De la locomotora tinerfeña y otras historias

Rajoy anunció, ante medio millar de empresarios catalanes, que durante la actual legislatura el Gobierno central invertirá 4.200 millones de euros en obras de infraestructura, sobre todo ferroviarias; las que serán, seguramente, un buen empujón al corredor mediterráneo, como llaman desde los años 90 del siglo pasado a la línea que correrá paralela a la costa oriental española. Un eje de 3.500 kilómetros, de Algeciras a Estocolmo, que conectará a 250 millones de ciudadanos, más de la mitad de los habitantes de la UE que representan el 66% del PIB europeo. Alicante, Valencia y Barcelona son tres hitos principales del recorrido antes de alcanzar la frontera francesa.

Imagino que a los lobbies residenciados en Madrid no les hará mucha gracia el tal corredor porque sus ramificaciones en red alterarán, sin duda, el mapa de los principales centros de actividad del país. Como cabe imaginar, algún sector catalanista habrá que atribuya al temor lobístico de perder comba que el Gobierno central, capital Madrid, no haya dudado en agravar la tirantez con la Generalitat. La cuestión catalana, pues, llegó ya al extremo de obligar a Rajoy a recurrir a la solución que encantaba a Jordi Pujol: poner dinero sobre la mesa, lo que sea menos dotar a los catalanes de un concierto como el de los vascos, pongo por caso, que llegó a ser una propuesta de la Generalitat rechazada con toda la energía del mundo. No sé si habrá relación de causa/efecto, pero lo cierto es que a Euskadi le van bien las cosas y no ha sufrido los tremendos casos de corrupción que tanto han proliferado sobre la piel de toro. Por eso, cuando Albert Rivera salió con aquello de eliminar los regímenes especiales, como el concierto vasco, le salieron en Euskadi voces con su puntito sarcástico invitándolo a intentarlo.

Debe haber comprendido Rajoy que le conviene aflojar, que ha llegado demasiado lejos. Recuérdese el proceso de judicialización iniciado por el PP en la oposición, el que continuaría ya en el Gobierno. En especial, la forma en que el Tribunal Constitucional echó para atrás en 2010, por cuenta del PP, el entonces nuevo Estatuto que había cumplido todos los requisitos legales exigidos. Aquel error disparó el separatismo pues a los convencidos de siempre se sumaron los decepcionados por la nula receptividad gubernamental a alternativas más sensatas que la ruptura pura y dura. Me llamó la atención encontrarme en Barcelona con amigos federalistas de toda la vida, incluso los que se hubieran conformado con una descentralización más amplia, ya decantados por la independencia “porque con esta gente no hay manera”. Y como nada le ha funcionado, Rajoy recurre ahora a la billetera; como en otros tiempos, cuando individuos como Soria aseguraban que el entonces presidente Zapatero quitaba dinero a las demás comunidades para dárselo a los catalanes. ¿Está dispuesto Rajoy a hacer lo mismo? Lo digo porque Canarias sería la primera comunidad que dejarían albeando, como se decía en lo antiguo.

El caso es que el enfrentamiento se ha enquistado tanto que hay serias dudas de que Rajoy cumpla. Si es que tuvo esa intención, lo que está por ver. Ya desde la Generalitat han pregonado sus reticencias. Son muchos los compromisos incumplidos para confiar y que te llamen totorota. Sin contar con el chance que la mala política de Rajoy le ha dado a los independentistas irreconciliables para cerrarse en banda, no creerse nada y convencer a los indecisos de que mejor solos que mal acompañados. Aunque lo peor para mi gusto es el engaño constante. Como eso de hacernos creer que todo va bien y que crece el empleo sin pararse demasiado en que no da ni para una cotización decente, que a eso se deberá, supongo, que el déficit de la Seguridad Social supere ya los 1.000 euros por afiliado y ofrezca un gráfico con la caída de sus cuentas en picado. Lo que no quiere decir que mientan al afirmar que las cosas van mejor pues los ricos se han enriquecido aún más y nadie ha dicho que ese no fuera el objetivo, cumplido, del Gobierno. Sin embargo, debe reconocerse que ya no prodigan la volada aquella de que el mundo entero envidiaba la recuperación española. Dejaron de rajar por ese lado cuando alguien les recordó que estaban como El que Habitara entre nosotros, todo el día metido en la garita de centinela de Occidente.

Harto me tienen

Harto me tienen, pero a lo que iba: no es preciso hacer cuentas para saber que el Gobierno le ha incumplido más a Canarias que a Cataluña. Algo, por fin, en lo que destacan las Islas en el conjunto de las comunidades. Aunque, en realidad ofende menos el número de los incumplimientos que el retintín con que te lo dicen y la cara de cachondeo que se les queda. No hay por parte del Gobierno central interés en solucionar cuestiones pendientes en las Islas, salvo que necesite de los diputados canarios un apoyito en el Congreso. Y después, lo de siempre: dinero que casi nunca porque si no cumplen con lo presupuestados ni les cuento con los extra; y las cuasi sempiternas reformas del REF o del Estatuto de Autonomía con variantes de orden que ponen por delante (en el tiempo) unas veces al Estatuto y otras al REF ya en franco plan trilero con el que han conseguido separar las dos partes, la económica y la fiscal, que han ido unidas toda la vida. Y los políticos canarios en la luna de Valencia sin comprender que la lejanía, la insularidad, la escasez de recursos naturales, la necesidad de vivir abiertos al exterior, etcétera, son la razón de ese conjunto de medidas económicas y fiscales o, en otras palabras, fiscales y económicas absolutamente imbricadas y condicionadas ante la imposibilidad de remolcar las Islas y ponerlas, juntitas en un solo territorio, en la bahía de Algeciras pegadas a la costa.

Siguen, pues, sin enterarse los políticos canarios de los derechos de las Islas reconocidos por los Reyes Católicos dados sus condicionamientos. Los que se mantuvieron durante todo el Antiguo Régimen; hasta la llegada de los Borbón en el XVIII que no fueron nada respecto al proceso de formación del Estado liberal burgués durante la primera mitad del XIX. Durante generaciones la burguesía canaria, única clase políticamente activa, se enfrentó con el Gobierno central en defensa, por supuesto, de sus intereses aunque no dejaran de beneficiar al conjunto de la población. Esta actitud ya carece de continuidad con la aparición de los políticos de carrera (salidos de las urnas, eso sí) incapaces de diferenciar entre la inamovilidad física, geográfica y las tradiciones circunstanciales, por llamarlas de algún modo. No es casualidad que estos profesionales de la política presenten como “negociación”, en este caso con Montoro, lo que es simplemente la comunicación ministerial de lo que Madrid está dispuesto a conceder; si está de buenas, que esa es otra. Y el que se mueva no sale en la foto.

Hay mucho de caricatura en lo que digo. Pero no parece que de la lectura de los periódicos pueda sacarse mucho más en claro. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se vio con Clavijo en un alto para cargar la batería del móvil y ambos dos salieron la mar de satisfechos de lo hablado sin que nadie recuerde qué acordaron. Da igual. Ahora resulta que Ana Oramas y Pedro Quevedo andan negociando vayan ustedes a saber qué porque para mí que es lo mismo negociado la vez anterior. Aunque, menos mal, las asociaciones empresariales se dicen satisfechas no se sabe bien de qué.

A estas historias, que acabarán en cuanto los canarios digan sí a los nuevos presupuestos (cosa que harán por “sentido de la responsabilidad” y para que “la máquina no se pare”) se ha añadido otro clásico: el de la recuperación para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria del espacio de la Base Naval con el anuncio de la formación de ¿otra? comisión de estudio. Esa devolución costará un pastón (400 millones, dijo Cospedal), todo un preaviso de que no se llegará a nada, si bien el asunto estará por ahí hasta que Pedro Quevedo, diputado y concejal, vote los presupuestos, que después se verá; o no, ya saben. Cospedal, recuerden, se comprometió con el secretario de Defensa de Trump, creo, a aumentar el presupuesto militar español y no sé si sobrará algo para lo de la Base. Habrá de recordarse, con el mayor respeto a V.I., que el muelle se construyó con un gravamen sobre cada bulto de tomate exportado; y que lo incautó, lo expropió o se quedó con él, como mejor les parezca, el Régimen de Franco por lo que, en buena lógica, no corresponde cargar a los canarios los gastos del traslado del Arsenal a otro sitio.

Ya que me ha dado por los incumplimientos, no olviden los quince años que lleva la carretera de la Aldea para alante y para atrás.

Historias de la locomotora

Mucho me temo que son los empresarios grancanarios asociados quienes andan moviendo los hilos de ese supuesto (o real) liderazgo económico que dicen de Tenerife sobre Gran Canaria. Me lo temo porque, si nos atenemos a aquello de que las coincidencias no existen, mosquea que coincidan las causas de esa repentina superioridad y las quejas habituales del empresariado grancanario; en especial las de algunos constructores molestos porque no encuentran facilidades tipo barra libre para disponer del territorio canario como les cuadre. Olvidan que no se nos escapa que dentro de su mismo gremio los hay que sacan adelante sus proyectos marcando distancias de los especuladores. Esta diferencia se ha visto con el proyecto de ley del Suelo de Fernando Clavijo, al que le han bajado los humos al primer asalto tras advertirse por donde va.

No ha beneficiado a Clavijo y a su proyecto ciertas prepotencias empresariales en defensa de su ley. En primer lugar, conviene anotar cuanto coinciden los defensores del proyecto clavijiano con las doloridas manifestaciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol, contra quienes promovieron el rechazo de las prospecciones petrolíferas. Con todo el ánimo de señalar, diréles que los mismos dirigentes patronales partidarios de las prospecciones, que respaldaron en su día a Brufau (y a Soria, no lo olviden) son, mutatis mutandis, quienes rompieron lanzas por la propuesta de ley del Suelo. Como sea destrozar siempre andan prestos. Son, también, los que han recurrido al supuesto (o real) liderazgo económico tinerfeño para provocar una reacción insularera en Gran Canaria que les facilite sus manipulaciones; lo que no han conseguido porque a estas alturas el que menos sabe de estos manejos tira al de delante.

Yo no sabría decirles qué hay de cierto en todo esto. En realidad, me da igual de quien sea la locomotora mientras el vagón en que voy también avance. No me fío de los dirigentes de las asociaciones patronales, de los que suelen salir en los periódicos arrimando el ascua a la misma sardina que el informe de marras, lo que no beneficia precisamente a sus asociados. No deberían quejarse del mal cartel del empresariado sino fijarse en lo que han hecho para merecerlo.

Pero volviendo a lo del liderazgo y dos piedras. No hay informaciones públicas ni publicadas que den una imagen objetiva del asunto, cosa que pone de manifiesto la ausencia de transparencia político-administrativa que padecemos. Es por eso, entre otras muchas razones, por las que digo que esta autonomía no nos sirve a los canarios: responde al espíritu centralista de la institución provincial, que sigue marcando la actuación de los capitostes tinerfeños en beneficio de sus intereses y no los de Merimé. Pero esa cuestión, con ser la raíz de lo demás, no interesa ahora ante el hecho de no disponer de datos creíbles. Es por lo que tiene especial significación, casi diría paradigmática, que el desglose por islas de la recaudación de la Hacienda canaria sea uno de los secretos mejor guardados por el Gobierno canario.

No es casual que ese silencio lo implantaran los insularistas tinerfeños al hacerse con el machito, en el que permanecen desde hace unos cuantos lustros y ahí están Clavijo y Alonso que lo digan. Y Paulino Rivero, que cayó en desgracia por tomarse en serio el nacionalismo de CC y el equilibrio entre islas. Quiero decir que desde 1973, con la entrada en vigor de la ley del REF y hasta la instalación de ATI en el Ejecutivo canario, Gran Canaria era, con diferencia, la isla de mayor recaudación hasta el punto de financiar a las restantes, Tenerife incluida, sin que nadie protestara porque era lo justo. Esa superior capacidad recaudatoria obedecía a la particular actividad económica grancanaria, la que dejaré a un lado para sentar que aquella distribución de los fondos recaudados respondía al necesario equilibrio del desarrollo armónico del conjunto de las Islas.

 Todo aquello se fue a la porra, ATI impuso el secretismo; que continúa y que es para quienes conocen el paño la razón por la que se mantiene el secreto de las recaudaciones: si Tenerife hubiera superado a Gran Canaria, ya habrían informado ampliamente. Otro “indicador” son las informaciones de la Hacienda española que no indican, precisamente, la condición locomotriz tinerfeña. Y lo que es más grave: la política de hostigamiento a Gran Canaria apadrinada por el rebufo ático y que comparten dirigentes de otras islas, ha acabado por arruinar en gran medida la solidaridad grancanaria con el resto de las islas. No es que se haya despertado beligerancia alguna sino, sencillamente, que cada vez importan menos los avatares de las islas vecinas. Esa es una impresión que no por haberla contrastado deja de ser tan personal que se me antoja inútil hablar de sentimientos pancanarios ante Madrid para sacar adelante los asuntos pendientes. Mejor es, oigo decir, que cada cual salve lo suyo si puede. Incluso observo que ya no es tanto el rechazo a la posibilidad de un pacto en Canarias PSOE-PP y que cada palo aguante su vela. En esto, en la reforma electoral imposible, en la debilidad negociadora respecto al REF o al Estatuto de Autonomía, en el olvido de la existencia de unos derechos históricos surgido de unas circunstancias que no se han modificado, etcétera, radica la cuestión a resolver pero no estamos políticamente dotados no ya para intentarlo sino ni siquiera para plantearlo.

Como son muchas las referencias, incluso las monografías, dedicadas a este y otros temas conexos, les daré las referencias más recientes que andará aún por esas librerías. Me refiero al libro de Normando Moreno titulado Los derechos históricos fiscales canarios. Crónica inconclusa de un conflicto. Del mismo autor, aunque un poco anterior, es no menos recomendable La conquista de Tamarant (Gran Canaria) que proporciona una perspectiva jurídica de los pactos de anexión de Gran Canaria con los Reyes Católicos. Dos trabajos que dan luz a la historia o la confirman y amplían a quienes sospechaban de ciertas incongruencias; entre otras, la injusticia cometida con la memoria de Fernando Guanarteme que no fue un traidor ni de lejos. Añadiré, entre los últimos artículos relacionados específicamente con el REF, uno de Salvador Miranda Calderín, que dirige la cátedra del REF en la ULPGC. Lo publicó el periódico La Provincia, el pasado 5 de marzo con el título de El origen histórico del REF.

No está de más indagar por estas latitudes para que no nos la den con queso y traten, encima, de echarnos a pelear, cuando la normalidad histórica canaria reparte los tiempos de hegemonía con bastante buen criterio. El siglo XVI fue de Gran Canaria; en el XVII comenzó Tenerife a levantar cabeza hasta alcanzar el notable esplendor del XVIII; en el XIX mantuvo Tenerife el tipo como capital de Canarias; el XX, en fin, volvió a ser de hegemonía grancanaria y ya veremos qué da de sí el XXI. Amén.