Lo de Willy

Los que querían la foto de Willy García entrando en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para declarar como imputado, ya han conseguido su propósito. El director general de Radiotelevisión Canaria lo hizo este miércoles sin agachar la cabeza y sin puertas traseras, muy al estilo que empleó durante el tiempo que ejerció su único cargo público hasta la fecha. Acudió ante la jueza que investiga una parte de su gestión con la estrategia bien aprendida: atribuirse en exclusiva todas las contrataciones del ente público y dejar al albur de la subjetividad los precios que durante su etapa se pagaron por programas para la Televisión Canaria. Conseguida la foto de Willy, a sus acusadores les faltaba alcanzar un segundo propósito: que confesara urbi et orbi que sus actuaciones más escandalosas e incomprensibles le habían sido ordenadas directamente por Paulino Rivero en diversas sesiones gastronómicas celebradas en la casa del ex presidente. Su gozo en un pozo: García se cerró en banda y se atribuyó en solitario operaciones tan indecentes como el  pago de 1.600.000 euros a la productora de Paco Padrón, Amanecer Latino, por unos programas de retales que se emitían de madrugada. Que con ese dinero Padrón liquidara una deuda similar ante la Tesorería de la Seguridad Social puede significar que hubiera un pacto previo entre las partes para arreglarle ese problema al que fuera emblema de la comunicación radiofónica en Tenerife, pero también que le fuera imposible al ente público abonar una factura, por módica que fuera, a un deudor tan perseguido por los organismos públicos sin que éstos actuaran contra el pagador. Será la declaración de este jueves de Lourdes Reyes, la ex directora financiera, la que seguramente aclarará muchos puntos sospechosos de este contrato, firmado por Willy al comienzo de su mandato, allá por 2007, cuando quizás creyó que iba a tocar el cielo con un cargo público así. Si Lourdes Reyes, la segunda y de momento última imputada, dijera algo diametralmente opuesto a lo que ha dicho su ex jefe, la cosa se le podría complicar a García, pero con los datos que en estos momentos hay sobre la mesa cuesta mucho trabajo transformar en delictivos unos comportamientos ciertamente escandalosos que podrían quedarse en eso, en un escándalo más de estos peñascos asirocados, en la acepción más política de ese término acuñado por nuestro admirado Pepe Alemán.

 

 

Lo que el PP pasa por alto

Quizás sea bueno aclarar que lo que está investigando la jueza de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife no es la denuncia que presentó en diciembre pasado ante la fiscalía la inquieta diputada del PP Águeda Montelongo, sino concretamente los contratos de RTVC con Amanecer Latino a partir de una carta anónima remitida a la Policía por alguien que presumía de conocer bien los pormenores del asunto. A esa vertiente de la investigación se sumó después la denuncia de la parlamentaria majorera por remisión desde el Ministerio Fiscal, que ni siquiera interpuso querella por los hechos relatados por la denunciante. ¿Y qué era lo que denunciaba Águeda Montelongo? Algo tan burdo e inconcreto como la relación de contratos de RTVC con dos productoras durante los últimos cinco años, sólo con dos productoras, Doble Diez Canarias y Siete Mares. ¿Y por qué sólo estas dos productoras y no todas las que durante el mandato de Willy García han contratado con el ente público? Pues muy sencillo, porque lo que el PP trataba de buscar era exclusivamente el pescuezo del ex director general para, a partir de éste, tirar hacia arriba y alcanzar a Paulino Rivero. Si hubiera disparado contra todas las demás operadoras se podría encontrar, por ejemplo, con Nacho Brea, de Brea Producciones, íntimo amigo de José Manuel Soria, que ha contratado muchísimas retransmisiones con RTVC, ninguna de ellas en entredicho. O con Jaume Roures, de Mediareport, con la que el ente ha contratado todas las retransmisiones en Tenerife por tener base en esa isla una unidad móvil y todos los elementos necesarios para este tipo de trabajos. O con Juan Francisco García, presidente de Canarias7 y accionista de referencia de Videoreport Canarias, que se ocupa de los servicios informativos de la casa, de retransmisiones y de otros programas de entretenimiento que jamás el PP ha puesto en cuestión. Por no hablar de Plató del Atlántico, la productora de Lucas Fernández, que contrató con Willy García un lote amplio de programas por 1,3 millones de euros justo en los días en que esta compañía compraba el Diario de Avisos para ponerlo a disposición de los imputados de Las Teresitas, con Miguel Zerolo a la cabeza. No, el PP le ha entregado a la justicia sólo los contratos de Siete Mares y de Doble Diez Canarias, pero sin resaltarle ningún acontecimiento especialmente relevante que pudiera conducir a un indicio de delito. Sólo “que se investiguen estos contratos”. Y en ese circo estamos ahora metidos.

 

¿Cuánto vale un programa?

La defensa que desplegó Willy García ante la jueza es muy sencilla. Calificó de “adecuados” los precios que se le pedían por los programas, y relató que sin consultar con nadie de su equipo, sin conformar un comité asesor u órgano similar que le respaldara, firmaba los contratos y mandaba pagarlos. Los programas de entretenimiento tienen el precio que alguien esté dispuesto a pagar por ellos porque se cruzan variables tan subjetivas como la propiedad intelectual o el tirón que a priori pueda tener un presentador o una presentadora. Hay unos costes más tasados, como la construcción de un decorado, la hora de plató, el número de cámaras que se empleen, la presencia de público, etcétera, pero el rango en el que se puede mover el precio de un programa de entretenimiento puede ser una coartada para el ex director general de RTVC. El PP ha querido vincular sin ninguna prueba a Willy García con Doble Diez Canarias porque esta productora lo tuvo contratado como presentador hasta meses antes de ser designado director general. Doble Diez Canarias está considerada por todo el sector como la productora con más raigambre profesional de cuantas operan a su nivel, con plantillas que han llegado a sobrepasar los cien trabajadores. Lleva contratando con RTVC desde que se constituyó y justo en la etapa de Willy García fue cuando vio reducir sus contratos a pesar de ser la que mayores niveles de audiencia ha conseguido para la tele canaria. En cuanto a las retransmisiones deportivas o culturales, otra de las vertientes por las que se pretende levantar a García por los aires (y de paso a alguno de sus ex colaboradores) estamos ante contratos que se sacaban a concurso siempre que excedieran de los 18.000 euros, y cuando el coste era inferior se atendía a criterios puramente logísticos, es decir, contratando en cada isla a la productora con la unidad móvil allí radicada. En el caso de Siete Mares, con la que Águeda Montelongo pretende calzarse al ex director de Producción, Rubén Fontes, sólo operó en Gran Canaria porque es en esa isla donde tiene radicada su unidad móvil. Desde 2012 esta productora, a cuyo titular la señora diputada conoce muy bien, no retransmite ningún partido de fútbol (el contrato más suculento) porque lo hace Medioreport, propietaria de los derechos de la liga. Rubén Fontes es el secretario de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, por si alguien considera relevante este dato puesto en relación con la denuncia de la diputada Montelongo.

 

Soria ordena que les pongan unas dietas

El panorama es bastante deprimente: una diputada que en septiembre se va a sentar en el banquillo, con una petición de cinco años y ocho meses de cárcel por parte del Ministerio Fiscal, por delitos tan sandungueros como prevaricación, malversación y falsedad en documento público (caso Patronato) es la que envía al mismo Ministerio Fiscal una denuncia plagada de inconcreciones para que se investiguen los contratos de dos empresas cuya imagen queda de ese modo en entredicho. Por desgracia para esas dos productoras, en el caso de que todo quede en agua de borrajas, no podrán actuar contra la diputada porque a ella le asiste la inviolabilidad parlamentaria, es decir, la capacidad de hacer o decir lo que le venga en ganas contra personas físicas y jurídicas en el ejercicio de sus funciones. Águeda Montelongo, sin embargo, sólo buscaba con su acción un efecto político contra un adversario, Paulino Rivero y Coalición Canaria, partido que está actuando –también en esta cuestión- con absoluto seguidismo del PP. Si no, ¿por qué está estudiando el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria la posibilidad de personarse como acusación particular (afectada) en la causa contra Willy García? Lo ha debatido ese órgano en su última sesión sin que sepamos (por inaplicación de la Ley de Transparencia) cuál fue la decisión adoptada. Sí hemos sabido, sin embargo, que los miembros de ese Consejo Rector están ya hasta la coronilla de ser conejillos de indias (con perdón), es decir, de haber sido nombrados deprisa y corriendo, sin despachos, sin reglamento, sin atribuciones concretas ¡y sin dietas! Les habían prometido Jauja y no tienen ni para los billetes de avión entre islas. Algunos de los consejeros y consejeras se han plantado y han recurrido incluso a José Manuel Soria, que como todo el mundo sabe, ejerce de facto como vicepresidente del Gobierno. Y su decisión ha sido la de ordenar a Santiago Negrín, presidente del órgano, que apruebe ya el reglamento y pague dietas a sus consejeros.