Ustedes dirán

El informe proporciona datos que Roldós niega, sin más. Exige, pues, un acto de fe. Pero la credibilidad de los políticos no da para tanto y aun en el supuesto de que sea propaganda psocialista, tendría que ofrecer en contrario datos y argumentos verificables. Porque la realidad es que el informe corrobora la percepción generalizada de que los servicios sanitarios van a peor y que sólo se salva el esfuerzo del personal que los presta; que esa es otra.

Hay motivos sobrados para pensar que Roldós participa de la visión ultraliberal de que lo público es basura y que el paraíso está en lo privado. Justo la que acaba de descalabrar la crisis. Recuérdese, si no, que al tomar posesión de la Consejería ya advirtió que no iba “a tener complejos en usar la Sanidad concertada”. Sospecho que esa falta de complejos fue clave de su nombramiento, pues su partido, el PP, apuesta por la privatización y ocurre que el instrumento más poderoso para avanzar hacia ella son las concertaciones. Éstas van paralelas al debilitamiento de la Sanidad pública para reforzar la falacia de que permiten mejorar la calidad asistencial. A la vista está que no ha habido mejora, todo lo contrario, a pesar de las altas inversiones. Para el PP, Roldós cumple.

Los datos están ahí. En 2005 el pago a las clínicas privadas por concertaciones fue de 90 millones de euros; pasó a ser de 400 millones y un pico largo en tres años, sólo en intervenciones quirúrgicas. No menos del 30% del presupuesto del Servicio Canario de Salud va a concertaciones, por lo que no es raro que Canarias duplique la media nacional de camas hospitalarias privadas, mientras permanece ocioso un buen número de camas públicas.

Procuro no tratar temas de Tenerife para ahorrar sofoquinas pepitianas. Sin embargo, a veces hay que hacerlo. En este caso, porque allí la política de privatización es más visible, menos solapada. Se sabe que la principal beneficiaria, con diferencia, es la empresa Hospiten, que se lleva la mayor parte del dinero concertado (el 61% en 2004, último dato que conozco); y que le han venido muy bien, para qué ocultarlo, los obstáculos y demoras en la construcción en varias zonas de la isla de centros públicos, más socio sanitarios que hospitalarios por lo que no sé si satisfacen las necesidades.

Cambio de tercio para volver al inevitéibol Soria. El también exige que le creamos cuando proclama que en Canarias las escuchas telefónicas no autorizadas por juez alguno están en la sopa. No entraré al trapo de negar lo que él afirma porque me parecen más esclarecedoras unas consideraciones que centren la cuestión y que vuelvo a numerar, ya saben, por economía de espacio y mayor claridad.

1) Una cosa es que se pinchen teléfonos por libre, lo que no creo sencillo, y dos cosas que en una escucha autorizada salte un gazapo, cual es el caso.

2) Pretende Soria que si el juez ordena la intervención telefónica, en la investigación de un cohecho por ejemplo, ignore la Policía la inopinada llamada de un tercero que confiesa, qué sé yo, que acaba de atracar a mano armada el Banco de España y a ver si nos vemos para repartirnos el botín. Entenderán que, por mucho que se aparte del objeto de investigación, la Policía está obligada a poner el hecho (lo dicho, o sea) en conocimiento del juez.

3) Pretende Soria, en su afán de enredar, que sólo se grabe lo que se refiere al objeto de la investigación. Mis conocimientos tecnológicos no son gran cosa, pero no creo que haya todavía modo de saber de antemano, en el momento en que suena el teléfono, si la conversación que seguirá es o no relevante para la investigación. Tampoco entiendo cómo puede pasarse por alto y no comunicarle al juez la evidencia de que se ha cometido un delito distinto del investigado.

4) Como periodista, entiendo la publicación de conversaciones de interés informativo general en las que intervengan cargos públicos. El derecho de los ciudadanos a saber qué cabras guardan va en el sueldo los políticos. No sé cómo ni por dónde se levantan las grabaciones, pero sí que ningún periodista que se precie dirá de dónde las saca. Yo tampoco lo diría.

5) Tengo claro que nadie te facilita información sensible por las buenas; porque le eres simpático o le gusta el medio en qué trabajas. Los motivos son otros y muy diversos y desde luego no entraré a discutir los conspirativos que alegan Soria y el PP. Pero hay uno posible que destaco por cuanto permite entrever el trasfondo de la política: en ocasiones, fuerzan la filtración las mismas presiones políticas, profesionales y humanas a las que se somete a los filtradores para que cierren la boca. Hacerla llegar a los medios es el modo de aliviar la presión y de impedir, o al menos dificultar, que le echen tierra a los asuntos feos. Ojos que no ven, corazón que no siente y la opinión no se moverá por lo que no sabe. No lo hace ni sabiendo, así que ya me contarán.

6) Si se fijan, verán que a Soria y al PP sólo les interesa que las conversaciones no circulen, no si son ciertos los hechos que revelan. Lo importante para ellos es que no se sepa, insisto.

7) Puede haber excesos en terreno tan resbaladizo, por supuesto. Pero creo de interés general las conversaciones reveladoras de cómo manejan los cargos públicos nuestros asuntos. Es legítimo publicarlas cuando saltan, aunque sea como efecto colateral de la escucha ordenada por el juez. ¿O debe darse por no oído a quien dice haber atracado el Banco de España porque la escucha era para otra cosa? Ustedes dirán si estamos bobos o qué.