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Una empresa privada de gestión tributaria se lleva 2.208.200 euros de los impuestos de Santa Cruz

HACE UN AÑO QUE EL AYUNTAMIENTO NEGOCIA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Los servicios jurídicos municipales consideran desde 2004 que el contrato del empresario tinerfeño Félix Marrero es nulo.

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La empresa privada de Félix Marrero Montesdeoca, que se ocupa desde hace 20 años de la gestión tributaria de la recaudación voluntaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cobrará 2.208.200 euros, es decir, el 5%, incluido el llamado premio de bonanza, de lo recaudado en impuestos municipales, cantidad que hasta el 26 de julio ascendía a 44.164.000 euros.

El concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, corroboró a este periódico que esa es la ganancia del gestor privado, que ha recaudado el 76% de los impuestos de los vecinos de la capital tinerfeña, mientras los cobros por vía ejecutiva los resuelve personal del propio consistorio.

Se da la circunstancia de que hace ya un año que el Gobierno local ha iniciado negociaciones con Félix Marrero para rescindir el contrato que firmó en 1992 con el entonces alcalde, Emilio García Gómez, y poder así lograr una gestión integral de la recaudación de impuestos, la voluntaria y la ejecutiva, que volvería a estar en manos de empleados públicos.

Sin embargo Bernabé admitió que esa negociación "es lenta porque no queremos que haya una transición traumática ni que ningún tribunal decida por nosotros", en relación a la posible demanda que podría plantear Marrero Montesdeoca por lucro cesante, "lo que estamos intentado evitar".

"En la actualidad estamos recabando los informes jurídicos, de Tesorería y de Recursos Humanos para llevar a cabo el proceso, y todavía tardará al menos un año", aclaró el concejal, "ya que hace solo tres meses que el Gobierno central aprobó el Plan de Ajustes y el tesorero del Ayuntamiento estableció un plazo de unos 18 meses para solventar este asunto".

Posible compra o alquiler de la oficina propiedad del empresario

Uno de los escollos es qué hacer con el personal que Marrero tiene contratado, por encima de los 20 trabajadores, pero también "la complicada estrategia administrativa que hay que crear". "Los impuestos constituyen el 40% de los ingresos en las arcas del Ayuntamiento, y no podemos permitirnos el lujo de que esa recaudación disminuya".

"Lo que más nos preocupa es que el Ayuntamiento esté capacitado para llevar a cabo toda la recaudación sin que haya una merma de ingresos", añadió.

En cuanto a la oficina propiedad de Marrero, en la zona de Tomé Cano, en la que se pagan los impuestos de forma voluntaria, y que formaría parte de la negociación entre el Ayuntamiento y el empresario, el concejal matizó que su alquiler o compra "podría ser interesante, por cuanto ya es una dirección de referencia para los ciudadanos, pero es un punto que aún no hemos estudiado, ni hemos valorado si la oficina está equipada a o no".

Más de 700 reparos a lo largo de 20 años por contrato nulo

Uno de los motivos por lo que se ha decidido prescindir de una vez de los servicios de Marrero Montesdeoca es que el contrato que firmó en 1992 ha sido considerado nulo de pleno derecho por los sucesivos interventores y servicios jurídicos del Ayuntamiento a lo largo de estos 20 años.

Ello ha conllevado más de 700 advertencias de reparos de ilegalidad, tres por mes, a las facturas presentadas por el empresario tinerfeño, reparos que fueron automáticamente levantados por los alcaldes Emilio García Gómez, Miguel Zerolo y ahora, José Manuel Bermúdez, "para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, lo que ocurre cuando el servicio ya se ha prestado".

En 2004, los servicios jurídicos municipales informaron de que la gestión recaudatoria, de acuerdo con la ley de 7/1986, "al implicar un ejercicio de autoridad", sólo se podía llevar a cabo directamente, "quedando excluida cualquier forma de gestión indirecta mediante contrato".

Así, "cuando se procedió a adjudicar el contrato de referencia (31 de enero de 1992), el cual traía origen de un anterior procedimiento concursal declarado desierto, se ignoró el procedimiento y la normativa aplicable, dándose la circunstancia de establecer una relación contractual sin base legal, al llevar a cabo funciones que manifiestamente no puede desempañar una persona privada".

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