La cuestión más grave de esta subasta de licencias de TDT podría estar, sin embargo, en la alta posibilidad de que un organismo público, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, esté adjudicando dos concesiones públicas que en el momento de proponer la subasta están formalmente anuladas por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tumbó el concurso del Gobierno por haber contratado a una empresa externa para que valorara las ofertas de los licitadores. Es cierto que las sentencias no son firmes, que están recurridas ante el Supremo, pero podría darse la paradójica circunstancia de que un organismo público las enajene, la Justicia las dé por anuladas y otro organismo público, en este caso del Gobierno de Canarias, tenga que indemnizar a los adjudicatarios de la subasta por el lucro cesante o el flujo emergente. O tirar porque le toca. La cosa suena a mal negocio, por donde quiera que se mire. Pero también puede ocurrir, porque lo hemos visto este viernes, que el Supremo devuelva a la Sala de lo Contencioso de Canarias su sentencia, le diga que la haga de nuevo y, hale hop, las licencias vuelvan a ser tan legales como las torres del Canódromo.