El TPI pide a la ONU arrestar a líderes de Sudán por crímenes de guerra
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno-Ocampo, ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte medidas para asegurar el arresto de los líderes sudaneses acusados de crímenes de guerra y ha subrayado que la negativa del Jartum a detener al presidente sudanés, Omar al Bashir, es “un desafío directo a la autoridad del Consejo de Seguridad”.
“Aquellos que tienen la mayor responsabilidad han sido acusados. El desafío actual es su detención”, ha dicho Moreno-Ocampo. “Depende del Consejo de Seguridad determinar las medidas que se han de tomar para garantizar el cumplimiento por parte del Ejecutivo de Sudán”, ha agregado.
El Consejo de Seguridad pidió al TPI que investigara los crímenes de guerra cometidos en la región sudanesa de Darfur en 2005 después de que una misión de investigación de Naciones Unidas determinara que se habían cometido graves violaciones de la Ley Humanitaria Internacional en la zona.
En marzo de 2009, el TPI emitió una orden de arresto contra Al Bashir por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra en Darfur, donde fallecieron alrededor de 300.000 personas desde 2003 a causa de los enfrentamientos entre grupos rebeldes y tropas gubernamentales.
Asimismo, el organismo emitió órdenes de arresto contra los líderes rebeldes Abdalá Banda, Salé Jerbo y Abu Garda por crímenes de guerra. Otros de los acusados son el ministro de Gobierno, Ahmed Harun, el líder miliciano Alí Kushaib y el ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein.
“Al Bashir se está aprovechando de su posición de poder para continuar su estrategia y conseguir impunidad para él y para los que siguen sus instrucciones. No hay informaciones que apunten a que los crímenes contra la Humanidad y el genocidio se han detenido”, ha manifestado Moreno-Ocampo.
Sudán no es Estado miembro del Estatuto de Roma, que fundó el TPI, pero está igualmente obligado a cooperar y aportar la ayuda necesaria al tribunal y al fiscal jefe, tal y como establece una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2005.
“El Consejo puede, de forma adecuada, evaluar otras posibilidades, como pedir a Estados miembro de Naciones Unidas u organizaciones regionales que ejecuten operaciones de arresto en línea con la orden emitida por el TPI”, ha sugerido Moreno-Ocampo.
“Las víctimas recibirán un mensaje claro: no son ignoradas. Y los culpables recibirán un mensaje claro: no habrá impunidad. El tiempo se va agotando”, ha apostillado.
