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La cuarta sentencia del caso Unión también avala la validez de la instrucción judicial

La defensa del exalcalde de Arrecife también solicitaba la nulidad de las actuaciones en la pieza del Teatro insular por el pinchazo telefónico a Ubaldo Becerra

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El fiscal Javier Ródenas, el juez Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa.

El fiscal Javier Ródenas, el juez Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa. Felipe de la Cruz

Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera… ni a la cuarta. La última sentencia de una pieza del caso Unión, la relacionada con la celebración de varios conciertos en el Teatro insular sin tener licencia, también ha avalado la instrucción judicial del caso, iniciada por el juez César Romero Pamparacuatro.

El caso ha sido cuestionado en todas las piezas, tanto en la instrucción como en el juicio, solicitando por parte de las defensas de los acusados la nulidad de varias actuaciones, desde los pinchazos telefónicos hasta los autos de entrada y registro en algunos domicilios, las detenciones, la adopción del secreto de sumario o las prórrogas de todas esas actuaciones.

Sin embargo, con la sentencia del Teatro, dictada por el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife, ya son cuatro los órganos judiciales que han avalado la instrucción con sus sentencias. La primera sentencia fue del Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. No se llegó a juicio porque admitió los hechos y se conformó con una pena de seis meses de cárcel, que cumplió.

Las dos siguientes fueron por parte de la Audiencia provincial de Las Palmas en el llamado caso Proselan y en la pieza relacionada con Francisco Rodríguez Batllori. En este último caso, la instrucción también la dio por buena el Tribunal Supremo, aunque rebajó las penas que había dictado la Audiencia.

La última sentencia es del Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife. En este caso, también ha habido sentencia condenatoria para los tres acusados, Rubén Placeres, Enrique Pérez Parrilla y Ubaldo Becerra, por permitir que se celebraran dos actuaciones sin licencia autorizando de forma verbal esos conciertos y comprometiéndose, unos, a abrir, y el tercero a no enviar a la Policía Local. El Teatro se abrió a pesar de que los tres cargos públicos eran conscientes de que existían unas anomalías en materia de seguridad, así como informes contrarios a su apertura.

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