'Faycán' empezó con un soborno a Guillermo Reyes

El caso Faycán no empezó con la Fiscalía Anticorrupción. Ni con el PSOE en el Gobierno de España, como machaconamente insisten los dirigentes del PP atribuyendo a los socialistas la autoría de una conjura policial, judicial y mediática. La corrupción en la ciudad de Telde se empezó a investigar por el Cuerpo Nacional de Policía en la segunda mitad de 2003, con José María Aznar en La Moncloa y Francisco Valido, del PP, iniciando su mandato como alcalde. El jefe superior de Policía era Javier Ballesteros, que tras abandonar ese puesto en 2004 fue nombrado jefe de seguridad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde ejercía como presidente José Manuel Arnaiz fruto del pacto entre CC y el PP.

Todo empezó de una manera sorprendente. Un prestigioso abogado de Las Palmas de Gran Canaria, en otros tiempos alcalde de la ciudad, se indignó cuando fue instado a pagar 120.000 euros de soborno para obtener una licencia urbanística en Telde. La empresa familiar que dirigía pretendía promover unos chalets adosados en esa ciudad y estaba a la espera de las últimas bendiciones administrativas del consistorio.

Dos intermediarios perfectamente identificados, ambos vinculados al que entonces era concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca, socio del PP en el Ayuntamiento, pidieron esa cantidad al abogado, que inmediatamente acudió a la Policía a poner en su conocimiento los hechos. La denuncia fue redactada por funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Información y contenía todo lujo de detalles acerca del modo de operar de los responsables de la Concejalía de Urbanismo de Telde, así como el procedimiento que había de seguirse para hacer efectivo el pago de esos 120.000 euros.

Pero la operación se frustró por una decisión de los promotores, según han confirmado a este periódico fuentes policiales. Reunida la familia con carácter de urgencia, desautorizó al abogado para que en nombre de aquella interpusiera la denuncia, que jamás fue firmada ni judicializada. La decisión de los promotores fue la de pagar y, para compensar ese sobrecoste imprevisto, subir el precio de cada chalet en 3.000 euros.

La Policía no verificó que el pago se ejecutara, pero de haberse hecho se realizó en dos entregas, cada una de 60.000 euros, que habrían de ser recibidas, respectivamente, por un pariente cercano del concejal Guillermo Reyes y por uno de los que luego se significó como uno de sus más diligentes colaboradores.

Aunque la operación no se puso en marcha de acuerdo con los detalles relatados por el abogado, ya fallecido, la Brigada de Información de la Policía desplegó a sus investigadores en la ciudad de Telde. Pronto, muy pronto, aparecería una mujer empresaria que contó a los agentes cómo había sido chantajeada por el grupo de Gobierno, formado por el PP y AFV-Ciuca, para obtener contratos y que se agilizara el pago de sus facturas.

De ese modo estalló la operación Faycán, por la que se descubrió una importante trama de corrupción protagonizada por media docena de concejales del PP con el fin de financiar a ese partido y de enriquecerse ilícitamente. Con 37 personas imputadas, entre concejales, altos cargos del PP, empresarios y funcionarios, el caso Faycán está solamente pendiente de juicio con jurado.