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Patricia Hernández insiste en que los diputados no visiten de forma individual los centros de menores

La vicepresidenta asegura que no hay ningún menor declarado en desamparo por motivos económicos

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 El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, conversa con la vicepresidenta del Ejecutivo canario, Patricia Hernández. EFE/Ramón de la Rocha

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, conversa con la vicepresidenta del Ejecutivo canario, Patricia Hernández. EFE/Ramón de la Rocha

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha insistido en su negativa a que los diputados, de forma individual, visiten los centros de menores de la Comunidad Autónoma, aunque ha propuesto en el pleno del parlamento a que los miembros de la Comisión de Políticas Sociales si lo hagan de forma institucional, con el fin de conocer su funcionamiento.

Según la número dos del Ejecutivo, los diputados deben saber discernir entre controlar al Gobierno y proteger a los menores, y no tienen derecho a visitarlos, tal y como aseguró el pasado 13 de mayo cuando recriminó a la diputada de Podemos, María del Río, que visitara los centros de Tenerife y Gran Canaria.

Estas consideraciones las hizo Hernández en la sesión de control del Parlamento, a instancias del diputado Luis Campos (NC), que criticó la carencia de centros y profesionales adecuados, así como un modelo, para atender a los menores en desamparo y evidentemente, no contó con el apoyo del grupo de Podemos, pues la diputada María del Río insistió en que ha realizado visitas guiadas a los centros para verlos personalmente porque "no todo queda reflejado en los papeles" y hay que elaborar "un mapa" de la realidad de los centros de acogida.

Un día después de que Unicef alertara de que existen 130.000 niños canarios en riesgo de exclusión, Hernández, ha asegurado que en las Islas hay 1.358 menores en desamparo (en centros y  familias de acogida) y que ninguno ha sido declarado en dicha situación por motivos económicos.

De esta manera, la número dos del Ejecutivo ha querido rebajar el temor de muchas familias con apuros económicos que no acuden a los servicios sociales de los ayuntamientos por creer que perderán la custodia de sus hijos, asegurando que en esos caso lo que se decide es atender económicamente a las familias.

Sin embargo, Campos no estuvo de acuerdo con la tesis de Hernández de que "lo ideal" es llevar a los menores a hogares de acogida, pues ha reclamado centros especializados.

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