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El año uno de Evo Morales

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El crecimiento del apoyo popular a Evo Morales, sin precedentes en este país, tiene sus raíces en la nacionalización parcial de los hidrocarburos que elevó sustancialmente los ingresos del Estado. Al mismo tiempo progresaron la defensa de la hoja de coca, la nueva ley de tierras, los niveles de educación, la asistencia sanitaria. Los amantes de las grandes cifras macroeconómicas tampoco deberían quejarse. Bolivia acabó con el déficit fiscal por primera vez. “Hemos dado una lección de economía a los neoliberales pues 2006 cierra con un superávit del 6%”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera ante una multitudinaria concentración popular en la plaza Murillo de La Paz, durante la celebración del aniversario de la victoria electoral. La derecha boliviana dispone de una base social amplia en las ricas regiones que la minoría de siempre pretende controlar. El apoyo al presidente Evo Morales baja al 35% en Santa Cruz. Si Tarija esconde las mayores reservas de gas latinoamericanas, detrás de Venezuela, Santa Cruz es el centro de los grandes negocios de la minoría blanca tan respetable. Entre las cuatro provincias rebeldes producen el 43% del PIB y reciben la mitad de las inversiones extranjeras. Por allí pasean los grandes latifundistas que torean las leyes. El recurso poco disimulado al racismo y el desprecio de sectores de las clases medias a un presidente aymara forma la parte sustancial de su bagaje ideológico. Pero este sector no deja de constituir una minoría, eso sí muy activa. Su representación política torpedea los trabajos de la Asamblea Constituyente. Ha conseguido que, tras cinco meses, este organismo haya sido incapaz de aprobar el reglamento interno, un interminable paso previo (¿mayoría absoluta como propone el Gobierno o dos tercios como insiste la oposición?) para la elaboración de la Constitución, que dispone de siete meses más para cumplir con su trabajo. Esta batalla tiene gran importancia, desde luego, aunque sólo constituye un aspecto más del mar de fondo que recorre el país. El Gobierno de Evo Morales está dividido entre quienes quieren negociar con la “oligarquía cruceña” y quienes piden mano dura. Parece dispuesto a ceder prebendas autonómicas, siempre que “no implique el control local de los resortes estratégicos nacionales como la tierra y los hidrocarburos”, dice el presidente de Bolivia. Guillermo Almeyra plantea una salida a esta encrucijada con la propuesta siguiente: “Si la oligarquía desconoce a las mayorías electorales y sociales y las leyes, y prepara la secesión armada con ayuda extranjera, debe saber que puede ser legalmente reprimida y que, en ese caso, perdería todos sus actuales privilegios”. Evo Morales dispone de credenciales democráticas para llevar adelante su programa, pero sólo estará en condiciones de hacerlo realmente si la movilización popular desmantela las conspiraciones presentes y las que se avecinan. Sin contemplaciones.

Rafael Morales

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