La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida, pero dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuando vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León permiten hacer una simulación de cómo quedaría el reparto de diputados en esta comunidad si en las generales se votase exactamente igual. El bloque de la derecha solo hubiera sumado un escaño más con respecto a los comicios de 2023, de 19 diputados a 20, pero su composición cambiaría mucho: Vox ganaría seis escaños y la mayoría sería a costa del PP.

En las elecciones generales de 2023, el PP consiguió hacerse con 18 diputados (42% del voto) y Vox con solo uno (con el 14%). En el bloque de la izquierda, solo el PSOE logró representación con 12 escaños, mientras que el 7% de Sumar no consiguió traducirse en ningún asiento. El reparto sería muy similar con los datos de 2026: la derecha sumaría 20 escaños frente a los 19 de 2023 y la izquierda se quedaría con los 10 del PSOE (más uno de UPL) frente a los 12 de hace tres años.

Lo que variaría es la composición de los bloques: la subida de apoyo a Vox hace que gane seis escaños más para alcanzar los siete totales, pero casi todos ellos (cinco) se los arrebataría al PP. Ocurriría en Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

El asiento restante es el que Vox quitaría al PSOE en Burgos. Además, el PSOE perdería un diputado que iría a parar a UPL.

Estos cálculos tienen que ver con el sistema electoral, que a nivel nacional beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica al resto, principalmente en las provincias que reparten pocos escaños. Es mucho más difícil que los terceros, cuartos o quintos partidos consigan escaño en provincias que reparten tres, cuatro o cinco diputados.

También debe tenerse en cuenta que se ha realizado una simulación con los datos de las elecciones autonómicas y que no tiene en cuenta variables como que los electores votan en diferente clave cuando acuden a las urnas para unas generales. Además, hay partidos regionalistas que no concurrirán en 2027 y otros, como Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez, no se presentaron en 2023 pero sí prevén hacerlo en las próximas.

El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con casi el 100% del escrutinio. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza. El escenario que dibujan las urnas es que, de nuevo, el PP es la primera fuerza pero va a necesitar a la extrema derecha de Vox para llegar a la mayoría absoluta. El PSOE revierte la tendencia de las elecciones de Aragón y Extremadura y, en este caso, no solo resiste sino que gana dos procuradores.

Estos resultados sitúan a SALF como sexta fuerza en Castilla y León por número de votantes con más de 17.000, pero en global tiene por delante a seis partidos: hay dos, Por Ávila y Soria Ya, que entran en las Cortes con menos sufragios totales. La formación de Alvise Pérez queda por delante de Podemos, que tiene 9.000 y el 0,74%, y por detrás de IU-Sumar, que tiene más de 27.000 papeletas y tampoco logra representación con el 2,23% de los sufragios. El partido de Alvise es quinta fuerza en las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Soria.

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser la cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4% de los votos, solo por detrás de PP, PSOE y Vox, aunque en esos comicios no participaban partidos regionalistas como UPL o Por Ávila. En esta comunidad SALF se hizo con casi 43.000 papeletas de las 800.000 que logró en todo el Estado.

Campaña accidentada con la mirada en las generales

La campaña de Se Acabó La Fiesta en Castilla y León, con la abogada Lucía Echevarrieta como candidata, empezó con un traspiés: el partido calcó el programa electoral de Aragón y se le olvidó borrar parte de las referencias a “los aragoneses”. En el documento se leían frases como “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende” y “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”.

Las aventuras autonómicas del agitador ultra son la antesala a su expectativa de presentarse a elecciones generales, previstas para 2027. Su recetario toma como referentes a dirigentes ultras como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele y promete una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y bajadas de impuestos.

El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es. En enero, además, tuvo que declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado sancionar con una multa de 10.401 euros al agitador ultra Vito Quiles por desobedecer a la Policía cuando le pidió que abandonara la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 para evitar altercados.

El relato de la Policía es que Quiles se dirigió de “forma provocativa” a las personas asistentes de la marcha, muy concurrida y comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid. Las manifestantes rodearon con gritos de “fuera, fuera” al agitador, que pocas semanas antes había provocado ya disturbios en su “tour” universitario. Los integrantes del dispositivo policial decidieron pedirle en ese momento que se fuera para evitar incidentes que pusieran en riesgo “no solo su propia integridad, sino el normal discurrir de una manifestación comunicada”. Se negó hasta en tres ocasiones y se le informó de que sería propuesto para sanción por desobedecer.

Una vez notificado este expediente sancionador, Quiles tiene quince días para decidir si quiere realizar el pago voluntario con reducción del 50% del importe de la sanción de multa —con lo que finalizaría el procedimiento— o bien formular alegaciones. Si no efectúa el pago voluntario, se continuará la tramitación y podrá ejercitar su derecho de audiencia, presentar alegaciones y aportar los documentos que quiera como prueba.

En pocos días se conocerá también la decisión del Congreso para retirarle la acreditación por las denuncias en su contra. El instructor del caso llamó el pasado 3 de marzo tanto a la parte denunciante como a la denunciada antes de cerrar el informe que prepara sobre el agitador. Una vez que lo presente, es la Mesa del Congreso la que tiene que tomar la decisión final sobre la sanción contra él. El Consejo Consultivo, el órgano creado ad hoc en la última reforma del reglamento para analizar este tipo de situaciones, ya propuso una suspensión de su acreditación y de la de Bertrand Ndongo por las denuncias presentadas.

Uno de los documentos desclasificados del 23F, sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia, asegura que existió una “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” contra el rey Juan Carlos I para implicarle en el golpe de Estado. El texto lo atribuye a una estrategia de defensa de los “verdaderamente implicados” y hace una recopilación de los argumentos que supuestamente se utilizaron, entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El documento forma parte de los custodiados por el Ministerio de Interior y no tiene fecha, pero por su redacción parece previo a la sentencia del 22 de abril de 1983, que contribuyó a fijar un discurso oficial sobre el papel del rey a la hora de frenar el 23F, cuestionada por algunos expertos. “La supuesta implicación de Su Majestad el Rey en los acontecimientos responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro”, plantea este texto.

La tesis que sostiene es que esta “campaña” se puso en circulación por los abogados defensores, los grupos políticos afines y los “simpatizantes” con la causa: “Para ello se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otras y se han inventado acontecimientos que solo han existido en la mente de sus creadores”. Estos “sectores interesados” difundieron “rumores”, prosigue, que “tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical”.

A continuación hace una recopilación de los argumentos utilizados por estos “sectores interesados”. Entre ellos, que el rey conoció de “algún modo el Plan de Milans y Tejero y trató de utilizarlo para consolidar su figura”, para lo cual usó a Alfonso Armada: “Luego lo desautorizó, tal vez de previo acuerdo, y él quedó ante los partidos como el salvador de la Constitución y la democracia”. También que tenía que conocer los hechos porque “envió a sus hijos a Inglaterra”, ante lo que añade un escueto “(?)”.

Un tercer argumento que formaría parte de esta “campaña” de rumores —y que critica el informe— es que “el rey tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien”. Finalmente, lamenta que se ha tratado de transmitir la idea de que “no era posible” una intervención de los generales sin “conocimiento previo de Su Majestad”.

Este texto anónimo forma parte de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el Gobierno al entender que ya no suponen un “riesgo” para la seguridad. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.

La primera aventura autonómica de Luis 'Alvise' Pérez ha acabado en fracaso. Se Acabó la Fiesta (SALF) se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, pese a que ha rozado el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. El vencedor de las elecciones ha sido el PP pero pierde dos diputados y dependerá de Vox, que duplica sus escaños, en un calco de lo ocurrido en Extremadura hace dos meses.

La estrategia de SALF pasaba por alcanzar un buen resultado en Zaragoza con Cristina Falcón como cabeza de lista. En esta circunscripción les fue bien en las europeas de 2024 con casi 20.000 votos, y este domingo se ha quedado a las puertas con más de 14.000 papeletas y el 2,9%.

En conjunto, sus resultados lo sitúan por delante de PAR y Podemos: SALF se ha hecho con más de 17.000 votos en total en las elecciones frente a los 8.000 de PAR y 6.000 de Podemos. IU-Sumar está por encima, pero solo por mil papeletas. SALF ha celebrado el resultado, pese a no entrar en las Cortes, porque “triplica y destroza a Podemos, supera a Teruel Existe en la capital y se sitúa al borde de conseguir escaño en Zaragoza”.

La segunda intentona electoral de SALF en su corta historia ya no tenía el factor sorpresa que le llevó a convencer a 800.000 votantes para hacerse con tres escaños en las elecciones europeas. Desde entonces Alvise ya solo tiene un escaño en el Parlamento Europeo —el suyo— después de que sus eurodiputados le hayan denunciado por acoso, también quedó lejos la promesa de sortear su sueldo cada mes y la lista de frentes judiciales no deja de aumentar.

La compaña de Cristina Falcón ha tenido poco impacto y, de hecho, el momento más relevante de estas semanas lo protagonizó Alvise al ser llamado a declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados. Allí aprovechó para enseñar su próximo libro y hacer campaña: “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

La formación de Alvise está estudiando presentar candidaturas a las elecciones autonómicas en Castilla y León, y en octubre apuntó ya a su intención de lanzarse a por las generales, con la sombra de varios juicios planeando sobre él. El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

Por la mañana, al PP le tocaba salir a defender su gestión de la denuncia interna de una concejala por acoso contra el alcalde de Móstoles. Y solo unas horas más tarde, cerrar la campaña de Aragón como si nada hubiera sucedido. Alberto Núñez Feijóo ha acompañado a Jorge Azcón en el último acto antes de las elecciones del domingo en una intervención en la que ha pedido “un resultado contundente” para que su partido no dependa de Vox para gobernar, como apuntan las encuestas y como ya le ocurrió hace dos meses en Extremadura.

En medio de su guerra con Vox, que ha ido subiendo de volumen conforme avanzaba la negociación en Extremadura, Feijóo ha asegurado que “no se puede” preferir a Azcón pero votar por opciones distintas al PP. “Quien entre la candidata de Sánchez y Azcón prefiera a Azcón, que vote a Azcón. Que no se quede en casa, que no vote fragmentado, que vote claramente”, ha apelado, sin mencionar a Vox de forma expresa. “Hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear. No vale de nada ir a votar cabreado si eso se traduce en bloqueo. El voto de quien está harto tiene que servir para gobernar y no para bloquear, sino la decepción será mayor”.

El dirigente del PP ha recuperado el bulo de que la regularización de migrantes del Gobierno es “regalar papeles para conseguir papeletas” pese a que no funciona así el sistema electoral: para votar en las generales hay que tener la nacionalidad española, algo que exige residir durante diez años de forma legal en España, con algunas excepciones que permiten reducir ese tiempo. “Quieren regularizar a todas las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país (...) y eso no lo podemos permitir”, ha dicho. Son las mismas personas que viven y trabajan en España a las que Feijóo les decía que podían “estar tranquilas” en 2024.

En su discurso ha recuperado los mantras habituales del PP: se pagan muchos impuestos, el Gobierno “ha endeudado España hasta las cejas”, el absentismo laboral y este país “no funciona con el PSOE”. “Hemos hecho una campaña limpia, somos gente honesta, no metemos la mano en la caja y el socialista no puede decir eso”, ha dicho Feijóo como cierre de una campaña en la que una de sus concejales llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno y su partido utilizó su mayoría en el Senado para forzar la comparecencia de Paco Salazar a tres días de las elecciones.

Antes, Azcón ha dedicado buena parte de su intervención a retratar al PSOE como un partido que “ha utilizado a las mujeres como mercancía” y ha llamado “mentirosa” a Pilar Alegría por decirle —según su versión— que reprochó a Paco Salazar “su actitud” durante la comida que mantuvo con él en un restaurante de Madrid, algo que el exasesor de Moncloa ha negado. Cuando Alegría y Salazar comieron ya habían salido a la luz las denuncias de varias compañeras de partido y otras habían usado los canales internos de Ferraz para trasladar el comportamiento del exalto cargo de Moncloa. Azcón también ha insistido en que la encuestadora contratada por Alegría para la campaña tiene relación con Salazar, pese a que no es así. “No hay límites, todo vale”, resumió el presidente de Aragón.

Tras Feijóo, el colofón final del mitin del PP es un acto del activista ultra Vito Quiles, que está a punto de perder su acreditación del Congreso de forma temporal y que recientemente protagonizó una polémica gira universitaria que provocó disturbios en varias ciudades. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso aprobó un informe que considera que Quiles incurrió en una infracción grave del reglamento por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido. El presidente de Aragón y candidato a la reelección ha defendido así su presencia: “Lo que a mí me sorprende del PSOE es que el señor Zapatero no haya venido a esta campaña electoral, referente del socialismo, ni presidentes de otras comunidades autónomas como los de Asturias y Castilla La Mancha, Adrián Barbón y Emiliano Page”.

La exconcejala del Partido Popular en Móstoles que denunció internamente al alcalde de la localidad por acoso sexual se dirigió varias veces al partido, en persona y por escrito, para exponer su situación. La grabación de una de esas reuniones con Ana Millán, alto cargo del PP en Madrid y una de las más estrechas colaboradoras de Isabel Díaz Ayuso, revela que su respuesta fue cuestionar el supuesto acoso por no haber acudido al Comité de Derechos y Garantías, negarse a reunirse con ella en presencia de su abogado e, incluso, anunciar que estaba siendo investigada bajo la acusación de filtrar información de este caso al PSOE. “El partido tiene una denuncia hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de todo este tema”, dijo Millán antes del final de la reunión. Un día después dejó su acta y causó baja en el partido.

El caso fue revelado esta semana en exclusiva por el periódico El País. Una concejala de la localidad madrileña de Móstoles, que con más de 214.000 habitantes es uno de los municipios más poblados del país, denunció que había sido acosada por el alcalde Manuel Bautista. Esta concejala, tal y como informa el rotativo del grupo PRISA, se reunió con altos cargos del partido de Isabel Díaz Ayuso entre marzo y octubre de 2024, entre ellos sus dos colaboradores más estrechos: Alfonso Serrano y Ana Millán.

Una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es dibuja que la última reunión, celebrada en octubre de ese año en la sede central del partido en la calle Génova, terminó de forma tensa. La concejala acudió a reunirse con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Ayuso, después de haber escrito directamente a la presidenta regional para explicar lo que estaba pasando, enviando hasta seis emails y con dos reuniones previas. Acudió acompañada de su abogado, Antonio Suárez-Valdés, especialista en la jurisdicción militar y en materia de acoso, en su día abogado defensor de la comandante Zaida Cantera.

“No te íbamos a recibir con abogado”, afirmó Millán mientras le reprochaba que se hubiera dirigido a Isabel Díaz Ayuso y no al Comité de Derechos y Garantías. “Una vez más me acabas de confirmar que sigues mezclando la institución”, afirmó al término de la reunión antes de pasar al ataque contra la denunciante. “Te digo, con toda honestidad, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de este tema”. 

Millán explica a la entonces todavía concejala en Móstoles que se enfrentará a una investigación interna por esas supuestas filtraciones que ella niega. “Te llamarán de lo que es el procedimiento interno del partido que establecen nuestros estatutos, te llamarán de Derechos y Garantías”. El mismo comité ante el que emplaza a denunciar el supuesto acoso del alcalde. “Que me llamen porque no tengo ningún problema”, contesta la denunciante. El caso no se ha conocido hasta año y medio después y ella no fue llamada finalmente a declarar por esa supuesta filtración.

Las informaciones desveladas por El País revelan que altos cargos del PP de Ayuso llegaron a reconocer que lo que denunciaba era “un caso de acoso de manual” y que llegó a ser estudiado y archivado por el partido a nivel nacional. En esta grabación, Millán cuestiona que exista ese acoso por no haber acudido al Comité y haberse dirigido a ellos: “¿Dónde está el caso de acoso? Si tu tienes pruebas tendrás las herramientas que establecen los estatutos. Desde el primer momento has dicho que no querías denunciar”. La concejala replica: “La que me has dicho que eche un paso atrás…” afirma antes de dar la reunión por terminada. Poco después renunció a su acta. “No voy a permitir ya más victimización, hasta aquí”. 

“No tengo por qué reunirme con nadie con abogado”

La número tres de Ayuso comenzó el encuentro imponiendo “las premisas” bajo las que se iba a producir y cuestionando la presencia de un abogado cuando “no hay constancia de ningún procedimiento judicial”. “Con todos los respetos pero yo no tengo por qué reunirme con nadie con abogado”, le dijo, para a continuación aclarar que solo la atendía “como a cualquier compañero del partido que pide hablar”. Millán insiste en que la denuncia de acoso de la concejal de Móstoles “es un tema estrictamente municipal” del que no tienen “constancia formalmente” pese a las dos reuniones previas y los intercambios de correos en los que hablaba de la “discriminación muy grave” que sufría.

“¿Como organización no tenéis ningún protocolo?”, le pregunta en un momento la denunciante mientras Millán insiste en que la atienden “con todo el cariño del mundo” como atienden “a cualquiera” pero la vía es el Comité de Derechos y Garantías, que no ha activado. “He venido aquí y te he contado unos hechos, como responsable del partido tendrás que trasladarlo donde corresponda”, dice ella, algo que niega Millán, porque el partido “tiene sus procedimientos”. También le reprocha que se haya comunicado por correo con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en lugar de dirigirse al partido. 

La concejal escribió posteriormente para denunciar su caso ante este órgano del PP nacional, sin éxito. Desde el equipo de Feijóo confirmaron a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información” pero no han querido responder sobre cómo fue el proceso ni a quién se llamó. El País ha revelado este viernes que el PP archivó el expediente sin citar ni escuchar en persona a la presunta víctima ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito.

“Un caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañero”

La concejala denunciante de acoso reprocha a Millán que, en un momento dado, pretendiera abordar un “presunto caso de acoso sexual y laboral” a “nivel de compañero” con una conversación con el alcalde sin “activar nada”. “No soy juez ni parte”, contesta Millán. 

Las alusiones al Comité de Derechos y Garantías son constantes por parte de la número 3 de Ayuso. “Si tú tenías algún problema laboral (...) te dijimos que una cosa es el partido como organización política, hemos intentado darte el amparo que nos pedías porque no querías que se te quitaran competencias”. Presume en ese momento Millán de haber obligado al alcalde de Móstoles a mantener a la denunciante en sus funciones incluso después de la denuncia. “Fíjate si hemos intentado que se te mantuviera como creo que te mereces y sigues con las mismas competencias”.

El alcalde de Móstoles se defendió ayer de las acusaciones de acoso afirmando que la polémica respondía a un enfrentamiento profesional con la denunciante, que quería ser teniente de alcalde y no se le concedió. Unos audios desvelados este viernes por El País apuntan en dirección contraria: “Efectivamente tú no me has pedido nada... ni ser teniente de alcalde ni nada”.

Había expectación por los discursos de la Pascua Militar del rey Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero ninguno de los dos se ha referido de forma explícita al ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela. Sí lo han hecho de forma velada: el rey ha defendido el “multilateralismo” y el “orden global basado en normas”, mientras que Robles ha asegurado que España defiende el “pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional”, fuera de cuyo marco “no hay actuaciones legítimas posibles”.

“El año 2025 deja una sensación creciente de amenaza, que llega al corazón de Europa y vuelve a evidenciar cuán necesario es tener fuerzas armadas con alto grado de formación y bien equipadas, unos recursos humanos y materiales a la altura de los desafíos”, ha asegurado Felipe VI, para defender a continuación el aumento de gasto en defensa. En el caso de España, el Gobierno pactó con la OTAN que el gasto militar no subiese al 5% y a la vez cumplir con sus compromisos. El rey ha afirmado que “es importante dar continuidad a un esfuerzo compartido”.

Para Felipe VI, la “integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o los drones, se convierte en un poderoso motor de transformación, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble”. También ha alabado “el apoyo” del Ejército “a la población y al Sistema de Protección Civil ante las catástrofes naturales”, con un recuerdo para los militares y guardias civiles que participaron en la reconstrucción de las localidades arrasadas por la dana y las tareas de extinción de los “devastadores incendios” de este verano.

Robles sí alude a Ucrania y Gaza de forma explícita

Margarita Robles, la primera en intervenir, sí se ha referido de forma clara a Ucrania y Gaza: “Vamos a seguir apoyando a Ucrania, víctima de una cruel invasión. España seguirá apoyando en todos los ámbitos una paz justa y duradera cuyos términos solo pueden ser decididos por el pueblo ucraniano”, ha argumentado, para añadir a continuación que España está “igualmente comprometida con la paz en Gaza”.

Es la primera Pascua Militar en la que no está presente Pedro Sánchez, que este 6 de enero tiene que acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios de París, el grupo de socios europeos aliados de Ucrania. La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer y también acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este martes Robles no ha hecho una alusión explícita a Venezuela ni a Estados Unidos, aunque el Gobierno ha condenado “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional en Venezuela”, alineándose con los países con una posición más dura contra Trump frente a la tibieza, al menos hasta ahora, de la Unión Europea. Poco antes de la intervención de la ministra, España y otros seis grandes países europeos (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca) defendieron a Groenlandia ante las amenazas imperialistas de EEUU.

Desde el Ejecutivo han sostenidos estos días que el ataque de Trump es un precedente “peligroso” y que su postura es coherente con la que mantienen en Ucrania y Gaza. El presidente de Estados Unidos, que afirma que está “al mando” de Venezuela, ya ha descartado elecciones próximamente en este país y ha amenazado directamente a Cuba, Colombia y México.

La salida de Vox en verano de 2024 de los cinco gobiernos autonómicos en los que formaba coalición con el PP despertó la incógnita de si la extrema derecha sabría beneficiarse de recuperar un papel más cómodo de oposición o si se vería perjudicada con la pérdida de poder y foco. Un año y medio después, ya tiene su respuesta: ha conseguido duplicar sus escaños en Extremadura, mantener la dependencia del PP y atisba un arranque de 2026 en el que puede ser clave en las negociaciones tras las elecciones autonómicas en Aragón y Castilla y León.

El partido despide el año en un momento dulce y resiste a las acusaciones contra su rama juvenil 'Revuelta' y su convulsa vida interna, con un goteo de salidas y defenestraciones de los que un día fueron sus caras más reconocibles. Ha conseguido centrar la atención sobre sus exigencias para facilitar la investidura de María Guardiola, que convocó elecciones para ganar solo un escaño más y quedarse a cuatro de la mayoría absoluta. La extrema derecha sumó seis diputados y 40.000 votos más que en 2023, lo que le permitió presentarse como el verdadero “ganador” del domingo. Lo escenificó incluso con una batalla contra el PP por ser el último en comparecer la noche electoral, como suele hacer la fuerza más votada. El vencedor de ese pulso simbólico fue Santiago Abascal, que esperó a hablar pasada la medianoche, después de María Guardiola y de su propio candidato en la región, Óscar Fernández.

Desde ese día, los dirigentes de Vox se han dedicado a aparecer en televisiones y radios para colocar su agenda: revertir las políticas ecológicas y lo que la extrema derecha llama “políticas de género”, combatir la “inmigración masiva” y bajar los impuestos. Aunque Abascal no se ha cerrado a ninguna posibilidad, incluida la de volver a entrar en ejecutivos autonómicos, nada parece indicar que vaya a abandonar una estrategia que le ha dado tantos réditos. “Ya han estado en el Gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si su deseo es estar en el Gobierno tendrá que haber un compromiso de seriedad”, respondió el martes Guardiola en una entrevista en Cope, en la que lanzó también un dardo sobre el funcionamiento centralizado del partido: “No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal”. De momento lo ha hecho con Óscar Fernández y ha sido para trabajar sobre el documento de 206 exigencias que ya rechazó en octubre.

Las pruebas de que no necesitan estar dentro de los ejecutivos para imponer al PP su recetario ultra han sido muchas a lo largo de este año y medio. Este verano lograron que su antiguo socio de gobierno en Murcia se plegase a todas sus peticiones para sacar adelante los presupuestos, entre ellas el cierre de un centro de acogida de menores y una reforma de la Ley del Mar Menor. Hace solo unas semanas arrancaban concesiones en la Comunitat Valenciana —de donde también salieron en 2024— para permitir la presidencia de Pérez Llorca. Y solo dos días después de las elecciones extremeñas llegaron a un acuerdo con el PP en Sevilla —en este caso Vox no ha estado nunca en el ejecutivo— para aprobar sus presupuestos a cambio de recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer o “reforzar” el control de las personas migrantes que se quieran empadronar.

La víspera de la Nochebuena, entre noticias de negociaciones, anuncios del Gobierno y compras navideñas, también fue la fecha elegida para anunciar discretamente la expulsión de su Ejecutiva de Javier Ortega Smith. De la icónica fotografía de la primera plana de Vox junto al PP y Ciudadanos en la concentración en Colón en 2019 ya solo queda Abascal.

El distanciamiento de Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y otros destacados miembros del primer núcleo duro del partido ha sido paulatino mientras ganaba poder el sector más ultraconservador encabezado por el eurodiputado Jorge Buxadé. Espinosa de los Monteros renunció a su escaño después de los malos resultados de las generales de 2023, en las que perdieron 19 diputados, y ahora impulsa un nuevo proyecto. Monasterio se fue en 2024 entre críticas a la deriva del partido. Ortega Smith siguió, pero perdiendo cada vez más peso interno.

Los defenestrados coinciden en que Abascal se ha aislado y en hablar de falta de democracia interna. Ortega Smith respondió a su cese compartiendo un vídeo antiguo del líder de Vox en el que aseguraba que en España los partidos son “instituciones muy poco democráticas” porque “todos deben al líder su sueldo” y así “es muy difícil que la gente sea libre”. Acompañó ese clip de un escueto mensaje: “Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo”.

Esperan salir reforzados de las autonómicas de 2026

Al menos de momento, ni su polémica vida interna ni las acusaciones de exdirigentes de Revuelta de desviar fondos recaudados para la dana han pasado factura a Vox. Las próximas citas electorales marcadas en el calendario, Aragón y Castilla y León, acabarán de demostrar su estado de forma en los territorios donde abandonó el poder autonómico. Los sondeos pronostican un déjà vu de Extremadura: el PP como primera fuerza, un desplome del PSOE y una gran subida para la ultraderecha, que se reservará un papel clave. Y, de hecho, los de Feijóo ya asumen que están lejos de las mayorías de absolutas y se resignan simplemente a liderar el bloque de la derecha.

Los plazos acompañan a la fuerza de Abascal, que controla los tiempos de la negociación en Extremadura y podría dilatarla hasta las elecciones de Aragón del 8 de febrero. El 20 de enero es la fecha límite para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura, con la elección de su presidencia y de los miembros de la Mesa, por lo que ahí tendrá que haber contactos entre ambos partidos. Pero todavía quedará un mes más de plazo para el primer intento de investidura de Guardiola, que tiene que ser como máximo el 19 de febrero. Semanas después volverán a las urnas con las autonómicas de Castilla y León que se celebrarán, a más tardar, el 15 de marzo. Es previsible que tras esa cita Mañueco también tenga que llegar a acuerdos. Y dos meses después, en junio, será el turno de Andalucía.

En este momento el PP tiene 28 escaños en Aragón, seis por debajo de los 34 de la mayoría absoluta, mientras el PSOE tiene 23 y Vox, siete. Un sondeo para Heraldo de Aragón pronostica que los populares subirían solo uno o dos parlamentarios, pero Vox lograría incorporar cuatro o cinco asientos más. El peor parado, según las encuestas, será el PSOE encabezado por la exministra Pilar Alegría, que se quedaría en una horquilla de entre 17 y 19 parlamentarios. Jorge Azcón ha descartado ya que Vox quiera entrar de nuevo en los gobiernos autonómicos porque, asegura, Vox “se siente cómodo” en la oposición pidiendo medidas “que luego son prácticamente imposibles de cumplir”: “Si quisiera entrar no se hubiera ido”, dijo el pasado lunes.

Castilla y León constituyó el primer laboratorio de la convivencia de la extrema derecha en una coalición. Mañueco tuvo que sentar en su ejecutivo a Juan García-Gallardo como vicepresidente precisamente por un error de cálculo: convocó elecciones para liberarse de Ciudadanos y acabó dando un poder inédito a la extrema derecha. Una encuesta de La Nueva Crónica prevé que el PP pase de 31 a 29 procuradores, el PSOE descienda a 25 —de 28— y Vox pase de 13 a 19. La mayoría absoluta de 41 procuradores sería inalcanzable para Mañueco salvo que se siente a dialogar.

Más lejos quedan las elecciones en Andalucía, previstas para verano, en las que Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá que defender su mayoría absoluta. El llamado CIS andaluz le da una horquilla entre 53 y 55 escaños, donde se sitúa la mayoría absoluta, frente a los 58 que tiene ahora. El PSOE de María Jesús Montero tocaría fondo con entre 25 y 28 diputados frente a los 30 actuales. Y la extrema derecha, si los pronósticos se cumplen, cantaría bingo con otra subida con la que pisaría los talones a los socialistas con entre 19 y 22 escaños.

Entre la España política de verano de 2024 y la de invierno de 2025 hay cinco ejecutivos menos con Vox, pero un PP cada vez más mimetizado con los ultras y un discurso que ha permeado. Si en junio del año pasado la inmigración era el noveno problema para los españoles, según el CIS, en diciembre de 2025 es el cuarto. Ha llegado a ser el primero, superando a los problemas económicos. Lejos queda la época en la que estaba muy por encima la preocupación por las desigualdades de género y las diferencias de clase.

Vox, que rompió sus pactos autonómicos con el PP en el verano de 2024, ya no cierra la puerta a pedir la entrada de nuevo en el gobierno de Extremadura. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, ha asegurado que no están “cerrados a ninguna posibilidad” pero ha emplazado antes al PP de María Guardiola a decidir con quién quiere pactar: “Estamos esperando a que mueva ficha. La pelota está en su tejado”.

La única “línea roja” a la que se ha referido el líder de Vox es que no se “invisibilicen” sus votos, sin aclarar a qué se refiere. “Da igual lo que nos pida Guardiola, lo que no va a ocurrir es que se invisibilice a los votantes. Si los votos de Vox cuentan de cualquier manera en cualquiera de las fórmulas va a ser para un gran cambio en Extremadura”, ha respondido. Si no, ha dicho Abascal, Guardiola tendrá que pactar “con el PSOE” o “con Podemos”. Ha afirmado que hasta que la líder del PP no tome la iniciativa, no harán ningún movimiento por su lado ni decidirán equipo negociador.

Abascal también ha mandado un recado a Feijóo ante el nuevo ciclo electoral autonómico con comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía: “El PP tiene que decidir en Extremadura, pero probablemente no solo en aquí”.

“Si el PP reflexiona y está dispuesto al gran cambio, ahí está Vox”, ha lanzado. La extrema derecha busca explotar de nuevo la dependencia de un PP que se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta. En la celebración de la noche electoral, de la que se presentó como gran vencedor tras duplicar sus resultados, Óscar Fernández ya hizo saber que pretendía defender “todos y cada uno” de los votos “con uñas y dientes”. Minutos antes, Guardiola pedía a Abascal una “lectura sosegada de las urnas”.

Feijóo pide a Abascal “proporcionalidad”

Feijóo ha pedido este lunes al presidente de Vox actuar con “responsabilidad” y “proporcionalidad” tras los resultados, sin “equivocarse” de adversario político. También ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del crecimiento de Vox en las elecciones extremeñas por “alimentar el miedo” a esa formación como estrategia para “frenar” al Partido Popular.

Ante las negociaciones que comienzan ahora, el líder del PP ha exigido a María Guardiola “proporcionalidad”. “Toca interpretar el resultado tras unas elecciones que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas”, ha dicho. “Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos”.

“No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o despliegan una lona para tirar a una papelera la bandera LGTBI”. Era el 20 de junio de 2023 y quedaban una semana para que estas palabras de María Guardiola se convirtieran en papel mojado para firmar un acuerdo que permitió la entrada de la extrema derecha en el ejecutivo. El resto es historia: en verano de 2024 Vox salió de la coalición y, un año después, el PP decidió retar a un pulso a la extrema derecha, convencido de que saldría fortalecido de las urnas y, además, mostraría la debilidad del PSOE.

Pero no ha sido así: María Guardiola sale de la cita con las urnas de este domingo con la misma dependencia de Vox, que crece todavía más. La candidatura encabezada por Óscar Fernández mejora en escaños y en votos sus resultados de 2023: de cinco diputados con el 8% de los votos ha pasado a once con el 17%. Guardiola no ha alcanzado la mayoría absoluta de 33 escaños sino que se ha quedado en 29, solo uno más que en 2023, de forma que, de nuevo, tendrá que negociar.

Sí se ha cumplido el batacazo del PSOE que indicaban las encuestas: la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, procesado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, se ha quedado en 18 escaños. Es su peor resultado histórico en un territorio que tradicionalmente ha sido un bastión socialista. La otra cara de la moneda es Unidas por Extremadura, con Irene de Miguel, que logra su mejor resultado con siete diputados.

Óscar Fernández ha comparecido al filo de la medianoche y ha esperado a hacerlo a la vez que María Guardiola. Mientras ella anunciaba una ronda de “contactos y diálogo” con el resto de partidos y pedía a Abascal una “lectura sosegada de las urnas”, Fernández replicaba que Extremadura “ha dicho alto y claro que quiere más Vox”. “Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender todos y cada uno de los votos con uñas y dientes. Y vamos a defender lo mismo que defendíamos ayer”, ha lanzado.

Pocos minutos después, el líder nacional de la formación, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que exigirán “respeto a los votantes” y sus papeletas “deben contar”: “Los votantes no van a ser invisibilizados ni traicionados”, ha insistido en una comparecencia en la que ha reivindicado que “para no traicionarles” decidieron salir de los gobiernos autonómicos con los de Feijóo y ha cargado contra el bipartidismo.

El candidato de Vox ya había apuntado en campaña —en la que estuvo acompañado casi en todo momento por Santiago Abascal, el líder nacional que más tiempo ha pasado en Extremadura— que vendería caro su apoyo a la investidura. Deslizó incluso que prefieren otra candidata que no sea Guardiola: Abascal la ha acusado de “contribuir a la demonización de Vox” y ha dicho que si necesita pactar con ellos, o “pasa por el aro” o “repite elecciones” o busca ayuda en el PSOE.

“Estamos seguros de que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio que va a llevar a España a unas cotas mucho mejores de las que actualmente tenemos”, decía el candidato de Vox al votar este domingo por la mañana. El “cambio” que propone la extrema derecha pasa por revertir las políticas de memoria histórica, combatir “la inmigración masiva que amenaza la seguridad” y abolir las leyes “de género” que han creado “una industria del género que ha disparado el despilfarro político” y que “criminalizan a la mitad de la población”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se sentó por segunda vez este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo. Esta vez lo hizo solo, sin el respaldo de los senadores socialistas que le guardaron las espaldas en su intervención de abril de 2024, cuando todavía atesoraba un enorme poder en el partido. Acusado de graves delitos y tras pasar casi cinco meses en prisión, Cerdán trató de mostrarse como víctima de una investigación “sin justificación” y “propia de la Inquisición”.

En su primera intervención ya advirtió de que se iba a acoger a su derecho a no declarar sobre “hechos concretos” que son objeto de la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo. Cuando intervino, lo hizo para intentar desacreditar la investigación de la Guardia Civil —habló de “especulaciones policiales” basadas en “conjeturas”— o calificar de “falsos” los audios en los que aparece hablando del presunto reparto de mordidas y que constituyen, según el juez, el principal indicio contra él.  

Sin embargo, pasó de puntillas o dio la callada por respuesta ante otros aspectos controvertidos que sustentan la causa, como los gastos personales que él y sus familiares cargaron en una tarjeta bancaria a nombre de Antxon Alonso o sus mensajes con el exasesor Koldo García; o ante cuestiones más concretas relacionadas con su etapa en el PSOE, como su relación con Pedro Sánchez o con la exmilitante Leire Díez, investigada en dos sumarios judiciales.

El exdirigente negó tener vinculación con Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada el vínculo para cobrar mordidas en la causa que investiga el Tribunal Supremo. “No hay pruebas de nada”, afirmó cuando la senadora de UPN María Caballero le mostró el contrato privado de compraventa de 2015 que la UCO incautó a Antxon Alonso y que le hace dueño del 45% de la constructora. El otro socio se quedaría con el 51% restante, de acuerdo a ese documento.

“No es mi empresa, ni la mitad ni el 45%”, reiteró después. Y se remitió a la explicación que dio ante el juez que lo investiga: que era un plan frustrado, una salida laboral en un momento en que la política era adversa y que no se llegó a fraguar. Sin embargo, la UCO recogió en su último informe otro contrato de seis meses después firmado entre Antxon Alonso y un nuevo socio que se quedaría con ese 4% que permanecía sin dueño en el acuerdo con Santos Cerdán de seis meses antes. Para la UCO es un indicio de que el plan del reparto de Servinabar nunca se frustró y que en diciembre de 2016 seguía vigente. El exdirigente socialista se ha limitado a señalar que no tiene “veracidad” y “tendrán que demostrar que es cierto”.

Más allá de negar la vinculación, Cerdán evitó pronunciarse sobre el hecho de que, según la UCO, él y sus familiares utilizaron a partir de diciembre de 2021 y hasta el día antes de la detención de Koldo García, en febrero de 2024, una tarjeta bancaria a nombre de Antxon Alonso con la que habrían abonado comidas o viajes a Canarias e Ibiza. O sobre el hecho de que la pequeña constructora pagara el alquiler de su casa entre junio de 2018 y julio de 2025 o diera empleo a su mujer, su hermana y su cuñado, algo que la Guardia Civil considera otro indicio de su “efectiva capacidad de control” sobre esta empresa. Se limitó a pedir “respeto” para su mujer y a afirmar que su familia “es mucho más amplia”. 

Santos Cerdán también permaneció en silencio cuando diferentes senadores le preguntaron si dio órdenes a la exmilitante del PSOE Leire Díez para que “frenase” las investigaciones de la UCO o si le encargó que “extorsionase” a dos fiscales “ofreciendo favores”. “Usted se imagina muchas cosas, pero no sabe muchas cosas. Montan una película sin conocimiento ninguno y sobre suposiciones en las que yo no aparezco en ningún sitio”, le dijo a la senadora de UPN.

Según los audios que han trascendido, Díez se presentaba en sus reuniones para abordar estas cuestiones como su “mano derecha” en la sombra. Ante el juez de Madrid que la investiga por delitos de cohecho y tráfico de influencias, la exmilitante declaró que mantuvo dos reuniones con Cerdán como “periodista” pero negó tener vinculación con el PSOE. 

Sí respondió cuando fue interpelado sobre si tenía algún tipo de relación con la presunta trama de corrupción desmantelada la semana pasada y que tiene como protagonistas al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la citada de Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar. “Si hubiera habido [alguna relación], habría aparecido”, respondió a preguntas del senador de Vox Ángel Gordillo. 

Otro de los asuntos sobre los que Cerdán prefirió guardar silencio fue la supuesta reunión que, según José Luis Ábalos y Koldo García, Pedro Sánchez mantuvo con Arnaldo Otegi previa a la moción de censura de 2018. Es una presunta cita que tanto el presidente como el líder de EH Bildu han desmentido categóricamente. Pero, preguntado por ello, el exdirigente socialista ni hizo ninguna consideración.

El senador de Vox también le preguntó si era el líder de su partido quién daba las instrucciones o si él actuaba a sus espaldas. Y Cerdán optó, de nuevo, por guardar silencio. Tampoco respondió cuando este parlamentario le preguntó si se sentía traicionado por él.

Aunque el ex secretario de Organización del PSOE puso en duda la veracidad de los audios que le incriminan, no hizo referencia a los mensajes de WhatsApp incautados y que la UCO también ha acumulado como indicios a sus informes. Entre ellos están conversaciones que muestran cómo Cerdán gestionaba pagos de Servinabar a una ONG vinculada a Ábalos, la fundación Fiadelso; o cómo trataba de influir en los nombramientos del Ministerio de Fomento ya desde 2018, cuando el PSOE llegó a la Moncloa. 

“Se han hecho varios nombramientos. Como no podamos meter a alguno, nada será posible”, le escribió Cerdán a Koldo García el 16 de junio de 2018, apenas diez días después de la elección de Ábalos como ministro y en plena configuración del organigrama del departamento. Días antes, el exasesor había hecho llegar a un alto cargo de Acciona una relación de nombres y cargos que días después volvió a llegar a Koldo García a través de Cerdán con algunas modificaciones y “una serie de anotaciones en color rojo”.

El rastro de Cerdán, que negó ante el Senado su intervención en adjudicaciones del Gobierno de España y del navarro, también aparece en conversaciones incautadas por la UCO sobre las adjudicaciones investigadas. Es el caso, por ejemplo, del Puente Centenario de Sevilla. En agosto de 2018, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda aprobó una declaración de emergencia para reparar las tirantes del Puente y dos obras de los accesos al puerto de la capital andaluza por las autovías SE-30 y SE-40.

El ex secretario de Organización del PSOE ordenó a Koldo “cerrar Sevilla” el 2 de abril de 2019, según los mensajes de WhatsApp del informe. Dos días después, el 4 de abril, le volvió a preguntar por “Sevilla” al asesor, que le respondió que “falta hablar con subse”. Cerdán replicó: “Madre mía!”.

En esa ocasión, Antxon Alonso y el también imputado José García Alconchel —alto cargo de Acciona— firmaron un memorándum para “trabajar conjuntamente” en la reconstrucción y acordaron que, de conseguir Acciona Construcción la licitación, contratarían a Servinabar “por valor del 2% de los cobros netos” que percibiera la constructora, según la UCO. Es esa obra la que contó con su cuñado Antonio Muñoz como el único empleado de la empresa navarra certificado para incorporarse a los trabajos. 

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido autorización a la Mesa del Congreso para poder participar telemáticamente desde la cárcel en las votaciones que tendrán lugar este jueves en el Pleno de la Cámara Baja. Pero el Tribunal Supremo acaba de avalar la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesarle junto con su exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia, por lo que la Mesa del Congreso tiene previsto reunirse al final del Pleno de este miércoles para suspender oficialmente los derechos de Ábalos como diputado.

El entorno de Ábalos había difundido a través de su cuenta de 'X' que ha solicitado a la Cámara votar telemáticamente. El exministro se aferra a una reciente reforma del reglamento del Congreso que habla de “situaciones excepcionales de especial gravedad” como excepción para conceder el voto telemático a los parlamentarios.

El diputado subraya que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional y asegura que no concederle autorización sería “una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía”.

Pero fuentes parlamentarias han explicado minutos después que el Tribunal Supremo ya “ha notificado al Congreso el auto que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto” por Ábalos. “Por tanto, se confirma el mismo, que adquiere firmeza, y la Mesa del Congreso se reunirá hoy al acabar la sesión plenaria en el Salón de Ministros con el fin de aplicar el Reglamento”. Se trata del artículo 21 el que dice que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.

El juez confirmó hace varios días su decisión de enviar a Ábalos a “prisión provisional comunicada y sin fianza”. No obstante, el Congreso evitó suspenderle directamente de sus derechos a la espera de que el auto de procesamiento contra el exministro fuera firme. El Supremo tenía previsto deliberar sobre los recursos presentados contra esa decisión el 4 de diciembre y ha comunicado su decisión finalmente este miércoles.

El Congreso ha procurado ser garantista en sus decisiones de los últimos días e interpretar el reglamento sobre este asunto de forma escrupulosa, para evitar vulnerar los derechos del todavía diputado en una situación inédita.

La Unión Progresista de Fiscales ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado porque no prueba “con certeza” que fuese Álvaro García Ortiz y ha lamentado que no se diese suficiente valor a los testimonios de los periodistas durante el juicio. “Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente. Este giro es constitucionalmente letal”, aseguran en un comunicado hecho público este miércoles.

Los fiscales progresistas ponen el foco en que el Supremo ha condenado a García Ortiz por considerar “una hipótesis más probable que otra”: la mayoría del tribunal entendió que “no existe una explicación alternativa razonable” que apunte a otro lado que no sea a la Fiscalía y al propio García Ortiz. En un Estado de Derecho solo puede condenarse “cuando existe certeza más allá de toda duda razonable”, replica la UPF: “La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado. Afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable. Esto supone un desplazamiento radical del estándar penal”.

La UPF, a la que pertenecía García Ortiz hasta que fue nombrado máximo responsable del Ministerio Público, señala que es “problemático” que el Supremo diese mayor validez al testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, frente al de los periodistas que declararon en el juicio. “Una deducción puramente subjetiva manifestada por ella —”habéis filtrado los correos“— es elevada por la mayoría a la categoría de indicio de culpabilidad, pese a que no existe confirmación expresa del acusado, no existe corroboración externa objetiva y el propio relato de la afectada evoluciona de forma perceptible entre la fase de instrucción y el juicio oral hacia una versión progresivamente más incriminatoria”, destaca la asociación. Lastra aseguró ante el Supremo que preguntó a García Ortiz si había “filtrado los correos” y que el fiscal general le respondió que eso no importaba. García Ortiz replicó, en su declaración como imputado, que él nunca escuchó esa pregunta. También habló de su mala relación y relató que tuvo que “perseguir” a la fiscal jefe de Madrid para que saliera la nota de prensa para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez.

La asociación de fiscales progresistas contrasta el valor que se otorgó en la sentencia a esas palabras frente al poco que se dio al testimonio de los periodistas, entre ellos dos informadores de elDiario.es: aportaron “relatos coherentes entre sí, coincidencias temporales, mensajes, cronologías, metadatos, publicaciones previas” y otros elementos que “permitían reconstruir una circulación de la información independiente del acusado”.

El comunicado también lamenta que haya una inversión “encubierta” de la carga de la prueba, algo prohibido por la Constitución, porque la sentencia da a entender que si el acusado no logra construir una “alternativa sólida” será condenado. Y, además, la UPF considera que la mayoría del tribunal descartó alternativas porque no encajaban con la hipótesis principal y, a la vez, validó la hipótesis principal porque había descartado las alternativas.

Finalmente, la asociación afirma que es “un error institucional de enorme gravedad” que se hiciese público el fallo el pasado 20 de noviembre, sin la argumentación de la sentencia, porque proyectó ante la ciudadanía “una imagen de decisión ya cerrada antes de culminar el proceso deliberativo”. “Cuando existe un voto particular absolutorio en un procedimiento de única instancia, el sistema no puede permitirse resoluciones aceleradas ni escenificaciones de cierre anticipado del debate”, argumentan. Y recuerdan que el procedimiento contra el fiscal general no era un caso “ordinario”: “se juzga una nota institucional destinada a frenar una desinformación reconocida como falsa” —el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, reconocido por el propio protagonista como una especulación sin pruebas durante el juicio— y que afectaba al “prestigio” de la institución.

Cualquier esperanza de asunción de responsabilidades del rey Juan Carlos I, no ya una disculpa, ha quedado sepultada bajo las 505 páginas de Reconciliación, el sorprendente título de las memorias que el rey emérito ha publicado guiado por la pluma de una escritora francesa. “Errores a nivel personal” es cómo denomina el monarca las polémicas que han emergido en los últimos años sobre su reinado. El emérito no entra a detallar a qué errores se refiere, pero dos investigaciones judiciales, una en España y otra en Suiza, revelaron las actividades delictivas de Juan Carlos I, de cuyo castigo escapó por la interpretación que hizo la Fiscalía respecto de la aplicación de los criterios de inviolabilidad y prescripción. Esta misma semana, en una entrevista a France 2, el monarca ha asegurado que no se arrepiente de nada.

El 2 de marzo de 2022 quedaron arruinadas para siempre las esperanzas de que “el primero de los ciudadanos españoles”, según el mito construido en la Transición, rindiera cuentas ante la justicia por sus desmanes. Ese día la Fiscalía española dio a conocer el decreto de archivo de la investigación que había mantenido durante cuatro años en secreto, a salvo de cualquier fiscalización exterior. 

El Ministerio Público admitía que el emérito pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos que recibió en una fundación llamada Lucum, con una cuenta en Ginebra, pero concluía que la mayoría estaban prescritos y el último de ellos, el de 2011, tampoco podría ser juzgado porque el rey era inviolable hasta su abdicación tres años después.

En esa cuenta en Suiza de la fundación Lucum Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. En contra de la tesis inicial, concluyó la Fiscalía, no se trataba de una comisión por las obras del AVE a La Meca que realizó la empresa española Renfe, sino de “un regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”, rezaba el escrito fiscal. 

En Reconciliación trasciende por primera vez la versión de Juan Carlos I, quien al no resultar imputado ni siquiera tuvo que prestarla ante un juez. Cuenta el monarca que él estaba de visita en Riad en 2009 cuando transitando en coche “por una de esas autopistas anchas y medio vacías” se percató de “una gran carpa con el logo de Siemens y con imágenes de trenes”. Preguntó entonces a un miembro de la familia real saudí, quien le informó de los planes de llevar un tren de alta velocidad a La Meca y mejorar así el flujo de peregrinos. “Pensé inmediatamente en posicionar a España para el proyecto. Ensalcé las virtudes de Talgo y de nuestros trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla y Barcelona”, cuenta el rey emérito.

A continuación, explica Juan Carlos I, llamó al director de Talgo, que le envió abundante documentación por correo electrónico difícil de descargar. “El jefe de Seguridad que me acompañaba (…) pasó la noche descargándolos para imprimirlos”, añade. En una cena con el rey Abdallah, Juan Carlos insistió en las virtudes de los trenes españoles. Con el tiempo, Renfe se haría con el proyecto. 

El ingreso de 100 millones de dólares en la cuenta en Suiza del rey Juan Carlos, jamás declarados a la Hacienda española, se produjo en el verano de 2008, antes del episodio que cuenta el emérito. La Fiscalía resolvió que los delitos fiscales consecuencia de haberle hurtado a Hacienda ese ingreso estaban prescritos. Además, no pudo encontrar “vinculación alguna entre el referido ingreso y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril”. En el caso de que hubiera sido un cohecho, aclaraba la Fiscalía, el rey estaba cubierto por la inviolabilidad tanto en sus actos públicos como privados. 

“Ni siquiera las acusaciones infundadas que han dominado la prensa española disminuirán mi satisfacción por haber participado. Las especulaciones sobre supuestas comisiones han eclipsado un resultado increíble: España se ha proclamado campeona europea de la alta velocidad (…) Después de eso fui objeto de difamación por parte de la prensa y del Gobierno, con declaraciones extravagantes cuyo objetivo era mi ruina”, relata el rey en Reconciliación.

Un regalo de 100 millones

Falta explicar por qué recibió un obsequio de 100 millones de dólares. Aquí el rey emérito regala una explicación de las costumbres árabes que entrelaza con una advertencia velada: “Muchas coronas se benefician de la generosidad de las familias reales árabes, por no hablar de los políticos europeos, lo cual no me exime de responsabilidad, pero sí contextualiza este obsequio. Rechazar un regalo se percibiría como una ofensa”. Ni palabra del engaño a la Hacienda pública española. 

En el libro hay varios pasajes dedicados a lo que se podría llamar “amistades peligrosas”, a las que responsabiliza de parte de sus errores. “Me rodeé de hombres de negocios poco escrupulosos que actuaron en mi nombre, pero sobre todo para su beneficio personal. Se presentaron como mis intermediarios para enriquecerse. Traicionaron mi amistad y mi confianza ciega…”. “Es inútil enumerarlos. Algunos han pagado más que otros, llegando incluso a acabar en prisión”.

Más que inútil resulta una labor ardua: confeccionar la lista de amigos del rey emérito que han tenido problemas con la justicia. Pero quizá ese criterio, el de la entrada en prisión, permita acotar el rastreo o, al menos, ubicar algunos ejemplos. Considerado histórico testaferro del rey, Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal ingresó en prisión el 26 de abril de 2004 por un delito de apropiación indebida en la operación Wardbase. Aquel caso investigó el pago al embajador en 1992 de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras, del que Javier de la Rosa era entonces máximo responsable. Se trataba de una pieza separada del caso KIO. 

Prado y Colón de Carvajal fue uno de los grandes amigos del rey. Apenas se conocerán los negocios de ambos en el pasado, pero el aristócrata y diplomático aparece en una de las tres líneas que abrió la Fiscalía española para luego archivar. En el paraíso fiscal de las Islas del Canal, el consejero del rey Joaquín Romero Maura constituyó un trust con unos fondos iniciales de casi 15 millones de euros, procedentes de la liquidación de otras dos estructuras financieras del mismo tipo que había creado en Jersey anteriormente Prado y Colón de Carvajal.

El testaferro del rey había depositado ese dinero en Jersey por si Juan Carlos I sufría “un golpe de Estado inconstitucional o una situación similar”, según el relato de la Fiscalía. En algún momento, Juan Carlos I trasladó a su amigo que ya no era necesario tener ese fondo de reserva porque el peligro se había desvanecido y que si trascendía su existencia tendría un problema, por lo que el dinero pasó al trust de las Islas del Canal. Aunque Juan Carlos I es el único beneficiario, según la Fiscalía nadie ha utilizado esos fondos desde entonces. 

Zagatka, Lucum y otros nombres exóticos

Juan Carlos I y las fundaciones. Otro nombre que se volvió familiar para los españoles fue Zagatka. El fiscal suizo Yves Bertossa interrogó como testigo a Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, quien había convertido la fundación, constituida en Liechtenstein en 2003, en un “instrumento” para costear durante una década más de ocho millones de euros en vuelos de Juan Carlos I en jet privados. Esos viajes de placer en vuelos chárter —muchos de ellos, en compañía de Corinna Larsen y que se prolongaron hasta 2018— son considerados pagos en especie que el rey nunca declaró a Hacienda y que el monarca regularizó abonando 4,4 millones de euros a la Agencia Tributaria para evitar una nueva investigación penal. 

Las sospechas de posibles irregularidades se remontan casi a la constitución de Zagatka. El primer ingreso relevante en una de sus cuentas, de 1,9 millones, aparece asociado a una supuesta comisión por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en 2003. Alberto Cortina y Alberto Alcocer, amigos del rey, eran sus máximos accionistas cuando se produjo esa venta, con la que lograron unos beneficios de 457 millones. The Telegraph contribuyó a agravar la sospecha con otra información en la que vinculó a Orleans con esta transacción, considerada uno de los grandes pelotazos de la época.

En febrero de 2020 publicó que el aristócrata cobró 39 millones de libras (más de 40 millones de euros) por ejercer como mediador en esa venta. El primo del rey emérito no negó esta información al diario británico, pero sí lo desmintió posteriormente en una entrevista en El País en la que rechazó tener cualquier relación con los empresarios españoles ni con esa supuesta comisión. Los primos Alcocer, los amigos del rey, también fueron condenados por estafa. El Constitucional revirtió esa condena del Supremo por prescripción, pero finalmente tuvieron que pagar 11 millones de euros a los damnificados. 

La tercera pata de la investigación de la Fiscalía fue el dinero que un empresario mexicano estuvo entregando al rey durante años para que este costeara sus gastos y los de su familia a espaldas de Hacienda. En total fueron 516.000 euros procedentes de los bolsillos de Allen Sanginés-Krause. En este caso, la Fiscalía concluyó que “la cuota de cada una de las donaciones fue notablemente inferior a los 120.000 euros” así que, una vez dada por buena la regularización que hizo el monarca, no había delito fiscal. 

El empresario mexicano está imputado desde el pasado año en un juzgado de Barcelona por colaborar presuntamente con un fraude fiscal de 1,3 millones de euros que el magistrado atribuye a un médico de la capital catalana que tiene al rey emérito entre sus pacientes habituales, Manuel Sánchez.

Hay otros “hombres de negocio” que no han tenido problemas con la justicia y que sirvieron bien al monarca. Es paradigmático el caso del misterioso Arturo Fasana, el gestor que manejaba una cartera de clientes españoles con alergia a pagar impuestos. Una cartera a la que llamó 'Soleado', en honor a España, y que tuvo como cliente más destacado, otra vez, al “primero de los españoles”. 

Fasana declaró como testigo en la causa del fiscal suizo Bertossa. Ante él, el gestor contó cómo el monarca, siendo todavía jefe del Estado, le entregó un maletín con 1,7 millones de euros, regalo del sultán de Baréin que debía poner a buen recaudo. Según declaró Fasana al fiscal suizo, la Banca Mirabaud tampoco puso mayores pegas y el dinero acabó en una de sus cuentas. Cuando el fiscal Bertossa preguntó al responsable de la entidad entonces, Yves de Mirabaud, por qué accedió a ingresar ese dinero en metálico sin mayor control, este dijo que su departamento de control conoce desde hace tiempo a Arturo Fasana y confía en él. La causa en Suiza acabó archivada. 

“No soy un hombre de dinero”

En sus memorias, el rey Juan Carlos I de España afirma: “No soy un hombre de dinero, al contrario de lo que algunos dicen”. La investigación en Suiza ofrece un dato que podría rebatir esta afirmación. El rey retiró dinero efectivo de forma habitual entre 2008 y 2012 de la cuenta a nombre de la Fundación Lucum abierta en el banco suizo Mirabaud. Sus retiradas de dinero en ventanilla arrojan una media de 100.000 euros en efectivo. 

elDiario.es desveló en noviembre de 2020 que Anticorrupción mantenía abierta una investigación contra Juan Carlos I por el uso de fondos de procedencia incierta con tarjetas bancarias de los que se habrían beneficiado varios miembros de la familia real. El dinero procedía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Tras la revelación de este periódico, la Fiscalía reconoció las tres líneas de investigación abiertas. Y a eso le siguió que el rey comenzara a pagar a Hacienda para evitar problemas mayores. Las tarjetas opacas, usadas entre 2016 y 2018, supusieron un ingreso de 678.393,72 euros a la Hacienda Pública. El pago se realizó un mes después de la revelación periodística y siempre después de que la Fiscalía le avisara de que estaba siendo investigado. 

El eje de la investigación siempre fue el posible delito fiscal y el Código Penal permite evitar una causa penal por fraude si la regularización ha llegado antes que las diligencias de la Fiscalía. La duda era si los avisos del Ministerio Público, anteriores a los pagos a Hacienda, eran suficiente para interrumpir estos plazos y evitar la impunidad.

Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando su defensa abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.

50 años después de la muerte de Franco, en los escaños del Congreso de los Diputados todavía se oyen discursos que minimizan o incluso ensalzan la dictadura que cercenó las libertades en España durante cuatro décadas. La llegada de Vox a la primera línea política supuso un punto de inflexión desde la vuelta de la democracia y con la extrema derecha en auge cada vez son más frecuentes discursos políticos conniventes con aquel periodo. 

Vox surgió como partido en 2014 a partir de un grupo de desencantados del PP, que exigían una línea mucho más dura. Con el paso de los años, la persona que fue tomando el control de su dirección fue Jorge Buxadé, con pasado en la formación que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo pero también en la Falange, el partido que constituyó durante toda la dictadura la columna vertebral de la ideología de Franco. Una militancia, por cierto, de la que no se arrepiente, tal y como aseguró en 2019 en una entrevista en El Mundo: “Políticamente de lo que me arrepiento es haber sido militante del PP desde 2004 hasta 2014 (...) De lo que hice de joven, ilusionado y con convicciones patrióticas, pues no”, argumentó.

Dentro de la cierta heterogeneidad ideológica de la ultraderecha en España, Buxadé se alinea con los principios del nacionalcatolicismo mucho más que con la destrucción del Estado que pregonan algunos neoliberales inspirados en el presidente argentino, Javier Milei. Suele acudir al Valle de los Caídos para hacer apología del franquismo en vídeos que cuelga en sus redes sociales. 

El pasado 30 de marzo, sin ir más lejos, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo animó a todos los españoles “de a pie” a “defender el Valle”, un espacio, dijo, “de paz, de reconciliación y de unidad”. “Es defender nuestro patrimonio, es como si alguien se plantease resignificar el Museo del Prado”, dijo sobre los planes del Gobierno para reconvertir ese mausoleo franquista en un lugar de memoria. 

Posicionamientos similares se repiten entre las filas del partido. En 2024, Ignacio Garriga ganó poder como único vicepresidente del partido. Él es, de hecho, el escogido para negociar con el PP el relevo de Mazón en Comunitat Valenciana como secretario general de la formación. Garriga tenía por costumbre escribir en Twitter, ahora X, por el aniversario del golpe de Estado del 18 de julio contra la Segunda República. En 2016, agradeció a sus abuelos “que en un día como hoy se lanzaron a defender nuestros principios” y justificó que celebraba no el golpe sino “la lucha por la fe cristiana”, la defensa “de la familia” y “la justicia social”. El año siguiente, escribió: “Vaya por delante mi condena a las muertes ocasionadas por ambos bandos; pero celebro que valientes nos libraran del yugo comunista”. En 2018, puso un extracto de la proclama del alzamiento y dijo que estaba “muy vigente”.

La dictadura no fue “oscura” y Sánchez es peor que Franco

Cinco décadas después de la muerte de Franco se ha tenido que retirar un discurso del Congreso por hacer apología de la dictadura. Ocurrió en noviembre de 2024 durante un debate parlamentario que, en realidad, estaba relacionado con RTVE. El diputado de Vox por Toledo Manuel Mariscal realizó un discurso en el que defendía, sin citarla, a la dictadura: “Gracias a las redes muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura como nos vende este Gobierno, sino de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Quieren ustedes a RTVE en un intento a la desesperada de ocultar estas verdades”, espetó. La presidenta del Congreso pidió disculpas y retiró las palabras del Diario de Sesiones por ser “inaceptables”.

En el Congreso también se ha podido escuchar que un gobierno democrático de coalición con PSOE y Podemos es peor que una dictadura. Es lo que sostuvo el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, el 10 de septiembre de 2020 ante el aplauso entusiasmado de sus correligionarios: “Este Gobierno es el peor de los últimos 80 años”. Sánchez le dio la oportunidad en su réplica de decir que había sido un lapsus pero, por si cabía alguna duda, Abascal replicó desde las redes sociales: “Ni lapsus ni leches”.

“El peor gobierno en 80 años. Formado por el socialismo corrupto y el comunismo totalitario, aupados por el golpismo separatista y el terrorismo”, insistió. En otra entrevista posterior también acusó a Podemos y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias de querer “convertir a España en un régimen totalitario” y, a la pregunta de si consideraba que “con Franco se vivía mejor que ahora”, respondió que “con el PSOE se vive muy mal, nos lleva a la ruina”.

Siguiendo la estela de su jefe, una de las caras visibles de Vox más jóvenes, José María Figaredo, ha dicho que el actual es “el peor Gobierno de la historia”. El día que se cumplían 50 años de la muerte de Franco, Figaredo evitó condenar la dictadura en una entrevista bajo el pretexto de no decirle a los españoles “cómo tienen que pensar”. Con el argumentario habitual de los ultras, defendió que el franquismo es un 'comodín' al que recurre la izquierda como una suerte de cortina de humo para no hablar de otros asuntos: “No sé qué harían sin Franco, todo el día es Franco, Franco, no paran de repetirlo, están obsesionados con ello”.

El borrado de las leyes de memoria junto al PP

Vox ha encontrado el apoyo del PP en su intento de borrar las leyes de memoria. Las derechas votaron juntas en contra de la Ley de Memoria Democrática y se han alineado para derogar las legislaciones autonómicas en aquellos lugares donde suman mayoría. La desmemoria ya se ha consumado en Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, y avanza imparable en Balears con un acuerdo para tumbar la ley autonómica a cambio de contar con el apoyo de Vox para sacar adelante los presupuestos.

En el debate de la Ley de Memoria Democrática que tuvo lugar en julio de 2022, el entonces parlamentario de Vox Francisco José Contreras Peláez —ahora ya fuera del Congreso— definió la ley como “totalitaria” por dividir a los españoles “en buenos y malos” y “suprimir la diversidad natural de opiniones sobre cuestiones históricas”. En otro momento igualó, como es habitual en la extrema derecha, al bando fascista y el republicano al reivindicar que Vox “apoyará cualesquiera iniciativas de reconocimiento a los caídos de ambos bandos, que murieron persiguiendo lo que ellos consideraban una España mejor”, además de acusar al Gobierno de “batasunizar” la memoria por aprobarla con el apoyo de EH Bildu. La ley, en cualquier caso, sí incluye a todas las víctimas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

Durante ese debate, la diputada de EH Bildu mandó un mensaje a la ultraderecha: “Lo que les molesta es comprobar que ellos, los vencedores, no van a poder borrar ni la memoria ni la dignidad de las víctimas que la guerra y la dictadura provocaron. Lo que les molesta es que la verdad y la justicia vayan a llegar a muchas de las víctimas de una dictadura que anhelan”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra el Gobierno y el fiscal general tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la filtración del correo de su pareja. 24 horas después del fallo, la dirigente madrileña ha convocado una comparecencia —leída y sin preguntas de los medios— en la que ha mezclado acusaciones de autoritarismo contra Pedro Sánchez y la misma tesis de una campaña “organizada desde el Gobierno” contra un “ciudadano particular” que llevan repitiendo desde su entorno más de un año.

Todavía no se conoce cuál es la argumentación del Tribunal Supremo para la condena, que no ha sido unánime y ha contado con dos votos en contra de dos magistradas progresistas. La sentencia se hará pública en los próximos días, aunque las instancias no se acaban aquí y es previsible que se pronuncie el Constitucional y la Justicia Europea.

Estas son algunas de las falsedades de la comparecencia de la dirigente madrileña:

Un “ciudadano” y un caso que “no tiene que ver con la Comunidad”

Ayuso ha insistido en que su pareja es un “ciudadano particular” y ha asegurado que su caso “nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside”. Pero la presidenta madrileña y González Amador viven en un piso que él compró en 2022 tras el fraude fiscal, tal y como publicó elDiario.es el 13 de marzo de 2024. Ahora, de hecho, el comisionista ha ejecutado la opción de compra también del ático situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que residen y que ya venía disfrutando en régimen de alquiler. 

Tanto la presidenta madrileña como su pareja han repetido durante este año que no se conocían cuando defraudó a Hacienda porque ocurrió con la presentación del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Pero ese impuesto, igual que ocurre con el IRPF para cualquier ciudadano, se paga el año siguiente, es decir, fue en el verano de 2021 y el verano de 2022. La primera noticia de la relación entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021.

Hay otro antecedente: el Supremo señaló, cuando rechazó la demanda que su pareja interpuso contra la ministra María Jesús Montero por referirse a él como un “delincuente confeso”, que su caso de fraude fiscal y su relación con Ayuso le habían convertido en “una persona con notoriedad pública”.

“Un ataque del aparato del Estado”

En realidad, el caso se inició por una investigación de la Agencia Tributaria al novio de Ayuso, que después confesó a través de su abogado haber defraudado más de 350.000 euros por no tributar correctamente los dos millones de euros que ganó en el peor momento de la pandemia, ejerciendo como comisionista para la venta de material sanitario.

El caso de González Amador no es una “campaña organizada desde el Gobierno” ni fruto de una coordinación de la Fiscalía y el Gobierno “hasta ser condenados por el Supremo”, como ha dicho este viernes. El fraude está acreditado por la inspección de la Agencia Tributaria, que encontró 1,7 millones de euros en facturas falsas que la pareja de Ayuso se desgravó.

Todas las investigaciones, incluso la que ha terminado en condena para el fiscal general, han evidenciado una cosa: González Amador no fue ni inspeccionado ni denunciado por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni en Hacienda ni en la Fiscalía, tal y como ha declarado una decena de testigos en varios procedimientos, sabían que detrás de la empresa Maxwell Cremona se escondía la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La causa contra él, pendiente de juicio, acaba de ser ratificada por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

“Estos hechos son propios de una dictadura”

¿Qué dictadura acaba con una condena contraria al presunto dictador? La propia Ayuso en su comparecencia se ha llevado la contraria al afirmar que con la condena al fiscal general “ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona”. “Ayer los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas”, ha añadido. “Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales”, ha llegado a afirmar.

“No es el fiscal general sino Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”

En el juicio contra el fiscal general no se juzgó nada relacionado con Moncloa. El Supremo dejó fuera del proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el papel de Moncloa en la filtración. Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. La “afirmación” de que la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa “no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces. Pese a esto, Ayuso ha llegado a vincular sin ninguna prueba al presidente del Gobierno hasta en el borrado del móvil del fiscal general: “Juntos borraron todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”.

“Es el proceso por el que nos llevan, especialmente desde que los casos de presunta corrupción de la esposa del presidente del Gobierno salieron a la luz”

En realidad la investigación a la pareja de Ayuso es anterior a que se abriera una causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El famoso correo en el que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales se mandó el 2 de febrero de 2024 y la investigación a Gómez se inició dos meses después, en abril. Fue entonces cuando el juez Peinado admitió una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias e inició la instrucción. Para entonces elDiario.es ya había publicado en exclusiva la información sobre el fraude fiscal de González Amador. La primera noticia se sacó el 12 de marzo, un mes antes de que se iniciara la investigación a Begoña Gómez. El caso de González Amador no es una consecuencia de la investigación a Gómez, como ha insinuado la presidenta madrileña.

Y una bola extra: “[Con la condena al fiscal] Los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona”

No parece que esa premisa fuera así para Álvaro García Ortiz. Quedan todavía días hasta que se conozca la argumentación de la sentencia condenatoria para el fiscal general, pero a lo largo del juicio no se ha revelado ninguna prueba directa que demuestre que filtró el correo con la confesión del comisionista en la noche del 13 de marzo de 2024.

Ni mensajes, ni llamadas, ni correos en los que García Ortiz rebote el documento al periodista de la Cadena SER que lo reveló, ni tampoco órdenes para que lo distribuyera alguno de sus subordinados. José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es y uno de los autores de la primera publicación sobre el fraude fiscal, declaró que la fuente no fue Álvaro García Ortiz. Hasta tres periodistas que han afirmado como testigos en el juicio que tuvieron acceso a ese correo antes de que llegara a manos del fiscal general.

La Comunidad de Madrid ha redoblado sus ataques contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusan de “moroso”. El portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García, ha anunciado que el Consorcio Regional de Transportes ha remitido una carta al ministro donde le piden que “pague los 250 millones de euros que adeuda” y que “invierta en Cercanías” para renovar material e instalaciones.

El nuevo ataque contra Puente llega en un momento especialmente complicado para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el pasado viernes la Audiencia de Madrid confirmase que su pareja se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. La dirigente popular todavía no ha hablado sobre ello —de momento, esta semana ha tenido actos sin preguntas de Ryanair y Cepyme— y tampoco lo ha hecho este martes su portavoz. Sobre el fiscal general, solo ha hecho una breve referencia a preguntas de los periodistas para pedir que se deje “trabajar a la Justicia” y sugerir que Sánchez está anticipando un “indulto” si fuera condenado.

La Comunidad lleva desde septiembre enzarzada con el titular de Transportes en medio de los problemas de aglomeraciones y retrasos que acumula el transporte público madrileño. Ya había reclamado en octubre esos 250 millones de euros que, según el gobierno regional, le debe el Ministerio. Ahora han mandado una carta desde el Consorcio Regional de Transportes, aprobada por unanimidad, y le reclaman también que suba la aportación al transporte público en Madrid: “Le recuerdo que no ha acabado el año y van 1.300 incidencias en Cercanías (...) Tenemos a un ministro con alma de influencer o vocación de community manager que no gestiona, que no invierte en transporte público, que es moroso con los madrileños”, ha acusado.

Al portavoz de Ayuso también se le ha preguntado por el error con los cribados de colon, reconocido por la propia Consejería de Sanidad. Se mandaron por carta a pacientes resultados erróneos de cribados de cáncer de colón, una equivocación que la Comunidad atribuye a la empresa adjudicataria. “El error se subsanó en menos de seis días, se llamó a todos los pacientes, se mandó un sms y una nueva carta. Se informó a todos y cada uno de los pacientes”, ha insistido García.

Tras mantener la incógnita hasta el final, el encargado de interrogar a Pedro Sánchez ha sido el portavoz del PP en la comisión y uno de los principales colaboradores de Alicia García, Alejo Miranda de Larra. El ahora senador fue director general de Infraestructuras Sanitarias de Madrid durante la pandemia —hasta 2021— y, por tanto, responsable político del Hospital Isabel Zendal, el “hospital de pandemias” que ordenó construir Isabel Díaz Ayuso durante el COVID y que iba a “sorprender al mundo”.

El centro se mandó construir en tiempo récord. El coste real, según los datos que ha recopilado y analizado elDiario.es de todos los contratos que se han hecho públicos, superó los 170 millones de euros, el triple de lo que se anunció. Los sobrecostes del Zendal, solo en lo que se refiere a las obras de construcción, ascendieron al 149% del total. Y, desde entonces, hay que sumar alrededor de otros 15 millones anuales para su mantenimiento. A día de hoy, tras pasar por diferentes funciones, el hospital “que iba a sorprender al mundo” es un centro que “da apoyo a toda la red hospitalaria ante cualquier crisis sanitaria o necesidad asistencial”.

Precisamente Sánchez se ha referido a su etapa al frente de la construcción en su réplica al senador: “Ojalá todas las administraciones reforzaran la sanidad pública y no la privatizaran, como en la Comunidad de Madrid. Usted lo sabe bien porque estuvo al frente de la construcción del hospital Zendal. Por cierto, igual tendría que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones”, le ha respondido, a lo que Miranda se ha limitado a decir que él no es “objeto de la comisión”. 

Sin embargo, en su primera intervención el senador del PP se ha dedicado a hablar de sí mismo y, en concreto, de su ingreso hospitalario durante una de las primeras olas de la COVID-19. Fue en octubre de 2020 cuando, tal y como contó en su momento él mismo, fue internado en un centro hospitalario por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. “Mientras agonizábamos por el covid, sus compañeros estaban intentando hacerse de oro”, le ha espetado a Sánchez al inicio de su interrogatorio.

En 2021 dejó la dirección de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid y pasó a encargarse de Inversiones y Desarrollo Local hasta 2023. Se incorporó en 2022 al segundo nivel de la dirección del PP. Desde entonces, es secretario de la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo y ha compartido la portavocía del Senado con Alicia García. En los últimos meses su rostro ha ido conociéndose más al ejercer de portavoz en la comisión de investigación del Senado en la que comparecía este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue él quien, por ejemplo, justifica las continuas prórrogas de dicha comisión, que el PP ha convertido en un cajón de sastre contra el Gobierno, “no por estrategia política, sino por un compromiso con los ciudadanos”, porque, “la corrupción no se tapa, se combate”. 

“La verdad no se oculta, se destapa y la responsabilidad no se esquiva, se asume”, afirmó el pasado marzo. Beneficiario del rodillo del que goza el PP en la Cámara Alta, Miranda consiguió la prórroga de los trabajos de la comisión por seis meses más, hasta septiembre, y otro alargamiento más de otro medio año que es el que ha permitido que Sánchez comparezca el penúltimo día de octubre. “No vamos a dejar de investigar”, ha solido argumentar, justificando así que la comisión se haya convertido en la plaza en la que el principal partido de la oposición aborda todo tipo de temas para tratar de desgastar al Ejecutivo, hablando de asuntos como Venezuela, la mujer de Sánchez o incluso Leire Díez.

En la sesión previa a la de este jueves y sin escuchar aún a Sánchez, Miranda dio por probado que “está clarísimo” que “hay corrupción” en el Gobierno y se preguntó: “¿Hasta dónde llegan las ramificaciones y cuántos más socialistas y altos cargos del Gobierno caerán?”. A su juicio, solo la investigación judicial, funcionarios honestos y los trabajos de comisiones de investigación como esta, lograrán acabar con esta trama que ha despilfarrado las arcas públicas de España“.