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Cuentakilómetros a cero en el Oasis de Maspalomas

La primera derrota de Riu en los tribunales es una buenísima oportunidad para negociar una salida que no deje vencedores ni vencidos

La anulación de la licencia de demolición del viejo hotel y de construcción del nuevo deja a la cadena mallorquina sin respaldo para su postura de fuerza

Quedamos a la espera de la reacción de los paladines de “la seguridad jurídica”, con Soria al frente, una vez la Justicia recuerda la imprescriptibilidad de las zonas verdes

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Hotel Riu Maspalomas Oasis

Entrada del Hotel Riu Maspalomas Oasis Efe

Primera derrota seria de la cadena Riu en el conflicto urbanístico en torno al Oasis de Maspalomas (Gran Canaria). Una jueza de la jurisdicción contencioso-administrativa ha anulado preventivamente la licencia otorgada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la demolición del viejo hotel Maspalomas Oasis y la construcción de un nuevo establecimiento mucho mayor y aberrante que sepultaría para siempre el palmeral histórico que se levanta en esa parcela. La jueza ha fundado su decisión en algo que a vuelapluma puede pasara desapercibido pero que en realidad tiene un alcance extraordinario: el Ayuntamiento no es capaz de determinar a ciencia cierta el límite del área protegida de Maspalomas por no tener una cartografía adecuada. Y si no es capaz de conocer la topografía de su territorio y otorga licencias urbanísticas en base a informaciones erróneas, ya se podrán imaginar ustedes el cachondeo que puede reinar en el urbanismo del municipio turístico más importante de Canarias. Pero en lo que incumbe concratamente a Riu y a sus pretensiones sobre el palmeral, el fondo de la resolución viene a indicar algo que también parece bastante olvidado entre los gestores del suelo en las instituciones públicas: la imprescriptibilidad de las zonas verdes, lo que en el caso en cuestión viene a  significar que por muchas trampas que en el pasado se hayan hecho en torno al planeamiento municipal para beneficiar al hotel que primero fue de la familia Del Castillo, luego de Banesto y ahora de Riu, la ley es clara y para cambiar una zona verde no solo es precisa una voluntad política, un capricho o un maletín: es necesario argumentar un interés general de mucho peso. Y, por lo que parece, aquí nadie ha llegado tan lejos ni por asomo. Una sentencia del Supremo del año 1978 ya declaraba ilegal y carne de piqueta la ocupación de más de 25.000 metros cuadrados que la familia Del Castillo se anexionó para ampliar el hotel, sentencia que quedó adormilada por una decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo de 1983 adoptada en defensa de los puestos de trabajo del establecimiento. Pero aquella neutralización no tiene fuerza legal alguna frente a la sentencia del Supremo y frente a los argumentos de esta otra firmada por la jueza Olimpia del Rosario Palenzuela. Riu ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Está en su derecho, pero será su último cartucho antes de quedarse sin una sola baza con la que negociar una salida airosa al conflicto.

 

 

 

Un proyecto herido de muerte

La sentencia de la jueza Olimpia del Rosario no tiene carácter firme, y no solo porque pueda ser recurrida sino porque supedita una resolución más definitiva a que el Ayuntamiento y las instituciones con competencias puedan delimitar de manera precisa los límites de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. De momento no parece de fiar la cartografía de la corporación municipal, a lo que habrá que sumar en la segunda instancia todos los fundamentos históricos que conducen a pensar que Riu ha proyectado su nuevo hotel en una parcela sobre la que pesan demasiadas lagunas urbanísticas y un pasado judicial que desde luego puede dar a muchos y muy variados pleitos. Pero este en concreto, el de la licencia anulada para tirar el viejo hotel y levantar otro de 25 metros de altura y 450 habitaciones, parece abocado a un cambio absoluto de escenario legal y empresarial. Riu ha perdido uno de los argumentos más poderosos que tenía para defender su posición frente a las pretensiones del Cabildo y los colectivos ecologistas, opuestos a que se levantara un paredón entre el palmeral y el resto de la isla con un hotel absolutamente desproporcionado. Sin licencia ya no puede continuar amenazando a las instituciones canarias, el Gobierno y el Cabildo de Gran Canaria, principalmente, con la exigencia de indemnizaciones millonarias por lucro cesante tras dos años de intentos infructuosos por hacer su hotel. Además, queda herido de muerte el expediente de declaración de interés general que la cadena mallorquina había puesto en marcha para que fuera el Gobierno de Fernando Clavijo el que, llevándose por delante un acuerdo del Gobierno anterior, de agosto de 2014, permitiera el atentado ambiental e histórico. Contra ese expediente ya había informado desfavorablemente el Cabildo grancanario que, aunque también ha cambiado de grupo gobernante, mantiene una posición coherente con lo decidido en el mandato anterior.

 

Una solución audaz

Ante un escenario así, a Riu no le queda otro remedio que aceptar las negociaciones a las que siempre se ha negado por considerar que la licencia era suficiente escudo tras el que parapetarse. Sin ella en la mano y solo con un recurso ante el TSJC de imprevisible resolución, los mallorquines están tardando en buscar una salida pactada que le permita hacer el hotel que quiera, con el tamaño que quiera, pero en otra parcela de la urbanización de Meloneras; o, en su defecto, reformar el actual hotel Maspalomas Oasis, de su propiedad, y convertirlo en un coqueto hotel boutique que dé realce a la zona más lujosa de la ciudad turística grancanaria. Pero eso sí, incluyendo en el lote un amplio acuerdo entre todos los agentes en presencia para que, ya metidos en faena, derruyan ese horrendo centro comercial que se levanta ante el Oasis y lo sustituyan por algo más digno. La primera solución, la de abandonar la parcela del Oasis a cambio de compensaciones urbanísticas justas en otra parcela de Meloneras, conllevaría un acuerdo amplio y audaz que pondría a prueba las capacidades del Ayuntamiento, del Cabildo, del Gobierno y de las empresas con intereses en la zona, particularmente Riu, Lopesan, Ifa y SeaSide Hotels, más los comerciantes asentados en ese infame centro comercial. Esa audacia debiera traducirse en una solución urbanística espectacular que, en sintonía con el acuerdo del Gobierno de agosto de 2014, devuelva a los ciudadanos el uso público del palmeral mediante la dotación de piscinas y espacios públicos, retranqueo del centro comercial, continuación y remate del paseo hasta la charca de Maspalomas… Todo ello pasando, claro está, por derruir los hoteles Ifa Faro y Riu Maspalomas Oasis. Parece mucho pedir, pero solo bastaría un poco de voluntad para conseguirlo. Porque dinero y parcelas clasificadas hay de sobra sobre el tapete. Será la única forma de que no haya ni vencedores ni vencidos, y sí un claro triunfo del interés general.

 

La “seguridad jurídica”, en los tribunales

Pero la resolución de la jueza de lo contencioso-administrativo 3 de Las Palmas también sirve para abrir un interesante debate acerca de un termino demasiado manoseado: el de seguridad jurídica. Como dice la magistrada en su sentencia, la concesión de licencias es un acto reglado que las administraciones tienen que ejecutar automáticamente consultando su planeamiento y las normas en vigor sobre la parcela para la que se pide construir. Hasta ahí todos de acuerdo. Las complicaciones llegan cuando previo al acto reglado hay una sucesión de anomalías legales que lo vician por completo, como es el caso de lo ocurrido sobre el Oasis de Maspalomas, lo que se complica por la cerrazón de los principales técnicos del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, bastante acostumbrados a hacer lo que les sale de sus cachivaches sin más razonamiento que lo que ellos consideran que se ajusta a su Derecho, y no al que verdaderamente debe regir. Los defensores de la “seguridad jurídica” aplicada a este caso se partieron el pecho en defensa de los intereses de Riu basándose exclusivamente en el valor jurídico de esa licencia, tan endeble que no ha resistido el primer meneo en sede judicial. La seguridad jurídica, por lo que dice esta magistrada, es algo más que una licencia, como ha quedado suficientemente acreditado en otros casos muy cercanos, como los de los hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Señalamos como principal baluarte de la defensa de Riu y de su “seguridad jurídica” a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, que defenestró al ex presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, precisamente por alienarse con los que siempre han defendido los mismos argumentos jurídicos a los que se ha ceñido la magistrada Del Rosario. Soria se empeñó con sus excesos de siempre en poner por encima de cualquier otra consideración los intereses y el derecho que asistían a la cadena mallorquina, como si no hubiera más colores en el arcoíris que el negro o el blanco. Debió aprovechar su posición privilegiada como ministro del reino para propiciar una solución pactada que no condujera a la pérdida de tanto tiempo y al desgaste que especialmente ha sufrido su patrocinada.

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