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Turismo, contrarreforma legislativa

Román Rodríguez

En el cierre de la legislatura, el Parlamento de Canarias está tramitando un texto que modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística. Nueva Canarias ha presentado una enmienda a la totalidad, al entender que el texto acaba con las parciales limitaciones a la construcción de nuevos establecimientos alojativos, abriendo una auténtica y peligrosa barra libre a un crecimiento sin control que pone en peligro el futuro del sector. Aunque sí compartimos la reforma y mejora de los incentivos para la renovación de la planta alojativa obsoleta que introduce el nuevo texto.

A lo largo de la legislatura hemos sido los únicos en plantear alternativas a un conjunto de leyes que modifican negativamente las, hasta ahora, vigentes normas sobre el territorio y sobre el turismo. Entre ellas, la Ley de Armonización y Simplificación Territorial, la Ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias y la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística y su reforma, en marcha. En la práctica suponen cuatro nuevas leyes, generando inseguridad, derogando las directrices, desregulando y centralizando las decisiones en el Gobierno.

La ley de renovación turística ya supuso permitir, sin límite, tanto los hoteles de cinco estrellas como las villas turísticas, en el caso de estas últimas sin solicitar requisito de calidad alguno. Ahora, al margen de su categoría, se amplía la autorización para construir cualquier establecimiento, sin tener en cuenta la categoría. Y con absoluta discrecionalidad decisiva por parte del Gobierno.

Sin límites

Con este planteamiento, el Ejecutivo acaba con las actuales y parciales limitaciones existentes para la construcción de plazas turísticas de nueva planta, con el añadido de que sean de calidad y ecoeficientes, atributos que hoy se le supone a cualquier alojamiento turístico de nueva creación. Ya reglados en normativas estatales y canarias.

La nueva ley establece dos caminos diferentes para conceder la autorización a un nuevo establecimiento alojativo: primero, el ya conocido de cinco estrellas y villas sin límite alguno; y ahora, en el caso de una instalación de categoría inferior a cinco estrellas -también sin limitaciones-, su autorización depende, hasta la elaboración del Reglamento, de la decisión completamente discrecional del Gobierno, sin que se establezcan criterios objetivos definidos para tomar esta decisión, pues parece evidente que si cumpliera la normativa de estándares turísticos y de estándares edificatorios debería concedérsele automáticamente.

El Gobierno CC-PSOE ha cedido a las presiones del PP y de minoritarios sectores empresariales partidarios de desregular la actividad turística y que achacan, en exclusiva, la falta de dinamismo de la economía canaria a la ‘maraña legislativa’ y al excesivo intervencionismo de las administraciones públicas sobre el libre funcionamiento del mercado. Algunos olvidan demasiado pronto que la crisis que aún padecemos la ha producido ese mercado libre que supuestamente sabía autorregularse y que generó la burbuja financiera e inmobiliaria que arruinó a tantos países, a tantas empresas y a tantas personas.

Somos favorables a una regulación del sector turístico y rechazamos los cantos de sirena de los desreguladores. Creemos que es necesario hacer buena regulación poniendo en primer plano la defensa del interés general.

Renovación

Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa orientando una parte de las inversiones empresariales hacia la renovación. Somos partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del crecimiento alojativo con respeto al modelo turístico de cada isla. Y, al tiempo, firmes defensores de la necesidad de involucrar a las administraciones públicas en las tareas de la rehabilitación de la ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos privados para mejorar la competitividad de nuestro destino.

La Memoria de Evaluación de la Ley de Renovación, presentada en el Parlamento canario en octubre de 2014, realiza una estimación de la necesidad de inversión pública en el espacio público turístico y sitúa la inversión necesaria para estas actuaciones en 1.463 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno canario tiene presupuestado, en el año 2015 para esa tarea de rehabilitación de núcleos turísticos, sólo 15 millones de euros. En 100 años lograría el objetivo.

La rehabilitación de las ciudades turísticas es esencial. Y coadyuva a que el sector privado desarrolle la de los establecimientos turísticos, favorecidos por un entorno más atractivo y competitivo.

Por esta razón, NC ha presentado una proposición de ley para el establecimiento de una tasa turística (1 euro por visitante y día). Un tributo que pagarían nuestros visitantes, como sucede en muchas zonas turísticas consolidadas del mundo, y cuya recaudación se destinaría al fomento de la rehabilitación de las infraestructuras públicas turísticas y que estimamos puede suponer entre 70 y 100 millones de euros anuales dependiendo del tipo de gravamen. Una rehabilitación que contribuiría, además, a la generación de empleo directo y a la activación del sector de la construcción.

Algunos niegan esta opción asegurando que distorsionaría la demanda. Olvidan que, en 2012 en plena crisis, el Gobierno estatal del PP subió un 43% el IVA turístico (del 7 al 10%) y que el Ejecutivo canario CC-PSOE lo hizo en un 40%, elevando del 5 al 7% el IGIC turístico, Aumentando los precios mucho más de lo que supondría la tasa. Y ese 2012 y los siguientes han sido años de continuos récords en la llegada de turistas y en el gasto de los mismos.

En definitiva, en NC seguimos defendiendo los límites cualitativos (mínimo cuatro estrellas) y cuantitativos al crecimiento en función del modelo turístico de cada isla, además de impedir la clasificación de nuevo suelo para uso turístico. Apostando por la renovación, la diferenciación del destino Canarias, la mejora de la conectividad y la rehabilitación de las ciudades turísticas.

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