El PSC, partidario de enviar el 'caso Alcampo' a la Fiscalía Anticorrupción
El presidente del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Santiago Pérez, respaldó este viernes la posibilidad de que el PSOE en La Laguna remita a la Fiscalía Anticorrupción el caso de la ampliación de las instalaciones de Alcampo en ese municipio, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Los responsables de este caso son “Ana Oramas por acción y Ricardo Melchior por omisión”, dijo Pérez en rueda de prensa en referencia a la alcaldesa de La Laguna y al presidente del Cabildo de Tenerife.
Santiago Pérez afirmó que la sentencia es firme, puesto que se ha vulnerado la ley comercial canaria, y ante eso el competente para pronunciarse es el TSJC, por lo que los eventuales anuncios del Ayuntamiento sobre recursos ante el Tribunal Supremo sólo pretenden confundir a la opinión pública y ganar tiempo, la misma táctica que ha seguido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el caso de Las Teresitas.
El representante socialista acusó a Ana Oramas de ser la máxima responsable de este caso, en un caso que ha supuesto un perjuicio “muy negativo” sobre el tejido comercial de La Laguna y sobre el empleo.
ATI y Coalición Canaria han demostrado una vez más que “están al servicio de intereses específicos” al haber renunciado a defender los intereses generales plasmados en las leyes emanadas del Parlamento de Canarias, dijo Pérez.
Subrayó que la licencia de ampliación de Alcampo se dio ilegalmente por silencio administrativo después de que los responsables políticos del Ayuntamiento comprobaran que contaban con informes negativos de los servicios municipales y del Cabildo de Tenerife.
La responsabilidad del Cabildo de Tenerife es que pese a haber emitido un informe desfavorable y vinculante a esa ampliación “miró para otro lado” cuando el Ayuntamiento decidió seguir adelante con su “licencia fraudulenta”.
“Ana Oramas se llena la boca con la patria canaria, pero el principal deber patriótico es cumplir las leyes, lo contrario es una grave deslealtad a los intereses generales”, afirmó el dirigente socialista.
Insistió en que los de ATI se llaman a sí mismo patriotas y a la hora de la verdad ponen las administraciones públicas “al servicio de los intereses de los más influyentes”, sin importarles el efecto que ha tenido esa ampliación de Alcampo en el tejido comercial de La Laguna, en el empleo y en la utilización del territorio.
Recordó Santiago Pérez que legalmente, para dar licencia sobre una gran superficie comercial, un ayuntamiento necesita un informe de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, una licencia específica previa a la licencia urbanística y un informe favorable del Cabildo.
Pero en La Laguna todos esos trámites se incumplieron y se convirtió a la ley “en papel mojado”, con informes contrarios de los propios servicios urbanísticos del Ayuntamiento, justo como “en el caso de Las Teresitas”, insistió.
Todas esas personas que quieren ampliar sus casas para contar con una habitación más sin que el Ayuntamiento les dé permiso deben saber “cómo se ha puesto toda la maquinaria municipal al servicio de los grandes intereses”, denunció Santiago Pérez.
