Vertidos a los sebadales y un “factor de riesgo” para el aeropuerto: las lagunas del proyecto de jaulas marinas de Lanzarote

Canarias ha perdido ya la mitad de sus sebadales. Casi dos kilómetros de estos refugios marinos desaparecen cada año, según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En Lanzarote, la colocación de 56 jaulas marinas a lo largo de 5,5 kilómetros de costa ha puesto en alerta a cerca de 30 administraciones y entidades, que han advertido acerca del impacto negativo de las piscifactorías sobre la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sebadales de Guasimeta. Los vertidos sobre esta especie protegida o la introducción de un “factor de riesgo” para la actividad del aeropuerto son algunas de las lagunas que han llevado a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental a frenar el proyecto y a exigir a la promotora una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

La granja, impulsada por la empresa Yaizatún S.A., pretende destinarse al engorde de dorada, lubina y atún atlántico en 138,2 hectáreas de agua que se prolongan por la costa de los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías. En ese mismo fondo marino se sitúa un espacio protegido por Europa. En concreto, se trata del hábitat de interés comunitario 1110 que alberga los sebadales y forma parte de la Red Natura 2000. Un informe emitido por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario concluye que el proyecto “no cumple con los objetivos de gestión para la conservación del hábitat”.

Según el documento, incluido en la resolución del Gobierno de Canarias, las jaulas supondrán una emisión de vertidos de residuos orgánicos al sebadal existente, poniendo en riesgo los valores que justifican el mantenimiento de esta ZEC. Este espacio recibió en 2011 esta protección especial para “asegurar la supervivencia a largo plazo” de los hábitats naturales más amenazados de Europa y detener la pérdida de biodiversidad que ocasionan las actividades humanas. 

En esta línea, entre las carencias que Costas detecta en la documentación presentada por Yaizatún S.A. es la falta de alternativas para la localización de la granja. Así, tacha el proyecto de incompleto al solo recoger alternativas relacionadas con las características de las instalaciones. “Los principales problemas vienen por localizarse en una zona con presencia de valores ambientales y especies y hábitats protegidos”, subraya. 

La Dirección General insiste en que no cabe justificar la implantación de las jaulas basándose “en una regresión del sebadal existente” y recuerda que los objetivos de la conservación obligan a recuperar las especies y los hábitats, especialmente en las áreas que forman parte de la Red Natura 2000. El Cabildo de Lanzarote, así como los ayuntamientos de San Bartolomé, Tías y Arrecife coinciden en que “no es oportuno” añadir una presión más a este ecosistema y han mostrado su oposición a las jaulas marinas. 

Más allá de su impacto sobre los sebadales, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias informa de que el documento ambiental presentado por la promotora recoge una “nula consideración” de la adaptación al cambio climático. “No ha incluido la perspectiva climática del proyecto, en adaptación y mitigación, lo ha hecho de un modo parcial”, asevera. Además, recuerda que los titulares de la explotación tienen la obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono. 

Calidad del agua 

Otro de los puntos débiles de la granja marina es la amenaza que genera sobre la calidad del agua de Lanzarote. Según la Dirección General de Salud Pública, los excrementos de las especies cultivadas y los residuos del pienso que los peces no consumen pueden generar “emisiones al medio acuático de nitrógeno y fósforo”. El exceso de nutrientes en el agua rompe el equilibrio ambiental y, en consecuencia, aparecen toxinas que traen consigo la pérdida de la calidad del agua. Además, Salud Pública recuerda que se suelen utilizar con frecuencia productos químicos y antibióticos para combatir enfermedades y plagas de los cultivos.

La Dirección General concluye que este ciclo puede generar efectos directos o indirectos sobre la salud pública, a través de la contaminación del agua de baño por vertidos y heces de los peces, que “quedarán suspendidos en la masa de agua, arrastradas por las corrientes en función del tamaño del material particulado”. El área del Ejecutivo Autonómico recuerda que a dos kilómetros de donde se proyectan las jaulas hay varias zonas de baño. “Preocupa el riesgo de contaminación del agua, que hasta el momento cuenta con una clasificación anual del agua de baño de excelente”. 

Esta consecuencia ha puesto en guardia también a las entidades turísticas de la isla. Tanto la Federación Turística de Lanzarote como la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) se han posicionado en contra de las jaulas y señalan que seis de las zonas de baño próximas a las jaulas recibieron en 2023 la distinción de bandera azul. 

La actividad del aeropuerto

La cercanía del proyecto al Aeropuerto César Manrique de Lanzarote ha empujado a posicionarse también a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Su informe concluye que la instalación de acuicultura “introduce un factor de riesgo sobre la seguridad y la regularidad” de las operaciones del aeródromo. La razón: la posible concentración de aves marinas y acuáticas y el flujo de vuelo de estas entre la costa y las jaulas. En este enclave, las aeronaves vuelan a muy baja altitud, por lo que la Agencia sostiene que se debe minimizar todo lo posible la presencia de aves. 

La Agencia pide que la promotora se ponga en contacto “inmediatamente” con el aeropuerto de la isla para establecer canales de comunicación y coordinación constante e incluir mecanismos de monitorización de riesgo. Por su parte, Puertos del Estado recuerda que las piscifactorías se enmarcan dentro de aguas portuarias y piden que se cambie su localización, al solaparse con un campo de boyas en el que operan buques que trasladan mercancías peligrosas. La autoridad portuaria también ha exigido que se incluya en el proyecto una justificación de no afección a la seguridad y maniobra del transporte marítimo. 

El historial de la promotora 

Otras de las críticas que repiten las administraciones y entidades que se oponen al proyecto está relacionada con el historial de la promotora en Lanzarote. Yaizatún explotó durante 20 años 53 jaulas marinas en Playa Quemada, en el municipio de Yaiza En agosto de 2021 caducó su concesión, pero la empresa siguió con la producción de dorada y lubina durante más de un año. Además, el Programa Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado en 2018, recogía que la zona no era apta para esta actividad. 

La contaminación orgánica que resultó del engorde de los peces llevó a Ecologistas en Acción a otorgar la bandera negra a Playa Quemada en varias ocasiones. El cultivo de peces provocó importantes daños ambientales en la zona. La Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS) recogió en sus alegaciones al nuevo proyecto de Yaizatún que su acción acabó con el sebadal que habitaba entonces en el fondo marino de ese enclave.

Imágenes tomadas en el año 2000 por la organización internacional WWF evidencian la “putrefacción” del fondo marino como consecuencia de la acumulación de excrementos y restos de pienso. Según ADACIS, en las redes de las jaulas se acumulaban peces muertos, cuya descomposición contribuyó a la contaminación y al desplazamiento y asentamiento de especies piscícolas salvajes en busca de alimento.