Canarias is diferent

Esta semana el gobierno volverá al viejo eslogan que usó Fraga como ministro de Turismo de Franco “Spain is diferent”. Si la consejera de Bienestar (¿?) Social Inés Rojas sale de su pereza, encargará la habitual nota de prensa con la idea: Canarias es diferente. Y vaya si lo es. Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Dependencia se sigue negando los derechos recogidos en esa norma al 60% de los canarios reconocidos como dependientes.

El VI informe del Observatorio estatal de Dependencia se basa en los datos oficiales obtenidos hasta diciembre de este año. Se observa que 2010 fue un mal año, que aumentó ligeramente el número de personas que se sitúan en el limbo de la dependencia, que tienen derecho a las prestaciones pero no las reciben. Incluso en un contexto negativo para todas las comunidades autónomas, Canarias no recupera ninguna posición, sigue siendo la comunidad autónoma donde peor se trata a las personas dependientes.

Mientras La Rioja gasta 132 euros por persona dependiente, en las islas se gastan 32 euros, muy lejos de la media estatal de 102 euros. Con ese presupuesto es lógico que la puntuación de la calidad de los servicios que se prestan sea la peor con diferencia: Castilla La Mancha y Castilla León tienen 9 puntos sobre 10, Euskadi 8,5 y el mayor cateo va para Madrid y Valencia (con 2 puntos) y Canarias con 0.5 puntos

La Ley de la Dependencia era una oportunidad para el desarrollo del llamado tercer sector, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro que desarrollan políticas sociales. En países del norte de Europa donde se aprobaron leyes parecidas se crearon nichos de ongs y empresas de trabajadores sociales, educadores, animadores y personal sanitario. En estos tiempos que corren hubiera sido una oportunidad de invertir dinero público en el binestar general.

Pero en lugar de desarrollarse ese sector, lo que ha ocurrido es que se ha reducido. Las organizaciones no gubernamentales están cerrando los centros que tenían. En estos momentos el gobierno le debe dinero de proyectos aprobados este año al menos a una veintena de ongs, cerca de 800.000 euros que no se les ha pagado y que será difícil abonarles tras el cierre del presupuesto autonómico de este año.

¿De qué estamos hablando? De lo de siempre, de escupir a los de abajo. Hay gente que tiene dinero para pagar las selectas residencias de mayores que cobran entre 1500 y 3000 euros al mes por atender a personas dependientes. Los dueños de esas residencias ponen los precios tan altos porque saben que hay mucha demanda. Así la insensibilidad social del gobierno canario se convierte en un estupendo negocio para algunos. Estos datos no gustan a algunos gobernantes, por eso los profesionales que realizan este informe denuncian la existencia de “amenazas y presiones por quienes siguen empeñados en que la ciudadanía no conozca cómo se está desarrollando este ámbito de la protección social”.

Al final habrá que cambiar el lema que recoge ese anuncio del ejecutivo canario que aparece cada fin de semana en los periódicos de papel y en alguna revista de crónica rosa (entre 2000 y 3000 euros al día para cada periódico) “Canarias, un solo pueblo”, y volver al viejo “Canarias tierra única”. Porque en prestación de servicios sociales Canarias is diferent, somos únicos, los únicos que no salimos del limbo.

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Juan García Luján