El Gobierno canario desoye a la plantilla de RTVC y expulsa de la nueva ley la creación del consejo de informativos

No resultó muy provechosa la reunión que este martes celebraron en Santa Cruz de Tenerife los representantes de la plantilla de Radio Televisión Canaria (RTVC) y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Flotaban en el ambiente las tensiones generadas previamente con proclamas como las del jefe del Ejecutivo sobre la propiedad que ha de ejercer el Gobierno sobre la Televisión Canaria, y no hubo distensión. El comité intercentros no salió satisfecho al no apreciar avances sustanciosos en las materias que más le preocupan, como la externalización de programas (privatización) y la creación de una relación de puestos de trabajo.

El presidente, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que tiene encomendada la gestión directa de RTVC; la directora de Relaciones con los Medios, Cristina Maffiote, y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero, transmitió a los representantes laborales que “su objetivo es impulsar una ley que permita a la Radio Televisión Canaria operar con normalidad”, según ha dicho a este periódico una fuente presente. Además, los representantes gubernamentales dijeron que prevén “afrontar un proceso de modernización acorde a los cambios tecnológicos actuales, con el fin de que la audiencia respalde con su confianza al medio público”.

Pero los hechos no acompañan a las proclamas porque asuntos tan decisivos para la plantilla como la creación de un consejo de informativos ha sido expulsado de la futura Ley del Sector Audiovisual de Canarias. En el anteproyecto salido del Gobierno ocupaba todo el capítulo 23, pero una vez convertido en proyecto de ley, tal precepto ha desaparecido sin que haya habido una explicación por parte del Ejecutivo.

En el desaparecido artículo se definía este órgano como el de “participación de los profesionales de la información (…) para velar por la independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos por los medios dependientes de la sociedad prestadora del servicio público”.

A esta clamorosa ausencia ha seguido el rapapolvo propinado por el Consejo Consultivo de Canarias, que ha declarado contrario a la Constitución y a la normativa comunitaria uno de los artículos de ese proyecto de ley, en concreto el referido a la Junta de Control de RTVC y el mandato de la persona que sea designada directora general. Mientras que el Gobierno considera que se trata de órganos que tienen que someterse a las mayorías de cada momento, es decir, al ciclo político de cada legislatura, el Consultivo considera que, conforme a la Constitución y a la normativa comunitaria, tales imposiciones condicionan esos órganos a “mayorías políticas coyunturales”.

Durante la reunión, la representación gubernamental insistió en que ese diseño va a mantenerse pese al dictamen contrario del consultivo.

Así las cosas, los representantes laborales se han reiterado en sus exigencias previas a la reunión, han vuelto a exigir la creación del consejo de informativos y las correcciones necesarias en la ley durante su tramitación para que se descarte por completo la posibilidad de que la plantilla o algún departamento pueda ser externalizado. A su vez, apelan a que las fuerzas parlamentarias eliminen cualquier ambigüedad para que se garantice “un servicio público sólido y fuerte”.