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Palabra de Amid Achi

El empresario sirio sacude el juicio por Las Teresitas al contar lo que ya había contado en 2001: que lo coaccionaron para que no votara en contra del préstamo de CajaCanarias para el pelotazo

Las actas y sus fechas son inamovibles: el préstamo de 5.600 millones de pesetas a Inversiones Las Teresitas, todavía en constitución, se concede pocos días después de que el Supremo votara la sentencia que reponía el Plan Parcial

El pelotazo de González y Plasencia, según la Fiscalía, fue de “no menos de 15.000 millones de pesetas” por las recalificación de terrenos, más los 8.750 de la compraventa, 23.750 millones. Al cambio, casi 143 millones de euros

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El empresario Amid Achi (Foto: TV Canaria)

El empresario Amid Achi (Foto: TV Canaria)

A Amid Achi ya se la había pasado el susto aquel agosto de 2001 en el que telefoneó a Santiago Pérez. Se acababa de enterar de que la operación de Las Teresitas había entrado en los tribunales de justicia y que aquello que tenía todo el color, el olor y el sabor de la corrupción podía acabar mal. Fue entonces cuando lo contó por primera vez fuera de sus círculos más íntimos: el vicepresidente de CajaCanarias, a la sazón Nicolás Álvarez, le había coaccionado en el verano de 1998 para que cambiara su voto negativo por una abstención ante la petición del préstamo que iba a poner en marcha el pelotazo de la playa de Santa Cruz de Tenerife. No lo denunció, cambió su voto porque le parecieron suficientes las advertencias de aquel cargo político, exconsejero de Industria en un Gobierno de Jerónimo Saavedra, que un día desapareció de la faz de la tierra como si lo hubieran mandado esfumarse los mismos que le ordenaron ir con el recado al empresario sirio.

Amid Achi le indignaba aquello, pero pesó más el poder que representaban los actores en presencia: Ignacio González Martín, Antonio Plasencia, Miguel Zerolo… y las fuerzas vivas de la sociedad tinerfeña que lo habrían señalado como un traidor. Pero si se asustó y cambió su voto negativo por una abstención desde luego no se lo calló nunca.

A Santiago Pérez, por entonces secretario general del PSOE de Tenerife, se lo contó todo con la misma precisión con la que lo hizo este martes en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se juzga al alcalde de la capital, Miguel Zerolo, a los empresarios González y Plasencia, al ex concejal Manuel Parejo y a varios funcionarios de la Corporación por esa operación de Las Teresitas.

Amid Achi se asustó, sabía a quienes se enfrentaba, no ocultó la verdad, pero tampoco lo denunció. Había que coaccionarlo, no hay duda, porque sin el respaldo de CajaCanarias es más que probable que la operación de Las Teresitas hubiera sufrido un duro revés. Quizás se habría frustrado. Y no cabían medias tintas: al igual que Zerolo consiguió que todos los partidos lo apoyaran más tarde para el convenio que santificó el pelotazo, había que alcanzar la unanimidad en la caja emblema de los tinerfeños.

Ya por entonces estaba todo muy medido en el tiempo y nada podía torcerse, como refleja la cronología de unos hechos tan incontestables como obscenos:

El mismo día (17 de junio de 1998) que en la sala correspondiente Tribunal Supremo se votaba una sentencia que iba a devolver a Las Teresitas al Plan Parcial de 1988 (anulado por el TSJC), se abría en CajaCanarias una cuenta a nombre de Inversiones Las Teresitas, una empresa en constitución cuyo nombre se solicitaba al Registro Mercantil también ese mismo día.

¿Quién abrió esa cuenta? Pues Promociones Punta Larga (Plasencia) y un tal Felipe Armas. Ambos depositaron 15 millones de pesetas cada uno, pero el cheque de Armas iba contra una cuenta de Ignacio González, consejero de CajaCanarias en esos precisos instantes.

Al día siguiente, 18 de junio de 1998, Inversiones Las Teresitas solicita a CajaCanarias un préstamo de 5.600 millones de pesetas sin más garantías que las fincas que pretendía adquirir en el área de Las Teresitas. Ese mismo día, la entidad hace sus estudios de valoración y de viabilidad de la operación para concluir que los solicitantes tenían una “alta capacidad inversora”.

El 19 de junio el comité de inversiones de CajaCanarias aprobó la operación. Insistimos, al día siguiente. Amid Achi anunciaba voto en contra.

El 23 de junio se aprueba la operación en el Consejo de Administración. Amid Achi se abstiene, pero Ignacio González vota a favor. No se presenta en el órgano el alcalde Miguel Zerolo, a pesar de que, como él ha reiterado muchas veces, aquella operación era muy importante para la ciudad. Cuando le preguntaron en la instrucción por su paradero, indicó que se encontraba en Nicaragua en viaje privado.

26 de junio. Una vez Ignacio González ha conseguido para su testaferro el préstamo, le compra a este sus participaciones en Inversiones Las Teresitas. Y ese mismo día se formaliza el préstamo y la compra de las 11 parcelas que vendía la Junta de Compensación, lo que llevó a la fiscala a afirmar que aquella fue una jornada muy ajetreada para la notaría tinerfeña donde se hicieron todas esas operaciones simultáneamente.

Y el colofón: el 29 de junio de 1998 el Tribunal Supremo notifica la sentencia que había deliberado el día 17 y cuyo fallo conocía todo Tenerife.

Entre el día 16 de junio en que la Junta de Compensación se compromete a vender por 5.500 millones de pesetas un conjunto de 101 parcelas, y el 26 de junio en que se firma esa operación, transcurren tan solo diez días en los que da tiempo a constituir Inversiones Las Teresitas, pedir un préstamo a su nombre sin garantías, vender participaciones a su verdadero factótum, coaccionar a Amid Achi, formalizar el préstamo y hacer la compraventa.

Pero nada de esta parte de la historia se está juzgando ahora. Nadie denunció lo ocurrido en CajaCanarias, nadie indagó en su momento cómo se conoció con antelación suficiente esa sentencia del Supremo, y nadie hizo públicos los informes del Banco de España acerca de la finura de esa operación con Inversiones Las Teresitas.

Lo que se juzga es lo que vino después: cómo se maquinó de manera descarada, siempre en el límite de los plazos, incluso en los límites de la aprobación de leyes (como la de la moratoria) para que todo se encaminara al éxito de la operación.

Lo que se juzga es lo que vino después de que los empresarios tuvieran su dinero listo para entrar en la playa de Las Teresitas, de modo que si se rajaba la Junta de Compensación, como en apariencia se rajó, el Ayuntamiento comprara el frente de playa, les dejara a los empresarios del régimen un tercio de los suelos, se los recalificara vía convenio (lo que ya por entonces estaba prohibido) y les permitiera ganar, según cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, 23.750 millones de pesetas del golpetazo: 8.750 millones por la compra del frente de playa, pagada con los fondos municipales, y otros 15.000 por las plusvalías obtenidas gracias a las recalificaciones otorgadas en el resto de parcelas, luego vendidas a Mapfre por los avispados empresarios del régimen. En total y en euros contantes de hoy, 144 millones.

Estos días ha vuelto a hablar Miguel Zerolo (lo hizo al menos que nosotros sepamos en EsRadio, donde le entrevistó José Carlos Alberto). Sus palabras suenan a chiste malo cuando repite como un loro que todo lo que se hizo fue por el bien de Santa Cruz; que él no se ha ganado la lotería tantas veces como decimos los malvados periodistas relacionando lotería con presunto blanqueo; que cómo iba a saber él que lo que compraba era ya de titularidad municipal; que la ocultada tasación oficial del frente de playa tres veces más baja que lo que el Ayuntamiento pagó sólo era indicativa, que lo que manda es el mercado, y que la culpa de todo esto la tienen “los socialistas radicales”, particularmente Juan Fernando López Aguilar, al que responsabilizó de todo.

En su delirio, Zerolo llegó a acusar al exministro de Justicia del Gobierno de Zapatero de haber creado la Fiscalía Anticorrupción para poder venir a Canarias a presentarse a las elecciones autonómicas. “Y las perdió porque hice que perdiera en Santa Cruz”, reiteró un par de veces en la entrevista. En realidad López Aguilar ganó aquellas elecciones de 2007 con 26 diputados: fueron los poderes salvajes, mayormente empresariales, los que apretaron para que no pudiera ser presidente. Había que preservar la corrupción con todas sus esencias.

Hoy le toca declarar a Santiago Pérez, redactor de la denuncia de Las Teresitas, otro “socialista radical” al que han dirigido también muchos epítetos los defensores de los intereses de Tenerife. El ya fallecido editor y director de El Día en aquella época, José Rodríguez Ramírez, le dedicó durísimos editoriales durante dos años en los que no se escatimaba en amenazas ni en incitación a la violencia: “Si estuviéramos en los tiempos de Versalles, usted estaría guillotinado”; “La ruindad lleva al sepulcro, no queremos decir que deseamos la desaparición física de don Santiago, pero sí su desaparición política”; “El día que Canarias sea independiente, usted será procesado y no será revanchismo sino justicia divina”; “Menos mal que somos pacifistas, si no a don Santiago y al resto de socialistas ya los habríamos guillotinado, repetimos, guillotinado”. 

 

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