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En marcha la reubicación de los vecinos de Ojos de Garza

EL GOBIERNO PREPARA EL ANTEPROYECTO DE LEY

Tendrá que tener el visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento.

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha anunciado tras la sesión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha iniciado los tramites para elaborar el anteproyecto de Ley que declare de interés general la reubicación de los vecinos de Ojos de Garza La Montañeta y el Caserío de Gando, afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, en los terrenos de Montaña las Tabaibas, en el municipio de Telde. El fin último de la Ley es dar seguridad jurídica al cambio de urbanización.

Berriel explicó que para habilitar la tramitación de la lista de evaluación del anteproyecto de Ley - para su posterior aprobación en el Parlamento regional - tienen que tener el visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil (Dgav), que depende del Ministerio de Fomento.

En cualquier caso, el consejero quiso despejar dudas acerca de un posible rechazo de los informes por parte de esta administración y aseguró que "en todo momento hemos estado en contacto" con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y la Dgav para consensuar las razones técnicas y medioambientales que avalan la idoneidad de la nueva ubicación en los terrenos de Las Tabaibas.

En este sentido, el Gobierno canario confía en contar con la aprobación de los informes que permitan la continuación del proceso de reubicación de las 4.000 residentes de Ojos de Garza afectados por la ampliación del aeródromo de Gando. Berriel recordó que los expropiados podrán elegir entre cobrar dicha expropiación o reubicar su vivienda en la nueva zona.

Gesplan, empresa pública que estudió las distintas alternativas de reubicación, tomó su decisión atendiendo a tres criterios fundamentales: que la reubicación afectase lo menos posible a la situación personal y laboral de los expropiados; que no supusiese un quebranto del medioambiente y del interés general; y que no tuviese interferencias en la servidumbre aeronáutica, explicó el consejero.

Asimismo, añadió que la ejecución del traslado se hará "en el menor tiempo posible" pero no precisó plazos porque es un proceso que requiere "tiempo y dinero". En este sentido el Gobierno canario afirma que el objetivo es que la ley pueda aprobarse en la presente legislatura.

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