de desalojar a la madre y sus dos hijos, so pretexto de que el local no reúne condiciones estructurales mínimas de habitabilidad: no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas y carece de “servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad”. En el comunicado, el obispado reitera, con todo, su “compromiso permanente de ofrecer ayuda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, poniendo a su disposición los recursos y medios que la diócesis tiene al servicio de quienes lo necesitan”.

Según declaraciones del Obispado al mismo periódico local, la diócesis ha trabajado junto a Cáritas en la búsqueda de una salida, si bien la familia habría rechazado “las soluciones que se le han ofrecido”. eDiario.es se ha puesto en contacto con la entidad social para contrastar esta información, pero deriva a la diócesis la confirmación de cualquier dato relativo a este asunto, y la diócesis no quiere aclararlo.

Desde el punto de vista jurídico, nada impide que el Obispado de Mallorca pueda cobrar por ceder el uso de uno de sus inmuebles. Como titular registral, la diócesis puede celebrar contratos de alquiler sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, especialmente cuando se trata de dependencias que no están destinadas directamente al culto. Sin embargo, el debate trasciende lo estrictamente legal en un contexto de crisis habitacional y especialmente tras la llamada del Obispo, Sebastià Taltavull, a ser más sensibles ante quienes no tienen casa o sufren el “drama” de la migración. Asimismo, el Papa Francisco instó en su momento a la Iglesia a que ponga espacios vacíos al servicio de personas con dificultades de acceso a la vivienda.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, hizo una llamada a ser más sensibles ante quienes no tienen casa; mientras que el papa Francisco instó en su momento a la Iglesia a que ponga espacios vacíos al servicio de personas con dificultades de acceso a la vivienda

Otros desalojos

En Madrid, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, una institución religiosa con una amplia cartera de pisos, intenta desde hace meses desahuciar a Mariano Ordaz, un vecino de 67 años que vive en su casa –perteneciente a la entidad eclesiástica– desde que nació. La orden ha intentado ejecutar el lanzamiento en hasta cuatro ocasiones, alegando que el inmueble requiere reformas, pese a que el afectado, con una pensión de 600 euros al mes, está dispuesto a seguir pagando la renta y numerosos vecinos se han movilizado para paralizarlo. Los sindicatos de inquilinas señalan que el edificio presenta graves problemas estructurales derivados del abandono por parte de la propiedad y acusan a la orden religiosa de intentar forzar la salida del inquilino para poder explotar o rentabilizar el inmueble a través de procesos inmobiliarios más lucrativos.

Mientras tanto, el pasado mes de noviembre, alrededor de 100 inquilinos se concentraron frente al Arzobispado de Madrid para protestar contra el traspaso de 14 edificios de su propiedad a un fondo inmobiliario. La operación, que afecta a alrededor de 200 familias inquilinas, generó una fuerte contestación vecinal y abrió una causa judicial que llegó a paralizar cautelarmente la transacción. La polémica situó en el centro del debate el papel social de la Iglesia como gran tenedora de vivienda en un contexto de mercado tensionado.

Otras órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, gestionan viviendas y locales que se alquilan mediante contratos civiles estándar. En muchos casos se trata de antiguas casas rectorales, pisos heredados o locales anexos a parroquias que han perdido su uso original y se han integrado en el circuito inmobiliario ordinario.

La vía penal: más allá de un desahucio

Se da la circunstancia, además, de que el Obispado de Mallorca ha optado por acudir a la jurisdicción penal para recuperar el inmueble de Na Burguesa, a pesar de que la legislación ofrece vías menos lesivas para recuperar un inmueble –mediante un desahucio por precario o a través del procedimiento verbal sumario de tutela de la posesión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil–.

Este periódico preguntó a la Diócesis por los motivos de utilizar la vía punitiva y, en respuesta el pasado viernes, fuentes de la Curia aseguraron que, entre otros motivos, “la via penal es más rápida”. En este sentido, justifican que se trata de una cuestión “urgente” porque “el sitio no es habitable y, sobre todo, es peligroso” por la presencia de instalaciones eléctricas y de alta tensión ubicadas en las proximidades, “especialmente tratándose de menores”. La vía penal no se limita a dirimir un conflicto posesorio, sino que abriría las puertas a una eventual condena si el juzgado apreciase la existencia de un delito de usurpación, con las consecuencias que ello implicaría, además, en términos de antecedentes y responsabilidad.

Al respecto, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, cuestiona abiertamente la decisión del Obispado de emplear esta vía para desalojar a la familia. “La PAH recibió una carta del Papa Francisco hace aproximadamente un año en la que precisamente recomendaba a las iglesias, a los obispados, a los cardenales y a todo aquel que pudiera que cobijara en sus iglesias, monasterios y otros inmuebles a personas con dificultades de vivienda”, recuerda. A su juicio, la actuación de la institución eclesiástica “no cuadra con lo que predica”.

La PAH recibió una carta del Papa Francisco hace aproximadamente un año en la que precisamente recomendaba a las iglesias, a los obispados, a los cardenales y a todo aquel que pudiera que cobijara en sus iglesias, monasterios y otros inmuebles a personas con dificultades de vivienda. No cuadra con lo que está haciendo el Obispado

Ángela Pons — Portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca

Pons subraya que, más allá de los detalles concretos del caso –que asegura no conocer de primera mano porque la familia no se ha puesto en contacto con la plataforma–, hay una línea roja clara: es necesario ofrecer una alternativa habitacional a una familia con niños. “Eso está clarísimo”, comenta. Lo resume apelando a los propios principios cristianos: “Uno de los mandamientos de la Iglesia Católica, precisamente, emplaza a ayudar al prójimo como a uno mismo. Eso lo dice todo. Es flagrante que la iglesia no ayude allí donde tendría que dar más ejemplo: la vivienda”. Para Pons, se trata de una escalada judicial innecesaria en un conflicto que debería abordarse desde la protección social y no desde el castigo.

Un enclave degradado y disputas patrimoniales

El edificio, que en su día funcionó como restaurante bajo el nombre de Miranda Na Burguesa, forma parte de un entorno natural frecuentado por excursionistas y vecinos de Gènova. La zona ha sido objeto de controversia por la acumulación de residuos y el deterioro del paraje. En 2024, el Obispado denunció a la empresa que explotaba el restaurante para dirimir quién debía encargarse de la limpieza, alegando carecer de medios suficientes más allá de batidas puntuales organizadas por la parroquia.

La pugna judicial por la titularidad y la gestión de bienes inmuebles no es nueva para la diócesis. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) avaló la decisión del Ajuntament de Calvià de denegar a una parroquia la licencia para reconstruir un restaurante y cambiar su uso a religioso en un enclave próximo al litoral. La Sala confirmó que el suelo no reunía la condición de solar exigida por la normativa urbanística y respaldó la valoración municipal sobre el impacto visual del proyecto en un entorno de elevada sensibilidad paisajística. La sentencia, consultada por elDiario.es, recordaba que las licencias son actos reglados: si no se cumplen estrictamente los requisitos legales, deben denegarse. La resolución evidenciaba así que las entidades eclesiásticas, cuando promueven actuaciones urbanísticas, quedan sometidas al mismo escrutinio técnico y normativo que cualquier otro titular privado.

El edificio, que en su día funcionó como restaurante bajo el nombre de Miranda Na Burguesa, forma parte de un entorno natural frecuentado por excursionistas y vecinos de Gènova

Más recientemente, en noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Palma se pronunció en un litigio en el que el Obispado defendía su posición como titular registral frente a quien ocupaba una finca vinculada a un oratorio. En su sentencia, el tribunal recordó el alcance del principio de legitimación registral: quien figura inscrito en el Registro de la Propiedad, en aquel caso la diócesis, goza de una presunción de titularidad que prevalece frente a la mera posesión material, salvo causas de oposición tasadas. El procedimiento del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, explicaba la Audiencia, ofrece una tutela rápida al titular inscrito y limita los motivos de defensa del ocupante.

Ese mismo año, la Audiencia Provincial de Balears ratificó que el Monasterio de Santa Isabel, en el casco antiguo de Palma, pertenecía a la comunidad de religiosas jerónimas y no al Obispado, que lo había inmatriculado en 2014. El tribunal ordenó cancelar la inscripción registral practicada a favor de la diócesis, en un fallo que reavivó el debate sobre las inmatriculaciones en Mallorca y en el conjunto de España. En 2018, la Audiencia también dio la razón al Ajuntament de Artà frente a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor de ese municipio y declaró que las murallas y patios interiores del recinto amurallado de Sant Salvador eran de titularidad municipal, obligando a cancelar la inscripción eclesiástica en la parte que incluía bienes públicos.

El conflicto en na Burguesa se produce en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear. El encarecimiento sostenido de los alquileres y la presión turística han reducido la oferta residencial, especialmente en Palma y su área metropolitana. Los precios medios superan ampliamente la media estatal y el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago. Desde lo alto del mirador, la bahía transmite calma. Abajo, sin embargo, la crisis habitacional continúa tensionando derechos y propiedades. “Es algo durísimo”, sentencia la portavoz de PAH Mallorca.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

PP y Vox han vuelto a cerrar filas en el Parlament balear contra cualquier giro estructural en materia de vivienda. Con sus votos en contra, la Cámara ha tumbado una propuesta dirigida a limitar, de forma temporal y en municipios tensionados, la compra de viviendas por parte de no residentes y grandes tenedores, así como impedir su adquisición por parte de personas jurídicas, así como otra iniciativa que reclamaba endurecer la fiscalidad a las operaciones de lujo y a los multipropietarios. Dos vías distintas con un mismo objetivo declarado: frenar la especulación y priorizar el uso residencial en un mercado cada vez más inaccesible para la población local.

Durante el pleno celebrado este martes, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de regular la adquisición de viviendas por parte de no residentes con una batería de datos que, ha enfatizado, desmontan el relato de que el problema sea la falta de vivienda. “No tenemos un problema de escasez, sino de uso y de especulación”, ha aseverado.

En las islas, la grave situación de la vivienda, atravesada desde hace años por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, aboca a numerosas personas al hacinamiento en infraviviendas y en caravanas, un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores foráneos en el mercado inmobiliario isleño. Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios, además de alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residente.

El archipiélago se sitúa, de hecho, a la cabeza del mercado inmobiliario español en las compraventas por parte de extranjeros: el 38% de los inmuebles vendidos entre 2007 y 2025 fueron adquiridos por extranjeros, según los datos publicados el pasado mes de diciembre por el Consejo General del Notariado.

“Esto no va de banderas”

Apesteguia ha advertido a la derecha de que no bastan los símbolos para tapar la emergencia habitacional: “No habrá banderas lo suficientemente grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta proposición de ley”. Asimismo, ha insistido en que el debate no va de origen, sino de la utilización que se hace de la vivienda: “Esto no va de banderas. Esto va de qué uso damos a la vivienda y de si quien compra es para vivir o para especular”, ha remarcado, dirigiéndose a las bancadas de PP y Vox: “Quizá su patria es la especulación y sus compatriotas, los especuladores”.

Por su parte, la diputada socialista Carol Marqués ha apuntado que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda. “No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate”, ha indicado. La parlamentaria ha criticado que ni tan siquiera haya sido aceptada la toma en consideración ni se haya pedido al Govern que escuche todas las propuestas.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacado que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario “y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones”. En esta línea, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha lamentado que la vivienda se haya convertido en refugio de los especuladores, recriminado al Govern de Marga Prohens (PP) que no ponga coto a esta problemática.

En el turno de las intervenciones en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que la proposición de ley no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es “jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional”. La diputada del PP Margalida Pocoví ha criticado el “oportunismo” de la proposición y ha preguntado por qué no se impulsó ninguna medida similar en la legislatura anterior. “Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado”, ha afirmado. “No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Balears”, ha aseverado.

En concreto, la norma planteaba que, durante diez años y en municipios que lo aprobasen por mayoría absoluta, solo pudieran adquirir vivienda personas físicas residentes en Balears durante al menos tres años y residentes que no sean ya titulares de otra vivienda, con la obligación de mantener la residencia efectiva durante una década. Asimismo, el texto apelaba a vetar la compra por parte de personas jurídicas. No en vano, el archipiélago lidera otro ranking estatal: las islas registran el precio más alto en el caso de las viviendas adquiridas por personas jurídicas, con una media de 3.137 euros/m2. El documento también reclamaba el establecimiento de una moratoria inicial de 12 meses en todo el territorio mientras los ayuntamientos evalúan su aplicación.

La PL, además, partía de cifras oficiales del INE: entre otros datos, recoge que 210.587 inmuebles -el 33,3% del total- son segundas residencias, es decir, no figuran en el censo como vivienda principal: en los municipios de Fornalutx (66,8%), Deià (65%), Banyalbufar (62,7%) o Andratx (60,6%) más del 60% del parque se destina a usos no principales. Para Més, estas cifras evidencian que el mercado está orientado hacia el ocio, la inversión o la residencia temporal mientras crece la dificultad de acceso para la población residente.

Apesteguia ha defendido que la combinación de estos factores -elevado peso de vivienda vacía y secundaria, presión inversora externa y precios desbocados- justifica medidas “extraordinarias y temporales” en municipios que acrediten condiciones de tensión, como que la suma de vivienda vacía y no principal supere determinados umbrales o que el precio de compra exceda en un 35% la media estatal.

Propuesta contra la especulación inmobiliaria

Por otro lado, PP y Vox también han rechazado otra PL orientada a frenar vía fiscal la especulación inmobiliaria, defendida por el diputado de Podemos y el de Més per Mallorca Ferran Rosa. La medida planteaba endurecer de forma progresiva el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las grandes operaciones inmobiliarias y para quienes ya acumulan varias viviendas. La propuesta partía de un diagnóstico claro: en los últimos años se ha intensificado la concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores y sociedades, mientras una parte creciente de las compraventas se realiza al contado y por parte de compradores que no necesitan la vivienda para residir en ella, una dinámica que se traduce en expulsión residencial y en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión.

Las islas se encuentran, de hecho, entre las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que ha tenido acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total).

Balears es, asimismo, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Para desincentivar ese tipo de operaciones, la iniciativa proponía crear un nuevo tramo en el ITP para viviendas entre 800.000 y 1.000.000 de euros con un tipo del 11% y elevar al 13% las transmisiones superiores al millón y al 15% las que superen los dos millones de euros. Además, apelaba a incrementar hasta el 3,5% el tipo en los Actos Jurídicos Documentados para escrituras de inmuebles de más de un millón de euros. El núcleo más contundente de la reforma afectaba directamente a los multipropietarios, con el establecimiento de un tipo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando el comprador fuera titular de tres o más viviendas -excluidos trasteros y garajes- o en el caso de la compra de edificios completos.

Durante su intervención, García ha subrayado que el objetivo de la medida no es recaudatorio, sino redistributivo: utilizar la fiscalidad como herramienta de política económica para “desincentivar la acumulación masiva de viviendas” y moderar los precios en un mercado tensionado.

Mientras tanto, el diputado del PSIB-PSOE Carles Bona ha reconocido que, aunque no están de acuerdo en el fondo, comparten la necesidad de actuar. “Cuando la vivienda se convierte en un bien especulativo, perdemos la ciudad. Se están transformando barrios en pueblos fantasma”, ha afirmado. El socialista ha asegurado que las prioridades de Prohens no están alineadas con las necesidades de la ciudadanía.

Por parte de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar el problema de la vivienda en lugar de aportar soluciones. El ecosoberanista ha asegurado que los precios, entre otras razones, suben porque hay una expectativa de negocio y por eso se compran pisos para especular y alquilar cada vez más caro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó la semana con un anuncio. El fondo soberano España Crece movilizará 23.000 millones de euros para construir unas 15.000 viviendas en alquiler asequible al año. La medida se suma a otros compromisos que el Ejecutivo ha ido adquiriendo en los últimos años, el Perte de la industrialización, puesto en marcha hace casi un año, con el que se quiere impulsar la construcción de otras 15.000 casas modulares al año en la próxima década. O las 183.000 viviendas prometidas en el ciclo electoral de 2023. Anuncios que suman miles y miles de casas, mientras la vivienda continúa siendo una de las preocupaciones principales de la población.

Cuando Sánchez anunció, en abril de 2023, esas 183.000 viviendas, según los datos del departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, unas 66.000 ya estaban movilizadas. Desde entonces, se ha comenzado a activar 56.000 casas más. En total, aquel compromiso, pasado el ecuador de la legislatura, está encarrilado al 66%. Pero, la gran incógnita sigue sin despejarse. ¿En cuántas de esas viviendas viven familias?

El término que utilizan desde el Ejecutivo es “movilizar”, un verbo que en la práctica suma las viviendas sobre las que se empieza a trabajar en materia de rehabilitación, las que se comprometen sobre el papel, las que se empiezan a construir y las que se entregan. Y en este último punto es donde el Ministerio de Vivienda va a ciegas, porque en muchas ocasiones cofinancian la promoción o la construcción de viviendas con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que son quienes deben rendir cuentas.

“Las comunidades autónomas poseen de un amplio periodo para finalizar las obras y, posteriormente, justificar al Ministerio la ejecución de los fondos. Son ellas quienes poseen la información en tiempo real y que, motu proprio, no trasladan al Ministerio”. Indican fuentes de este departamento, afanado en “revertir esta situación con el próximo plan estatal de vivienda, que prevé un marco de cogobernanza, información y transparencia en tiempo real”. Estaba previsto que ese plan estuviese listo en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo habría preferido alargar ese plazo en pro de la negociación con las comunidades.

Ese gran paquete de viviendas a precio asequible, comprometidas por el presidente Sánchez, se desglosaba en varios bloques. Algunos han funcionado bien en cuanto a movilización de inmuebles, mientras otros han pinchado. “Lo que se ha realizado desde que se creó el Ministerio de Vivienda es reajustar los programas iniciales con el objetivo de movilizar de la manera más rápida posible la oferta de vivienda asequible”, indican fuentes consultadas. Por ejemplo, el Gobierno pretendía activar unas 20.000 casas a través de los planes de recuperación, de las que 14.000 ya estaban en marcha. A día de hoy, ha conseguido activar otras 10.000, superando esa meta inicial.

Otra de las palancas a activar eran los planes estatales. El último correspondía a los años 2022-2025 y suponía la guía en materia de vivienda. En coordinación con ayuntamientos y comunidades, el Gobierno quería activar 14.266 viviendas, de las que 7.217 ya estaban firmadas y conveniadas en abril de 2023. Desde entonces, han movilizado otras 2.942, según datos de Vivienda, que señala que ese plan, dotado con 1.440 millones de euros —en el próximo espera multiplicar los fondos, hasta los 7.000 millones—, se diseñó “conociendo que el Plan de Recuperación destinaría la mayor parte de la inversión a obras de rehabilitación y construcción de vivienda asequible”. Por eso, aclaran, “la mayor parte de los fondos” se destinaron a ayudas y no a construcción.

Al margen de estos planes, están los acuerdos que el Estado central alcanza de manera bilateral con otras administraciones para “impulsar la oferta de vivienda asequible en aquellas zonas más tensionadas”. Se comprometieron 9.849 inmuebles, de los que casi 5.000 ya estaban movilizados. Hoy hay 1.393 más.

Una de las principales patas del plan de las 183.000 era la financiación de 43.000 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A la vista de los resultados, casi tres años después esta ha sido una de las brechas de aquella estrategia, con tan solo 3.396 viviendas movilizadas, menos de un 8% de lo previsto. “El Gobierno de España acaba de poner en marcha el fondo soberano España Crece para garantizar el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible, mejorando esta línea de financiación que el ICO ya tiene en marcha”, indican fuentes ministeriales preguntadas por esta cuestión.

El objetivo es que esta nueva herramienta sirva para impulsar la construcción, a través de 23.000 millones de euros de financiación público-privada con condiciones ventajosas para los promotores de vivienda asequible, como quitas del 30% para este tipo de obras. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

Desde el sector estiman que “este fondo puede ser un paso positivo para aumentar la financiación”, pero recuerdan que “es necesario considerar que persisten desafíos estructurales que requieren atención para abordar de manera integral el problema de la vivienda”, como señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. En ese sentido, enumera la liberalización del suelo, “que requiere de un proceso más rápido e intenso” y “la necesidad de modificar y simplificar la legislación vigente, de modo que los procedimientos sean más ágiles y seguros para las empresas”. “En este sentido, resulta fundamental y urgente desbloquear la ley del suelo”, señala, sobre una norma atascada por la debilidad parlamentaria del PSOE.

"No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda"

Pablo Pérez — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Frente al discurso que defiende la necesidad de construir —el Banco de España cifra el déficit en unas 700.000 casas—, otras voces abogan por lo urgente. “No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda”, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, que aboga por “invertir esos miles de millones en recuperar las viviendas que, a día de hoy, están en manos de fondos buitre, para ampliar el parque público real de forma permanente y garantizando alquileres asequibles”. “Llevamos años viendo cómo se anuncian miles de viviendas, mientras los precios siguen subiendo y la gente es expulsada de sus barrios. Si estas viviendas terminan en manos de grandes promotoras, fondos de inversión o estructuras público-privadas que garantizan rentabilidades privadas no estamos solucionando nada, sino alimentando el mismo modelo que ha generado la crisis actual”, considera.

En la misma línea, Pérez recuerda que hay “más de 600.000 hogares en todo el Estado que tienen contratos de alquiler que vencen en los próximos meses”. “Para estas personas, el anuncio de viviendas que estarán listas dentro de años no es una solución”, indica el portavoz del Sindicato. Para ellas, Sánchez propuso ampliar la bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios y modularla a la baja, sin llegar a suprimirla, para quienes los bajen. Esta medida, que requiere de aprobación parlamentaria, ha sido duramente criticada por todos los grupos a la izquierda del PSOE, incluido Sumar, que defiende la prórroga extraordinaria de los contratos.

“Una política lenta”

“Parece que todo se arregla dando crédito para que se hagan 15.000 viviendas, pero vamos a tardar años en hacerlas”, señala otra voz experta en urbanismo. No en vano, el decalaje entre que se planifica una vivienda y se entregan las llaves puede ser de entre tres y siete años. La propia ministra del ramo admitía que la del fondo soberano es “una política lenta”. “No se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%”, señalaba Isabel Rodríguez en una entrevista en 20 Minutos, publicada este viernes.

En la cuenta de las 183.000 viviendas estaban también 11.000 del Fondo Social de entidades bancarias. Las previsiones en este caso se han mantenido estables, con unas 9.489 casas regularizadas.

Por último, el gran empujón a ese compromiso ha llegado de la mano de Casa 47, la empresa pública a través de la que el Ejecutivo ha vehiculado la absorción de unas 50.000 viviendas de la Sareb, además de la promoción y construcción de casas. En total, desde el Ministerio indican que se han movilizado 68.325 viviendas, cerca de 40.000 en los últimos tres años. Esto supera incluso la previsión inicial de 66.000.

Sin embargo, de nuevo, el hecho de que estén movilizadas no se traduce en que todas vayan a estar puestas a disposición de las familias próximamente. Vivienda incorpora en esa cuenta los alquileres sociales de Sareb, unos 10.000, que no son nuevos, sino que provienen de regularizaciones de personas vulnerables que ya vivían en esas casas. O las 10.700 de la Operación Campamento, en Madrid, donde ya han empezado las obras de demolición. O las 1.400 de terrenos de Defensa en Málaga, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización. O las decenas de miles de viviendas de la Sareb, que necesitan algún tipo de rehabilitación o adaptación.

Por el momento, Casa 47, que ha recibido una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de inmuebles, tan solo ha sacado una 'convocatoria piloto' con 171 casas ubicadas en Vigo, Mieres y varios municipios de Valencia afectados por la dana. El plazo para presentar las solicitudes finalizó este viernes. La propia directora de la entidad reconocía hace unas semanas, en una entrevista en la Cadena Ser, que la nueva empresa estatal “no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el fututo”. De hecho, estimaba que se necesitarán “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Al margen de las prometidas 182.000 viviendas, el presidente Sánchez ha ido trufando la legislatura de nuevos anuncios. El pasado mes de abril, el Gobierno comprometió 1.300 millones de euros en una década —de media, 130 millones al año— para impulsar un nuevo Perte de industrialización. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan permitirá la construcción de una media de 15.000 viviendas al año en la próxima década y más de 20.000 anuales a partir de 2035. Serían, por tanto, 150.000 viviendas modulares hasta 2035, pero, en este caso, desde el Ministerio se han esforzado en explicar que se trata de un impulso al sector, no vinculado a casas concretas.