La irregularidad llega con la mayoría de edad
Decenas de menores inmigrantes que han estado durante años acogidos en distintos centros de Canarias están saliendo de los mismos sin permiso de residencia para residir legalmente en España. Este hecho los convierte, de facto, en irregulares, todo ello pese a que el Gobierno canario, como tutor legal de los chicos, está obligado a conseguirles los papeles en cuanto ponen el pie en las Islas, tal y como recoge la legislación y como ha recordado en reiteradas ocasiones tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía General del Estado.
La pasada semana, un grupo de cinco o seis jóvenes que habían residido en centros para menores inmigrantes de Canarias se había instalado en unas cuevas de la zona de El Confital. Ninguno de ellos tenía permiso de residencia. Ya no están allí, pero siguen vagando por las calles de la capital grancanaria. Haiba, un joven marroquí, llegó con apenas 13 años en una patera a las Islas. Durante cinco años estuvo tutelado por la Comunidad Autónoma y residiendo en distintos centros. Sin embargo, cuando cumplió los 18 se vio, de repente, convertido en un inmigrante irregular con la posibilidad real de ser expulsado de nuevo a su país.
Lo más paradójico es que tanto el Estado como el Gobierno canario han invertido mucho tiempo, esfuerzos y dinero en la acogida, integración y formación de estos jóvenes. La manutención de cada menor acogido en un centro cuesta unos 1.800 euros mensuales y en Canarias hay unos mil menores extranjeros en esta situación de los 2.700 que han llegado en los últimos cuatro años, sobre todo marroquíes, saharauis, malíes y senegaleses. Es decir, el gasto mensual se eleva a 1,8 millones al mes. “Parece demasiado dinero para luego salgan de los centros y se tengan que poner a delinquir o cualquier otra actividad porque se han quedado sin hogar y sin papeles”, asegura un abogado experto en temas de inmigración.
El problema radica en que la Delegación del Gobierno en Canarias está esperando un plazo de nueve meses desde la llegada del menor a suelo español para comenzar los trámites. La ley habla de que la Administración tiene ese tiempo para intentar la reagrupación familiar del chico con su familia, pero, como han recordado una y otra vez tanto la Fiscalía General del Estado como el Defensor del Pueblo, ello no implica que haya que aguardar ese tiempo para iniciar los trámites, sobre todo si se tiene en cuenta que prácticamente ningún menor es reagrupado con su familia.
Pero es que el Gobierno canario, tutor legal de los menores, tampoco parece insistir mucho. Según Carmen Steinert, directora general del Menor del Ejecutivo regional, “nos hemos planteado interponer un recurso contencioso” ante esta interpretación de la Ley que hace el Gobierno central, “`pero recurrir es la última opción. Antes de llegar a un proceso judicial estamos intentando arreglar la situación de los chicos caso por caso, presentando escritos, poniendo instancias, reuniéndonos con Delegación del Gobierno, etcétera”. La propia Steinert admite que “no estamos trabajando de forma totalmente coordinada”.
PERMISOS 'A LA CARTA'
Además de esperar nueve meses en contra de lo recogido en la propia Ley, otra curiosa interpretación de la norma por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias incide en esta desprotección de los ex tutelados. La ley establece que los permisos de residencia deben concederse por un año (renovables en dos ocasiones por dos años). Sin embargo, la Delegación del Gobierno da permisos por periodos de seis, tres e incluso de un mes, que expiran justo en la fecha de la supuesta mayoría de edad del menor, sin que este tipo de autorizaciones 'a la carta' tenga sustento jurídico alguno.
Sin embargo, a juicio de la directora general del Menor, el principal problema es que en algunos casos sus países de origen no los reconocen y no les dan pasaporte. Sin embargo, si ello fuera así, siempre queda la cédula de inscripción y quien facilita esta cédula es la Policía Nacional. Y también aquí surgen problemas, pues las Brigadas de Extranjería se retrasan meses y meses hasta que dan estas cédulas y los papeles no llegan a tiempo.
Otras fuentes jurídicas consultadas por ACN Press aseguran que el pasaporte o la cédula de inscripción tampoco son imprescindibles para documentar a los menores y que corresponde al Gobierno canario, en su condición de tutor legal de los chicos, insistir a la Delegación del Gobierno para que les den los papeles.
Además del permiso de residencia, la mayoría de los ex tutelados carecen de permiso de trabajo cuando salen de los centros. “Sólo podemos pedir estos permisos cuando contamos con una oferta de trabajo para él”, explica Steinert.
Cuando los menores se ven en esta situación, muchos acaban yendo a pedir plaza en alguno de los centros de acogida para inmigrantes adultos que existen en Gran Canaria, fundamentalmente en La Isleta (Las Palmas Acoge) y Vecindario (CEAR). Sin embargo, la debilidad de una red de acogida insuficiente dada la presión migratoria que se vive en Canarias se vuelve a poner de manifiesto porque no hay suficientes plazas para todos. Y muchos chicos pasan en pocas semanas de estar protegidos y acogidos por la Administración a verse en la calle y sin papeles.
