''La sentencia pone fin a una etapa de mentiras y falsedades''
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se ha mostrado muy satisfecho por la sentencia que desestima y declara nulos los recursos presentados por la Asociación de Vecinos Ciudad Alta contra el proyecto del Canódromo conocida este viernes. En su opinión, esta decisión “pone fin a una etapa de mentiras y de falsedades” que “se crearon para dañar políticamente al que entonces era alcalde, José Manuel Soria, y a mí como concejal y con los años, alcalde”.
Para el regidor la sentencia “pone de manifiesto que las mentiras tienen las patas muy cortas”, y los jueces “han puesto las cosas en su sitio”.
“Pone de manifiesto la legalidad con la que siempre el Ayuntamiento actuó en este espacio”, explicó tras asistir a la presentación de un Plan de Formación de Excelencia Turística a cargo del ministro de Turismo, José Manuel Soria. Cardona señaló que la actuación en la parcela del Canódromo “permitió que la ciudad y particularmente la parte Alta, obtuviera y recuperara un espacio de 20.000 metros cuadrados, que hoy es uno de los parques urbanos más bonitos de la ciudad, y a cambio, logicamente, el propietario de ese suelo obtuvo unas compensaciones acordes al valor del suelo”.
En 2002 el Ayuntamiento acordó el cambio de la parcela que hoy ocupa el parque del Canódromo, en Schamann, mediante un convenio urbanístico que se incorporó al Plan General vigente con la aprobación de un Plan especial. El convenio fue negociado entonces por el concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, siendo alcalde José Manuel Soria, pero el Plan Especial se aprobó cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo.
El Plan aprobado permitía la permuta con Urbacan del antiguo Canódromo de Schamann a cambio de tres parcelas de suelo urbano, entre ellas la que sostienen las torres de 15 plantas a medio construir paralizadas desde 2008. Días después por Realia adquiría ese suelo y otra de las parcelas lo que reportó a Urbacan nueve millones de beneficio por la venta, todavía bajo investigación por la vía penal.
Esta sentencia “pone las cosas en su sitio, restableciendo la confianza que yo siempre mantuve en que el Ayuntamiento, los técnicos y los órganos de gobierno habíamos actuado siempre correctamente”, concluyó.
