La orden contra el Canódromo se firmó al borde del plazo en plena Semana Santa de 2004
La orden de impugnación del Plan Parcial del Canódromo, firmada por el exviceconsejero de Política Territorial Fernando González (CC) y remitida para su ejecución a la Consejería de Presidencia y Justicia de María Australia Navarro (PP), era una instrucción gubernamental del todo imposible de ejecutar en tiempo material por parte de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias.
Así se desprende del interrogatorio al que fue sometido como testigo el político aruquense de Coalición Canaria, para que aclarara qué sucedió en abril de 2004 en el seno del gobierno de coalición CC-PP entre su departamento y el de la actual presidenta del PP de Gran Canaria. González Santana hizo gala la semana pasada de una desmemoria preocupante, pero las fechas han arrojado más sombras que luces a la actuación del Gobierno de CC-PP ante la aprobación del Plan Parcial del gobierno municipal del PP en Las Palmas de Gran Canaria.
Fernando González firmó la orden de impugnación por el excesivo uso residencial de la zona el 7 de abril de 2004. Miércoles Santo, para más señas, víspera de un largo fin de semana tradicionalmente festivo. Y aunque en sede judicial aseguró desconocer el dato de que el vencimiento para impugnar el plan aprobado por el gobierno municipal de Pepa Luzardo -todavía imputada en esta causa junto al actual alcalde Juan José Cardona- se cumplía el 10 de abril -Sábado Santo, por lo tanto el lunes 12 como primer día hábil- el tiempo material que tenían los servicios jurídicos, de haber recibido la orden, era prácticamente cero.
El exviceconsejero del Territorio de Canarias aseguró ante el juez instructor del caso Canódromo, Tomás Martín, ser consciente de que el plazo para impugnar se agotaba, pero mantuvo que desconocía la fecha del 10 de abril como tope. Del mismo modo, González admitió no haber realizado un seguimiento a su orden, aunque carece de una copia del registro de salida de la Vicenconsejería para confirmar que desde su propio departamento se le diera curso hacia los servicios jurídicos a las órdenes de Australia Navarro.
El dirigente de CC no aclaró prácticamente nada de lo que sucedió con su orden, si fue tramitada en Presidencia y Justicia pero ya estaba fuera de plazo o quedó aparcada por este mismo motivo. Aseguró no haber recibido información alguna al respecto, y que de haber habido algún tipo de anomalía como la expuesta se hubiese enterado, ya que era un asunto por lo que se interesó al recibir información de las presuntas ilegalidades del Plan Parcial por parte de la presidenta de la asociación de vecinos Avecalta.
González dijo, no obstante, haberse enterado tiempo después pero “extraoficialmente” de que su orden no fue tramitada y los únicos documentos que mantiene en su poder son tanto la orden firmada por él para impugnar el plan que da cobertura jurídica a los torres del Canódromo como la copia de su remisión a la consejería de María Australia Navarro.
