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El Gobierno aprueba 103 plazas para la promoción del personal funcionario

SACARÁ A OPOSICIÓN 1.600 PLAZAS PARA EL CUERPO DE MAESTROS

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El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma para 2007, que asciende a 207 plazas, de las que 104 son de libre ingreso y 103 están reservadas a la promoción interna del personal funcionario.

El decreto establece una adecuada programación de las políticas de selección y distribución de efectivos para atender las necesidades de personal que existen en los distintos departamentos de la Administración autonómica, y además fomenta la promoción profesional de los funcionarios de carrera, explica el Gobierno regional.

Para los funcionarios se reserva un 50% de los puestos ofertados, que se proveerán mediante el sistema de promoción interna, así como un 5% para el turno de minusvalía.

Con el objetivo de fomentar la promoción interna al cuerpo superior de administradores, escala de administradores generales y al cuerpo de gestión de la administración y escala de gestión financiera y tributaria, los procesos selectivos se llevarán a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso libre.

El decreto mantiene además la vigencia de las ofertas de empleo público anteriores que estén pendientes de ejecutarse en su totalidad, por lo que a la oferta de empleo específica de este año hay que sumar las plazas que no se han cubierto en convocatorias anteriores.

1.060 plazas para el cuerpo de maestros

Además el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes la oferta de empleo público correspondiente a 2007 para maestros e inspectores de educación, que se eleva a 1.060 plazas en conjunto y cuyo proceso de selección comenzará después del 14 de junio con la convocatoria de oposiciones.

Del total de plazas convocadas 1.048 serán para el cuerpo de maestros y doce para el de inspectores, según informó este lunes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra.

En concreto, para Infantil se han convocado 275 plazas; 333 para Primaria; 110 para Inglés; 40 para Francés; 40 para Música; 90 para Educación Física; 120 para Pedagogía Terapéutica y 40 para Audición y Lenguaje.

Por primera vez se aplicará el nuevo sistema de acceso a la función pública docente, previsto en una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que prevé la realización de una única prueba en la fase de oposición, que constará de dos partes sin que ninguna de ellas sea eliminatoria.

La primera parte se centrará en el desarrollo de un tema por escrito elegido por el opositor de entre tres sorteados por el tribunal y la segunda aglutinará dos ejercicios, salvo en la especialidad de Música que tendrá un tercer ejercicio práctico.

El primero de ellos será la presentación y defensa de una programación didáctica y el segundo la elaboración y exposición de una unidad didáctica de su propia programación, elegida por el opositor de entre tres sorteadas por el tribunal.

El profesorado interino que participe en este proceso selectivo y que estuviera prestando sus servicios a la entrada en vigor de la LOE podrá sustituir la unidad didáctica por un informe de su competencia docente elaborado por la Administración.

Otra de las novedades del nuevo proceso selectivo es la creación de la especialidad de Educación Primaria, lo que permitirá a los interinos más antiguos que no tienen especialidad LOGSE acceder a la función pública docente.

En cuanto a la fase de concurso, la experiencia docente se puntúa con 0,70 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos sobre los 10 posibles del baremo.

Por otra parrte, el Consejo de Gobierno aprobó este lunes además el proyecto de decreto por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados.

El decreto tiene como objetivo regular la admisión del alumnado a través de un marco normativo mínimo que permita un posterior desarrollo acorde con circunstancias sobrevenidas.

También se pretende simplificar los procedimientos y fijar los principios y garantías esenciales que exige la seguridad jurídica que debe existir en procesos de estas características.

Entre sus novedades más importantes destacan la modificación de los criterios prioritarios de admisión, cuando no haya plazas suficientes, el establecimiento de las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados concertados o la composición plural de las comisiones de escolarización, haciendo partícipe en sus funciones a los sectores de la comunidad educativa.

Desde la perspectiva técnica y organizativa, el decreto incorpora los avances tecnológicos que están permitiendo tanto el acceso telemático a la información como la gestión más ágil y eficiente de procedimientos tan complejos como es el de la admisión, por el número considerable de personas que participan en el mismo.

Así, la tendencia es la de facilitar al interesado los trámites que debe hacer o, por ejemplo, la de promover el intercambio de información sobre el nivel de renta con la Administración tributaria.

Todo ello con las debidas prevenciones de seguridad que marca la propia Ley Orgánica en relación con la protección de datos de carácter personal del alumnado o de sus familias.

109 puestos de trabajo para poner en marcha la ley de Dependencia

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el proyecto de decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales con el objetivo de poner en marcha la ley de Dependencia.

Para ello la Consejería ha propuesto al Gobierno la creación de un nuevo Servicio de Atención a la Dependencia, que tiene como finalidad proceder a la puesta en marcha efectiva de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

La propuesta de Relación de Puestos de Trabajo trasladada a la Función Pública Canaria incluye una Jefatura de Servicio, 8 Jefaturas de Sección y 10 auxiliares administrativos.

A esta estructura administrativa habrá que sumar los cuatro equipos comarcales de valoración, con vistas a que la atención sea lo más cercana posible al ciudadano.

Estos equipos estarán compuestos por un médico, un psicólogo, un trabajador social, más 16 valoradores, a los que hay que sumar 7 auxiliares más por cada provincia.

En definitiva se contará con 109 personas que asumirán el arranque de esta Ley en Canarias.

Esta ley aborda de forma racional y coordinada la planificación autonómica en materia de atención sociosanitaria de personas mayores o con discapacidad con una mejora sustancial en los servicios de ayuda a domicilio, construcción de nuevos centros y financiación de las prestaciones económicas.

Con esta infraestructura la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales estará dispuesta a afrontar la primera fase de la implantación de la Ley de Dependencia, que en 2007 afectará a los grandes dependientes.

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