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Abierto el plazo de información pública para el proyecto que modifica la instalación de parques eólicos

Cualquier persona física o jurídica puede hacer valer los intereses que puedan verse afectados por la aprobación de dicho reglamento

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Aragón estará cerca de duplicar su potencia de generación eólica instalada si los parques entran en funcionamiento.

Parque eólico de Los Valles. (Diario de Lanzarote). Diario de Lanzarote / Arrecife

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo de información pública del proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 6/2015, de 30 de enero, que aprueba el reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias.

Según se recoge en el anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por la Dirección General de Industria y Energía, se ha abierto un plazo de veinte días hábiles, contados a partir de este día, para que cualquier persona física o jurídica pueda hacer valer los intereses que pudieran verse afectados por la aprobación de dicho proyecto normativo.

Durante ese periodo, los interesados podrán presentar las alegaciones, observaciones o sugerencias que estimen pertinentes en cualquiera de las sedes de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Igualmente, los operadores económicos o sus asociaciones representativas podrán pronunciarse sobre el impacto de la normativa en la unidad de mercado.

La elaboración de este proyecto de decreto obedece, según ha informado hoy la Consejería de Economía en un comunicado, al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias y el Estado para desbloquear la situación creada después de que el Ministerio de Industria recurriera el decreto por el que se modificaba la figura del concurso para la adjudicación de energía introduciendo la autorización administrativa.

En este sentido, la Consejería recuerda que aunque los cambios que se introducen con el nuevo decreto no son sustanciales, permiten adecuar la normativa canaria al criterio del Estado, dotando de mayor garantía jurídica a los operadores. 

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