Ordenan a Mexicana de Aviación entregar 9 aviones a Nacional Financiera
CIUDAD DE MÉXICO, 27 (EUROPA PRESS)
Mexicana de Aviación, que suspendió en agosto sus operaciones y se declaró en concurso de acreedores, deberá entregar nueve aviones Airbus de su flota y dos motores a Nacional Financiera (Nafin) por orden de un juez federal, según informa la prensa local, que destaca que es el tercer embargo en seis meses que sufre la aerolínea, en concurso de acreedores.
El juez Felipe Consuelo Soto ha ordenado que dichos aviones queden fuera de la masa concursal y, por lo tanto, de los bienes con los que la compañía debe hacer frente a sus deudas contraídas con sus acreedores, cuya lista asciende a más de 25.000.
Mexicana cuenta con 15 días hábiles para cumplir la resolución del juez y entregar los aviones, que forman parte de un fideicomiso.
Tras el excesivo endeudamiento de la aerolínea, la compañía constituyó un fideicomiso a favor de Bancomext, cuyo patrimonio está integrado por los nueve aviones, dos motores y un terreno de 79 hectáreas. Como parte de la resolución, el juez ha rechazado la petición de Nafin de entregar esa porción de tierra.
Se trata del tercer embargo en seis meses. En agosto pasado, la International Lease Financial Corporation (ILFC) ya ordenó la devolución de ocho aviones arrendados por la aerolínea mexicana. Además, a finales de julio le fueron retenidos otros tres aviones y otros 12 le fueron reclamados, lo que representó casi el 23% de su flota.
La compañía posee una flota de 103 aviones, de los cuales 65 son de Mexicana, y el resto de sus dos filiales --25 de Click y 13 de Link--.
Los pilotos, tripulantes y trabajadores de 'handling' de Mexicana de Aviación llegaron a un acuerdo a principios de este mes de diciembre con la compañía para lanzar un plan de rescate, una de las condiciones esgrimidas por el grupo de inversores mexicanos PC Capital para hacerse con la compañía.
La aerolínea, una de las dos más importantes del país, arrastra una deuda de más de 1.000 millones de dólares (más de 755 millones de euros) y tiene un administrador designado por el Gobierno y un conciliador por el juez que lleva el caso.
