Los guadianeses subvencionados

Es proverbial la propensión de las administraciones públicas a conceder subvenciones con suma facilidad, disfrazando esa liberalidad o generosidad como sinónimo de buen gobierno, de saber gastar el dinero que nos han previamente sacado de los bolsillos a todos los contribuyentes y apelando a la necesidad social de proteger a alguien frente a un invisible enemigo exterior para que cree empleo, o no lo destruya, y lleve a cabo cualquier proyecto que suene bien, aunque sea disparatado e irrealizable. Por cierto, la palabra “propensión” la define el DRAE como “disposición natural, inclinación o tendencia de una persona a lo que es de su gusto o naturaleza”. También como “predisposición a contraer algún mal”. Y como tercera opción, aplicada a la economía, “disposición a privilegiar determinadas opciones o conductas económicas en detrimento de otras. A algunas de estas disposiciones «naturales» se les ha dado el carácter de leyes económicas”. ¡Ahí queda eso! Como nota histórica, en el Parlamento de Cataluña se valoró esta propensión, medida como comisión al partido político titular de la administración dadivosa, en el 3%, aunque no se aclaró si incluía o no el IVA. No ha habido dimisiones, ceses o procesamientos, al menos conocidos.

Parece ser fácil para las administraciones repartir esas dádivas públicas a personas, entidades, asociaciones o empresas creadas ex profeso para recibirlas. Todas ellas con nombres y apellidos, DNI o CIF y cuenta corriente donde ingresar el dinero a recibir del erario. Pero lo que llega a ser en ocasiones imposible de conseguir es que se reintegren esas subvenciones si no se han justificado los destinos de esos dineros. Con relativa frecuencia se manifiesta el subvencionado guadianés como un ectoplasma, vulgarmente denominado fantasma, que como el río Guadiana aparece a la hora de cobrar y desaparece cuando toca devolver el regalo.

Hay en Canarias muchos casos de este síndrome guadianés, aún colean los reintegros al ICFEM, pongo por caso. Pero para ilustrar como ataca esta enfermedad, se puede analizar un caso concreto, entre tantos otros, sacado del Boletín Oficial de Canarias: el de la empresa Canarymarket, S.L. En BOC de 23 de octubre 2008, marginal 4095, la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda hace pública la notificación de requerimiento dirigida a esa empresa, por no haber podido localizar a sus titulares, en relación con el preceptivo control financiero sobre la Cámara de Comercio de Las Palmas, por razón de la subvención concedida con cargo al Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Azores-Madeira-Canarias, cofinanciado por el FEDER. Otro anuncio exactamente igual, pero dirigido ahora a la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, marginal 4096, se inserta en el mismo boletín. El anuncio no aclara el por qué se requiere información a esta segunda entidad, cuando la empresa Canarymarket es de Las Palmas. Es de suponer que alguna razón habrá.

El origen de este rocambolesco asunto, en el que los titulares aparecen para cobrar pero están en paradero desconocido a la hora de devolver la subvención no justificada debidamente, arranca el 14 de diciembre de 2001, cuando la Consejería de Industria de entonces concede una subvención de 43.548.000 Ptas. a esa empresa, el 12% de una inversión aprobada de 362.900.000 para la “Elaboración de una plataforma Market Place B2B Horizontal”. (Expediente SIPC-2001-LP-0129, BOC núm. 17, de 6 de febrero de 2002, pág. 1549).

Como las cosas de siempre ahora parecen nuevas usando palabrejas desconcertantes, al menos para los no iniciados en alguna orden esotérica, eso de B2B es la abreviatura comercial de la expresión anglosajona “business to business”, comunicaciones comerciales de empresa a empresa a través de Internet en lugar del más tradicional J2J o T2T, “jeta a jeta” o teléfono a teléfono. Lo de plataforma horizontal recuerda más a la posición sugerida en la canción de Arístides Moreno, que en este caso viene al pelo por haber cogido “echada” a la consejería.

Sin moverse del ordenador y rastreando pistas zorrunas por el BOC, se puede encontrar que uno de los administradores de esta empresa es el hijo de un conocido dirigente cameral. Pero es que además, el joven emprendedor modelo Z2P, es actualmente vocal colaborador de la Cámara que vice preside su plateado padre. ¿Cómo es posible que Hacienda no lo localice? Si está en la fase subterránea del Guadiana, ¿cómo se comunican con él para “vocalear” y colaborar en tan reputada institución? Y lo más importante, ¿por qué no se exigió que los socios de esa plataforma invirtieran primero su 88% antes de que la Consejería les subvencionara con el 12% restante? ¿En qué se gastó esos casi 50 millones de dinero público? Muchas preguntas y poco espacio. Quisiera suponer que alguien lo aclarará y el dinero, con sus intereses y recargos, se devolverá al Gobierno de Canarias para invertirlos adecuadamente.

José Fco. Fernández Belda