No es baladí

Desde el punto de vista estrictamente político, la posición de los cabildos se configura estricta si, al final, agotadas todas las negociaciones, se cumple el vaticinio hecho por el presidente del tinerfeño en el sentido de residenciar el asunto en vía judicial. Un asunto, ya saben, que tensionó la convivencia en la alianza gubernamental, más concretamente entre Paulino Rivero y José Manuel Soria. Los modos y la interpretación de éste no gustan al cabildismo (si se nos permite la expresión), con lo que el conflicto se hizo carne de titulares de prensa. De ahí, y como un elemento más de otros considerandos que hacen recelar a presidente y vicepresidente económico del ejecutivo, no había pasado. Están en juego 75 millones de euros con los que se quiere equiparar los recursos obtenidos en 2002, de acuerdo con una interpretación de una Disposición Transitoria de la Ley de Medias Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. Esta, para el Gobierno y ahora para una parte del Consejo Consultivo, no está en vigor. Los cabildos y los ayuntamientos y ahora otra parte del mismo Consejo -sin olvidarnos de algún prestigioso jurista- sostienen que sigue vigente.

Hasta que se supo, efectivamente, cuál sería la resolución del Consultivo. Por primera vez, al menos en esta legislatura, se registra una diferencia mínima a la hora de la determinación: un 4-3, con el presidente como ponente, favorable a las tesis del Gobierno y con las tendencias de los componentes como muy consecuentes y muy acentuadas. Cabe recordar que la decisión no es vinculante, pero viniendo de donde viene, pese a las condicionantes, debe ser tenida en cuenta. Como algo tendría que decir también -y clarificar- esa otra institución que es la Audiencia de Cuentas.

Y entre las lecturas que procede hacer de este hecho, de indudable repercusión política para lo que resta de legislatura -vayan o no a los juzgados quienes han dicho tener intención de hacerlo-, figuran las connotaciones de la propia institución que emite su resolución. Así, mientras algunos han descubierto ahora la existencia del Consultivo, otros minimizan el impacto que puede tener, sobre todo pensando en el escaso interés de la población aunque ésta, curiosamente, se vea afectada pues sobre los administrados a los que prestan servicios las corporaciones locales recaen los perjuicios de una menor capacidad financiera para gestionarlos.

El Consejo Consultivo de Canarias, recordemos, es una de las instituciones autonómicas afectadas por ese impresentable bloqueo o por esa cierta incapacidad de los grupos parlamentarios para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo que sea consecuente, lisa y llanamente, con la voluntad de los electores canarios en mayo de hace tres años y cumplir con la norma. No se ha respetado esa voluntad. La soberanía popular, aunque parezca crudo, está en cuestión. El funcionamiento del bloque institucional está adulterado y es el sistema democrático el que sufre las consecuencias, no ya perdiendo calidad sino viéndose dañado en uno de sus sagrados principios. Pero en Canarias pasan estas cosas y, paradójicamente, no pasa nada.

La determinación de este órgano, que actúa en funciones y algunos de cuyos integrantes querrán continuar por lo que mediatizados sí que andan, podrá tener pues repercusiones políticas de desigual estimación pero llega en un momento de la legislatura en que es preciso hilar fino por todas las partes implicadas. Al Gobierno no le interesa una confrontación con los cabildos y ayuntamientos y éstos ganarán muy poco si el contencioso empieza a atravesar los vericuetos judiciales. En esa tesitura, y con el horizonte electoral ya en la mira de todos, este asunto, que ha refrescado ciertas carencias e inconsecuencias de la política canaria, parece tener a corto y medio plazo, pese al escepticismo, una repercusión interesante. No es baladí, no.