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Vecinos y Ayuntamiento de LPGC llegan a un acuerdo para que se celebren los mogollones

El pacto pasa por la creación de dos comisiones y por la posibilidad de que algunos propietarios puedan contar con un alojamiento alternativo

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Isabel García Bolta visitando la zona de los chiringuitos en el Carnaval de 2014. FOTO: Flickr de @lpapromocion

Isabel García Bolta visitando la zona de los chiringuitos en el Carnaval de 2014. FOTO: Flickr de @lpapromocion

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado este jueves a un acuerdo con los vecinos del edificio del parque de Santa Catalina que habían conseguido suspender las fiestas nocturnas del carnaval que permite que estas puedan comenzar este viernes, tal y como estaba previsto.

La comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar 5 había logrado hace unos días que un Juzgado de lo Contencioso de la ciudad prohibiera la instalación en esa zona de los chiringuitos y conciertos nocturnos del carnaval, los populares "mogollones" que para muchos carnavaleros constituyen la esencia de esta fiesta.

Esa resolución, recurrida por el Consistorio, escribía un nuevo capítulo en un litigio de más de diez años sobre los ruidos y molestias que ocasiona el carnaval, que parecía haberse saldado con la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que daba carta blanca a las galas y concursos oficiales que se celebran en el parque de Santa Catalina y que aclaraba dónde no podía haber "mogollones".

El Consistorio y los vecinos implicados han comunicado este jueves a la juez que dictó esa medida cautelar que están de acuerdo en levantarla, a cambio de un pacto que compromete a la ciudad a pagar a esa comunidad de propietarios una serie de compensaciones.

El Ayuntamiento se hará cargo de todos los gastos judiciales en los que ha incurrido esta comunidad de vecinos desde 1999, pagará el desembolso que han tenido que hacer en limpieza como consecuencia del carnaval, insonorizará las viviendas donde residen mayores, enfermos o personas en situaciones especiales y realojará durante estos días a los residentes de ese edificio más sensibles, por enfermedad, según han informado a la prensa en la Ciudad de la Justicia portavoces de las dos partes.

Asimismo, se establece un máximo de ruido de 60 decibelios que un perito controlará, con medidas que el Ayuntamiento sufragará, ha indicado la abogada de los vecinos, Yomara García Viera.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que amparó en primera instancia a estos vecinos llevó al Ayuntamiento en 2013 a trasladar las fiestas nocturnas del carnaval a la plaza de La Música, al final de la playa de Las Canteras, a varios kilómetros de su emplazamiento habitual.

El Consistorio corrigió esa decisión al año siguiente debido a la escasa acogida que tuvo ese traslado y, sobre todo, gracias a que el Tribunal Supremo aclaró dos extremos: que la celebración de las galas estaba fuera de toda duda y que el alcance de la sentencia sobre los mogollones se centraba en la trasera de Santa Catalina y el Parque Blanco, pero no a la plaza Islas Canarias, el emplazamiento habitual de los chiringuitos en los últimos años.

Eso hizo que el carnaval de 2014 regresara a su espacio habitual, pero los vecinos discrepantes volvieron a denunciar los hechos este mes de enero ante el Juzgado de lo Contencioso número 5 de la ciudad, que entendió que el Ayuntamiento había dado marcha atrás al traslado de las fiestas nocturnas de 2013 sin contar con los vecinos implicados, lo que podía vulnerar el derecho de estos al descanso.

El pacto que salva el carnaval de este año se alcanzó esta misma mañana, tras toda una noche de negociaciones, solo una hora antes del acto de conciliación al que habían sido citadas las dos partes.

Tras escucharlas, la magistrada ha decidido homologar judicialmente el acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos, por lo que levantará las medidas cautelares decididas "probablemente en las próximas horas", ha dicho la abogada de los vecinos, quien ha resaltado que se trata de "un acuerdo in extremis".

"Los vecinos no estaban en contra de la fiestas, lo que querían era defender sus derechos fundamentales" y que el acuerdo se homologara judicialmente, "para poner fin a cualquier posible incidencia" ha insistido la abogada.

Asimismo, ha señalado que, si el acuerdo no se respeta, los vecinos podrían exigir la ejecución de la sentencia sin necesidad de ningún procedimiento judicial añadido, por lo que "los vecinos estarán vigilantes".

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