Anuncios gratis en televisión para Amnistía Internacional
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación interpuesto por Amnistía Internacional por el que se determina que la finalidad de la campaña publicitaria del año 2002 --'Ponte en su piel'-- lanzada por esta asociación es “de carácter benéfico y de interés público”, lo que supone su emisión gratuita de dos anuncios de la campaña en televisión.
La Administración General del Estado también recurrió previamente la decisión de la Audiencia Nacional respecto a este tema, al entender que la decisión sobre su interés general debía realizarse tras su “efectiva emisión” petición que fue rechazada por el Alto Tribunal.
Aznar no veía “la finalidad de servicio público”
Amnistía Internacional presentó la campaña 'Ponte en su piel' en julio de 2002. En aquella ocasión, el Gobierno de José María Aznar comunicó a la organización que, en ninguno de los dos spots publicitarios que formaban la campaña se apreciaba la finalidad de servicio público o carácter benéfico.
Además, la Administración mantenía que no tenía obligación de pronunciarse al respecto antes de la emisión del anuncio ni de motivar su decisión, si bien añadía a continuación que se había denegado esta certificación ante el supuesto descrédito que los anuncios suponían para el colectivo profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad, convirtiéndose los anuncios en un asunto de polémica y controversia pública.
El texto de la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, resalta que la denegación de 'exención de cómputo' --término utilizado para los anuncios que cumplen los requisitos para su emisión gratuita-- ha de ser motivada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
A su entender, resulta procedente otorgar la calificación de “carácter benéfico” a los dos anuncios de AI porque se trata de una campaña “tendente a propiciar el respeto a la dignidad humana en relación con un colectivo desfavorecido, coincidente por tanto con los valores constitucionales”.
Por último, rechaza la alegación de “descrédito” a los cuerpos de seguridad, ya que considera que el anuncio aporta datos “puramente objetivos” --en concreto, destaca las más de 300 denuncias de malos tratos policiales a inmigrantes por motivos racistas--. “Además, no se acompañan de ninguna referencia directa a los profesionales que integran los cuerpos y fuerzas de seguridad, por lo que no puede considerase una incriminación para la generalidad”, apunta.
