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La Sala de Gobierno del TSJC no alcanza un acuerdo sobre las grabaciones del juez Alba

La ausencia de cinco magistrados y la petición de los presidentes del TSJC (Antonio Doreste), de la Sala de lo Contencioso Administrativo (César García Otero) y de la Audiencia de Las Palmas (Emilio Moya) impidió la votación por falta de quórum

El presidente de la Sala de lo Social había propuesto asumir íntegramente el acuerdo de la Junta General de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria

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Los magistrados Emilio Moya (c), Carlos Vielba (d) y Salvador Alba (i) en el juicio a Antonio Ojeda

Los magistrados Emilio Moya (c), Carlos Vielba (d) y Salvador Alba (i) en el juicio a Antonio Ojeda EFE/Ángel Medina G.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tenía previsto abordar este martes la situación creada por las grabaciones difundidas en los medios de comunicación y que afectan al magistrado Salvador Alba y a otros jueces, no ha adoptado acuerdo alguno por falta de quórum.

Según ha informado a Efe Humberto Guadalupe, presidente de la Sala de lo Social del TSJC y miembro del órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de Canarias, la ausencia justificada de cinco de sus miembros ha impedido tomar en consideración el acuerdo alcanzado este lunes por la Junta General de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria.

Guadalupe, que había solicitado sin éxito el pasado mes de mayo que se abordara esta cuestión, propuso de nuevo la semana anterior la celebración de una reunión urgente, si bien el asunto finalmente se incluyó en el último punto del orden del día de la sesión convocada este martes.

La citada ausencia de cinco miembros y la petición de no estar presentes por parte de los presidentes del TSJC, de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Audiencia de Las Palmas, Antonio Doreste, César García Otero y Emilio Moya, respectivamente, impidió la votación por parte de los seis miembros que quedaron en la reunión, ha indicado Guadalupe.

Este magistrado había propuesto asumir íntegramente el acuerdo de la Junta General de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria, que califica los hechos de "máxima gravedad", critica la "pasividad" de los órganos de gobierno judiciales y pide que se depuren las responsabilidades de tipo penal o disciplinario que se pudieran advertir, al margen del cargo o representación que ostenten las personas afectadas.

Guadalupe entiende que la Sala de Gobierno debía pronunciarse censurando los hechos que se han difundido, algunos de los cuales se investigan judicialmente y otros han sido objeto de expediente disciplinario
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