La Fiscalía baraja retomar la acusación de cohecho y prevaricación contra Zerolo
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) considera que del estudio de la exposición razonada que ha elaborado la juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, se desprende que la imputación más sólida dentro del caso de Las Teresitas contra el actual senador de Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo, es la de malversación de fondos.
Aún así fuentes de la Fiscalía señalan que “en absoluto” se cierra la puerta a retomar el resto de imputaciones como es la de prevaricación e incluso la de cohecho que en principio ha sido sobreseida provisionalmente antes de la remisión del sumario al Supremo.
“De la lectura de la exposición motivada se desprende que efectivamente la imputación más sólida y con mayor número indicios es la de malversación de fondos pero a partir de ahora se comenzarán a analizar el resto de acusaciones”, se indicaba el miércoles desde la Fiscalía. El Ministerio Público presentó un informe con fecha 12 de marzo ante la Sala Segunda del TS en el que solicitaba que se declarara competente para conocer la causa. El fiscal también pedía que se procediese a nombrar magistrado instructor según el orden preestablecido. “Asimismo, se interesa que se remita copia testimoniada de la causa para proceder al examen de los indicios de participación en los hechos”, del exalcalde.
Aunque en el comunicado sólo se citaba la imputación por malversación de fondos ahora se matiza que “en absoluto” se descarta retomar tanto la prevaricación como incluso el cohecho. “De momento como mínimo la Fiscalía ha visto que la malversación de fondos es la que está más fundamentada pero a partir de ahora se verá qué ocurre con las demás imputaciones. El juez que sea nombrado instructor deberá analizar todas y cada una de las posibilidades”, se aclaraba ayer. Al respecto se apunta que el fiscal “evidemente” no ha estudiado todo el sumario del caso que suma varios miles de folios sino tan sólo la exposición razonada que le ha remitido Bellini. A partir de aquí el juez instructor tendrá que ir analizando el expediente y solicitará las diligencias que estime convenientes.
Recursos contra el sobreseimiento
Por lo pronto las acusaciones particulares formadas por Justicia y Sociedad y el abogado, Felipe Campos, ya han anunciado que van a recurrir el sobreseimiento provisional del delito de cohecho al considerar que existe base suficiente para poder volver a retomarlo una vez que tras levantarse el secreto de sumario han tenido acceso a las investigaciones llevada a cabo por la policía judicial y el Ministerio de Hacienda sobre la actividad económica de Zerolo entre los años 2001 y 2006. Durante este período se ha detectado que el exalcalde utilizó grandes cantidades de dinero de origen desconcido aunque no se pudo demostrar fehacientemente que éste proviniera de un posible soborno.
Los hechos se remontan al año 2001 cuando el Ayuntamiento procedió a comprar las once parcelas del frente de la playa por 52,4 millones de euros a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) que las había adquirido por casi la mitad y además incluyendo la trasera de la playa tan sólo tres años antes. La venta se realizó sin que se contara con un informe elaborado o ratificado por la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, quien en su momento declaró haber sido presionada para variar su tasación inicial que valoraba los terrenos en apenas 22 millones de euros. Por esta razón, en el año 2007 el Supremo procedió a anular la compra de la playa.
La prevaricación vendría razonada por un supuesto trato de favor a los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia en toda esta operación así como por la adquisición por parte del Ayuntamiento de un tercio de los terrenos que eran de dominio público de Costas. La sentencia del Supremo también apuntaría a un posible delito de malversación de fondos públicos en cuanto Zerolo avaló la compra a un precio que según la arquitecta municipal no era real. Para el abogado de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, “no se puede entender la malversación y la prevaricación sino hay detrás un soborno”. De hecho, durante años se ha llamado la atención sobre la rapidez con la que se cerró el procedimiento administrativo que concluyó en poco tiempo en esta compra hoy anulada y cuyas consecuencias se están dirimiendo en la vía civil.
