El Gobierno cambia el acceso al sistema informático judicial

Jueces, magistrados y fiscales de toda Canarias ya no podrán solicitar de manera verbal sus contraseñas de acceso a los equipos informaticos del sistema judicial Atlante II, bajo control del Cibercentro del Gobierno autónomo.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad ha emitido una nueva instrucción de trabajo a los empleados del Centro Integral de Servicios Telemáticos: para que un juez o fiscal pida su contraseña, ya sea para modificarlas o por olvido, deberá notificar la solicitud por escrito, directamente, a las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Hasta la fecha, cualquier juez, magistrado o fiscal podía dirigirse de manera telefónica a los responsables informáticos del Cibercentro y pedir el cambio de sus claves de acceso a los ordenadores de sus despachos, a los que también pueden acceder vía remoto desde cualquier punto físico distinto a su puesto de trabajo.

La medida confirmada a CANARIAS AHORA por fuentes extraoficiales de la Consejería llega en plena polémica por la denuncia de la juez de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, tras comprobar el 15 de noviembre pasado desperfectos en el disco duro de su ordenador profesional por un calentamiento del mismo, después de haber sido utilizado por extraños durante todo el fin de semana anterior.

La decisión tomada por Presidencia, Justicia y Seguridad no pudo ser confirmada oficialmente por su gabinete de prensa. Tampoco los motivos oficiales de la misma, pero las fuentes consultadas han asegurado que la nueva instrucción de trabajo para Atlante II se produjo a media mañana del miércoles, justo el día en que diversos medios de comunicación recogían declaraciones de la juez Rosell, a la que El Mundo, a través de José Manuel Soria, señala como la autora de la denuncia del director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, contra el el presidente del PP canario por el denominado caso salmón.

La juez Rosell ha explicado en diversos medios de comunicación canarios los avatares de su disco duro desde hace un mes, un indicio más que apunta al coladero informático en el que se habría convertido el sistema informático judicial Atlante II, cuestionado también por otros operadores jurídicos desde hace meses. Tras detectar el 15 de noviembre ese sobrecalentamiento del fin de semana que le explicaron desde el Cibercentro, decidió presentar una denuncia al día siguiente.

Desde entonces, el disco duro de Victoria Rosell ha dado la vuelta a media España. Enviado a Madrid tras varias pruebas infructuosas por parte de técnicos del Centro Integral de Servicios Telemáticos, su ordenador profesional, con la información sensible que guardaba -asuntos bajo secreto de sumario- ha sido reparado en la capital de España pero no ha sido devuelto a la juez, ya que se encuentra bajo custodia del Juzgado de Instrucción 3 de LPGC, donde ha recaído la denuncia presentada por su colega del 8.

Y todo por la presentación por parte del Gobierno de Canarias de una denuncia adicional ante la Fiscalía, al considerar que la juez relaciona los desperfectos de su disco duro durante el fin de semana de noviembre con la aparición en El Mundo, el 3 de diciembre, de una noticia titulada “Una juez progresista elaboró una querella (sic) contra Soria''.

La denuncia, como ha explicado este diario, fue elaborada por su director en 2008, tras ser modificada una anterior de 2006 que nunca llegó a formalizarse por parte de Ben Magec Ecologistas en Acción.

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