El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, anunció ayer en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial que el Gobierno está trabajando en un Plan Técnico para dinamizar la televisión digital terrestre (TDT), que estaría en operativo en el primer semestre de 2004 y que pasaría por la creación de una plataforma de contenidos en abierto a través de los actuales operadores. Para ello, según explicó, se negocia un acuerdo con todos los agentes del sector, que se suscribirá tras el verano. Al término de su intervención en el curso El nuevo escenario: los retos de la TV del siglo XXI, Piqué, quien reconoció que actualmente no existe un mercado de TDT en España, precisó que se trataría de “una plataforma para ofrecer una serie de programas en abierto a través de los actuales operadores de televisión, pero utilizando ya la tecnología digital y con la posibilidad en el futuro de ofrecer cuatro programas por cada uno de los actualmente existentes con tecnología analógica”. A su juicio, este planteamiento requiere de un acuerdo explícito por parte de todos los agentes implicados. “Sólo es posible desarrollar la TV digital en España si se pueden recibir contenidos en digital y, por tanto, si existen los equipamientos y receptores a precios asequibles; si se emiten en digital contenidos distintos a los analógicos, porque si no no tendría ningún sentido el cambio, y si se pueden adaptar todas las infraestructuras a la nueva realidad”. Por ello, se está trabajando en un acuerdo sectorial para que todos los agentes asuman “compromisos claros” en el proceso y “salir de actual círculo vicioso y convertirlo en virtuoso”. Piqué explicó que el diálogo estará impulsado por el Gobierno que, a su juicio, “tiene que hacer más” y, en este sentido, aseguró que se propone analizar la asignación de espectro a los operadores, tras la quiebra de Quiero TV. Así, apuntó que “en el marco de impulso de la TDT tiene todo el sentido que, teniendo espectro disponible tras la quiebra de Quiero, aprovechemos para ampliar el ancho del espectro para cada uno de los operadores para que puedan ofrecer contenidos de calidad. Es un tema perfectamente contemplable y que yo veo con simpatía”, añadió. En esta línea, Piqué destacó el “papel esencial” de los operadores en el desarrollo de la TDT para dar nuevos servicios y contenidos de modo que se haga atractiva para el posible consumidor, e hizo una “mención especial” a TVE, al considerar que como servicio público debería liderar este proceso ya que, además, “tiene gran cantidad de fondos y capacidad de producción” de contenidos. No obstante, también precisó que tanto las privadas como la propia Administración debe asumir su responsabilidad en la creación de nuevos contenidos de calidad. En cualquier caso, aseguró que la digitalización es un “camino sin retorno” y expresó su esperanza en que se produzca antes del final de la presente década. Además, aseguró que “España tiene recorrido ya un largo trecho, con cosas que se han hecho bien y otras que se han anticipado demasiado en el tiempo y la evolución del mercado”, reconoció. “Desarrollar la TDT en España -insistió- no es un capricho sino que puede ser un paso esencial para desarrollar la Sociedad de la Información porque significaría acostumbrar a los ciudadanos a que, desde el receptor de su casa, puedan aprovecharse de todas las oportunidades que se derivan de las Nuevas Tecnologías, y eso puede ser absolutamente vital para la transformación”. Modificación de la legislación Asimismo, Piqué admitió que actualmente el sector audiovisual español tiene que afrontar el reto de una nueva regulación mediante una ley general “que simplifique el actual marco normativo y aporte estabilidad jurídica a los operadores” ya que, según dijo, “la regulación actual es fragmentaria y dispersa, puesto que respondía a diferentes momentos políticos y tecnológicos”. En este sentido, apuntó que actualmente hay trece normas con rango de ley que afectan al sector de la televisión lo que conlleva “un alto grado de confusión” que requiere una “clarísima necesidad de simplificar el régimen jurídico, con independencia de la tecnología usada para difundir la señal”. No obstante, reiteró que, aunque “ya no hay tiempo para debatir la Ley general en esta legislatura, debe ser una de las primera cosas que se aborden en la próxima, y si el PP sigue en el Gobierno no tengo duda de que va a ser así”, añadió. Pero, además de por la multiplicidad de leyes existentes para regular el panorama audiovisual, el ministro también se mostró partidario de modificar la legislación ante la persistencia de algunos conceptos que considera obsoletos. Así, por ejemplo, apuntó que “no tiene ningún sentido que se conciba la televisión como servicio público esencial de titularidad estatal toda ella”. “Que Telemadrid , TV3 o Canal 9 sean servicios de titularidad estatal a estas alturas tiene poca justificación, pero lo tiene menos, si cabe, que Antena 3 y Telecinco también lo sean -explicó-. ”Si la televisión por satélite o por cable está liberalizada y se prestan servicios en régimen de concurrencia, por qué cuando se emite por ondas terrestres tienen que ser concesiones administrativas“, se preguntó. A su juicio, ”todo eso responde a la evolución jurídica, pero la nueva ley general de radio y televisión tiene que abordar simplificando, liberalizando el sector y, por tanto, definiendo los servicios de TV como servicios que se prestan en régimen de concurrencia, cuya única limitación es cuando se hacen a través de un recurso público que es escaso, como es el espectro radioeléctico, pero que como eso se tiene que repartir pues se tienen que hacer concesiones y no por ser servicio público de titularidad estatal, sino simplemente por limitación física y tecnológica“. No obstante, precisó, a preguntas de los periodistas, que ello no tendrían que ver con la privatización de los canales autonómicos. ”Cada comunidad autónoma hará lo que crea conveniente, y lo que tiene que hacer la ley general es dejar abiertas esas opciones. Cada comunidad autónoma -añadió-- decidirá si quiere tener un canal público, si quiere abrir la televisión de ámbito autonómico a la iniciativa privada, si quiere que sea de titularidad pública autonómica pero gestionados por un ente privado... Caben diferentes fórmulas y la ley no debe precisar eso, porque la competencia es de las comunidades“, concluyó.