José Miguel Bravo de Laguna, actual presidente del Cabildo, se ha partido la cara por el Mundial de basket. Eso hay que reconocérselo. Es perro viejo y aunque sabe que el concurso del pabellón multiusos no hay por donde cogerlo, si no hay campeonato todas las miradas se centrarán en él y en su hijo Lucas, alcalde de Santa Brígida y consejero de Deportes de la Corporación insular. Como abogado que es experto en Derecho Administrativo y cansado del bucle en el que lo habían metido los servicios jurídicos de la institución que preside, Bravo de Laguna buscó más asesoramiento externo en la figura de un catedrático de la misma disciplina en Madrid. El elegido se llama Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, profesor en la Escuela de Agrónomos de la Autónoma de Madrid, que analizó el concurso y llegó a la terrible conclusión de que FCC y sus compañeros de UTE (Isolux, Félix Santiago, Matías Marrero y Lem) tienen la razón en sus reclamaciones. Pero la solución es peor que el problema: si el Cabildo, con ese dictamen en la mano, decidiera suspender la adjudicación y entregar la obra a FCC, la otra UTE recurriría y se paralizaría el proceso, luego el pabellón no se construiría a tiempo y Gran Canaria sería sustituida por Zaragoza en esa fase del mundial de basket. A Jiménez-Blanco no le fue necesario ni pasar a papel su dictamen. Lo pronunció in voce y los que le oyeron quedaron convencidos ante sus argumentos.