Los canarios gastan 350.000 euros al año en los certificados para viajar
Los certificados de residencia cuestan a los canarios más de 350.000 euros al año. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Roberto Moreno, quien ha afirmado que el sistema “resucitado ” por el Ministerio de Fomento ha repercutido “directa y negativamente” en los bolsillos de los ciudadanos isleños, como demuestra la métrica que utiliza Hacienda para calcular este tipo de gastos en la administración.
A este coste hay que sumarle además el gasto que han tenido que acometer los ayuntamientos en adaptar sus sistemas de información para emitir de manera rápida y telemática los certificados.
En un desayuno-coloquio celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Roberto Moreno ha lamentado que “la solicitud reiterada a la ciudadanía de información que ya obra en poder de la administración nos genera a todos un coste añadido, como en el caso del certificado de residencia para viajar”.
Para el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del gobierno de Canarias, los números demuestran que la decisión de exigir de nuevo a los residentes los certificados impresos “ha sido una majadería administrativa propia de un mal gestor”, y sostuvo que esta medida “ha ido en sentido contrario al que las administraciones públicas estamos obligadas a llevar en nuestra relación con la ciudadanía”.
El certificado de residencia para viajar en avión y barco tiene un coste superior al que genera la solicitud del certificado de empadronamiento, que supone anualmente unos 330.000 euros, agregó Roberto Moreno, que hizo estas consideraciones durante su intervención en una mesa redonda, en la que habló de la administración electrónica y el intercambio de datos entre las administraciones para minimizar el impacto burocrático en la ciudadanía.
Moreno indicó que el reto tecnológico de todas las administraciones públicas se centra en hacer más inteligente el procesado de datos y la ingente cantidad de información que manejan. “Somos custodios de un volumen ingente de información ciudadana multiplicada tantas veces como administraciones locales, regionales y estatales tenemos; información que debemos interoperar entre todas las administraciones públicas para evitar multiplicidades inútiles y poco eficientes y de la que no se extrae toda la potencialidad”, subrayó.
