Agricultura e industria en Canarias, ¿subvencionadas para siempre?

Hace algunas fechas me encontraba con un buen amigo y magnífico profesional que tiene importantes responsabilidades en el Gobierno Autonómico. Luego de un sentido abrazo y de preguntarme por los proyectos presentes y futuros me venía a afear la conducta por unos comentarios que he compartido en diversos foros acerca de la sobreprotección que el sector Primario y la Industria tienen en Canarias.

Nada grave, de hecho siempre hemos discutido sobre esto cuando teníamos más roce profesional, pero en esta  ocasión me indicó que mis comentarios no estaban argumentados y que rallaban el disparate. Entre risas, le dije que me proponía de hecho demostrarle que esos comentarios tenían fundamento real de modo que aprovecho esta ventana para explicarlos y de paso, abrir un debate que parece prohibido en Canarias.

En primer lugar conviene que a algunos les recordemos que, ya sea con ideología socialdemócrata, liberal, nacionalista o populista, nuestros Gobiernos, todos actúan, con mayor o menor acierto, en un entorno capitalista.. Y este modelo de sociedad (salvo Cuba y Corea del Norte no quedan sociedades regidas por otro modelo) se basa en un principio básico que es el de la competitividad. Dicho de otro modo, es la capacidad de cada quien de aportar un valor añadido a la sociedad, la que le permite disfrutar de mayor o menor prosperidad.

Para evitar un juego perverso, puesto que el punto de partida de cada quien es diferente, los Gobiernos, en este sistema, deben garantizar igualdad de oportunidades con la premisa de que esta garantía en modo alguno puede ser en forma de ayuda perpetua pues se estaría rompiendo la regla del ‘fair play’. Como ejemplo, podríamos citar el sistema de becas, que permite que aquellos que tienen menos recursos accedan a la educación. Esta beca se mantiene en tanto el becado lo necesite económicamente o, aquí viene el matiz que permite el silogismo con la economía, haya hecho buen uso de la misma alcanzando resultados positivos.

Este modelo de sociedad ha llevado, a través del esfuerzo y la innovación, a cotas de desarrollo humano nunca vistas antes.

Bien, en el caso que nos ocupa, hace mucho (no es justo otorgarle el patrimonio exclusivo del error a este Gobierno) se entendió que la deriva del libre mercado, la mejora en las condiciones de producción y transporte, el clima de inversión y el aumento del consumo, hicieron que en otras latitudes se comenzara a producir productos muy similares a los producidos en Canarias, con el matiz de que, debido a condiciones naturales o de mercado más proclives, lo hacían con una competitividad muy superior.

Y la gestión tuvo su efecto, y se lograron (al uso de otras regiones en Europa), un paquete de ayudas que básicamente financiaban la falta de competitividad del sector primario además de fijarse cuotas, cupos y aranceles a la importación (esto beneficiaba a otros productores lastimeros de la UE) a la entrada de productos foráneos en territorio comunitario.

Además, y aunque se defendía la necesidad de una línea de ayuda específica para el abastecimiento de bienes de primera necesidad (REA) fundamentando la petición en la insularidad, lejanía, y demás males que nos decimos padecer; se ‘colocó’ un arbitrio que gravaba la entrada en Canarias de bienes incluidos en una extensa lista de epígrafes que se producían en Canarias. La voracidad de este arbitrio (el AIEM) venía apoyada por el hecho de que el recaudador, que suerte vivir aquí, es el Gobierno de Canarias.

Todo correcto, al final del día la fiesta del subsidio tiene una lista de invitados interminable, salvo por el matiz de que toda ayuda o apoyo que se recibe para un sector debiera tener un enfoque generalista, es decir, que beneficie al conjunto de la población y nunca ser perpetua pues con la perpetuidad no se fomenta la competitividad que es, al final del día, lo que se debe pretender con las ayudas.

A mi amigo quizás le convenga fijarse en estas cifras que demuestran, con números (porque la economía es difícil entenderla sin números), que lo que comento no es ningún disparate:

Para que quede claro, los números que indico forman parte de una serie histórica que muestra una tendencia a la baja tanto en aportación al Valor Agregado Bruto (VAB) como al empleo. Y con ello conviene introducir una variable aparentemente ignota para muchos de nuestros dirigentes, la de los resultados. ¿Se ha generado más empleo con las ayudas y prebendas a ambos sectores? Estas prebendas han ayudado a que los sectores se hicieran competitivos haciendo menores esas ayudas? La respuesta es idéntica y se puede consultar en las estadísticas oficiales, NO.

En algún momento, los que reciben ayudas para mejorar su competitividad debieran dejar de hacerlo bien porque logran devenirse en competitivos, bien porque, al no hacerlo, pierde el sentido la ayuda por inútil.

Algunos dirán, seguro, que es que sin ayuda, esos sectores no existirían en Canarias, y la respuesta es simple; sí, sólo los realmente competitivos. Pero como le pasa a todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Si no hacen bien las cosas o si su orientación es errónea, desaparecen. ¿O es que el resto de sectores no tiene derecho a tanta ayuda?

Con los argumentos expuestos, sólo cabe entender la decisión de proteger y colaborar con el mantenimiento de una competitividad dudosa en ambos sectores por una cuestión política. Respetable, sin duda, pero que carece de argumentos económicos.

Ni la sobre-protección de la industria y el campo se hace para la defensa del interés común (vistos los porcentajes de empleo y aporte al PIB de ambos), ni se puede defender con otros argumentos que no sean políticos. El sector público, que lamentablemente ha pesado, pesa, y si nadie lo remedia, seguirá pesando demasiado en España, está controlado por los poderes políticos que deciden y marcan la pauta de sus designios.

Por tanto, se decide apoyar a ambos sectores porque interesa, a tenor de los resultados electorales que recogen los que los defienden, pero no porque se persiga el interés común. Lo que debiéramos comenzar a plantearnos es si la falta de competitividad de estos sectores debe estar pagada, como lo es ahora, por los ciudadanos, a base de AIEM y ayudas que si, así funcionan las finanzas públicas, salen de nuestros impuestos y benefician a muy pocos.