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Apoyo al fondo de estabilidad del euro

SÓLO VOTARON EN CONTRA IU Y EL BNG

El Congreso convalidó el decreto ley para autorizar avales por un importe máximo de 53.900 millones de euros a dicho fondo de estabilidad.

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado con el único voto en contra de IU y BNG el decreto ley destinado a autorizar avales por un importe máximo de 53.900 millones de euros al fondo de estabilidad del euro pactado por los ministros de Economía de la UE para asistir a los países de la eurozona con problemas de deuda.

Elena Salgado. (EUROPA PRESS)

Elena Salgado. (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, advirtió de que la actual situación de "volatilidad e incertidumbre" en el mercado requiere "medidas urgentes" como esta para restablecer la confianza de agentes financieros en las economías de la Unión Europea que, de no adoptarse, "aumentarían aún más el riesgo soberano" de los países miembros con el consiguiente impacto en "las empresas y la moneda común".

Así, señaló que los avales se concederán al 120% para garantizar la "máxima calificación crediticia" y las operaciones de rescate estarán sujetas al cumplimiento de una serie de "condiciones" por parte de países beneficiarios.

Salgado recalcó que la denominada Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FESF), constituida el pasado lunes, se ha puesto en marcha bajo la presidencia española de la Unión Europea, y con el decreto ley se da un "primer paso" en su desarrollo, tras el que se requerirán nuevas modificaciones y convenios internacionales que también necesitarán la "colaboración" del Congreso con su voto.

Según explicó Salgado, España contribuirá con avales de hasta el 12,24% del total del fondo de rescate, dotado con 500.000 millones de euros y que podría ascender a los 750.000 millones con la aportación del FMI, desde la entrada en vigor del decreto y hasta finales de 2013.

La número tres del Ejecutivo socialista comparó el importe de la aportación española con el importe máximo que se aprobó inicialmente de avales de emisiones de crédito de banca de 100.000 millones aprobado a finales de 2008, que se incrementó en otros 100.000 en 2009.

El PP culpa al Gobierno y CiU ve poco margen

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aprovechó su intervención para lamentar que España se ha convertido en "parte sustancial" de las dificultades de Europa por la "falta de crédito político" del Gobierno socialista y de su vicepresidenta económica, Elena Salgado, a quien exigió que "reflexione" sobre su "responsabilidad" en los problemas del euro.

Asimismo, lamentó que la norma, pese a contar con su apoyo, demuestra que Europa "falla" en su capacidad para liderar la recuperación mundial" por culpa de España.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, expresó el visto bueno de los nacionalistas vascos al decreto ley que, si bien afectará a la emisión de avales del Gobierno, tendrá también efectos beneficiosos para España y el conjunto de la Unión Europea. No obstante, recalcó que esta medida "no es suficiente" para superar la "profunda crisis", y todos los países tienen que aplicarse a "hacer sus deberes".

A estos "deberes" se refirió también su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien afirmó que las medidas de respuesta a al crisis financiera están afectado de una manera "casi letal" a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que "ya no tienen casi nada que ver con la realidad", mientras se dispara el diferencial de deuda con el bono alemán. Todo esto hace que el Gobierno tenga "muy poco margen" para cometer "errores graves" ni en la futura reforma laboral ni en otras actuaciones de consolidación fiscal.

Más lejos fue el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien aseguró que España ha estado "a punto de cargarse" todo el trabajo logrado desde el Tratado de Roma que supuso el germen de la actual Unión Europea, lo que lleva a abordar la necesidad urgente de abordar la reforma laboral para enviar un "mensaje de confianza".

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de IU, Gaspar Llamazares, justificó su rechazo a la convalidación del decreto porque, a su juicio, subordina la respuesta europea a la crisis a la "gobernanza" de los mercados.

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