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Canarias reduce un 80% el gasto en consejos

SÓLO DESTINA 535.038 EUROS

Un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado.

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Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes. Es el descenso más llamativo en esta partida que se ha realizado en todo el territorio nacional en este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.

La mayoría de las comunidades autónomas gastan un total de 60 millones de euros anuales en instituciones como consejos consultivos o defensores del pueblo autonómicos, órganos que algunas regiones han decidido suprimir porque consideran que sus funciones ya están cubiertas por los representantes del Estado.

Según datos recabados por Europa Press, Cantabria es la única comunidad que no tiene un consejo consultivo propio, pese a que la creación del órgano está prevista por su estatuto de autonomía, mientras que son seis las autonomías que no cuentan con un defensor del pueblo autonómico: Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

Castilla-La Mancha y Murcia decidieron eliminar este organismo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales. María Dolores de Cospedal anunció la medida durante el debate de su investidura como presidenta de Castilla-La Mancha en aras de la "austeridad y eficacia", mientras que la oficina del defensor del pueblo de Murcia también dejó de funcionar el 1 de enero de este año.

Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano. Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.

Síndic de Greuger, casi siete millones

En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos casi 29 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que en 2012 recibió casi siete millones de euros. Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones el pasado año; o el Síndic valenciano, con una dotación de 3,4 millones.

Todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento.

Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos de los últimos años, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán. Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000).

Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales.

Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración. Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño.

Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.

Debate sobre su necesidad

La continuidad de este tipo de organismos autonómicos está sujeta a debate en varias comunidades españolas debido a la actual coyuntura económica y el objetivo de las instituciones de acabar con las duplicidades para reducir gastos innecesarios.

Sin embargo, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.

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