Y todo porque hubo una denuncia

El gran ausente de esta causa del mamotreto de Las Teresitas es, sin duda, Miguel Zerolo, que continúa sorteando el inicio del juicio por el pelotazo del frente de playa y los terrenos aledaños de ida y vuelta en el Tribunal Supremo. En esta ocasión dejó que fueran sus subordinados los que cocinaran el engendro mediante una sucesión de decisiones que evidenciaban la impunidad con la que se actuaba en aquellos años en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Si no había informes que avalaran la decisión política, un funcionario o funcionaria se ocupaba de elaborarlos; si había reparos del interventor, se hacía una pirueta y, ale hop, reparo levantado? Si Costas o la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural abrían expediente o avisaban de modo solemne que aquello no se podía hacer, ni se inquietaban, seguros que estaban de que cuando la obra estuviera terminada no habría ningún valiente que se atreviera a derribarla. Era (y en algunos sitios sigue siendo) el comportamiento marca de la casa de la corrupción urbanística extendida a lo largo de toda Canarias. No contaban con otra denuncia ciudadana, como ocurrió con el caso Las Teresitas: la organización ecologista ATAN metió el asunto en los juzgados y, fruto de esa acción, ahí tienen a los presuntos responsables respondiendo en un banquillo a penas de cárcel e inhabilitación. Ninguna administración con competencias en el asunto denunció de oficio, como corresponde a quien, como cualquier ciudadano, está obligado a actuar ante el conocimiento de un delito. Ni el alcalde, con las competencias delegadas en sus concejales ahora acusados, ordenó parar aquel disparate. Para los más visionarios del lugar, con don Pepito al frente, habría que perdonarlos y terminar el mamotreto. Para la justicia de los tribunales y la justicia de los ciudadanos es necesario que paguen sus culpas los corruptos, que del bolsillo de los vecinos ya ha salido el pago correspondiente. Y seguirá saliendo.