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El PP mantiene la advertencia de expulsión a González Arroyo

SI NO DESISTE DE LA CENSURA EN LA OLIVA

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El Partido Popular podría llegar a expulsar a sus siete concejales en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, si no desisten de la moción de censura que han suscrito contra la alcaldesa de Coalición Canaria, Claudina Morales, una iniciativa que su organización les exigirá parar.

Así lo acordó este lunes el Comité Regional del PP en Canarias, en una reunión extraordinaria en la que se analizó la situación creada por la presentación de dicha moción, encabezada por el histórico dirigente popular de Fuerteventura Domingo González Arroyo, y se decidió, por unanimidad, enviar un requerimiento por escrito a cada uno de los ediles censurantes para que depongan su actitud.

En caso contrario, la dirección regional del partido pondrá el asunto en manos del Comité de Derechos y Garantías, órgano de ámbito nacional que decidiría, en ese caso, el destino de los concejales requeridos, que cometerían un falta grave que podría ser sancionada, en última instancia, con la expulsión, según anunció al término de la reunión el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.

Un dirigente que destacó que, frente a argumentos esgrimidos por los ediles de su partido para justificar su actuación, como el hecho de que el pacto suscrito con Coalición Canaria para gobernar conjuntamente en la Comunidad Autónoma en la presente legislatura no obligaba a repetir el acuerdo en los ayuntamientos, él mismo desautorizó la iniciativa, en una conversación con González Arroyo.

"Sólo 48 horas antes hablé con él, le pregunté directamente por esta cuestión -dijo Soria-, puesto que es algo de lo que el PSOE ya iba presumiendo por muchos rincones de Canarias".

"Ésa fue la razón que me impulsó a llamarle y decirle si realmente tenía visos de realidad eso que el PSOE ya estaba pregonando por todas las esquinas, y me negó rotundamente que tuviese el más mínimo fundamento", apostilló.

Además, "sabía la dirección insular, a la perfección, que esa iniciativa, porque no es la primera vez que se escucha hablar de esa iniciativa, estaba totalmente en contra de los criterios, ya no sólo de la dirección regional, sino también de la dirección nacional, que saben que, a las pocas horas de haberse presentado, ya había sacado un comunicado diciendo que la desautorizaba totalmente", añadió.

"Por tanto, no es algo que se pueda alegar que era desconocido", concluyó el líder regional del PP.

E insistió en sus advertencias: "si esa moción se llega a consumar, desde luego, actuará el órgano del partido correspondiente, que no es otro que el Comité de Derechos y Garantías, por constituir esa iniciativa lo que se denomina una infracción muy grave en nuestro reglamento".

Dicho órgano abriría a cada concejal censurante, en ese caso, un expediente cuya resolución Soria recalcó que "será breve" y que podría concluir con expulsiones, aunque aclarando que la decisión no sería suya.

"En caso de infracciones muy graves cabe la expulsión del partido, pero, claro, no es a mí a quien corresponde calificar esta situación, es al Comité de Derechos y Garantías", fueron sus palabras al respecto.

Reiteró, en todo caso, que los ediles implicados en la moción, presentada con el apoyo de los dos ediles socialistas que hay en La Oliva, deben desistir si desean mantener sus posiciones en el PP.

"Porque, además, es para darle la alcaldía a un partido, como es el PSOE, que no tiene otro objetivo, en cualquier institución de España, que justamente el contrario: barrer literalmente al PP de cualquier institución, incluidas aquellas donde el PP ha ganado las elecciones", argumentó.

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