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El CGPJ confirma que los delitos sexuales son perseguibles de oficio

NO ES PRECISO UNA DENUNCIA, SÓLO ES NECESARIO QUE EXISTA UNA NOTICIA CRIMINAL

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El vocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique López dijo este lunes que desde hace años en España los delitos contra la libertad sexual son perseguibles de oficio y recordó que la Ley contra la violencia de género presta asistencia letrada a las víctimas de agresiones.

López respondió así al ser preguntado por la petición que ha realizado el Instituto Canario de la Mujer de que se modifique la legislación para impedir que violadores queden impunes porque la víctima no ha presentado ninguna denuncia.

El Instituto Canario de la Mujer realizó esta petición tras conocer que el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas tiene recogida pruebas de ADN de 402 mujeres que en los últimos diez años acudieron a urgencias porque fueron supuestamente violadas aunque no presentaron denuncias.

El vocal del CGPJ afirmó que para que se investigue un hecho tiene que haber una noticia criminal y señaló que una vez que existen indicios, como los que pueden trasladar el personal sanitario a los órganos judiciales cuando reconocen a una mujer víctima de agresión, los trámites judiciales se ponen en marcha de forma obligatoria y de oficio.

López insistió en que para que el mecanismo judicial comience es necesario que la justicia conozca el hecho criminal y puntualizó que esta condición se debe dar no sólo con los delitos contra la libertad sexual sino con cualquier otro delito.

Al respecto, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, dijo que aunque la petición del Instituto Canario de la Mujer es correcta, el Ejecutivo no la ha estudiado ya se trataría de la modificación de una ley, que como la del Código Penal, es de competencia estatal.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Rosa Rubio, indicó que ante las violaciones, el Ministerio Fiscal actúa de acuerdo con las condiciones que establece el Código Penal, que si obliga a que sea de oficio en caso de menores y discapacitados.

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