¿Los realojan? ¿Los insonorizan? ¿Les limpian la escalera?

El Carnaval no da un solo voto, pero te los puede quitar todos si lo haces mal. Es un principio aceptado por todos los partidos políticos que han tenido responsabilidades de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Nadie pregunta lo que cuesta la fiesta, lo que cuesta montar el escenario del parque de Santa Catalina, lo que cuestan las contrataciones artísticas, las cabalgatas y los concursos de murgas. Por eso al alcalde Juan José Cardona no le parece en absoluto importante la transformación en dinero público de los acuerdos alcanzados la noche de este miércoles y la mañana de este jueves con los representantes de los vecinos del número 5 de la calle Simón Bolívar. “Calderilla” ha llamado al importe –aun ignoto- de las costas judiciales que desde 2009 (o 1999, que hay dos versiones) han tenido que asumir los vecinos para combatir ante los tribunales las decisiones del consistorio contrarias a las sentencias que prohíben las verbenas en los parques aledaños a Santa Catalina. “Calderilla” porque lo que realmente estaba en juego era una parte muy importante del Carnaval y estamos en año electoral (por si no se habían percatado), y lo que le faltaba al PP es que un conflicto generado en una calle bolivariana pudiera estropear el final de mandato de su alcalde estrella en Canarias. Por lo tanto, a la espera de que algún día lo den a conocer, ignoramos a qué llama exactamente Cardona “calderilla” y, sobre todo, si el acuerdo lo tomó el Ayuntamiento consigo mismo o si estuvo presente algún representante de la parte contraria, porque entre lo que contó el alcalde y lo que contó la abogada vecinal, dista un trecho muy importante.

A la espera del interventor

Dice la abogada de los vecinos bolivarianos que han quitado el sueño al alcalde Cardona que el acuerdo incluye pagar todos los gastos judiciales desde 1999 (el Ayuntamiento le resta diez años a ese periodo); pagará a los vecinos los gastos que han tenido de limpieza del edificio como consecuencia del Carnaval; correrá con los gastos de insonorización de las viviendas donde residen mayores, enfermos o “personas en situaciones especiales” y realojará durante los días de verbenas (mogollones) a los residentes “más sensibles por enfermedad”. A su vez, se establece un máximo de 60 decibelios de ruido máximo en la zona, lo que a ojos de un profano parece una pretensión inalcanzable. Hemos mirado en Wikipedia a qué se corresponde ese nivel de ruido y equivale al que produce una aglomeración de gente sin música de verbena o a un lavaplatos en funcionamiento. Pero doctores tiene la iglesia y sonómetros homologados el Ayuntamiento para verificar sus propios compromisos. Lo que no parece que pueda tener muy amarrado el señor alcalde es el pago de estas concesiones. Y no nos referimos al sonómetro, sino a toda esa lista relatada por la abogada de los vecinos bolivarianos de insonorización, realojo, limpieza, etcétera, acciones que en función del número de viviendas sobre las que actuar, la categoría de los hoteles elegidos, el número de realojados o las facturas que presenten de lo que aseguran se han gastado en limpieza, va a poner al interventor municipal en posición de fumando en pipa. De sobra es conocida la animadversión del alcalde y algunos de sus concejales y asesores a los funcionarios del Cuerpo Nacional, especialmente hacia aquellos que se ponen muy rigurosos ante cualquier trapisonda de este tipo. Ya verán lo contentos que se pondrán cuando alguien les venga con una factura de la insonorización de una vivienda particular, de hospedaje y desayuno en un hotel o de la limpieza de un portal, fines que no constan en ningún presupuesto aprobado por el consistorio. Pero ya se sabe, cualquier cosa vale con tal de salvar el Carnaval.

Clavijo como emulsión

Sólo le han descargado de la mitad de sus imputaciones y medio Tenerife creyó este jueves que Fernando Clavijo ya había salvado con matrícula de honor su primera (y esperemos que última) incursión en el Derecho Penal en calidad de sospechoso. Ya decíamos ayer aquí mismo que razones tiene el alcalde de La Laguna para estar contento, y más cuando se entere de que el magistrado Pamparacuatro también le va a quitar la imputación referida a la cafetería de la estación del tranvía porque las conversaciones telefónicas en las que se cogió los dedos pertenecen a ese periodo de tiempo que transcurrió entre una prórroga judicial mal hecha y la siguiente que sí cumplía los cánones. Por lo tanto, es recomendable que sus letrados y sus asesores se concentren expresamente en las subvenciones de la urbanización Las Chumberas, porque si nada se tuerce, ese será el asunto que lo lleve finalmente a juicio. Salvo que las acusaciones que ahora se personan consigan convencer al juez de que hay otros capítulos de esta historia sobre los que no se ha arrojado aún suficiente luz. El caso es que Pamparacuatro seguirá dando alguna que otra alegría más al candidato de Coalición Canaria, pero no todas las esperadas, ni en su equipo médico habitual ni en las capas altas de la atmósfera del sistema político-judicial canario, donde todavía están dudando qué hacer con la querella que por retardo malicioso interpuso contra el juez el principal encartado del caso Corredor, el inabarcable Evaristo González. Si el TSJC la admite ya, el magistrado tiene que abstenerse y, por lo tanto, frenar ese frenesí archivador que le ha entrado; si no la admite, Pamparacuatro seguirá instruyendo hasta no se sabe muy bien dónde, lo que también genera desazón. De momento, el TSJC ha hecho una cosa muy rara: inadmitirle al rey de la noche lagunera una ampliación de una querella que todavía no está admitida a trámite. Porque una cosa debe ser tener al juez en tensión y otra bien distinta meterlo directamente en capilla. Algunos objetos voladores no identificados (de momento) quieren utilizar a Clavijo como emulsión matajueces desafectos, lo que puede tener unos efectos secundarios muy perniciosos. Por cierto, este viernes declarará Evaristo como imputado por el supuesto robo de unos autos de la causa en la que está implicado. Será en otro juzgado, en el 2 de La Laguna.

Alpidio rompe la baraja

No se pierdan el ambientazo que está reinando ya en el PSOE a medida que se acerca la recta final previa a la campaña electoral. Todo el mundo da por hecho que Ferraz, que no está para muchos farolillos, dejará libre de cargos a los seis consejeros socialistas del Cabildo de La Palma irradiados por pactar con el Partido Popular. La única condición que les impondrá la dirección federal es la única que los rebeldes estaban dispuestos a aceptar: no pactaremos más nunca con el PP, te lo juro por la cobertura de mi móvil. Atrás ha quedado aquella otra exigencia de romper con los populares el pasado mes de enero porque ha prevalecido el prietas las filas que no está la cosa para perder un solo voto. Aunque, en honor a la verdad, las encuestas conocidas hasta ahora tampoco reflejaban una debacle palmera más grave que la instauración de la indisciplina como norma. Claro que al despiporre no solo contribuyen Ferraz y los palmeros; desde El Hierro se ha sumado con la naturalidad de siempre el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, que ha dicho que a él se la suda por completo cualquier imposición que tenga que ver con los pactos, lo que automáticamente debemos traducir como “estoy muy contento con estos cuatro años con el PP y, a poder que yo pueda, pienso repetir a partir de mayo”. Lo malo es que no hay muchas posibilidades de reedición, a tenor de lo que dicen las mentadas encuestas, porque es muy probable que la AHI de Narvay Quintero pegue un majo y limpio propio de la época de los Padrones. Otro que tampoco se esconde para enseñar la patita y su querencia hacia un pacto con el PP es el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, padrino principal de Patricia Hernández, al que no le salen las cuentas tras las estampidas vividas en su propia organización y las diferencias insalvables con CC en el lugar. Por lo tanto, si a Clavijo y a los suyos les faltaban algunas excusas, el escenario socialista se lo está poniendo bien fácil.