En medio de esa centrifugación de la Marca España, que vive sus momentos más decadentes, el Partido Popular se enreda en una especie de polémica interna alrededor del proyecto de ley del aborto que ha parido el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. Para que no quedaran dudas del guiño al sector más extremistas del PP y al absurdo, la han bautizado como Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, pero ni así han logrado frenar las críticas de algunos de los más influyentes dirigentes regionales del partido. El gallego Núñez Feijoó; el extremeño Monago; el castellano-leonés Juan Vicente Herrera? o alcaldes tan poco sospechosos de progres como el de Valladolid, han discrepado públicamente en lo que constituye un debate que sería más serio si no se limitara exclusivamente a un punto conflictivo del proyecto de ley (la malformación del feto) y no a lo que supone de involución ideológica. Ya verán cómo finalmente acabarán triunfando las tesis de los que prefieren esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra la ley socialista de 2010, de modo y manera que se calme el clamor de los ultras que pedían más dureza todavía contra las mujeres, y el PP pueda pasar este trance de abierto quejido social de manera más o menos satisfactoria. Pero mientras nos entretenemos en discutir la Ley del Aborto, otra también de mucho calado que asombra igualmente en el extranjero continúa triunfal su tramitación parlamentaria: la ley de seguridad ciudadana. No es sólo que el Gobierno quiera perseguir, reprimir y criminalizar la protesta de un país cada vez más indignado, es que quiere sacar del ámbito de los jueces las penas y sanciones para faltas como la de desobediencia a la autoridad, es decir, tener un rifirrafe con un policía, por ejemplo. Esas faltas, con todas sus arbitrariedades, pasan a tener carácter administrativo, lo que significa que las estratosféricas multas que se prevén las impondrán los delegados del Gobierno, y para recurrirlas será necesario acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es decir, pagar tasas judiciales, abogado, procurador? y rezar para no perder porque la crujía puede ser de campeonato.