La Ley de Servicios Sociales contempla una cartera de servicios y prestaciones

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, durante la presentación del borrador del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales.

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

La futura ley de Servicios Sociales pretende superar el asistencialismo para convertir los servicios sociales en un derecho, dijo este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, quién explicó que la nueva normativa contempla una cartera de servicios y prestaciones y la creación de la historia social única.

Hernández, que este miércoles presentó el borrador de esta ley ante el Consejo General de Servicios Sociales, indicó en rueda de prensa que con la nueva normativa, que previsiblemente será aprobada en octubre por el Gobierno como paso previo a su tramitación parlamentaria, se crea el sistema canario de servicios sociales y donde había “caos y desorden” habrá coordinación entre las áreas.

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, dijo que a lo largo de la vida toda la población puede hacer uso en un momento determinado de los servicios sociales, que, añadió, por primera vez pasan a ser un derecho.

Explicó que el sistema canario de servicios sociales tramitará no solo las ayudas de emergencias sino también creará un sistema que permitirá centrar toda la información de los usuarios bajo un mismo soporte cuya fuente será la historia social única.

“Se acabó dar tumbos por las diferentes administraciones para pedir un papel”, aseveró Patricia Hernández, quién anunció también la creación de la tarjeta social única, de características similares a la tarjeta sanitaria.

A esta tarjeta podrá acceder toda la población ya que “todos somos potenciales usuarios de los servicios sociales” y como ejemplo de ello citó los solicitantes del carné de familia numerosa, de una adopción o de una ayuda social.

Hernández explicó que se crea una “ventanilla única” para el acceso a los servicios sociales en la administración más cercana, que son los ayuntamientos, donde también los usuarios tendrán un personal de referencia, que será de libre elección y que hará el diagnóstico de la situación social del ciudadano que reclama la prestación del servicio.

“Será como una especie de médico de familia en esta materia” apuntó la vicepresidenta, quién reconoció la necesidad de buscar junto con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) una solución a la estabilidad de los puestos de los trabajadores sociales.

Además señaló que en el borrador de esta ley, que ha sido negociada con entidades sociales, instituciones y colegios profesionales, SE crea una cartera de servicios sociales y prestaciones que económicamente, aseguró, estarán blindadas.

Subrayó que el compromiso es que este servicio esté en vigor en doce meses una vez aprobada la nueva normativa.

En el borrador de la ley se recoge el compromiso de calidad de los servicios que se presten y para velar que así sea se creará el Observatorio de los Servicios Sociales de Canarias, entendido como un órgano de participación continua de los diversos agentes.

Patricia Hernández se mostró convencida de que la coordinación entre administraciones permitirá agilizar la tramitación de las ayudas y facilitará la información de cual la ayuda que se presta y quién lo hace.

Aseguró que aunque de esta ley se beneficiará toda la población, será prioritaria la atención a colectivos como discapacitados, víctimas de violencia de género y afectados por exclusión social.

“Estamos poniendo los servicios sociales en hora después de treinta años” dijo Patricia Hernández, en alusión a la anterior ley que aunque, dijo, fue buena, sus objetivos ya no se ajustan a la actual situación.

En su opinión, esta ley “empodera” al usuario de los servicios sociales.

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