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Los 26 hitos y los 16 documentos que comprometen al presidente de Canarias en el 'caso Grúas'

Fernando Clavijo (a la derecha) y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El caso Grúas de La Laguna, que viene ocupando las portadas de los medios de comunicación en las últimas semanas, es una complicada trama que tiene sus orígenes en el año 2003 y está armada sobre miles y miles de folios que sepultarían la voluntad de cualquiera con un poco de interés por acercarse al asunto.

Por un lado, la oposición denuncia un supuesto trato de favor del Gobierno lagunero a un grupo de trabajadores que primero fueron enchufados en la empresa prestataria del servicio, Autogrúas Poli S.L.U., para luego -presiones mediante- convertirlos en sus propietarios tras someterla a una asfixia económica por parte del Ayuntamiento, que dejó de pagarle el canon mensual durante un año; inyectarle 120.000 euros de dinero público, para finalmente ser vendida por un euro a un generoso samaritano aparecido providencialmente que se hizo cargo de una deuda de más de 750.000 euros con una prórroga de la concesión que, como el préstamo, se acordó en contra del criterio de la Intervención General del Ayuntamiento.

Por el otro lado, Fernando Clavijo, José Alberto Díaz (actual alcalde), el actual portavoz de CC en el consistorio, Antonio Pérez-Godiño, y el resto de voceros de Coalición Canaria (el PSOE no se pronuncia a pesar de llevar más de seis años compartiendo gobierno con los nacionalistas) se defienden apuntando que se trata de “una denuncia política” y que ellos siempre actuaron guiados por el interés general. Su argumento central es que el Ayuntamiento no rescató el servicio para no tener que asumir las deudas y una plantilla de 22 trabajadores, con lo que ahorraron grandes costes al Ayuntamiento y la ciudadanía.

Todas esas acusaciones, que los denunciados llaman “políticas”, se sustentan sin embargo en dieciséis documentos que la justicia tiene en su poder desde el principio. Estos son los hitos y estos los documentos que los sustentan:

1.- La adjudicación

El Pleno adjudicó a José Padilla en julio de 2004 el servicio de grúas del municipio, y éste a su vez lo traspasó a una empresa de su propiedad, Autogrúas Poli S.L.U., en octubre de 2005. Su propuesta ganadora incluía cinco grúas y veintidós trabajadores, de los que al menos cinco han reconocido en sede judicial ser amigos de Fernando Clavijo.

Documento 1: El adjudicatario, José Padilla, constituye Autogrúas Poli, S.L.

2.- Los trabajadores amigos de Clavijo

El gimnasio de kárate donde entrenaban, una gran superficie -Leroy Merlin- en la que trabajaron junto al anterior alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, y la asesoría de Clavijo que figuró como sede social de la empresa que montarían para comprar Autogrúas Poli S.L., son ya vínculos irrefutables.

3.- La asfixia económica

Todo marchó relativamente bien hasta 2011: José Padilla denuncia ante la Guardia Civil y en los Juzgados que el Ayuntamiento tardaba meses en pagarle la facturación por retirada de vehículos para ahogarlo económicamente, hasta el punto de que en el momento de la venta el consistorio le adeudaba cerca de 200.000 euros.

Documento 2: Atestado de la Guardia Civil. Testimonio de José Padilla.

4.- Una oferta que no pudo rechazar

Paralelamente, algunos trabajadores y concejales, entre los que Padilla identifica a Juan Antonio Alonso Barreto, comienzan a recomendarle que venda la empresa y se quite los problemas de encima. La falta de liquidez crece, el abono de las facturaciones se ralentiza y las presiones se incrementan hasta que la opción de vender se convierte en su única salida.

5.- La conexión Barrreto

Los lazos entre el concejal Juan Antonio Alonso Barreto y Esteban Hernández, uno de los trabajadores amigos de Clavijo, son decisorios, no sólo porque la asesoría del primero, Tabor Asesores, le llevará lo papeles a la empresa del segundo, Sonotec Tejina; sino porque el primero adjudicó a dedo al segundo 32.000 euros en un año para fiestas en el municipio. La cercanía entre ambos está más que probada.

6.- Los 7 magníficos (Documento 3)

Siete trabajadores de las grúas (cinco de ellos amigos de Clavijo), se convierten en flamantes propietarios de Autogrúas Poli S.L., y comienza una aventura que los lleva a la ruina y que casi les hace perder las propiedades que habían hipotecado para conseguir el dinero de la compraventa. Tienen que “soltarla” cuatro años después a cambio de 1 euro y con 700.000 de deuda.

Documento 3: Escritura notarial de compraventa de Autogrúas Poli a los amigos de Fernando Clavijo.

7.- No salen las cuentas

El negocio no salió como habían imaginado. Para empezar, ni siquiera tenían en vigor la preceptiva Tarjeta de Transporte obligatoria para prestar el servicio y fueron denunciados. Los impagos se acumulan y los problemas con el resto de trabajadores a los que adeudan nóminas, también. Alguno tiene la feliz idea de desguazar los vehículos del depósito municipal. Hay diligencias penales abiertas en otro juzgado por ese asunto.

8.- Los robos de las piezas

La sensación de impunidad de los amigos de Clavijo es tal que maltratan a los trabajadores no propietarios, no les pagan y les prohíben entrar al depósito en el que el robo de piezas se convierte en habitual. Un informe de la Policía Local certifica daños en 91 vehículos. Tan confiados estaban, que llegaron a vender piezas a los agentes de la Guardia Civil que los investigaban.

Documento 4: Atestado de la Policía Local de La Laguna sobre el robo de piezas en el potrero.

9.- Clavijo, al rescate

Cuando las cosas comienzan a ponerse feas de verdad y arrecian las denuncias de los trabajadores no propietarios, Fernando Clavijo, alcalde en ese momento (mayo de 2013), firma con sus amigos una reducción de plantilla de 22 a 11 operarios, lo que permite iniciar una purga en la empresa que pone de patitas en la calle a tres de los no afines.

Documento 5: Contrato de modificación de condiciones de la concesión de grúas.

10.- La Guardia Civil y las Tarjetas de Transporte

Autogrúas Poli S.L.U. trabajaba ya a esas alturas sin la preceptiva Tarjeta de Transporte, algunas grúas no tenían ni la ITV. Fue entonces cuando la Guardia Civil remitió un oficio al Ayuntamiento, y Alejandro Cordero, director del servicio, se ve obligado a proponer una sanción económica a la empresa por el incumplimiento del Pliego de Condiciones.

Documento 6: La Guardia Civil informa de que la empresa explotadora de las grúas de La Laguna carece de Tarjeta de Transporte. Propuesta de sanción.

11.- Una situación insostenible

El 28 de enero de 2014, la Junta de Gobierno, con Javier Abreu de alcalde accidental, interviene y asume de forma directa la gestión del servicio. El nivel de incumplimiento del Pliego de Condiciones era tal que en realidad debía haber rescatado el servicio para sacarlo nuevamente a concurso, pero más adelante se verá por qué no lo hicieron.

Documento 7: El Ayuntamiento interviene la concesión.

12.- Los interventores descubren el agujero

Los funcionarios Alejandro Cordero y Antonio Vera son designados interventores de la empresa. Pronto descubren un agujero superior a los 300.000 euros y solicitan una inyección de dinero al Ayuntamiento, que acaba concediendo un préstamo de 120.000 euros a la empresa (intentaron hacerlo a coste 0, pero el Interventor General les obligó a cobrar un interés del 4%).

Documento 8: Informe de 8 de abril de 2014 de los dos interventores.

13.- Un préstamo ilegal de 120.000 euros

La Junta de Gobierno, con Abreu otra vez de alcalde accidental, concede un préstamo de 120.000 euros a los amigos de Clavijo, una operación reparada por el interventor general del consistorio al considerar que no se ajusta a la Ley. El entonces alcalde levanta por decreto los reparos y la tramitación del préstamo sigue adelante.

Documento 9: Acuerdos de la Junta de Gobierno concediendo un préstamo a Autogrúas Poli.

Documento 9.1: Informe del interventor general contrario a la concesión del préstamo.

Documento 9.2: El alcalde levanta los reparos del interventor.

14.- El recurso a los informes externos

Los reparos del interventor obligaron a Clavijo a recurrir a informes externos, encargados y pagados con dinero público (sin que se sepa aún su coste a pesar de los requerimientos de la oposición), que sí se mostraban favorables a la posibilidad de otorgar el préstamo, con la condición de que se restituyera antes de la finalización de la asunción temporal del servicio (27/08/2014). Tampoco eso se cumplió.

Documento 10: Informe de los catedráticos Francisco Clavijo y Francisco Villar.

15.- Los Interventores se dan por vencidos

Más allá de toda la ayuda que recibieron los amigos de Clavijo, los interventores no tienen más remedio que concluir (abril de 2014), que la empresa podría estar en situación de insolvencia, operando la obligación legal establecida de entrar en concurso de acreedores, y que “no se encuentra en condiciones de poder prestar normalmente el servicio”.

Documento 11: Informe de los interventores de 8 de abril de 2014.

16.- Suavizan la versión

Sin embargo, dos meses después, y tras cuantificar el agujero económico en 700.000 euros, dejan una puerta abierta señalando que “deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio público … en los términos que legalmente procedan y que supongan la mejor garantía de los intereses generales”.

Documento 12: Informe de los interventores de 9 de junio de 2014.

17.- La manipulación del informe

El 27 de agosto de 2014, Antonio Pérez-Godiño, sustituyendo al actual alcalde, José Alberto Díaz, prorroga por decreto hasta 2019 la concesión del servicio, amparándose en un informe de la Concejalía de Seguridad que a su vez manipula el de los interventores antes mencionado al decir que “consideran procedente la prórroga” cuando sólo pedían que se estudiara.

Documento 13: Informe para la prórroga de la concesión.

18.- ¿Qué pasó con los Interventores?

¿Qué hizo que los interventores pasaran en dos meses de considerar que Autogrúas Poli no podía prestar el servicio a pedir que se estudiara su continuidad? Y sobre todo, ¿cómo y por qué solo cuatro meses más tarde CC decidió prorrogar cinco años más el contrato del servicio a una empresa claramente insolvente e incapacitada para prestarlo? Es una de las incógnitas que deberá despejar la instrucción judicial, porque en la vía administrativa ha sido imposible hacerlo.

19.- El Interventor General se mantiene firme

El que sí mantuvo su criterio fue Gerardo Armas, interventor general del Ayuntamiento, que consideraba especialmente grave “el desequilibrio económico-financiero y la necesidad de financiación de la empresa”, y de especial relevancia la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Documento 14: Informe del viceinterventor de 22 de agosto de 2014.

Documento 14.1: Informe del interventor del 31 de julio de 2014.

20.- ¿Por qué no se rescató el servicio?

Aun así, Fernando Clavijo sale nuevamente en ayuda de sus amigos y vuelve a levantar por decreto los reparos de la Intervención, en lugar de rescatar el servicio y sacarlo a concurso como debería haber hecho. La clave es que estaba en juego el patrimonio de cinco colegas suyos, que habían hipotecado sus casas y tenían una deuda superior a los 700.000 euros.

21.- El samaritano que compra

El círculo se cierra con la compra en septiembre de 2015 de Autogrúas Poli S.L.U. por el empresario José Luis Tacoronte, casualmente conocido de Antonio Vera, uno de los interventores del servicio. La operación se cierra con el pago de 1 euro, pero asumiendo Tacoronte 715.215,56 euros de deuda para no dejar tirados en la cuneta a los trabajadores-compradores, según dijo ante la comisión de investigación.

Documento 15: Escrito de José Luis Tacoronte, de 15 de septiembre de 2015.

22.- Comisión de investigación fallida

La gestión de las grúas venía oliendo mal desde el mandato anterior. Y todos los Grupos políticos de la oposición decidieron en un Pleno (noviembre de 2015) constituir una comisión de investigación que indagara sobre lo sucedido. A mitad de camino, el Partido Popular (PP) giró y apoyó a CC en su negativa de incorporar documentación vital para esclarecer los hechos. Las conclusiones de aquella comisión fueron beneficiosas para Clavijo y el grupo de gobierno, y la oposición se desmarcó llevando el asunto al juzgado de guardia.

23.- El caso acaba en los tribunales

Volvemos al principio, con el caso Grúas en los juzgados y en la portada de los medios de comunicación, con la más que probable posibilidad de que acabe el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras el tirón de orejas de la Audiencia Provincial a la titular de Instrucción 2 de La Laguna, con la inicialmente fallida remisión de una primera exposición razonada al alto tribunal canario, que reclamará de la magistrada que acabe con las diligencias y remita toda la causa. En tal caso, la Sala de lo Civil y Penal habría de llamar a Clavijo como investigado.

24.- Clavijo y Díaz se han protegido

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz se han protegido en este proceso por temor a sus repercusiones jurídicas. No sólo colocando a Javier Abreu (entonces del PSOE, ahora expulsado del partido) al frente de la Junta de Gobierno Local cuando había que tomar decisiones importantes, sino sobre todo delegando en el nacionalista Pérez-Godiño la firma del decreto de prórroga del servicio.

25.- Su argumento central es falso

El argumento que repite en estos días el presidente del Gobierno es falso. “No rescatamos el servicio para no tener que asumir las deudas y una plantilla de 22 trabajadores”, dice. Lo que no cuenta es que en junio de 2015 firmó con sus amigos una nueva minoración de la plantilla obligatoria, dejándola en 9 conductores, casi los mismos que había en 2003 cuando propuso privatizar el servicio.

Documento 16: Contrato entre el Ayuntamiento y Autogrúas Poli de 5 de junio de 2015.

26.- La verdad del Caso Grúas

La verdad judicial del caso Grúas la resolverán los tribunales, si finalmente la causa se eleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De momento, la verdad material apunta a que Clavijo hizo todo lo que estaba en su mano para no dejar tirados a los que se reconocen como sus amigos, a los que facilitó las cosas para que pudieran comprar Autogrúas Poli S.L.U., un servicio que no rescató el Ayuntamiento pese a las dramáticas evidencias económicas y financieras. Clavijo evitó que los siete empleados metidos a empresarios perdieran sus casas hipotecadas y aguantó todo lo que pudo sorteando la legalidad hasta que apareció milagrosamente un comprador que asumió las deudas y mantuvo al frente de la compañía a los que la habían arruinado. Los amigos confesos del presidente Clavijo.

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